En el 26J, de las 1.920.000 personas registradas en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes, solo la burocracia es capaz de crear un ente imposible que sea a la vez residente y ausente) apenas 120.000 ejercieron su derecho a votar (y lo hicieron mayoritariamente a Unidos Podemos, según recopilaron aquí María Navarro y José Luis Marín). Pero no lo ejercieron ni mucho menos todos lo que lo solicitaron. Tanto Marea Granate, plataforma de residentes en el exterior constituida para remover obstáculos al voto, como distintas voces del partido ganador en los electores del exterior han denunciado la drástica caída de la participación desde que entró en vigor la vigente Ley que en 2011 estableció el voto rogado (la necesidad de solicitarlo para poder ejercer el derecho de sufragio). Desde las generales de 2008 a las actuales, la participación de los residentes ausentes bajó del 31,74% en aquellos comicios que le dieron la segunda legislatura a Zapatero al 4,95% en la primera victoria de Rajoy y al 4,97% y el 6,25% respectivamente en los partidos de ida y de vuelta de esta segunda victoria. Sin embargo, en lo que se refiere a las quejas partidarias, quizá deberían atender a aquella máxima de Teresa de Jesús de que “más lágrimas se derraman por las plegarias atendidas que por las no atendidas” .

“Cada vez que oigo a Errejón decir que la participación del CERA bajó del 31% al 5%, retrocedo en el tiempo y lo que oigo es una reivindicación del fraude. Lo de ahora es una chapuza, sobre todo por la gente joven que se está teniendo que ir, pero lo de antes no tenía las mínimas garantías. El censo estaba inflado, podían votar gobiernos extranjeros, había gente que compraba votos al peso…”. El periodista Anxo Lugilde recorrió los centros de la emigración de América Latina en épocas electorales a principios de la década de 2000 y lo que vio y comprobó lo plasmó en O voto emigrante. Viaxe pola zona escura da democracia española (Galaxia, 2007) que posteriormente convirtió en una tesis doctoral sobre la participación política de la emigración gallega de 1905 a 2010. 

Lugilde no vio Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser pero sí su equivalente en las prácticas democráticas. El cobrador del club de jubilados de Avellaneda (Buenos Aires) aprovechaba la ruta y la baja cotización del peso argentino para comprar los votos a la par que los recibos. Era más que habitual llevar a correos los votos de toda la familia, o de los vecinos, o de quien fuese. No hacía falta identificarse. Había fiestas organizadas por partidos en las que se rogaba “venga con su documento de identidad”. Y una noticia en el diario Clarín, nunca desmentida, en la que se afirmaba que la Casa Rosada, el gobierno argentino, había estado recabando votos para el candidato socialista a la presidencia de la Xunta de Galicia en 2009.

En realidad, era más fácil votar en Santiago de Chile que en Santiago de Compostela. A cada ciudadano le llegaba el certificado y las papeletas y solo tenía que elegir su voto e introducirlo en el sobre homologado y todo en otro, acompañado del certificado. Como si en España bastase con incluir la tarjeta censal que llega a casa. Y no hacía falta irse a América para comprobar que la cosa no era muy fiable. Mirando el censo de entonces, el 7% de los gallegos del Nueva Orleans pre-Katrina tenían 90 años. En Buenos Aires y Montevideo arrancamos el milenio con nada menos que 32 oriundos de Galicia que tenían 110 años o más. Es de suponer que tal longevidad no era exclusiva de los nacidos en el noroeste. 

En todo caso, los efectos se hacían notar. Solo dos casos: en las municipales de 2003, en Ferreira de Pantón (Lugo), una candidatura independiente se las prometía muy felices porque había obtenido la mayoría de los 1.300 votos depositados en urna. Hasta que vino el recuento CERA: 1.200 votos casi todos para el PP. El otro caso fue el del veraneante ilustre que dejó de serlo. En 1989, harto ya de estar harto de ser jefe de la oposición a Felipe González, Manuel Fraga no volvió a Madrid después del verano en Perbes y decidió presentarse como candidato a la presidencia de la Xunta. La votación fue ajustadísima (de hecho, PSOE y BNG tenían más votos, pero menos escaños) y la cosa se dirimió en la provincia de Ourense, donde se registraron irregularidades sin cuento y se produjo una rareza en el voto CERA: lo habitual era que ganase el PSOE, ya que, como es lógico en un sistema propio de la Restauración, lo normal era que ganase el partido en el Gobierno.  En las otras tres provincias gallegas, el voto mayoritario fue a los socialistas, salvo allí, donde el voto a Fraga triplicó al del candidato Laxe. Posiblemente tuvieron algo que ver unas sacas llegadas de Venezuela, fuera de plazo, pero que sin embargo fueron aceptadas sin que el PSOE impugnase ni aquellas ni las otras irregularidades. Al parecer, Felipe estaba encantado de confinar a Fraga al Pontus Euxinus.

Las sacas de Venezuela volvieron a ser protagonistas 16 años después. Fraga también se la estaba jugando en unas elecciones, y los fardos venezolanos tardaban en llegar. “Solo ha llegado una parte muy pequeña de las papeletas allí emitidas, y las excusas que han dado no parecen satisfactorias”, se quejó el presidente-fundador del Partido Popular. El gobierno autonómico del PP había modificado la norma electoral para ampliar tres días el plazo de entrega y se había doblado la participación. En las revelaciones de Wikileaks apareció una conversación en la que Rajoy solicitaba al embajador norteamericano que se interesase por ese tema. Se sospechaba que el diputado número 38, que daba o quitaba la mayoría absoluta, dependía del voto exterior. Al final no fue así, pero los recuentos en las juntas electorales de A Coruña y Pontevedra parecían la caída de Saigón. 

En A Coruña (y en Pontevedra era igual) el proceso duró tres o cuatro días y en la apertura de sobres echamos una mano todos los interesados, periodistas, magistrados, fotógrafos. En los sobres venía de todo. Desde quien adjuntaba la partida de defunción del votante para demostrar que aquello era un sindiós, hasta peticiones de trabajo, recados, cartas e incluso algún pasaporte. Tanto ojo echamos que una alcaldesa del PP me cogió de la mano y me llevó de peregrino-reo ante el presidente de la audiencia provincial, acusándome de revelación de secretos. “No voy a poder revelarlos si no me suelta”, me defendí. Al final, ni la acusación ni el recuento llegaron a nada y Fraga perdió las elecciones (y la alcaldesa su presa). 

“La legislación española es de las más generosas en cuanto a conceder el derecho a voto”, señala Lugilde. “Ser elector con solo apuntarse consularmente solo se permite en España, Italia, Perú, Egipto, después de la primavera árabe y Bielorrusia. Otra cosa es cómo se puede, o no ejercer después ese derecho”. No todos los países permiten el voto exterior a sus ciudadanos. No lo hacen en Chile, Uruguay, Grecia, Malta, Chipre y Taiwán (de entre los que celebran elecciones en el interior, y según datos de IDEA Internacional). En bastantes casos –Argentina, Brasil, Perú, Croacia, Rusia, Finlandia, Islandia o Israel-- el único sistema permitido es el presencial, en una representación consular. En dos casos se permite el fax y en nueve el voto electrónico, en ambos casos en combinación con otros métodos. 

Tampoco la condición de elector es para siempre en todas partes. En el Reino Unido se pierde el derecho a los 15 años de residir en el exterior. En Alemania a los 25, pero no se considera extranjero los países de la UE. Canadá retira el voto si has estado fuera más cinco años consecutivos y siempre exige que tengas intención de residir de nuevo en el país. Y no en todas partes existe el derecho a participar en todas las elecciones. No es fácil encontrar un método que combine secrecía de voto, facilidad para el elector y garantía democrática en la emisión (como en el viejo chiste comercial, algo que reúna las tres condiciones de bueno bonito y barato no existe, como máximo puede tener dos). Los dos métodos usados hasta ahora como mucho cumplen una condición. 

Pero existe otro debate. Un marinero enrolado en un barco mercante nunca ha podido, ni puede, votar en las elecciones locales para definir la política urbanística de su pueblo. Tampoco un migrante senegalés que tenga hijos en edad escolar puede escoger la opción con el programa educativo que más le convenza. Pero sí influye con su voto un nacional de tercera generación en Venezuela que nunca ha vivido aquí y cuyo abuelo salió de ese mismo lugar cuando ni había luz eléctrica. Los residentes ausentes en Galicia son 440.000 personas (casi una de cada cinco anotadas en el CERA). Cien mil más que la población de provincias enteras como la de Lugo o la de Ourense. De hecho en esas dos provincias, como en muchos ayuntamientos, hay más electores que habitantes. ¿Quién elige qué?