La negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea está situando en el centro del debate jurídico y político la cuestión del contenido, alcance y repercusiones de los Tratados de Libre Comercio bilaterales o regionales. Aunque este tipo de tratados llevan ya un largo tiempo ocupando un lugar importante, no sólo como instrumentos de regulación del comercio sino como elementos fundamentales de la política exterior de la UE y de EEUU, los nuevos tratados en vías de negociación y en particular el TTIP y el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá) tienen una serie de características fundamentales que los diferencian de los acuerdos anteriores. Así, la evidente importancia de los actores implicados, el volumen económico/comercial de las zonas de libre comercio que se pretende crear y la adición de nuevos contenidos de carácter regulatorio son factores que han provocado la revitalización del debate acerca de las implicaciones que la ratificación de estos acuerdos puede conllevar para las partes firmantes y muy en particular para los derechos sociales y laborales de sus poblaciones.

El momento en la negociación de ambos tratados es distinto. El TTIP está en plena discusión y las cosas se complican. Tras la última ronda y con las filtraciones de Greenpeace en la mano ha quedado claro que ambas partes mantienen posiciones enfrentadas en temas tan fundamentales como el grado de apertura de los mercados de contratación pública, el grado de rebaja de los aranceles del sector automovilístico, las denominaciones de origen o el propio sistema de resolución de controversias entre inversores y Estados. Además, el creciente clima de alarma social que se está generando en torno al TTIP hace más complejas las negociaciones y provoca una mayor tensión entre los Estados miembros, que se ven presionados por las diferentes campañas estatales y por la Comisión Europea.

Estamos por tanto en un momento en el que es posible afirmar que el futuro del TTIP pende en estos momentos de distintos hilos y uno de ellos es sin duda cómo se desarrolle el procedimiento de aprobación del CETA. El tratado entre Canadá y la UE se empezó a negociar en 2009 en Ottawa y el 26 de septiembre de 2014 concluyó su procedimiento de negociación. Posteriormente, el tratado ha pasado por una larga fase de revisión jurídica en la que, debido a circunstancias políticas vinculadas fundamentalmente al rechazo que ha levantado el TTIP, se ha vuelto a renegociar la parte de su articulado relativa al sistema de solución de controversias inversor-Estado. El pasado 29 de febrero ambas partes dieron por concluida esta revisión y cerraron definitivamente el texto. Según los negociadores, la prioridad en estos momentos es firmar el CETA este año y que entre en vigor en  2017.

Aunque en la actualidad ambos tratados están siendo objeto de una campaña simultánea de rechazo y crítica por movimientos sociales, sindicales y políticos, durante su elaboración, la negociación del CETA no levantó ni mucho menos el rechazo que está suscitando el TTIP. Las razones son de distinto tipo. Por un lado, la falta de transparencia durante el procedimiento de negociación del CETA fue total, el mandato de negociación (documento base del tratado) data de abril de 2009 pero no se desclasificó hasta la Decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de diciembre de 2015 y durante el procedimiento de negociación no se abrió el acceso a los documentos relativos al tratado, más allá de las filtraciones, por lo que no conocimos el contenido del texto hasta que finalizó su negociación. Con el TTIP la Comisión Europea está funcionando de manera más inteligente, mantiene la reserva total sobre los textos que resultan de la negociación pero publica numerosos materiales que elabora como base de su posición en las rondas donde negocia con los Estados Unidos, lo que le permite una apariencia de pseudotransparencia que está utilizando para legitimar el procedimiento.

La segunda justificación de la distinta reacción de la opinión pública respecto del CETA y del TTIP, al menos durante los años de negociación del primero, ha sido una distinta percepción de la contraparte. Existe una suerte de imagen “buenista” respecto de Canadá que en realidad no se corresponde ni con su grado de integración económica con su vecino estadounidense ni con el amplio contenido del acuerdo al que ha llegado con la UE. Es cierto que Canadá es un mercado pequeño pero no puede olvidarse que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) implica que el grado de integración económica entre los Estados Unidos y Canadá es altísimo. De hecho, el 81% de las empresas canadienses están vinculadas como filiales a empresas de los Estados Unidos, y en su mercado operan 42.000 empresas estadounidenses. También como consecuencia de esta integración económica, que entró en vigor en el año 1994, las normas y las prácticas de Canadá y Estados Unidos tienen numerosas similitudes. Pero además hay que tener en cuenta que el contenido del acuerdo, del CETA, es muy cercano al del TTIP. Su estructura y contenido “regulador” así como los mecanismos de protección de los inversores extranjeros son muy parecidos por lo que a través de la puerta del CETA se abriría una vía para la utilización de los mecanismos de desregulación y de protección de los que disfrutaría igualmente un amplio número de empresas norteamericanas. 

La preocupación respecto la CETA ha ido creciendo exponencialmente en los últimos meses, no sólo entre las campañas sino entre los propios Estados miembros, lo que está generando un amplio grado de incertidumbre sobre su aprobación. La política comercial y de inversión es una competencia exclusiva de la UE por lo que la aprobación de acuerdos con este contenido con terceros países se realiza mediante un procedimiento regulado en el art. 218 del TFUE que implica al Consejo y al Parlamento Europeo. No obstante, atendiendo a su contenido, numerosas voces, tanto académicas como políticas, han señalado que el CETA y el TTIP no deberían considerarse como acuerdos comerciales únicamente, puesto que en los mismos se regulan materias que tocan competencias estatales. Dada esta situación, ninguno de los dos tratados debería ser aprobado sin la participación de los 28 Estados miembros, cada uno según sus procedimientos internos (referéndum o aprobación por los parlamentos).

Se trata de un debate complejo que, por primera vez respecto de un tratado de estas características, está enfrentando al Consejo y a la Comisión Europea. El carácter mixto o no del acuerdo debe proponerlo la Comisión, que ya ha avanzado que va proponer que el CETA sea considerado un tratado no-mixto. Sin embargo, existen numerosos Estados que ya se han pronunciado respecto de la naturaleza del CETA, afirmando que o este se considera un acuerdo mixto y se plantea su aprobación en cada uno de los países o no apoyarán la firma del tratado. La cosa se complica más por el procedimiento mediante el cual debe adoptarse el acuerdo respecto de la naturaleza del CETA. Si la Comisión propone un acuerdo de competencia exclusiva de la UE y los Estados miembros quieren aprobar una postura contraria deben actuar por unanimidad, es decir, los 28 deben mantener la misma postura en el Consejo. En principio no parecía difícil dado que numerosos parlamentos o gobiernos estatales ya habían sostenido una postura favorable al carácter mixto. El ministro de Comercio francés afirmaba de manera contundente en su cuenta de Twitter que el CETA es un tratado mixto y que esto es un imperativo democrático porque los parlamentos estatales deben tener la decisión final. Con igual contundencia se han pronunciado los parlamentos de Holanda, Hungría o Luxemburgo y las cámaras de diversas regiones de Bruselas. 

Cuando la primera victoria respecto del carácter mixto del CETA parecía ganada, Italia se ha descolgado de esta posición, rompiendo esa necesaria unanimidad. El ministro italiano de Desarrollo Económico envió una comunicación a la Comisión sosteniendo el carácter no-mixto del acuerdo. Pero la cosa sigue, porque en todo caso se necesitará mayoría cualificada para aprobar la propuesta de la Comisión, es decir, más del 55% de los Estados miembros que representen por lo menos el 65% de la población de la UE, dado que Estados con mucho peso como Alemania ya han manifestado su postura contraria, todo parece indicar que esta decisión tampoco podría aprobarse. 

Por añadidura, esta controversia está haciendo mella en la otra institución implicada, el Parlamento Europeo, que debe pronunciarse por mayoría simple a favor del acuerdo y que cada vez muestra más reticencias derivadas de la voluntad férrea de la Comisión de mantenerlo como tratado no-mixto.

El laberinto procedimental y el grado de complejidad no ocultan la confrontación entre la Comisión Europea y el Consejo y entre los distintos Estados miembros en el Consejo, una situación inédita que refleja el grado de complejidad y de importancia del CETA.