Conlleva la democracia, cuando lo es realmente, que depare en su ejercicio contingencias que, como en todo lo indeterminado, dan paso a lo que el azar dispone más allá de toda supuesta determinación. Como señala el filósofo Claude Lefort, la democracia efectiva comporta incertidumbre, y ésta arroja sobre la ciudadanía y sus representantes la necesidad de tomar decisiones a partir de lo que los votos emitidos señalan en una u otra dirección. Y si unas elecciones dan como resultado una determinada distribución del voto de la ciudadanía entre los diferentes partidos políticos en liza, depende de éstos lograr que lo ocurrido no se quede sin más en un mero hecho, sino que en verdad se vea transmutado en acontecimiento en la medida en que los protagonistas, y en especial los partidos y sus responsables políticos, sean capaces de hacer una intelección adecuada para actuar en consecuencia. Lo contrario, dejarse arrastrar por la pura inercia, incluida la configuración de las Cámaras parlamentarias a partir de la voluntad de los electores, puede eliminar lo que toda elección democrática tiene de renacer social y, por supuesto, el hundimiento de los partidos que actúen cegados por los intereses de sus oligarquías dirigentes, en un conservadurismo letal.   

Tras las elecciones generales del 20 de diciembre, todos los partidos del arco parlamentario español han de afrontar la realidad política surgida de ellas y, en cada caso, decidir cómo actuar a partir de lo que las urnas han dicho. Esta vez, el mensaje de las urnas no es nada unívoco, y la pluralidad de posiciones políticas representadas, incluyendo antagonismos que son fiel reflejo de los disensos existentes en la sociedad española, hace que nadie pueda incidir en el manido tópico de que el pueblo siempre tiene razón, máxime cuando ninguna formación política se ha acercado a la mayoría absoluta. 

En la compleja situación política en que nos hallamos, si todos los partidos han de calibrar sus posiciones, el PSOE ha de tomar decisiones trascendentales en momento crucial. Los resultados electorales le han traído a un punto en el que ha de decidir hacia dónde inclina la política española con sus 90 diputados, los cuales le suponen ser sólo el segundo grupo parlamentario del Congreso --siendo el primero el grupo del Partido Popular con 123 escaños--, pero con capacidad clave para decidir qué mayoría se forma en un sentido u otro.

El Partido Socialista, por boca de su Secretario General, ya ha dicho de manera explícita que en ningún caso va a apoyar al candidato del PP para la presidencia del Gobierno. En este punto sí hay unanimidad en las filas socialistas, y se puede decir que compartida por su electorado, visto lo que han significado las políticas regresivas y antisociales aplicadas por el Gobierno presidido por Rajoy en la pasada legislatura. Pero no por ello disminuyen las presiones, desde la CEOE hasta una significativa nómina de ministros de anteriores gobiernos del PSOE, que intentan llevar a Pedro Sánchez, su Secretario General, a forzar un pacto con el PP y formar la "Gran Coalición". Y si ello no se alcanza, no cejan en su objetivo, aunque sea reducido a conseguir que, al menos, el grupo socialista se abstenga en segunda o tercera votación para la investidura del candidato de la derecha, habida cuenta de que en esos casos ya sólo hace falta mayoría relativa para ello.

Somos muchos los que confiamos en que Sánchez resista a tales presiones, pues no se entendería que el PSOE, absteniéndose sin intentar formar un gobierno de izquierda, diera paso a un nuevo Ejecutivo del Partido Popular, no sólo con todo lo que tiene a las espaldas por su nefasto hacer en el inmediato pasado, sino además por presentarse sin intenciones de cambiar de política económica, de atender de otra manera a los derechos sociales o de acometer radicalmente la lucha contra la corrupción empezando por la que le afecta. Quien fue presidente y en su momento no dimitió, al menos por la responsabilidad política sobre la corrupción que afecta al PP, no puede tener vía libre para ser investido de nuevo a la presidencia del gobierno.

Es el momento en el que la tan invocada responsabilidad ha de llevar al PSOE a no traicionar las expectativas de cambio puestas sobre él por quienes le votaron, sabiendo que tales expectativas sólo pueden satisfacerse promoviendo un pacto entre fuerzas de izquierdas que dé lugar a un gobierno capaz de protagonizar la alternancia democrática y que se presente como alternativa a las políticas neoliberales que tanto han destrozado el Estado de bienestar y empobrecido a amplios sectores de nuestra sociedad.

Merece, pues, la pena el esfuerzo de diálogo que supone el logro de un pacto de izquierdas, si bien es cierto que ha de ser acometido sin ingenuidades, a la vez que atemperando los excesos que desde los discursos electorales se erigen como obstáculos para el acercamiento entre fuerzas políticas con posibilidades reales de entenderse. Tal exigencia, que el PSOE debe aplicarse a sí mismo, rige igualmente para una formación política como Podemos. Salta a la vista que las declaraciones de esta última en torno a la propuesta de "un presidente independiente, por encima de los partidos políticos" objetivamente no ayudan a la necesaria aproximación entre partidos, concretamente con el PSOE, por lo que suponen de ninguneo a su secretario general y candidato, así como por lo discutible que desde criterios de participación y representación democráticas supone una "sugerencia" como esa.

Si con Podemos puede encontrar el PSOE puntos de confluencia para articular un "pacto social" como ingrediente fundamental de un pacto de izquierdas, no hay que infravalorar las posibilidades de acuerdo sobre cómo afrontar la crisis del Estado español. Si el PSOE habla de federalismo al plantear su propuesta de reforma constitucional, y Podemos plantea la necesidad de realizar un referéndum para que la ciudadanía catalana se pronuncie acerca de la relación entre Cataluña y el Estado español, nada impide la búsqueda de un acuerdo viable en torno a un federalismo plurinacional: habría que implementar los cauces procedimentales apropiados para comparecer ante la ciudadanía con una hoja de ruta transitable hacia esa meta. No es cierto, como demasiadas veces se dice, que Podemos sea un partido con voluntad de "romper" España y, menos aún, dispuesto a alentar veleidades independentistas, pues nada de ello se deduce de la idea de un referéndum para solventar la fuerte crisis de legitimidad que expresa Cataluña en lo que atañe a la actual configuración del Estado.

Más allá, por tanto, de la negativa a un gobierno del PP, y trascendiendo la posición de mera abstención ante la investidura de Rajoy, sin limitarse a la espera de una nueva convocatoria electoral por la imposibilidad de formar gobierno, el PSOE tiene ante sí la posibilidad de conformar un gobierno de izquierda pactando con otras fuerzas políticas a partir de un acuerdo firme con Podemos, extensible a otros partidos idóneos para sumarse al proyecto político compartido que se delinea explotando esa posibilidad. Es, pues, momento de una decisión crucial en esa dirección. El PSOE tiene la obligación de no eludir su derecho a decidir en la actual coyuntura. Respondiendo a ella se estará dignamente a la altura de las circunstancias, superando la parálisis tan frecuente que ya denunciara Rosa Luxemburgo en una socialdemocracia timorata, que por esperar a que estén dadas las "condiciones objetivas" que aseguren los pasos necesarios nunca da esos pasos. Hay que abrir las vías para la generación de esas condiciones, convirtiendo lo dado por los hechos en acontecimiento preñado de posibilidades de futuro. La decisión de un PSOE capaz, concretamente, de entenderse con Podemos, habida cuenta del recorrido que desde el partido morado también ha de hacerse, puede además abrir vía de salida para que Cataluña, y por ende España, halle una solución adecuada para su reconocimiento como nación en el marco de un Estado dotado de un renovado pacto constitucional.