El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), firmado el pasado mes de julio por el régimen iraní y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, entró en una nueva fase el fin de semana pasado cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró que el régimen clerical había cumplido sus compromisos en virtud de dicho acuerdo. Por consiguiente, EE.UU. y la ONU declararon que levantarían las sanciones relacionadas con el sector nuclear. Comprender lo que ha ocurrido es decisivo para hacerse una idea de lo que cabe esperar. 

En realidad, la adopción del JCPOA por parte de Irán y su apresurada puesta en marcha indica la delicada situación en la que se halla la sociedad iraní. La revuelta masiva de la que el mundo fue testigo en 2009 hizo temblar los cimientos del régimen y fue el factor determinante que llevó al ayatolá  Alí Jamenei, líder supremo de Irán, a aceptar el JCPOA. El temor de que se produjera otra revuelta similar le obligó incluso a permitir el incumplimiento de las líneas rojas que él mismo había impuesto sobre las actuaciones.

Su preocupación sin duda se ha amplificado por la proximidad de las elecciones al Parlamento y la Asamblea de Expertos (el cuerpo que controla y selecciona al líder del régimen), así como por el efecto erosivo de las sanciones y el temor a la imposición de nuevas sanciones por parte del Congreso de EE.UU.

Seis meses después de que Teherán adoptara el JCPOA, la batalla por el poder en la cúspide del régimen se ha extendido y ha derivado en la disminución del poder del líder supremo, que ha dejado al régimen en su totalidad más débil y vulnerable. 

En el ámbito regional, a pesar de proporcionar un apoyo ilimitado al dictador sirio Bashar El Assad y enviar más de 5.000 Guardias Revolucionarios (IRGC) y unos 25.000 mercenarios no iraníes a Siria, Teherán se ha enfrentado a varias derrotas consecutivas en este país. Tras la reciente decisión tomada por Arabia Saudí de romper relaciones diplomáticas con Irán, que asimismo ha empujado a otros Estados del golfo Pérsico a interrumpir o reducir sus relaciones con ella, Teherán se enfrenta a un aislamiento regional sin precedentes. Todos estos factores han agudizado la crisis interna del régimen. 

En el ámbito nacional, es especialmente significativo que coincidiendo con la implementación del JCPOA, el régimen clerical haya aumentado sus ejecuciones. En las dos primeras semanas del año nuevo, ha llevado a cabo 52 ejecuciones para intensificar el clima de terror. De hecho, el régimen ha ejecutado a más de 2.000 personas (incluidos algunos disidentes políticos como Gholamreza Khosravi, activista del grupo opositor principal iraní, la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán --PMOI o MEK por sus siglas inglesas--) durante los casi tres años del mandato de Rouhani. Se trata de un drástico aumento comparado con el mismo periodo de la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Esto claramente desmiente la afirmación de que Rouhani es una alternativa “moderada”. 

Respecto a la situación de la economía iraní, las condiciones no mejorarán levantando algunas sanciones y entregando los activos del pueblo iraní a un régimen ilegítimo. Por el contrario, el hacerlo secundaría las políticas opresivas del régimen, la exportación del fundamentalismo y el terrorismo, y el belicismo –tendencias que son especialmente evidentes en la masacre del pueblo sirio--. 

Tal y como Maryam Rajavi, presidenta electa de la resistencia iraní, declaró el 14 de julio de 2015, la ONU debería ejercer un control estricto sobre el gasto de estos activos si quiere que se inviertan en las necesidades imperiosas del pueblo iraní y no que se destinen a Irak, Siria, Yemen, Líbano y a los bolsillos de los guardias revolucionarios. 

A fin de cuentas, más de la mitad de la economía de Irán está controlada por 14 grandes entidades, las cuales, en su totalidad, están vinculadas al aparato militar y de seguridad y controladas por el líder supremo, Ali Jamenei, que dicta las políticas estratégicas del régimen. La mayoría de los fondos liberados por el acuerdo nuclear sin duda acabarán en las arcas de estas entidades. En el manejo de las importaciones y exportaciones con Irán, Occidente estará negociando esencialmente con el IRGC, el principal motor de las intrusiones de Irán en la región, especialmente en Siria. 

Este dominio de la economía iraní es indicativo de la corrupción imperante, que impedirá que el régimen mitigue con efectividad ninguno de sus problemas, ni siquiera en el frente económico. La comunidad mundial puede estar segura de que la indignación y odio del pueblo iraní hacia el régimen se intensificará a medida que se haga cada vez más evidente que la Administración de Rouhani no tiene intención de mejorar el bienestar de los iraníes de a pie, sino que está centrado en continuar las políticas represivas y fundamentalistas del régimen.

En vista de la brutal violación de los derechos humanos, la eliminación de libertades civiles, la discriminación de género y la persecución religiosa del régimen, a esta indignación y odio no les queda mucho camino que recorrer para alcanzar un punto de quiebra. 

El pueblo iraní no puede ignorar todo esto, y la comunidad mundial tampoco debería. Al hacerlo agravará la amenaza de la paz y seguridad regionales y globales, e incluso alentará al  régimen en la búsqueda de sus propios proyectos nucleares y en la violación del acuerdo nuclear recientemente implementado.  

Cuando Rouhani venga a Europa a finales de este mes en sendas visitas oficiales a Italia y Francia, vendrá como representante de un régimen brutal, odiado por el pueblo iraní, aislado regionalmente, marcado por disputas entre facciones y rodeado de una aguda crisis en todas direcciones. Darle carta blanca no solo es inmoral; es un gigantesco error político.  

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Shahin Gobadi es miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán -el Parlamento en el exilio de la oposición iraní--. 

Traducción: Paloma Farré.