Isabelino Baños era un “simple arquitecto”, aunque con un “brillante currículum” que, según el gobierno de la Comunidad de Madrid, justificó su contratación como director técnico del Campus de la Justicia en 2005. Un portavoz de la Consejería de Justicia así lo explicó dos años después, cuando El País publicó que Baños había adjudicado un contrato público a su anterior empresa. Sin embargo, la trayectoria de Baños, que ya antes, y en tanto que representante de los vecinos de Valdebebas, había negociado con el ejecutivo regional las indemnizaciones correspondientes por las expropiaciones de los terrenos del futuro y nunca construido complejo judicial, siguió cerrando un círculo interesante. Después de abandonar la dirección técnica del Campus de la Justicia, hoy Baños trabaja de nuevo en Bovis, la que había sido su empresa antes de adjudicarle aquel contrato en 2006.

Baños, que dentro de Bovis se encarga actualmente del proyecto del Centro de Arte Botín de Santander, declinó atender a CTXT este miércoles, 11 de noviembre. Entre 2008 y 2011, según fuentes de la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid conocedoras de parte de la documentación contable, Bovis facturó a Campus de la Justicia al menos 3.986.151 euros por la gerencia y seguimiento del proyecto del que iba a ser, en palabras de la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, “el mayor complejo judicial del mundo”. Por esas mismas fechas, Campus de la Justicia S. A. mantuvo en nómina a un equipo directivo que se podría haber encargado de esas tareas, pero que, salvo excepciones, no tenía la cualificación suficiente: “Esa carencia de liderazgo se intentó suplir contratando a Bovis”, aseguran fuentes de la extinta sociedad.

La falta de experiencia y cualificación de buena parte del equipo directivo del Campus quedó en evidencia durante la primera sesión de la citada comisión. La presidenta de la comisión, Lorena Ruiz-Huerta (Podemos), denunció a principios de octubre la falta de “cualificación” del encargado de liquidar la sociedad: Miguel Ángel Fernández Calvo, “un militante de base del PP”, que es licenciado en Ciencias Políticas. “Una persona que liquidaba una sociedad de 130 millones de euros y que era la primera vez que lo hacía”, según recordó el diputado de Ciudadanos César Zafra, quince días después. En esta segunda sesión, uno de los apoderados de la sociedad Campus de la Justicia, Javier Rodríguez, abundó en ello: “Viendo la edad de nacimiento, muy poca experiencia podían tener para un proyecto que nacía con una envergadura superior a los 500 millones de euros”, declaró Rodríguez, apoderado de la sociedad entre octubre de 2011 a febrero de 2013.

La falta de experiencia y cualificación de buena parte del equipo directivo del Campus quedó en evidencia durante la primera sesión de la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid

No tenían experiencia, pero sí padrinos. El País reveló en agosto pasado que entre los veinte contratados había “un hijo del ex ministro Arias Cañete”. Miguel Arias Domecq* triplicó su sueldo durante los 11 meses en los que estuvo contratado en la secretaría técnica: entró con una nómina de 16.000 euros anuales y salió con otra de 45.000. Otros, como Pablo Martínez, luego concejal en Getafe por el Partido Popular, fue contratado como director de Comunicación (41.000 euros anuales). Alicio de las Heras, próximo al entonces Consejero de Justicia y primer presidente de la sociedad, Alfredo Prada, debutó profesionalmente en el Campus de la Justicia como director económico financiero. Estuvo durante 4 años, según su perfil de Linkedin, en los que sistemáticamente se entregaron las cuentas con retraso, y cobró 61.000 euros anuales, según la tabla publicada por El País. En la legislatura que acaba de concluir, De las Heras ha trabajado en la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el mismo ex Consejero y luego diputado por León, Alfredo Prada. CTXT ha contrastado los nombres y apellidos (que no se habían publicado antes) a través de fuentes de la Comunidad de Madrid e informaciones de dominio público.

En la última sesión de la comisión de deuda, creada a petición de Podemos y con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos, salió a la luz un caso de indemnización por despido en el Campus de la Justicia, de cuando aún nadie había patentado la expresión “despido en diferido”. Andrés Gómez Gordo*, contratado como director de seguridad, “fue despedido un día por Campus de la Justicia y al día siguiente fue contratado por la Consejería de Justicia”, según la intervención del diputado regional de Podemos, Eduardo Gutiérrez. El compareciente, Gonzalo Quiroga Churruca, que había sido consejero delegado de la sociedad, respondió: “Efectivamente, hubo una actuación por un despido; y me preguntaba si hubo indemnización: sí, la hubo”, recoge el acta, que se publicará próximamente. La indeminización ascendió a 30.000 euros, según la sentencia.

Público y privado

Las puertas giratorias entre la administración pública y las empresas privadas de donde provienen o acaban algunos directivos, o ambas cosas a la vez (como en el caso de Baños), no son nada nuevo. En el caso del Campus de la Justicia, el caso de Baños tampoco es único. Cándido Serafín Pérez Serrano fue consejero de la sociedad durante la etapa en que la presidía Francisco Granados, cuando este era Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre. Pérez Serrano pasó luego a trabajar, en septiembre de 2011, en KPMG, la empresa que seguidamente auditó las cuentas del Campus de la Justicia.

“Las auditorías se encargan a una entidad independiente [...] y he de decirle que la entidad KPMG [...] ha emitido una auditoría en la que viene a afirmar que, efectivamente, las cuentas del Campus de la Justicia S.A. reflejan la imagen fiel de su patrimonio y situación financiera”, declaró el Consejero de Justicia y portavoz del gobierno de Aguirre en 2014, según el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid. Victoria, elegido en las listas de Cristina Cifuentes, dimitió en junio pasado tras ser imputado en la causa de la trama Púnica, la misma por la que está preso su antecesor, Francisco Granados.

En ocasiones, las relaciones eran también familiares. La actual portavoz del Gobierno de Cifuentes, Elena González Moñux, firmó las cuentas de la sociedad Campus de la Justicia en 2013. En mayo pasado, Vozpopuli reveló que su marido, Ricardo Fernández Gil, había realizado informes de auditoría para la sociedad a través de un despacho de abogados de Madrid. González Moñux, contactada a través del gabinete de prensa del Grupo Popular en la Asamblea este martes pasado, ha declinado responder a CTXT.

Otros se conectaban familiarmente después de dejar la sociedad Campus de Justicia: José Ramón Aparicio de Lázaro cesó como consejero en marzo de 2010 y tres años después empezaba a trabajar en el Tribunal Supremo, donde su suegro, el magistrado Rafael Fernández Montalvo, preside la Sección Segunda. Fernández Montalvo, según recogió en su día El Confidencial, aseguró que tanto en el caso de su yerno como de su hija, también contratada a dedo, “el parentesco no influyó para nada”.

Consejeros en barbecho

Campus de la Justicia, aunque era 100% de capital público, se constituyó como una sociedad anónima, por lo que tenía unas características particulares. Una de las más importantes, que así podía contratar a sus empleados sin concurso público. Pero también que su presidencia, tal y como recogen sus estatutos, siempre recaía en el Consejero de Justicia de turno: Alfredo Prada, Francisco Granados, Regina Plañol y Salvador Victoria, respectivamente. A su vez, esto imponía una jerarquía política que reducía notablemente el poder de decisión de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, algo que es común a muchas sociedades públicas.

Campus de la Justicia, aunque era 100% de capital público, se constituyó como una sociedad anónima, por lo que tenía unas características particulares. Una de las más importantes, que así podía contratar a sus empleados sin concurso público

“Hay un principio de jerarquía que prevalece”, explica Javier Rodríguez, que como apoderado fue consejero de la sociedad Campus de la Justicia durante año y medio. “En el tiempo que yo estuve así era y entiendo que en los otros años sería igual. El Consejero [de Justicia y presidente] era el que tenía verdadero poder ejecutivo”, añade Rodríguez, ingeniero y funcionario de carrera.

“En la Comunidad de Madrid no te ponen en un consejo de administración porque sepas mucho del tema, sino por el cargo que ocupas: cuando me nombraron yo era director general de Urbanismo”, recuerda Raimundo Herraiz, actual teniente alcalde de Boadilla del Monte por el Partido Popular. “Como consejero, al final, nunca sabes lo que hay detrás: aquí estamos muchas veces firmando en barbecho, porque no sabes lo que se está cociendo por detrás. Firmas, porque si no firmas, sabes que tienes un problema”, explica Herraiz.

El problema tiene que ver, en parte, con que casi todos esos cargos son de libre designación, es decir, cargos políticos. Y por tanto también de libre cese. Entre los consejeros, sin embargo, también hubo funcionarios de carrera, como el propio Rodríguez, que se resistió, entre otras cosas, a “reformular” las cuentas en contra de lo que prescribe la ley. Él mismo lo contó en su comparecencia en la Asamblea: “Tengo que decirles que incluso el Consejero [Salvador Victoria], como había ruido de fondo, me dijo: bueno, pues vamos a reformular las cuentas. Y le dije: ¡pero cómo vamos a hacer eso! [...] Eso solo lo puede hacer la Junta General de Accionistas [pidiéndolo] por una causa que se determine que deben reformularse, pero no de oficio, [no se pueden] reformular las cuentas con un informe de auditoría ya hecho”, recoge el acta de la sesión.

Entre los 32 miembros que pasaron por el consejo de administración de la sociedad en sus diferentes épocas, los hay como Herraiz, que asumen abiertamente la falta de control que al parecer conlleva el cargo. “El consejo de administración es como una figura para dar una cobertura formal, pero en temas de gastos, de decisiones, es que no entrábamos. Llegaban los acuerdos al consejo y sabías que tenías que votar que sí”, explica. Los hay, como Nieves Rodríguez Varela, actual jefa del área de atención jurídica de la Subdirección general de Tesorería, un cargo de libre designación también, que se niegan a responder: “Yo no tengo por qué responderle a usted; yo no tengo nada que ver con lo que pasó en esa sociedad”, y cuelgan sin despedirse. Y los hay, como Alfonso Cuenca Miranda, actual letrado en el Senado, que no devuelven la llamada.   

Llama la atención, eso sí, el alto número de implicados en casos de corrupción. Además de los ya citados Victoria y Granados, ambos ex Consejeros de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre y ambos imputados en la Operación Púnica, la lista incluye, entre otros, a Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que dimitió después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra él por un pelotazo urbanístico que beneficiaría a una empresa propietaria de una finca colindante con la carretera finalmente anulada por la Justicia; a Ignacio Palacios Arazuri, interrogado por el juez Eloy Velasco también en el marco de la Operación Púnica; y a Domingo Menéndez Menéndez, imputado en el caso de la Finca La Muñoza, a la que los tribunales retiraron una licencia municipal de explotación para eventos por encontrarse en un espacio protegido, y cuya sentencia, curiosamente, recurrió la Comunidad de Madrid a pesar de que no había sido parte en el procedimiento. ¿La razón? Según Ecologistas en Acción, la responsable de la finca era socia de la esposa de Ignacio González, por entonces presidente del gobierno regional.

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*En una primera versión de este artículo, los nombres de Miguel Arias Domecq y Andrés Gómez Gordo aparecían erróneamente transcritos, por lo que han sido corregidos. Así mismo, la cifra de la primera versión correspondiente a la indemnización por despido recibida por Andrés Gómez era errónea: la indemnización no sumó 105.000 euros como aparecía en la primera versión, sino 30.000  euros (27.900 de indemnización y 2.100 por intereses de demora). La primera versión se basaba en fuentes de la Asamblea de Madrid y en un documento inexacto: la responsabilidad del error, sin embargo, corresponde enteramente al autor de este artículo.