Ciudadanos tiene problemas de crecimiento, también a juzgar por las recientes dimisiones ocurridas en A Coruña y Castilla-La Mancha. Es lo que tiene pegar el estirón con diez añitos de crianza autonómica para, entre mimos de la prensa concertada, codearse con los mayores y presentarse como alternativa estatal de estreno. Empezar a expandirse y comenzar a no salirle las cuentas ha sido uno. De hecho, con los “errores administrativos” le pasa casi como al PP con la corrupción: no paran de surgirle casos aislados.

El partido de Albert Rivera, una formación emergente que ya existía cuando el aznarato y a la que Guillem Martínez define como “lo de siempre 2.0”, las cuentas ya no acababan de cuadrarle cuando comenzó a dar el estirón en 2014. Hoy tiene su problema más candente en Murcia, cuya Asamblea Regional ha constatado una serie de irregularidades que incluyen una veintena de pagos flojos de papeles a cargo de su grupo parlamentario.

“La mayoría de gastos no se puede asegurar que sean necesarios para el funcionamiento del grupo”, señala el órgano de fiscalización, que echa en falta “exactitud” en los motivos para realizarlos: “Son el caso, por ejemplo, de los alquileres de salones en hoteles, los viajes y gastos de manutención (…), encuadernaciones o reportajes fotográficos”, anota, en un informe de conclusiones tan breve como contundente en el que revela que “al menos seis facturas no son originales”, que “no queda acreditado el pago al beneficiario en la mayoría de los casos, ya que no se han presentado todos los justificantes de pago”, que en la contabilidad “figuran apuntes contables sin respaldo documental” –alquiler de la sede, viajes--, y que “no toda la documentación es original, al menos seis facturas no son originales”.

Los técnicos de la asamblea murciana sospechan que el grupo asumió gastos de la campaña electoral de las generales, algo que vulnera la normativa, y le insta a presentarlas ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, el grupo parlamentario de C’s ya había asumido gastos de las municipales, como un audiovisual de 2.295 euros y otros 10.852 en sobres y papeletas, aunque en ambos casos rectificó para cargarlos a las cuentas del 25M. Pasó lo mismo con los 600 euros que costó un “taller de percusión brasileña”. Las ocho facturas reimputadas a gastos electorales suman 14.866 euros que, inicialmente, habían sido cargadas a las arcas públicas vía parlamento murciano.

“Errores administrativos” y dirigentes con empresas en Panamá

Ese desbarajuste contable –“error administrativo”, según la cúpula de Rivera-- le costó hace ya un mes el puesto al delegado territorial de C’s en Murcia, Mario Gómez. Para entonces ya habían dejado el cargo otros dos coordinadores, el zaragozano José Luis Juste –también diputado autonómico-- y el riojano Federico Pérez, al trascender que tenían intereses en empresas panameñas, aunque estas no aparecían en los Panama papers del bufete Mossack-Fonseca.

Sus ceses incluyeron la contradictoria liturgia tradicional en estos casos: es todo legal pero prefiero irme para no dañar al partido. Y, en el caso de Juste, devolvían la inestabilidad a una dirección removida solo unas semanas antes desde Barcelona/Madrid como consecuencia de las tensiones internas y las denuncias de presuntas irregularidades por parte de los sectores críticos del partido.

C’s La Rioja ha revelado cierta tendencia a los “errores administrativos”. Es la justificación a la que el partido se acogió, de nuevo, para explicar por qué su delegada territorial, María Luisa Alonso, cobró varias nóminas como asesora del grupo municipal de Logroño, del que ella misma formaba parte, tal y como desveló el digital Rioja2. La contratación del delegado en Euskadi, Nicolás de Miguel, como asesor del grupo parlamentario riojano, que trascendió hace unas semanas, sí era legal. Tanto como decorosa y apropiada a los cargos que compatibiliza el afectado. Cosas de aplicar la transversalidad a la territorialidad.

Ciudadanos de La Rioja lleva un año convulso. Tanto, que incluye una condena de cuatro meses de cárcel –canjeables por una multa de 2.240 euros-- a la exconcejala y extesorera del grupo municipal de Logroño Nazareth Quijano por un desfalco de algo más de 18.000 euros. Todo un caso de precocidad: comenzó los trapicheos a primeros de octubre del año pasado, cuando todavía no hacía tres meses que había tomado posesión del cargo. Fue denunciada por sus compañeros, que descubrieron el tinglado –transfería dinero del grupo a una cuenta personal-- a principios de año.

Habitación triple para el líder a cargo de la Asamblea de Madrid

Ciudadanos acumula en su breve historia una retahíla de episodios contables llamativos. Uno de los primeros lo protagonizaron dos de sus principales dirigentes --su secretario y vicesecretario generales, Matías Alonso y José Manuel Villegas--, que en 2012 facturaron al partido algo más de 55.000 euros desde las sociedades limitadas con las que trabajaban como autónomos.

Hace unos meses, fue este último quien salió a defender públicamente el peculiar sistema de financiación de sus grupos municipales en las ciudades de más de 50.000 habitantes: ingresan las asignaciones que reciben de los ayuntamientos en una cuenta controlada por dos miembros de la ejecutiva estatal y un cargo local desde la que se vuelve a transferir una cantidad acordada a una segunda libreta, que es con la que operan en la práctica los concejales.

La primera de esas operativas era legal –facturaban trabajos de asesoría--, según la Sindicatura de Comptes catalana, que es el órgano que la detectó, mientras que la segunda se encuentra pendiente del dictamen del Tribunal de Cuentas. La dirección le quitó hierro al asunto hace unas semanas: se trata de “errores administrativos”.

Las luces de alerta que comenzaron a activarse tras la campaña de las municipales y las autonómicas de mayo del año pasado, donde la expulsión de candidatos de Leganés por recibir donaciones convivía con la anotación de gastos de hotel de la cúpula del partido a cargo del grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid --2.700 euros por 35 plazas, tres de ellas para Rivera, informó la SER--, no han dejado de encenderse en la formación naranja, que en estos momentos tiene crisis abiertas en Cantabria y Galicia e imputados en Andalucía, caso del exalcalde de Espartinas, José María Fernández, dimitido antes de llevar medio año en el cargo tras ser imputado por prevaricación.

Ciudadanos afronta este panorama entre el lugar común del error administrativo y un silencio tan atronador como táctico: ningún cargo de la organización pudo atender las llamadas de Contexto para recabar su parecer.