A lo largo de los últimos meses y por razones varias el TTIP ha saltado a la arena mediática. Distintos medios de comunicación han venido prestando atención a un acuerdo entre la UE y Estados Unidos cuya opaca negociación y posibles consecuencias llevan años siendo denunciadas por las campañas ciudadanas y los movimientos sociales. Este interés ha propiciado que, a diferencia de lo ocurrido en diciembre, el tratado haya estado presente en algunos debates electorales y haya ocupado un espacio (discreto) en la campaña electoral.

Si atendemos a los programas y línea política de las principales organizaciones es fácil detectar que hay dos partidos plenamente a favor (PP y Ciudadanos) y uno, el PSOE, que apoya la firma del Tratado aun cuando reivindica algunos cambios en su contenido. El Partido Socialista ha sido un firme y entusiasta defensor del TTIP en el Europarlamento, aunque ha exigido a la Comisión diversos cambios relativos a una mayor transparencia y a la introducción de variaciones en el controvertido sistema de protección de los inversores extranjeros mediante tribunales de arbitraje. A pesar de estos matices, los tres partidos han mantenido el apoyo en las instituciones europeas y han votado unidos a favor de proseguir las negociaciones de este tratado en el Parlamento Europeo. Es más, la derecha contó incluso con el apoyo de los eurodiputados socialistas para impedir que se debatiera en plenario una resolución sobre el TTIP el día 10 de junio del año pasado, en una maniobra in extremis de la Eurocámara para evitar que una fragmentación de la bancada socialdemócrata pusiera en jaque el futuro del tratado.

En la oposición frontal al acuerdo UE-EEUU se encuentra Unidos Podemos. Tanto Izquierda Unida como Podemos incluyeron en sus respectivos programas anteriores y en los 50 puntos comunes con los que ahora se presentan el rechazo total al tratado. Ambos partidos, miembros del Grupo de la Izquierda Europea en el Europarlamento, han mantenido allí el rechazo de manera constante con una intensa actividad de denuncia y han impulsado también mociones en contra del TTIP en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, en numerosas ocasiones apoyadas por cargos públicos del PSOE. Además, y aunque en las anteriores elecciones no lo hizo, Pablo Iglesias se ha enfundado estos días el mono de activista contrario al tratado de libre comercio. Este mismo miércoles le ha podido ver dirigirse a los taxistas: “Vamos a estar con vosotros frente al TTIP”, en una línea marcada antes por sus eurodiputadas. Mientras, Pablo Bustinduy, un pata negra dentro de Podemos, ya avisó en la precampaña de que la negociación sería un tema central: “Las posibilidades de que salga parecen ser inversamente proporcionales al volumen de debate público en la UE que hay al respecto”, declaró a El País en mayo.

A lo largo de esta campaña hemos tenido la oportunidad presenciar algunos debates específicos respecto del tratado donde los distintos partidos se han tenido que ver las caras y enfrentar sus argumentos. El pasado 16 de junio, la asociación Jueces para la Democracia (JpD), organizó en la Casa de América un debate con dos mesas, una política y otra jurídica, sobre el TTIP, con ponentes de alto perfil. En el debate, donde no estuvo presente Ciudadanos, las posturas se mantuvieron en la línea habitual. El eurodiputado del PP Pablo Zalba, que intervino a través de un televisor de plasma (con la inevitable mofa del personal) y evitó de esta manera atender a las preguntas de los asistentes, se limitó a recitar el decálogo habitual mantenido por la Comisión Europea sobre los beneficios que se derivarían del TTIP, sin mencionar una sola consecuencia negativa. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha Vázquez, realizó un discurso de defensa del tratado especialmente duro. Además de indicar los posibles beneficios económicos que se derivarían de la firma del TTIP y señalar los matices que mantienen los socialdemócratas en la Eurocámara, elevó el tono contra las posturas críticas hasta el punto de llegar a colocar en el mismo saco a todas las organizaciones que rechazan el tratado, desde el Frente Nacional de Le Pen hasta Podemos y los movimientos sociales. De la Rocha hizo también especial hincapié en el carácter democrático del tratado y la legitimidad de quien lo negocia (la Comisión Europea) en nombre de toda la ciudadanía de la UE. Por su parte, tanto Lola Sánchez de Podemos como Ernest Urtasun de Iniciativa per Catalunya sostuvieron la crítica tajante al acuerdo, a la opacidad de las negociaciones y a las consecuencias medioambientales, sociales, jurídicas y democráticas del tratado. Merece la pena señalar un fragmento del enfrentamiento entre el PSOE y Podemos, cuando De la Rocha finalizó con la contundente frase “cómo vamos a pensar que la UE puede llegar a firmar algo ilegal o contra su propio ordenamiento jurídico”, Sánchez contestó “solo hay que mirar al acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados”. No hubo respuesta.

Un debate similar con caras menos conocidas tuvo lugar el pasado martes 21 de junio, organizado por Público. A cinco días de las elecciones generales, tanto el PP como IU, representada por un elocuente Carlos Sánchez Mato (el responsable de Economía del Ayuntamiento de Madrid, IU) que supo rebatir todos los argumentos de la derecha, mantuvieron posiciones. Sin embargo, algunos marcos fijos hasta ahora saltaron con las intervenciones de la diputada regional del PSOE Reyes Maroto y el jurista Eduardo Trillo, en nombre de Ciudadanos. Si la transparencia derivada de las conversaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos no mejora, indicaron ambos, entonces PSOE y C’s lo mismo votarán en contra. “Es algo [la transparencia] que todavía no existe”, deploró Maroto evocando las filtraciones publicadas por Greenpeace Holanda en mayo y mostrándose preocupada por el contenido de las mismas. Trillo incluso vaticinó el fracaso del TiSA, el tratado de servicios que negocian 23 países (entre ellos toda la UE). “Demasiados Estados, demasiados intereses”. ¿Están rebajándose las posturas ante la crítica ciudadana al tratado o se trata sencillamente de una modificación estratégica para un debate concreto?

Si atendemos a las declaraciones de la eurodiputada socialista que ha llevado la portavocía sobre la cuestión, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, observamos que la línea mantenida por De La Rocha (defender el tratado con algunos matices y deplorar las críticas) es la dominante. Preguntada sobre los últimos debates la eurodiputada asumía con pesar que “el debate lo conducen, a nuestro pesar, los movimientos antiglobalización, antiTTIP y anti EEUU en definitiva” y criticaba que “las discusiones adolecen muchas veces de contenidos. Parte de culpa la tiene el PP. Mi partido pidió que hubiera un seguimiento regular de las negociaciones en el Congreso de los Diputados y Rajoy se negó. Y ahora en vez de debate hay un movimiento en contra. Creo que la nuestra es la postura más racional y sensata: sí al tratado pero no a cualquier precio”.

También entró a valorar esta postura aparentemente dubitativa del PSOE la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez, seguramente la política que más ha hablado del TTIP en España en los dos últimos años. “Quienes dicen que a lo mejor votan en contra mienten como bellacos”, ironiza la cartagenera. “¿Por qué los representantes de esos partidos en Bruselas nunca dicen nada parecido? A mí las filtraciones de Greenpeace no me sorprendieron porque ya había entrado varias veces en la Reading Room –la sala que cobija documentos confidenciales de la negociación-- y leído cosas demenciales. Se nota que estamos en campaña”, lamenta.

A punto de encender el pactómetro, el posicionamiento de una coalición de derechas respecto del Tratado estaría claro, pero no el de una posible coalición de carácter progresista. En este último supuesto, evitar la cuestión del TTIP en las negociaciones para la creación de la coalición podría plantear problemas, tanto de manera inmediata como a medio plazo. De hecho, independientemente de que un futuro gobierno progresista no deseara adoptar una postura frontal al Tratado desde su investidura hay decisiones que son impostergables y que atañen al curso y al contenido de las negociaciones. La aprobación del CETA se pretende inmediata y la postura del Gobierno español será fundamental para decidir si se trata o no de un acuerdo mixto y si, por tanto, debe ser votado en los Estados miembros. El futuro presidente del Gobierno tendrá en sus manos, en ese supuesto, la convocatoria o no de un referéndum para que la ciudadanía exprese su opinión sobre el CETA o sobre el TTIP. Además, en el caso de llegar a un gobierno de coalición ¿votarán los socialistas con los populares en el Parlamento Europeo a favor del Tratado?  

Probablemente son demasiados interrogantes para plantearlos a unos días de las elecciones pero, afortunadamente, parece que esta vez el TTIP va a jugar la partida en el momento de puesta en marcha del pactómetro.