El ministro Alonso, que nominalmente tiene la competencia de promover la igualdad entre hombres y mujeres, ha declarado que la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad es “un desiderátum”, que según el Diccionario de María Moliner significa “lo mejor que se puede desear”.

Si el ministro hubiera hablado con propiedad tendríamos que alegrarnos de su buen entender. En efecto, cada vez es más evidente la tensión entre el avance de las mentalidades y la permanencia de normativas obsoletas que reflejan y tratan de mantener un statu quo sobrepasado por la realidad. Ya la gran mayoría de las personas comprenden que, si hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades para el empleo y para el cuidado, la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores deben concederles los mismos derechos. Pues bien, entre esos derechos hay uno, asociado a una prestación contributiva de la Seguridad Social, del que a los hombres solamente se concede la octava parte que a las mujeres por mucho que hayan cotizado: dos semanas de permiso por paternidad frente a dieciséis de permiso por maternidad.

La desigualdad de los permisos es una discriminación con graves repercusiones en el empleo para todas las mujeres, que actualmente aparecen ante las empresas como “mano de obra de alto riesgo” en comparación con los hombres. Pero también, y no menos importante, es un elemento clave para la transmisión de la desigualdad en la vida privada, al actuar en el preciso momento crítico del nacimiento o adopción. En ese momento los padres podrían tener la oportunidad de quedarse unos meses al cargo de sus criaturas, y así forjar el vínculo afectivo, en lugar de verse extrañados de la familia. Por su parte, las mentes infantiles podrían iniciarse en un reparto igualitario de tareas, en lugar de “mamar” los roles de “mujer cuidadora” y “hombre sustentador”.

La mayoría de los partidos ha prometido una ley que fije un calendario hasta la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad.

Por todas estas razones, entre otras, la mayoría de los partidos ha prometido una ley que fije un calendario hasta la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad. Según el calendario propuesto por IU y Podemos, inspirado en la propuesta de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), se llegaría a las dieciséis semanas de permiso de paternidad en seis años.

Ningún partido se ha pronunciado en contra de esta reforma cuya necesidad ya fue votada unánimemente por todos los grupos parlamentarios en 2012, aunque solo fuera mediante una Proposición No de Ley. Así pues, teniendo en cuenta que la PPIINA registró en el Congreso una Propuesta de Ley completamente elaborada, solo falta que se constituya el nuevo Parlamento y la apruebe.

Sin embargo, el ministro Alonso nos aclara su personal manera de entender la palabra “desiderátum”: considera que la equiparación “no es un planteamiento real”. Sin explicar por qué, el ministro se limita a prometer que el permiso de paternidad se aumentará a cuatro semanas “en la medida en que la situación económica mejore” pero, insiste, “no hasta equipararlo”.

Ciertamente, el mantra de “la situación económica” ha sido una constante durante los primeros tres años de legislatura; pero, ¿no lleva el Gobierno varios meses declarando que estamos ya en plena recuperación?

Preguntada por la ampliación del permiso de paternidad, y no del de paternidad, el PP se limitó a no contestar. 

El coste de cada semana de permiso de paternidad es de 100 millones de euros anuales, así que cada cual puede echar las cuentas del incremento presupuestario anual que supondría la equiparación, en función de cuál sea el calendario que finalmente resulte aprobado. En cualquier caso, se trata de cifras bajísimas en el contexto de los PGE, y por supuesto menores que muchas partidas que provocan desigualdad, como por ejemplo la Tributación Conjunta de los matrimonios en el IRPF (3.000 millones de euros anuales), que ha permanecido intocable durante toda la crisis.

Más aún, el 1 de enero de 2015 entró en vigor una reforma fiscal que, según el Gobierno, “devolverá 9.000 millones de euros a los bolsillos de los contribuyentes en los próximos 2 años”. El Gobierno no se planteó revertir los recortes sociales en educación, sanidad, o atención a la dependencia, sino solamente inyectar unos cuantos euros en el bolsillo de cada contribuyente independientemente de sus necesidades. O más bien al contrario, pues la inyección será mayor en los bolsillos de las rentas altas.

Aún mucho más, este verano el Gobierno aceleró los plazos de rebaja escalonada del IRPF para que los españoles “ya lo notaran en la nómina de julio”. Operación que,  según Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido posible porque  "la economía española se encuentra en expansión".

Pero hay algo todavía más curioso: al mismísimo tiempo que ocurre esta inesperada aceleración de la rebaja impositiva, cuyo coste se estima en 1.500 millones de euros en 2015, el Gobierno volvió a suspender un año más la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas aprobada por ley en 2009. Para seguir paralizando esta ampliación, que hubiera supuesto 200 millones de euros en 2016, el PP utilizó el mismo sistema que en los seis años precedentes: una cláusula adicional “discretamente introducida” en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Un desiderátum en el sentido propio del término: un gobierno verdaderamente democrático. 

Aunque el Gobierno no dio una explicación oficial para esa nueva suspensión de la ampliación del permiso de paternidad, la representante del PP en el debate sobre los permisos organizado por la PPIINA volvió al argumento de que “no lo permite la situación económica”. Sin embargo, en mayo el PP votó en el Parlamento Europeo a favor de aumentar el permiso de maternidad a 20 semanas, o sea, cuatro más de las vigentes en España. Preguntada cómo es que el PP no se acordó de la situación económica a la hora de votar esta ampliación del permiso de maternidad, teniendo en cuenta que una semana de este permiso cuesta lo mismo que una semana de permiso de paternidad, la representante del PP se limitó a no contestar.

Los avatares del permiso de paternidad nos proporcionan un ejemplo elocuente para reflexionar a la vista de las próximas elecciones, aunque ejemplos hay muchos más. En esta legislatura hemos tenido un gobierno que ha utilizado con profusión los decretos ley y las disposiciones adicionales en la Ley de Presupuestos para suspender a escondidas la aplicación de leyes convenientemente debatidas y aprobadas. Un gobierno que ha cambiado de opinión de la noche a la mañana en numerosas ocasiones (también en cuanto a la ampliación del permiso de paternidad). Un gobierno que ha dado pasos gigantescos en el desmantelamiento del ya precario Estadio del bienestar en este país y que, además, ha tratado de destruir la conciencia fiscal presentando como un bien absoluto la operación de “devolver dinero al bolsillo del contribuyente”.

Para que un gobierno sea democrático no basta con que haya llegado al poder en unas elecciones y utilice recursos formalmente ajustados a derecho. Es necesario que gobierne a favor del pueblo, favoreciendo los cambios beneficiosos para el bienestar de la ciudadanía. Así que permítaseme avanzar un desiderátum en el sentido propio del término: un gobierno verdaderamente democrático tras las próximas elecciones del 20 de diciembre.