CONTRA LA LEY MORDAZA, LA CAZA DE BRUJAS Y LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE PRENSA Y EL DERECHO DE HUELGA

La libertad de expresión, manifestación, crítica e información en España vive un momento preocupante y dramático.

La aplicación brutal y masiva de Ley Mordaza, que afecta ya a más de 40.000 ciudadanos; la represión judicial de la disidencia, la crítica, la sátira y el humor, que ha convertido en imputados a numerosos artistas y tuiteros; la persecución del derecho a la huelga, con decenas de sindicalistas imputados también, y las presiones y ataques de los grandes grupos mediáticos y financieros contra el derecho a la información (a través de mentiras, manipulación y EREs que afectan ya a más del 50% de la profesión periodística; sí, más del 50% de la profesión) conforman una situación cada vez más inquietante, que nos retrotrae a los peores tiempos de la dictadura franquista.

Convocados por la revista CTXT y por el diario Público, un grupo de ciudadanos de a pie, sin afiliación política -artistas, periodistas, escritores, sindicalistas, abogados, activistas pro derechos humanos-, hemos decidido reunirnos el jueves 28 de abril, a las 12.00 horas, en el Teatro del Barrio de Madrid. Lo hacemos para mirarnos a los ojos, escucharnos, hablar acerca de lo que nos está pasando y denunciar el uso politizado de la Justicia, la penosa situación de la libertad de prensa, la utilización espuria de las víctimas del terrorismo, y la persecución del derecho a la huelga.

Para denunciar, en fin, la regresión imparable, normalizada y silenciada de amplias regiones de la democracia.

Es preciso señalar que todo este proceso involutivo no es normal. Y por eso mismo hemos decidido dar la voz de alarma, y comunicarlo al resto de la sociedad. Libertades y derechos que han costado décadas de represión y dolor están desapareciendo. Es preciso detener este proceso antes que nos detenga a todos nosotros.

Convocan: CTXT, Público y Teatro del Barrio.

Fecha, hora y lugar: Jueves 28 de abril, a las 12.00 horas, en el Teatro del Barrio, Calle Zurita, 20, Madrid.

Santiago Auserón, músico.

Enrique Gil Augusto, miembro del comité de empresa de Airbus Operaciones

Facu Díaz, humorista en La Tuerka.

Marià Delás, periodista de Público.

Alejandro Gámez Selma, abogado de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).

Guillem Martínez, periodista en CTXT.

Jaime Montero, abogado.

Miguel Mora, periodista en CTXT.

Gloria Muñoz, actriz.

Alberto San Juan, director y actor.

César Strawberry, músico.

Algunos datos relevantes:

-- Numerosos tuiteros, artistas y políticos han sido imputados por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo por fiscales y jueces afines al Partido Popular y a la extrema derecha. Estos investigados han recibido, tanto en la cárcel como fuera de ella, un tratamiento digno de terroristas, viendo limitados sus derechos y libertades.

-- La Policía ha multado a 30 personas al día por "faltas de respeto" a los agentes desde que entró en vigor la Ley Mordaza. Son 40.000 sanciones impuestas desde julio de 2015 hasta enero de 2016. El Gobierno ha tramitado en ese periodo 6.217 sanciones por faltar el respeto a las fuerzas de seguridad, el segundo motivo de sanción de la Ley Mordaza tras el consumo de droga, que acumula ya 18.000 sanciones desde julio, según datos obtenidos por eldiario.es a través de una petición de información al Ministerio de Interior.

--La recaudación por esas sanciones podría alcanzar los 18,3 millones de euros solo en los últimos siete meses. ¿Habrá decidido el Gobierno subsanar con la Ley Mordaza la recaudación menguante por culpa del elevado paro y de la evasión de capitales a los paraísos fiscales?

--EDITORIAL NYT (traducido por CTXT)

La ominosa ley mordaza de España

(Extracto)

La Comisión Europea debería actuar rápidamente para condenar la nueva ley. Maina Kiai, relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos a la libertad de reunión pacífica, ha instado a los legisladores españoles a rechazar la medida, aduciendo que “los derechos a la protesta pacífica y a expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”.

La nueva ley mordaza de España nos devuelve inquietantemente a los oscuros días del régimen de Franco. No hay lugar para ella en un Estado democrático en la que los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen derecho a que la protesta pacífica no sea un mero derecho virtual.

Algunos ejemplos:

CASO TITIRITEROS.

La policía detuvo a Lázaro de la Fuente, de 29 años, nacido en Almería, y Raúl García Pérez, madrileño de 34, tras la denuncia de un ciudadano que presenciaba la obra, a raíz de que una de las marionetas exhibiera una pancarta en la que se leía: “Gora Alka-Eta”. Al día siguiente, el magistrado de guardia en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó prisión provisional sin fianza para ambos acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Tras permanecer cinco días en la cárcel, sometidos al régimen de aislamiento FIES, Moreno ordenó la retirada de sus pasaportes y les impuso la obligación de comparecer diariamente en un juzgado, medida que fue rebajada a comparecencias quincenales y mensuales. Dos meses después, las medidas cautelares continúan vigentes.

CASO STRAWBERRY – OPERACIÓN ARAÑA.

A César Montaña Lehman, más conocido como César Strawberry, miembro del grupo musical Def Con Dos, Twitter le costó la privación de libertad durante las cuatro horas que duró su detención. El músico fue encausado en la tercera fase de la Operación Araña, lanzada por la Guardia Civil solo seis días antes de las elecciones municipales y autonómicas. En el escrito de acusación, la Fiscalía del tribunal especial solicita para el artista 20 meses de cárcel, ocho años de inhabilitación absoluta y dos de libertad vigilada por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, contenido presuntamente en seis comentarios en Twitter y un retuit lanzados por el artista desde su cuenta en la red social entre noviembre de 2013 y julio de 2014.

Además de Strawberry, otras 22 personas fueron arrestadas en ocho provincias de seis comunidades autónomas. A los encausados se les acusa de publicar en las redes sociales mensajes de enaltecimiento del terrorismo, desear en ellos la muerte de personas o burlas a víctimas concretas, hechos constitutivos de delito en virtud del artículo 578 del Código Penal, con un castigo contemplado ahora entre uno y dos años de cárcel --que con el nuevo Código Penal llega hasta tres años. 

La primera fase de esta operación, que rastrea de forma indiscriminada opiniones vertidas en las redes sociales, acabó en abril de 2014 con la detención de 21 personas. En noviembre de ese mismo año se cerró la segunda, con 19 detenciones más. En total, más de 60 personas han sido arrestadas por enaltecer el terrorismo desde que la ‘araña’ de las fuerzas del orden extendiera sus redes por Internet.

CASO DEL MENOR IMPUTADO.

Un menor, enviado a juicio por enaltecimiento. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la encargada de decidir si el concejal de Madrid Guillermo Zapata (Podemos) debía declarar como imputado por humillar a las víctimas del terrorismo por sus chistes macabros sobre Irene Villa en Twitter, emitió una resolución, en una causa distinta, que ofrece muchas pistas sobre su decisión en el caso del edil. El tribunal presidido por la conservadora Concepción Espejel rechazó el recurso de un menor contra la decisión de ser llevado a juicio por difundir en las redes sociales “mensajes de contenido penalmente inaceptable de alabanza y justificación de actos terroristas y de miembros de ETA y para menospreciar a concretas víctimas del terrorismo”, como Irene Villa o Miguel Ángel Blanco.

La decisión del tribunal contó con el voto particular del magistrado progresista José Ricardo de Prada, que aboga por distinguir las expresiones de “humor negro” de las manifestaciones de humillación delictiva a las víctimas del terrorismo. De Prada afirma que una “sociedad madura debe saber lidiar y tratar” con este tipo de realidades en las que, según él, “no subyace una auténtica intencionalidad de enaltecer o justificar situaciones o de humillar a sus víctimas”.

CASO ZAPATA.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la causa abierta contra el concejal de Madrid Guillermo Zapata, al entender que con sus tuits no buscaba humillar a las víctimas, por lo que no se le puede atribuir ninguna infracción criminal. Tras el archivo del procedimiento hace unos meses, la Sala Penal le obligó a reabrir la causa y convertir las actuaciones en procedimiento abreviado. Sin embargo, el instructor sostiene que una vez que el edil ha prestado declaración y que las acusaciones han presentado sus correspondientes escritos, no hay base para sentarle en el banquillo de los acusados. En su auto, Pedraz analizaba las frases publicadas en Twitter por Zapata y, apoyándose en el voto particular del magistrado de la Sección Segunda, José Ricardo de Prada, concluye que esas expresiones están dentro de los límites de la libertad de expresión.

UNA OBRA SOBRE VÍCTIMAS Y PRESOS DE ETA, CANCELADA.

El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) canceló la representación de la obra La mirada del otro, programada para el 9 de abril, que aborda los encuentros entre víctimas de ETA y arrepentidos de la banda terrorista en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) entre 2011 y 2012. La concejalía de Cultura defendió que esta decisión se tomó por motivos "estrictamente técnicos". Pero la compañía de teatro Proyecto 43-2 denunció que se trataba de un caso de "censura" a raíz de la polémica detención de los titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo: "Es una decisión política del equipo de Gobierno por temor a que genere problemas similares a los ocurridos en Madrid".

CASO ABEL AZCONA.

 El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona citó a declarar el 25 de febrero como investigado al artista Abel Azcona por su exposición con supuestas formas consagradas. La Asociación Española de Abogados Cristianos había presentado una querella por profanación contra Azcona por la exposición en la que exhibió 242 formas consagradas que utilizó para componer la palabra 'pederastia'.

CASO FACU DÍAZ.

El guionista Facu Díaz tiene tres causas abiertas por sendos tuits publicados en la red. La última se abrió el pasado mes de abril, por un tuit de 2013. El Juzgado de Instrucción número 5 de Blanes le ha llamado, así, a declarar en calidad de investigado. En la causa, iniciada por Fiscalía del Estado, también ha sido llamado a declarar el concejal de EUiA de Palafolls, Juan Andrés Osorio, por retuitear el tuit, que cuenta con más de 350 retuits.

EL DERECHO A LA HUELGA, DELITO

La imputación de este delito contra el derecho de los trabajadores no es casual ni se aplica únicamente a los sindicalistas de Airbus. Desde 2010 se han vivido tres huelgas generales en España, una con Zapatero y dos con Rajoy. Coincidiendo con esta efervescencia de la protesta en las calles, la Fiscalía del Estado rescata un artículo que no se había aplicado para utilizarlo contra más de 300 trabajadores en los últimos cinco años: el 315,13 del Código Penal.

Implantado a finales del franquismo con el objetivo declarado de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de la huelga”; el Código Penal de Felipe González en el año 1995 mantuvo el párrafo tercero que además añadía como alternativa a la pena de cárcel una multa penal. Este agravamiento fue modificado en la última reforma del CP de junio de 2015, quedando lo siguiente: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

USO Y ABUSO DEL DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

Desde la llegada al poder del PP, la utilización del recurso penal “enaltecer del terrorismo” ha aumentado de forma considerable en España. En la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 está registrada la apertura de 33 procedimientos por “enaltecimiento” de ETA; 27 de ellos fueron cerrados al no encontrarse delito o localizarse a sus autores, y los seis restantes terminaron en querellas de los propios afectados.

La aplicación indiscriminada y abundante del delito por “enaltecer el terrorismo”, tal y cómo lo recoge el Código Penal, ha sido cuestionada por prestigiosas, y nada sospechosas, organizaciones del ámbito jurídico internacional a lo largo de los últimos años. Sin ir más lejos, la Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Synthesis, organizaciones consultivas de la ONU, remitieron en 2010 a la Secretaría General de Naciones Unidas un documento para que exigiera al Gobierno español un límite razonable en la aplicación de esta infracción. Para estas asociaciones, la tipificación de qué es terrorismo en España es “imprecisa” y, lo que es peor, sufre un “deterioro gradual” al aplicarse en casos que “no constituyen violencia grave. Tal exageración punitiva se utiliza para cualquier acto, a fin de asociarlo a la esfera de lo terrorista”, denunciaron en el documento que presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos.