El pleno del Parlamento Europeo votó a iniciativa propia el 3 de febrero en Estrasburgo el informe con sus recomendaciones para la Comisión Europea de cara a las negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA).

El extenso documento destaca lo que el Parlamento Europeo espera alcanzar en el TiSA y supone una reflexión sobre la situación actual de la negociación. Redactado por la eurodiputada conservadora luxemburguesa Viviane Reding, es una declaración política y tiene la única intención de enviar un mensaje claro sobre el tipo de acuerdo que desea la Cámara: los servicios públicos deben ser excluidos de manera inequívoca del acuerdo, el derecho a regular por parte de los Estados debe quedar totalmente preservado, y las normas laborales debidamente salvaguardadas.

No será, sin embargo, hasta que las negociaciones lleguen a su final cuando los diputados europeos sepan qué abarcará realmente el tratado. Por eso se esfuerzan ahora en dejar claras sus líneas rojas, para que pueda pasar el trámite parlamentario cuando se llegue a un acuerdo.

Como el resto de los llamados tratados de nueva generación (TTIP, CETA, TiSA), la Comisión Europea negocia en nombre de la Unión Europea, guiada por los 28 Estados miembros. En el caso del TiSA, el acuerdo está siendo elaborado desde marzo de 2013 en Ginebra por un conjunto de 23 países, incluida la UE, miembros de la OMC.

Las áreas cubiertas por el TiSA abarcan el 68,2% de los servicios comerciados en el mundo, tales como financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico o transporte. El tratado está diseñado para liberalizar aun más los mercados de servicios.

“Hemos enviado un fuerte mensaje a los negociadores acerca de lo que queremos en el TiSA”, dijo Viviane Reding tras la votación. “El objetivo del Parlamento es asegurarse de que Europa exporta sus normas al resto de países, no que las debilita,” enfatizó la exvicepresidente de la Comisión Europea.

Reding ha sido criticada por una de las principales organizaciones que abogan por la transparencia en Bruselas, el Corporate Europe Observatory, debido a dos casos de puertas giratorias en noviembre de 2014. Entre ellas, con la multinacional belga Agfa y la Bertelsmann Foundation.

523 votos a favor

Los dos grandes grupos políticos del Parlamento Europeo --el Partido Popular Europeo (PPE) y los socialistas (S&D)-- dieron luz verde junto con los liberales (ALDE) a las recomendaciones de la relatora Reding sobre el TiSA.

“El libre comercio es bueno, mientras se respeten las reglas”, expresa por su lado Marietje Schaake, la coordinadora del grupo liberal en INTA. “Además”, añade la holandesa del partido D66, “los servicios audiovisuales y los servicios públicos han sido excluidos por completo.”

El informe votado en la Eurocámara salió adelante con una amplia mayoría de 532 votos a favor y 131 en contra. “La tarea del Parlamento es influir sobre las negociaciones por eso estamos orgullosos de haber cambiado el rumbo, de que seamos los eurodiputados quienes marquemos la condiciones y de que se haya mejorado la transparencia”, señala, desde las filas socialistas, Inmaculada Rodríguez. “¿Queremos que se regule la globalización? Sí. Y la manera es marcar los términos en los que se tienen que comerciar los bienes y servicios”, concluye.

Una idea que no comparten los verdes. (Verts/ALE). “El Parlamento Europeo ha perdido una gran oportunidad para mostrar la tarjeta amarilla a la Comisión Europea en las negociaciones del TiSA”, señala Ska Keller, su portavoz, que se queja de que la institución desoye las sugerencias de los parlamentarios.

Por ello, Keller y su grupo, cuyas enmiendas han sido rechazadas, abogan porque la Comisión Europea cambie el mandato de negociación con la intención de que “las normativas comunitarias prevalecerán sobre cualquier otra norma”.

Cláusulas trinquete y listas negativas, los escollos de la izquierda

“A pesar de que el informe final incorpora enmiendas que mejoran bastante el original,” los eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea advierten de que hay unos mínimos que no se han alcanzado. “Sin algunas de las enmiendas presentadas, y que no se han aprobado, el TiSA abre la puerta a una liberalización descontrolada,” señala la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey en relación a las cláusulas “trinquete” y las listas negativas que el informe consensuado “no garantiza”. “Por eso hemos votado en contra”.

La cláusula trinquete es un tipo de acuerdo comercial que implica que un país no puede reintroducir de forma unilateral un obstáculo al comercio ya eliminado en un ámbito en el que haya asumido un compromiso. “Las cláusulas trinquete impedirían, por ejemplo, que se puedan remunicipalizar servicios públicos que hubiesen sido previamente privatizados o externalizados”, explica la eurodiputada sobre una de las peticiones principales del Foro Europeo de Servicios (ESF por sus siglas en inglés).

El ESF es un gran lobby compuesto por asociaciones comerciales nacionales y europeas. Entre sus filas se encuentra MEDEF, la mayor federación empresarial de Francia, o el grupo de presión corporativo con más peso en la UE, BusinessEurope. También forman parte de este foro los directores ejecutivos de empresas como la gigante de las telecomunicaciones BT o el Deutsche Bank.

La lista negativa, por su parte, significa que, al firmarse el TiSA, se elabora una lista de los servicios que no pueden ser liberalizados. Es como si se blindaran. A partir de entonces, esos y sólo esos quedarán fuera del riesgo de privatización. “Es decir, cualquier omisión  en la lista negativa, deliberada o no, permite la liberalización de esos servicios y los deja a la venta", alerta Sánchez Caldentey.

Esta medida es otra de las cláusulas que, según el ESF, el TTIP y el TiSA deberían incorporar. Asegurar que los servicios de salud “no se excluyan de las negociaciones” y “eliminar las barreras que impiden la entrada de los proveedores de servicios transatlánticos” también forman parte de las peticiones del activo grupo de presión comunitario.

“Un ataque a los derechos laborales, a la democracia y más poder a las grandes empresas para que hagan negocio en sectores estratégicos de la economía que deberían estar en manos públicas”, denuncia Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida,  para añadir que el TiSA promueve “la liberalización completa de servicios clave como la energía y el transporte”.

“Lo que hicieron con el CETA lo están planteado en el TTIP y quieren hacerlo también con el TiSA”, sentencia la jefa de delegación de IU en Bruselas.