El único documento oficial que da cuenta de que el joven palestino Amir Shafi (Tulkarem, 1993) está en España es de cartón, con una fotografía grapada, y está escrito con bolígrafo. Se lo dio la Cruz Roja cuando llegó al Aeropuerto de Barajas el verano pasado. Según relata, sentado en la sala de visitas del Centro de Acogida al Refugiado de Alcobendas, sus datos ni siquiera están bien escritos. Pero quizá eso sea lo de menos: el documento no tiene validez ante las autoridades o la policía.

Con él, los demandantes de asilo no pueden abrir una cuenta en el banco, alquilar un piso o firmar contratos de trabajo. Es un problema que Shafi comparte con otros emigrados de África y Europa del Este, con los que convive en unas dependencias que, en diciembre, están decoradas con un belén cristiano. Solo uno de cada cuatro solicitantes en España acaba logrando los papeles que le reconocerán legalmente como asilado, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El medio año que el joven puede vivir en el centro de Alcobendas, según el protocolo marcado por el Gobierno, acabará en febrero. Después le tocará la calle, tenga o no el preciado documento. Desde que llegó a su habitación, ha visto a muchos amigos marcharse sin más papeles que ese cartón improvisado. Ha seguido viendo a algunos de ellos. Otros se han marchado a los países de los que huían, otros han desaparecido. Muchos han viajado a Alemania, que solo en 2014 dio cobertura a más de 202.000 refugiados. Son más que los que ha acogido España desde la primera ley aprobada al respecto, en 1984, que rondan los 180.000.

Pero el palestino quiere quedarse, y el 28 de diciembre, después de que la Administración rehusara, otra vez, recibirle más allá de la ventanilla, dejó de comer y beber. Tres días después, sus amigos le convencieron de que postergara su protesta. Al menos, hasta después de las fiestas, cuando políticos y funcionarios vuelvan a sus escritorios. Si el joven continúa sin noticias del Estado el lunes 11, retomará su huelga de hambre. 

Solo uno de cada cuatro solicitantes en España acaba logrando los papeles que les reconocen legalmente como asilados, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

En 2014, España dio asilo a 1.585 personas. En 2015, la Comisión Europea reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que acogiera a 15.000 refugiados de Siria. Ese mandato sirve como excusa para rehusar otras peticiones, como la de Shafi, que ha acudido varias veces a la Oficina de Atención al Refugiado, acompañado de algún amigo que habla español. Los solicitantes de asilo que no sean de origen sirio tendrán que esperar a un mañana siempre aplazable. “Todo está parado. Me piden que espere, pero en un mes me echarán”, cuenta el palestino.

En la ventanilla en la que este joven reclama ayuda, su tierra no figura entre los países en guerra. Los palestinos en casos idénticos al suyo, en España, son más de 200. Y cinco millones de los compatriotas de Shafi se encuentran emigrados, en calidad o no de refugiados, por todo el mundo.

“Vine aquí porque he visto morir a muchos amigos. No quería que me ocurriera a mí”, cuenta el joven. De los cuatro hermanos que dejó en Palestina, dos están en la cárcel acusados de activismo contra el ejército de Netanyahu. Basta una publicación en Facebook, según dice, para acabar en la cárcel. El lugar donde vivía, Tulkarem, administrado por las autoridades palestinas, se encuentra en la frontera con Israel. La hermana de Shafi está casada y vive en Jordania. Desde allí pudo viajar a Madrid.

Una comunidad de emigrados

CEAR y la Cruz Roja recibieron al palestino cuando desembarcó en Barajas y le dieron 180 euros para que se comprara ropa. En Alcobendas, donde llegó un mes después de aterrizar, pasó a depender del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Allí recoge su dinero de bolsillo (50 euros al mes) y el abono transporte que le concede el Estado. Recibe clases de español por las mañanas y por las tardes, y tres comidas al día. Él se siente “como en una cárcel, como en los centros de detención de Palestina”. Quienes quieren verle no pueden pasar más allá de la sala de visitas y deben mostrar un documento de identificación válido, lo cual deja fuera a parte de la comunidad de palestinos que conoce.

En Madrid, los emigrados desde Palestina forman un grupo unido, de unas 30 o 40 personas. “Cualquier palestino, al cruzarse con otro, lo reconoce, se para y habla con él”, apunta Shafi. De hecho, es Marwan Burini, presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina, quien le ayuda como intérprete. Él animó al joven a acudir a las manifestaciones en las que conoció a la activista Marien Fernández, que le visita con frecuencia y le ha dado su apoyo, en ocasiones, ante la ventanilla del Estado. Incluso, le llevó a cenar en Nochebuena.

La tarde del 31 de diciembre, les acompaña un tercer amigo, Murtaser Alrefai. Fueron ellos tres, horas antes de que acabara el año, quienes consiguieron que Shafi aplazara la huelga, también animados por la promesa de que Podemos, en la oposición en el Ayuntamiento de Alcobendas, llevará su caso al pleno municipal. Eso propiciará visibilidad, pero quien debe actuar es el Estado. Y anuncia Alrefai: “Somos muchos, no solo palestinos, quienes nos uniremos a la huelga de hambre si no hay una respuesta”.

Quienes quieren ver a Shafi no pueden pasar más allá de la sala de visitas y deben mostrar un documento de identificación válido, lo cual deja fuera a parte de la comunidad de palestinos que ha conocido en Madrid

Aunque Shafi llegó a España con la idea de viajar a Venezuela, donde los palestinos no necesitan visado, cambió de idea en el avión; hablando con otros emigrantes, escuchó que la población española le acogería “con los brazos abiertos”. Pasado más de medio año, y después de toparse con el gigantesco cartel que, en el Palacio de Cibeles, da la bienvenida a los refugiados, sigue hablando bien de la gente. “Otra cosa es la burocracia: buenas palabras que quedan en nada”, anota el joven.

Según recuerda Shafi, este esquivó una multa de 400 euros cuando la policía municipal le encontró trabajando de forma ilegal, repartiendo publicidad para un restaurante junto a la Puerta del Sol: los viandantes le ayudaron a contar su historia en castellano y los agentes lo dejaron correr. También la directora de su centro le pidió que protestara de otra forma cuando dejó de comer y beber. Sus amigos estudian acampar frente a las instituciones, pero la Ley Mordaza lo prohíbe.

“La mayoría de los refugiados desconoce sus derechos. Cuando se ven en la calle, se marchan a otro lugar. Creen que es el final”, lamenta Burini. Para Fernández, esa es la estrategia del Gobierno: decir que no hasta que muchos renuncian a la ciudadanía. Aunque las dependencias de Alcobendas y sus habitaciones de tres camas son, según los amigos de Shafi, de las mejores de Madrid, este y otros centros olvidan ayudar a los hospedados a encontrar un empleo, obligación que también figura en el protocolo del Gobierno. Aunque lo hicieran, la tarjeta que permite firmar un contrato laboral permanece en la utopía.

“Si consigo mi documento, recorreré todo el país buscando trabajo. No me importa de qué. No me quiero marchar”, afirma el joven, a pocos pasos de la mesa en la que distintas figuras escenifican el nacimiento de Jesús, en la palestina ciudad de Belén. Aunque la ONU reconoce a los compatriotas de Shafi como refugiados de primer orden, España sigue tratándolos como si fueran de segunda.