Este artículo pretende poner en perspectiva el momento histórico que vivimos y la reivindicación de los permisos parentales (para padres y madres) igualitarios que propone la PPIINA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento o Adopción), comparando la trayectoria del actual periodo de restauración democrática-monárquica, iniciado con la Constitución de 1978, con el periodo de la Restauración borbónica, iniciado con la Constitución de Cánovas en 1876, y la posterior consecución del sufragio universal (mal llamado “voto femenino”) en la II República.

Más de un historiador ha llamado la atención sobre los paralelismos entre ambos periodos, salvando las importantes distancias.

La Restauración borbónica de 1876, con todas sus sombras, supuso una larga etapa de estabilidad para España tras los convulsos tres primeros cuartos del siglo XIX, con el florecimiento de la industria y renacimiento de las artes. El sistema electoral impuesto por la Constitución de Cánovas, con su sufragio censitario, favoreció la alternancia en el poder de los dos principales partidos. Tras más de 40 años de vida, en la segunda década del siglo XX el régimen empezó a dar muestras de agotamiento. Numerosos movimientos sociales extraparlamentarios o muy minoritarios en las Cortes de entonces --socialistas, sindicatos obreros, sufragistas, etc.-- reivindicaban un “salto” democrático con la adopción de toda una serie de políticas y reformas constitucionales que resolvieran los problemas históricos de España, mejoraran la vida de la gente corriente y dieran cabida a las aspiraciones de los sectores más inquietos de la sociedad: desde los derechos laborales a los derechos políticos, entre los cuales el derecho al sufragio universal (indigno de tal nombre si no incluía el voto femenino) era paradigmático del cambio deseado, aunque muchos y muchas progresistas en aquel momento no comprendieran su carácter emblemático. Para las sufragistas (recomiendo encarecidamente ver la película que ha estado hasta hace poco en cartel con ese título) no se trataba tan sólo de conseguir el derecho al voto para las mujeres, sino de batallar por la igualdad jurídica y el derecho a la educación, al trabajo y a la administración de sus propios bienes.

La restauración democrático-monárquica de 1978 supone también una larga etapa de estabilidad para España tras los convulsos tres primeros cuartos del siglo XX, que propicia la modernización económica tras el desarrollismo franquista y la recuperación del pulso cultural de la sociedad tras la dictadura. El sistema electoral nacido de la Constitución de 1978, con su famosa regla D’Hont para el reparto de escaños, ha favorecido la alternancia en el poder de los dos principales partidos. Tras casi 40 años de vida, en la segunda década del siglo XXI el régimen lleva tiempo mostrando signos de agotamiento. Numerosos movimientos sociales hasta ahora extraparlamentarios o muy minoritarios en el Congreso –asambleas del 15M, anticapitalistas, ecologistas, altermundistas, feministas, etc.-- reivindican la necesidad de un “salto” democrático, con la adopción de toda una serie de políticas y reformas constitucionales que resuelvan los problemas históricos que todavía arrastra España, mejoren la vida de la gente corriente y den cabida a las aspiraciones de los sectores más inquietos de la sociedad: desde el aseguramiento del Estado de bienestar y de los servicios públicos, al control democrático de los mercados financieros y de las empresas, pasando por la transformación del modelo socioeconómico frente al cambio climático y por la ampliación de los derechos sociales e individuales y a la igualdad de género. Entre todas las medidas que se proponen, la equiparación e individualización de los permisos de maternidad y paternidad tal y como propugna la PPIINA --una medida que podría parecer nimia frente a los grandes problemas a resolver-- es paradigmática del cambio necesario, aunque quizás muchos y muchas progresistas no comprendan ahora mismo su significado emblemático y no la vean hoy como una medida o “la” medida prioritaria. Pero es que para las feministas no se trata tan sólo de conseguir la no discriminación en el mercado laboral por causa de la maternidad, sino de acabar con la explotación doméstica de las mujeres y la división sexual del trabajo, y de dar un paso de gran carga simbólica por el derecho a una vida en igualdad, no solo legal sino de condiciones reales y de oportunidades materiales, a la de los hombres.

La crisis del régimen de la Restauración borbónica de 1876 llegó a su culmen cuando los numerosos casos de corrupción se hicieron insoportables para la opinión pública, muchos de ellos relacionados con el caciquismo local y con el desvío de fondos de la guerra de Marruecos, pero también por la implicación de la Casa Real en negocios poco claros como las minas del Rif y en el desastre de Annual, en los que también estaban involucrados algunos prebostes de la clase alta española y de los dos principales partidos, conservador y liberal. Si el poder político (empezando por el rey) hubiera tenido entonces un poco de clarividencia y sentido histórico, habría promovido desde arriba una verdadera reforma democrática del régimen que hubiera convertido a España en una moderna monarquía constitucional y parlamentaria con sufragio universal, en la línea de los países europeos más avanzados del momento (tesis sostenida, por ejemplo, por el historiador Santos Juliá). Pero la estrechez de miras de los agonizantes principales partidos, especialmente del partido conservador, del rey y de la élite económica propiciaron la peor salida posible de la ya larga crisis política y social, en 1923: la dictadura de Primo de Rivera, justo una semana antes de que en las Cortes se debatiera el comprometedor (para el Ejército, el rey y la élite económica) “Expediente (del General) Picasso” sobre las causas y la corrupción ligada al desastre de Annual.

Pero la dictadura de Primo de Rivera no hizo más que retrasar las reformas que los tiempos demandaban. Finalmente la II República ofreció la ocasión para llevar a la práctica cuantas iniciativas democráticas se habían venido postulando desde las diversas formaciones políticas extraparlamentarias y movimientos sociales que coadyuvaron al cambio de régimen y hubieron de gestionarlo desde el poder. El movimiento de mujeres entraba así en una etapa crucial ante la perspectiva de que pudieran cumplirse sus objetivos. Muchas de las que se habían distinguido en la lucha feminista de las dos décadas anteriores --a través de organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), la Unión de Mujeres de España (UME) o la Juventud Universitaria Feminista (JUF)-- participaron activamente en la vida política republicana a través de los distintos partidos (con el PSOE: María Martínez Sierra, Matilde Huici; con el Partido Radical: Elisa Soriano, Clara Campoamor; con el Partido Radical Socialista: Carmen de Burgos; con Izquierda Republicana: Victoria Kent, etc.). No sin esfuerzo adicional y a pesar de las divisiones dentro de las feministas, se consiguió incorporar el sufragio universal (mal llamado “voto femenino”) a la nueva Constitución republicana.

La crisis del actual régimen de la restauración democrático-monárquica de 1978 parece haber llegado a su culmen con los numerosos casos de corrupción que se han hecho ya insoportables para la opinión pública, muchos de ellos relacionados con el urbanismo/caciquismo local y la privatización de servicios públicos, pero también por la implicación de la Casa Real en negocios como los del Instituto Nóos y sus conexiones con el caso Gürtel, en los que también están involucrados algunos prebostes de la clase alta y del principal partido en el poder, aunque no en exclusiva. Si el poder político-económico (empezando por el rey) tuviera un poco de clarividencia y sentido histórico, debería coadyuvar a una verdadera reforma democrática del actual régimen que podría situar a España entre los países europeos más avanzados del momento (en lo político, social y económico, como los países nórdicos, por ejemplo). Pero la estrechez de miras de los agonizantes principales partidos, principalmente del partido conservador, de la élite económica y quizás también del rey, es posible que propicien la peor salida posible de una crisis política y social que cada vez se hace más larga (¿aguantando todavía hasta 2023?): la involución autoritaria bajo apariencia de defensa de la democracia frente al separatismo y el populismo, quizá cuando estén a punto de salir las principales sentencias de los casos más escabrosos de corrupción y se maniobre ya completamente sin tapujos para neutralizar a los jueces, fiscales, medios de comunicación, movimientos sociales y partidos “díscolos” .

Pero tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde y de forma pacífica, se impondrá la necesidad de cambios acordes con los tiempos que corren, no necesariamente en forma de III República, ya veremos cómo. Y llegará la ocasión de poner en práctica cuantas reformas democráticas se han venido postulando desde las diversas formaciones políticas minoritarias o hasta ahora extraparlamentarias y desde los movimientos sociales, que están impulsando el cambio de régimen y que algún día habrán de gestionarlo desde el poder. El movimiento de mujeres se encontrará de nuevo en un momento crucial ante la perspectiva de que puedan cumplirse sus objetivos actuales. Muchas de quienes se han distinguido en la lucha feminista de las últimas décadas ya están participando o están llamadas a participar activamente en la vida política del nuevo régimen democrático que se está fraguando, a través de partidos tradicionales renovados o de emergentes que hasta ahora no han tenido presencia parlamentaria o son minoritarios. Es el momento de poner la equiparación e individualización total de los permisos de maternidad y paternidad que propugna la PPIINA en primer plano, como reforma emblemática del nuevo modelo social, económico y político a construir.

No está escrito que la historia tenga que repetirse y ojalá la presencia actual en el Congreso recién constituido de numerosas diputadas feministas –conseguida gracias al esfuerzo de aquellas sufragistas-- sea un factor fundamental que propicie similares avances, pero también una evolución diferente, del momento histórico actual comparado con aquel otro de liquidación de la Restauración borbónica.