La UE es un proyecto jurídico-político y económico de características extraordinarias. Los espacios públicos de los Estados-nación no suelen estar atravesados por la dimensión europea –aquí el ejemplo paradigmático es el aislamiento del Parlamento Europeo respecto a las respectivas ciudadanías nacionales– pero existe una amplia “literatura” sobre diferentes aspectos del proceso de integración. Según el relato más estandarizado, existiría un interés supranacional, encarnado por instituciones como la Comisión Europea, y múltiples intereses nacionales que actuarían como resistencias ante las “naturales” y “positivas” cesiones de soberanía de los Estados miembros en el nuevo contexto globalizado. Sin embargo, esa tendencia supranacional del proceso de integración no es natural, ni independiente. Por supuesto, tampoco responde a criterios escrupulosamente técnicos. Más bien al contrario, esa dinámica supranacional es el producto de una relación conflictiva entre las distintas realidades nacionales. El proceso de construcción europea se ve enormemente condicionado por las políticas de los Estados miembros, esto es, la política europea es abrumadoramente nacional. Es verdad que la dirección de la influencia no es unívoca pues la dinámica supranacional condiciona también fuertemente los márgenes de las políticas nacionales. De hecho, ese proceso de “autonomización” de las instituciones europeas puede ser visto como una suerte de rapto de Europa por unas élites que sienten un profundo desprecio por la democracia.

En el origen del proceso de integración encontramos huellas contradictorias: una aspiración “espiritual” de unión política, basada en grandes ideales como la paz, la libertad o la democracia, y una alianza de intereses económicos y comerciales de los países centroeuropeos impulsores. El contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y las lecciones extraídas del crack del 29 hicieron posible que los Estados de bienestar se convirtieran en el rasgo distintivo de la Europa del siglo XX. Otros elementos de ese paisaje como el movimiento obrero, la presión del bloque soviético y el interés de EE.UU. por construir una frontera ideológica favorecieron un consenso que cristalizó en la CECA y posteriormente en la CEE, supuso una importante redistribución de la renta, entre otros mecanismos, a través de las instituciones del bienestar y la mejora de las condiciones de la vida de la población europea.

En las últimas décadas, se ha ido profundizando ese rapto de Europa a base de diferentes tratados que apostaban, por un lado, por la inclusión de declaración de derechos y, al mismo tiempo, impedían poner las condiciones políticas y económicas para que aquellos fueran efectivos. Las élites político-financieras tuvieron claro que el rapto de Europa sólo se podía llevar a cabo por arriba –la esfera supranacional–, haciendo una erosión acelerada de contenidos fundamentales de las Constituciones democráticas-nacionales y estrechando los márgenes de la acción política.

En ese largo recorrido entre 1945 y 2007 se pasó del protagonismo de la anomalía europea del bienestar a su perdición. Es imprescindible la generación de un nuevo consenso europeo, que tenga en cuenta que los cambios en las estructuras sociales y el contexto económico han modificado los mimbres de los que disponemos para construirlo.

En ese sentido, resulta vital reconocer que el impacto de las políticas de austeridad europeas para responder a la crisis internacional han reforzado la distinción Norte/Sur, causante de diferentes dinámicas políticas que podemos identificar: en el Norte se han producido preocupantes ascensos electorales de fuerzas políticas de carácter xenófobo y excluyente como el Frente Nacional en Francia, mientras que en el Sur parece que fuerzas progresistas, como Podemos, avanzan.

Tanto en el Norte como en el Sur la crisis económica y su gestión por un establishment, formado también por los viejos partidos socialdemócratas, han sido el caldo de cultivo para cambios importantes en el ámbito político. La crisis de la familia socialdemócrata europea y una impugnación popular de las élites han abierto el camino a nuevas formaciones políticas con diferentes proyectos y, especialmente, con diferentes enemigos políticos. La identificación del enemigo en el Norte se ha cifrado en el extranjero, que supondría riesgos o contaminaría la identidad del pueblo y estaría poniendo en peligro el Estado de bienestar. Incluso los partidos socialdemócratas escandinavos se han movido hacia un discurso nacionalista, responsabilizando a los inmigrantes como causa de erosión del Estado del bienestar, que ellos mismos ayudaron a levantar. En los países del Sur, por el contrario, el enemigo se ha localizado en “la casta”, a la que se ha responsabilizado de la corrupción estructural, de la injusticia e ineficiencia de las políticas económicas, bautizadas como austericidio y, en definitiva, de la ilegitimidad del statu quo.

El nuevo consenso europeo no puede estar basado en las políticas económicas, que nos condujeron a la crisis más grave desde 1929 y agravaron sus efectos por una nefasta gestión, ni en una arquitectura institucional que, en lugar de servir como resorte para avanzar, actuó como una jaula en los momentos más delicados. Tampoco puede fundamentarse en las peligrosas dinámicas políticas del Norte, que hemos descrito anteriormente y chocan con la democracia y el espíritu original de la UE.

Los países del Sur –Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda– vieron caer de media más del 40% su inversión frente a un 10% del conjunto de la Eurozona y su PIB cayó un 15% frente al 5% de aquella. Esa situación económica insoportable y las dinámicas políticas propias de cada país han posibilitado la irrupción de fuerzas políticas de cambio, que son el único aliciente para creer en la esperanza de una Europa democrática. En un momento en el que regresan las incertidumbres y las turbulencias asociadas al sistema bancario de la mano de Italia, parece atisbarse un posible viraje de la socialdemocracia.

Renzi ha aumentado la retórica antiausteridad y antiBruselas, pidiendo “flexibilidad en las reglas fiscales para poder tener un déficit ligeramente superior y reducir la deuda pero más lentamente”, recordando que “los tiempos en los que Italia estaba controlada desde Bruselas se han acabado”. Por su parte, el inédito Gobierno de coalición portugués, liderado por António Costa, también pide reducir el déficit y la deuda por la vía del crecimiento y no por la de los recortes. España se encuentra en una situación similar en términos de reducción del déficit. Moscovici, como voz de la Comisión Europea, ha recordado que es necesario acometer recortes por valor de 10.000 millones de euros el próximo año para cumplir con lo establecido en el Pacto de estabilidad. Actualmente hay cinco países en la parte correctiva de dicho acuerdo –incluido España entre ellos– y doce se encuentran en la parte preventiva. Algunos de éstos, como Italia, pueden entrar en la parte correctiva, si no modifican su rumbo. La recuperación económica está en jaque por la situación de China y los países emergentes pero también porque Europa es una fuente deflacionaria en la economía mundial.

Cualquier Gobierno de cambio en España ha de tener clara la necesidad de una postura firme ante las exigencias austeritarias de Bruselas porque es una condición necesaria para impulsar un cambio de rumbo en la política nacional y europea. Esa nueva política económica tiene que empezar por detener los recortes y revertir sus devastadores efectos sobre la actividad productiva del país. Se trata de desplazar la prioridad principal de nuestra política económica: desde la rápida reducción del déficit hacia la rápida reducción del desempleo. El marco imprescindible para lograr ese objetivo es una reducción en la velocidad de la caída del déficit público y una reforma fiscal expansiva. Una vez delimitado ese continente podrían acordarse diferentes elementos del contenido: derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones, creación de un nuevo estatuto del trabajador, apuesta decidida por la transición energética, etc. En todo caso, lo importante es concienciarse de que sin esas condiciones mínimas no puede darse un solo paso por la vía del cambio.

Por todo ello, el relanzamiento desde España –el cuarto país en términos de PIB de la Eurozona– de ese cambio de dirección en Europa es fundamental para apoyar las posiciones de Italia, Portugal y Grecia. En el complejo tablero español, el PSOE tendrá que elegir si se decanta por Renzi o por Moscovici. El PSOE tendrá que elegir si apuesta por construir un nuevo consenso europeo o por continuar con el rapto de Europa. 

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Iván Ayala, investigador del ICEI y miembro de la Secretaría de economía de Podemos, y Rodrigo Amírola, coordinador de la Secretaría política de Podemos.