El lunes 4 de abril será recordado como el día en que la Unión Europea comenzó a deportar en masa a personas que escapan de la guerra. Pero lo cierto es que esa masa es, de momento, mucho más pequeña de lo previsto. FRONTEX y EASO --Agencia Europea de Apoyo al Asilo, cínico nombre para una agencia que se dedica a organizar deportaciones-- tenían previsto deportar a 750 personas pero sólo se ejecutaron 202 expulsiones. Concretamente, ciento treinta y tres pakistaníes, cuarenta y dos afganos, diez iraníes, cinco congoleños, cuatro srilanqueses, tres bangladesíes, tres indios, dos sirios, un costamarfileño y un somalí.

En virtud del acuerdo contra los refugiados UE-Turquía, FRONTEX financia ocho ferris destinados exclusivamente a las deportaciones, aunque de momento sólo se conocen tres de ellos. El Lesvos,  el Nazli Jale y el Ertürk, de bandera turca. Los puertos utilizados para las deportaciones serán Dikili, Çesme, Kusadasi, Güllük y Bodrum, aunque el primer día todos los refugiados fueron deportados a Dikili.

El 5 de abril, día siguiente al inicio de las deportaciones, se registraron 3.340 peticiones de asilo en Lesbos y Quíos. Las islas desde las que se habían realizado las expulsiones. Los refugiados, conscientes de sus pocas posibilidades de llegar a Europa, cambiaron de estrategia. En vez de solicitar asilo en Alemania u otros Estados del norte, lo pidieron en Grecia.

El portavoz de la Coordinación para la gestión de los refugiados del Gobierno griego, Giorgos Kyritsis, declaró que las demandas de asilo de última hora suponían “un problema práctico” porque muchas de ellas venían de personas que ya estaban “en las listas de deportación”. “Antes de expulsarles hay que aclarar su situación”, dijo Kyritsis. Por ese motivo, el Gobierno griego decidió suspender las deportaciones, como mínimo hasta el viernes 8 de abril.

El acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía prevé que 400 funcionarios de la EASO  presten servicio en las islas griegas para tramitar las solicitudes de asilo, así como un contingente similar de traductores. De todos ellos, sólo han llegado a Grecia 30 funcionarios de la agencia. El país heleno no cuenta con la infraestructura necesaria para responder a miles de solicitudes en pocos días.

Coincidiendo con esto se ha filtrado el proyecto de la Comisión Europea para modificar la Agencia Europea de Ayuda al Asilo. La idea es transformar EASO en una suerte de agencia federal que centralice las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea. Ello implicaría la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales. Es decir, por un lado establecer los mismos criterios de admisión y, por otro, reconocer los mismos derechos a los refugiados con independencia del Estado miembro en el que se hallen. Dicho así no suena mal, pero la historia de la UE no invita al optimismo. Cada vez que se plantea unificar derechos, en la práctica significa recortar de donde más hay para unificar por abajo.

Esto implicaría la modificación del Tratado de Dublín, que regula el asilo de Europa. Según publica El País, se barajan dos escenarios para tal modificación. O bien que la nueva agencia distribuya las peticiones de asilo de forma centralizada entre los Estados miembro en función “del tamaño, la riqueza y capacidad de absorción de refugiados” de cada socio. O una modificación más modesta que consistiría en introducir un mecanismo de corrección que permita la distribución de las peticiones de asilo entre los Veintiocho en caso de emergencia en algún país, como pasa actualmente con Grecia. En ese caso, el borrador establece que ese mecanismo de emergencia estará vinculado de alguna manera “al apoyo de la guardia europea de fronteras”, que debería estar lista en junio y empezar a operar en verano.

La situación en Turquía

Junto a Dikili y Çesme, dos de los puertos turcos de llegada de los deportados,   deberían haberse construido dos campos de refugiados nuevos a los que se comprometió Turquía tras el acuerdo con la UE. La Media Luna Roja turca anunció a finales de marzo la construcción de un campamento para 5.000 personas en Manisa, provincia del oeste de Turquía. En Çesme es el Ejército turco el encargado de levantar el campo de refugiados, además de un “centro de recepción” en el puerto que las autoridades locales no califican como campo. Por ahora, ninguno de ellos está en condiciones de ser habitado.

Sólo el 0,1 por ciento de los refugiados sirios e iraquíes residentes en Turquía vive en campos. La inmensa mayoría vive en las ciudades, en donde muchos ejercen la mendicidad o son víctimas de explotación laboral. Los exiliados en Turquía no tienen permiso de trabajo, situación que es aprovechada por algunos empresarios turcos para emplearles con jornadas que superan las cuarenta horas semanales y salarios por debajo del límite legal. Organizaciones humanitarias y sindicatos turcos han registrado numerosas denuncias por trabajo infantil. El pasado enero de 2016 la multinacional textil H&M publicó en su web un comunicado en el que reconocía: “En 2015 hemos descubierto un caso de empleo de refugiados niños sirios por parte de una de las fábricas proveedoras en Turquía. Terminamos nuestra relación con ella de inmediato”.

H&M no lo hizo público cuando lo supo sino cuando se lo preguntó el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC), una entidad británica que promueve los derechos humanos en el ámbito empresarial. La entidad preguntó a treinta grandes cadenas de ropa sobre las prácticas comerciales de sus proveedores turcos. En concreto, si empleaban a niños y adolescentes sirios. Otra cadena británica, Next, también reconoció casos de trabajo infantil en las fábricas textiles en Turquía. Primark y C&A dijeron que habían detectado a trabajadores refugiados sirios adultos entre sus proveedores. El resto lo negaron o no contestaron.

La razón por la que los sirios no viven en los campos es que la situación dentro es aún peor. Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de Turquía denuncian desde 2011 que los campos de refugiados para sirios en suelo turco son recintos cerrados en los que es imposible garantizar el respeto a los derechos más básicos. Los internados no pueden salir, en los campos está prohibido tener teléfono y estas organizaciones han denunciado palizas propinadas por la policía turca ante cualquier conato de protesta.

Los deportados de otras nacionalidades no tendrán mejor suerte. El ministro turco de Asuntos Europeos, Volkan Bozkir, aseguró que serán trasladados a centros de deportación situados en la provincia de Kirklareli, fronteriza con Bulgaria. A todos los retornados no sirios se les abrirá  expediente de expulsión. El ministro turco de Interior, Efkan Ala, aseguró que Turquía va a repatriar a iraquíes y afganos a pesar de que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera que se trata de refugiados y no migrantes económicos porque provienen de países en guerra.

Mientras tanto, las llegadas a las islas griegas se han reducido pero no han cesado. Desde que se produjeran las primeras 202 deportaciones,embarcaciones con casi el doble de refugiados han alcanzado Lesbos, Samos y Quíos.