Muchos eurodiputados están hartos de que los Estados miembros incumplan sus compromisos en la crisis de refugiados, de que culpen a las instituciones en un momento en el que Schengen y los valores europeos se diluyen y de que discutan la externalización de frontera que la Unión Europea promueve con Turquía sin contar con este país. 

Así lo expresaron el 2 de febrero en un debate de cinco horas con representantes del Consejo Europeo y el Comisario de Inmigración europeo Dimitris Avramópulos, comisario europeo de Inmigración. La nota de prensa emitida, posteriormente, recogía la necesidad, que señalaron numerosos parlamentarios, de “superar el miedo y las divisiones que paralizan a la UE y gestionar de manera efectiva los flujos de migrantes y refugiados”.

Aunque todas las instituciones coinciden en que hay que apoyar a Oriente Medio y a África, muchos miembros del Parlamento abogan porque los gobiernos nacionales asuman sus responsabilidades.

“Las instituciones están paralizadas mientras la mitad de los Estados europeos no respeta el derecho internacional”, dice desde el grupo verde Ernest Urtasun. “Cumplan con las medidas que acordaron y respeten la Carta de Derechos Fundamentales y el Derecho europeo. España ha acogido a 18 refugiados de los 16.000 a los que debía reasentar. Es una vergüenza”, sentencia.

Lo cierto es que los Estados miembros de la UE no han sido capaces de acoger a más de 414 refugiados de los 160.000 a los que se comprometieron. Ninguno quiere permitir que Europa asuma el control de sus fronteras exteriores y refuerce la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). Mucho menos hay un acuerdo para establecer un corredor humanitario seguro y legal entre los cinco kilómetros que separan a Turquía de las costas griegas. 

Otra voz crítica es la de la diputada socialdemócrata de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, Elena Valenciano. “Esto no es un teatro al que se viene de cuando en cuando para luego hacer lo que quieran”, dice en una alusión al Consejo y a la Comisión Europea. “Están ante una reunión de representantes políticos y aquí hablamos de vidas humanas. La UE no ha propuesto nunca una vía legal  para la llegada de refugiados. En su lugar, les pone en manos de traficantes y les niega la ayuda humanitaria”, se lamenta.

Nunca tantas personas habían muerto en esa vía como el pasado mes de enero, más de 230 según estima la Organización Internacional de las Migraciones. Cuatro veces más que en el mismo mes de 2015.

“Son los Estados quienes no reaccionan y cierran sus fronteras”, insiste también desde el grupo conservador el luxemburgués Frank Engel, “harto” de que la culpa recaiga siempre en el Parlamento Europeo.

Hasta 2020 se destinarán 6.900 millones en el presupuesto para políticas migratorias. De momento se han distribuido 2.400. Son los gobiernos y no las instituciones europeas los que dedicarán el 57% a reforzar fronteras y policía mientras que solo 700 millones, el 17,5% del total, se empleará en mejorar los procedimientos de asilo, los servicios de acogida y el reasentamiento y la integración de refugiados. 

El único plan donde parece que sí existe compromiso entre los Estados es en la propuesta que la Comisión planteó el 24 de noviembre para externalizar el control de las fronteras a través de Turquía. En principio, 1.000 millones de euros debían salir del presupuesto de la UE administrado y gestionado por la Comisión Europea, una distribución que el Parlamento Europeo deberá confirmar ya que duplica la propuesta inicial, mientras que los 28 tendrán que contribuir con un total de 2.000 millones. En total, 3.000 millones a cambio de que Ankara refuerce el control migratorio.

“¿Cómo se puede dar tanto dinero a Turquía si los refugiados no tienen el suficiente para comprar alimentos o una vivienda?”, reprueba el presidente del grupo parlamentario liberal (ALDE), Guy Verhofstadt. “Europa no se puede quedar de brazos cruzados esperando a que  el vecino solucione sus problemas. Si nuestros abuelos y bisabuelos pudieron unir este continente con guerras sangrientas de por medio, ahora deberíamos asumir nosotros la responsabilidad de mantener la cohesión.”

Una de las siete propuestas urgentes presentadas por los liberales a finales de enero es proponer un nuevo tratado con Ankara. 2.000 millones se suministrarían en forma de ayuda directa a los refugiados “que viven en condiciones infrahumanas en los campos”. El dinero restante debería servir para mejorar sus condiciones de vida y se gestionaría a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR).

Línea que sigue incluso la izquierda unitaria europea (GUE). “Queremos que ese dinero se lo den a ACNUR y a las ONG que trabajan en el terreno con el fin de crear un pasillo humanitario”, explica Eleonora Forenza, del ala europea de Syriza. “Si quieren acabar con el contrabando sólo tienen que establecer vías seguras de llegada”.

La relación entre la Unión Europea y Turquía está inevitablemente ligada por dos aspectos: la apertura de nuevos capítulos en los que se divide el proceso de adhesión del país a la UE y la emergencia migratoria que sufre el Viejo Continente. Para mitigar la segunda, el Consejo Europeo, con Angela Merkel convertida en negociadora, ha visto en el Estado presidido por Recep Tayyip Erdogan un aliado de peso.

La intención de la Comisión Europea, según su portavoz, Johannes Hahn, es ayudar económicamente al país para que los refugiados puedan permanecer en la región y después volver a su país para “empezar su reconstrucción”. “Cada euro que invirtamos en Turquía servirá para ayudar a controlar el flujo migratorio”, justifica. 

El dinero del acuerdo, gestionado y administrado por Europa, dice Hahn, se destinará exclusivamente a que los campos de refugiados sirios puedan implementar medidas de formación educativa, sanidad y dar alojamiento. 

“Turquía está obligando a los refugiados y solicitantes de asilo a regresar a los países de los que escapan, como Siria e Irak. No sólo es inmoral sino también una violación directa del derecho internacional,” dice John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

En noviembre, los guardacostas turcos detuvieron a 752 refugiados para frenar a los que intentaban llegar a las islas. En total, Turquía ha detenido a 1.400 personas desde que firmara el acuerdo para contener el flujo de refugiados con la Unión Europea.

"Al convertir a Turquía en un guardián de las fronteras, la UE alienta graves violaciones de los derechos humanos. La cooperación con Turquía relacionada con la migración debe cesar hasta que se investiguen y se ponga fin a tales barbaridades,” concluye Dalhuisen.

Turquía, pese a las críticas, ha destinado por el momento más de 7.000 millones de euros de sus propios recursos a hacer frente a la crisis migratoria. “Un esfuerzo encomiable”, según el comisario Dimitris Avramópulos, que se han invertido principalmente en atender las necesidades de los 260.000 sirios que residen en los 25 campos de refugiados del país en las provincias cercanas a la frontera. De ese dinero, poco más de 400 millones han sido aportados por la comunidad internacional. A la manutención se suma el coste en atención sanitaria y educativa. 

El problema de asistir a Turquía es que los sirios que viven en los campos de refugiados del país son sólo el 20 por ciento, según ACNUR. El resto, un total de dos millones y medio, lo hacen fuera, sin acceso a los servicios. Por otro lado, el Gobierno de Erdogan tiene apenas 70.000 plazas—muchas de ellas financiadas por Arabia Saudí y Catar— para que los jóvenes estudiantes de entre 6 y 17 años atiendan las clases. Es decir, en torno a dos de cada tres menores están sin escolarizar. 

Precisamente el mismo día en que los líderes europeos se reunían en la mastodóntica sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, se cumplían 5 meses de la imagen de Aylan Kurdi, ahogado en una playa de Turquía. Con o sin fotos, 330 niños han muerto desde entonces.