Confieso que he presidido una mesa, la B00202 (mesa B de la sección 002 del distrito 02) del lugar de Perillo, concello de Oleiros, provincia de A Coruña, en las pasadas elecciones europeas. Y que pese a coincidir en la gestión de la voluntad ciudadana con un colega, Antón Reixa –lo que a algunos votantes les indujo a pensar que aquello, más que una mesa electoral, era una cámara oculta—, en el caso de que se nos hubiese pasado por la cabeza hacer alguna gamberrada lo hubiésemos tenido mal.

De hecho, lo realmente difícil es poner en marcha la fiesta de la democracia con esas instrucciones de electrodoméstico coreano que vienen en el manual, con las circunstancias excepcionales descritas antes de las normales. Fue entonces cuando me expliqué el tópico profesional ese de que “todas las mesas se han constituido sin incidentes”. Estás al borde de la taquicardia pensando que llega la hora de abrir el tenderete y todavía no está preparado. Solamente sacar todas las papeletas (eran 36 candidaturas), identificarlas y ordenarlas lleva su tiempo. Tiempo perdido porque luego vienen los interventores de los partidos y, al abrigo de la cabina, las ponen como les conviene. Al final de la jornada, un representante de un grupo minoritario me solicitó que parase la votación hasta que se reordenasen. El PP se negó invocando el manual coreano. La cabina no era mía, compartíamos tres entre siete mesas, así que llamé a la Junta Electoral: “Haga lo que quiera, que para eso es presidente”. Consigné la protesta en el acta.

Una vez puesta en marcha lo cosa, todo es rutina, siempre y cuando uno esté familiarizado con el orden alfabético. El ciudadano o ciudadana se acerca con el documento que acredita su identidad y lo entrega. El presidente se lo pasa a uno de los dos vocales, que busca su nombre en una lista, lo canta, junto con el número de orden, para que el otro vocal lo localice con más facilidad y lo tache. El presidente recupera el documento y dice “¡Vota!” –un corte, se lo juro, parece una orden—, le coge el sobre al cliente, se lo devuelve –no me digan por qué, pero lo legal es así, y a alguno se lo tuve que leer después de forcejear—, le destapa la urna y deja que introduzca su voluntad, a la vez que le restituye su identidad. Leído así parecen las instrucciones para bailar El lago de los cisnes con las manos, pero es sencillo. Como lo de los niños de San Ildefonso, pero sin soniquete.

A todo esto, al lado del triunvirato de ciudadanos (que en ocasiones, por razones logísticas, se queda en dueto) que velan por el derecho cívico de sus pares, están unos caballeros o señoras designados por los partidos que realizan los mismos apuntes, pero sin el “¡vota!” y sin trajinar el sobre. Las razones por las que los partidos políticos tienen derecho a apuntar quién vota o no se me escapan. Lo que sí sé es que en el campo, cuando falta poco para el cierre de las urnas, es muy probable que alguien mande un coche a la casa del elector poco diligente para animarlo a presentarse, o le exijan responsabilidades posteriores por no haber ejercido su derecho al voto.

Tampoco sé por qué se le facilita toda cuanta formación se presente en el censo electoral, con nombre y domicilio de cada ciudadano. De entrada, así se establece la primera discriminación entre los partidos que pueden pagarse el dispendio y los que no –que haya ayudas posteriores no compensa, ni justifica el despilfarro—. La obligatoriedad de votar en cabina ahorra gastos y, lo que es tan o más importante, hace más libre el voto, porque a nadie se le puede obligar a traerlo de casa (o del asilo). Bien es cierto que hay quien considera que lo de que el voto sea secreto está sobrevalorado. Yo tuve que frenar dos intentos de un señor que intentaba introducir la tarjeta censal en el sobre. “¿Si no, cómo se va a saber a quién vota cada uno?”, preguntaba, con toda la razón.

A los de la mesa B00202, la cuenta de los votos nos cuadró. Tampoco fue un gran mérito. Pese a las 36 candidaturas, había 350 votos, más 20 por correo. Una compañera de trabajo me contó que no lo logró en el primer intento y pasaron hora y media buscando el fallo hasta que lo encontraron. También de otro caso en el que el desajuste de dos votos propició el incremento de un par de votos en blanco más. Y vi, en las municipales de 2003, cómo en una mesa en la Costa da Morte, una señora no pudo votar porque en teoría ya lo había hecho. Hicieron todos repaso de memoria a media comarca, y resultó que habían apuntado a alguien con unos apellidos parecidos. La electora aceptó de buen grado tener que abstenerse. Al final, todo el mundo tiene que estar de acuerdo para firmar las actas. Y los partidos son los primeros en tener los datos, si no de todas las mesas, de gran parte, porque cada apoderado o interventor va informando de minuto y resultado.

En las convocatorias electorales de ámbito español se abren alrededor de 60.000 mesas electorales. Es difícil que no se cometan errores, o que no haya diferencias de criterio en muchas. Pero más bien lo que sucede es que quien puede, pelea hasta el último cartucho. En las últimas elecciones locales en A Coruña, en el primer recuento Marea Atlántica superó al PP por 4 votos. Sin embargo, en algunas mesas había diferencias de interpretación sobre algunas papeletas entre los responsables de mesa y los interventores del PP. El PP acabó siendo la fuerza más votada por 28 votos, lo que únicamente le sirvió para zurcir el orgullo. Le fue más útil escudriñar toda cuanta mesa pudo en las europeas de 2004, hasta que, por 167 votos, la Junta Electoral Central le quitó el tercer escaño a Galeusca-Pueblos de Europa (PNV-CiU-BNG), que con 798.816 votos se quedó con dos representantes y se lo adjudicó al PP, que con 6.393.192 se hizo con 24. Pero para que el margen de error influya en los resultados tienen que estar más que ajustados. Bastante más grave es decidir si alguien cometió o no un delito, y también en eso se les confía la decisión a unos ciudadanos elegidos por sorteo.