La renuncia formal de José Manuel Soria, el exministro de Industria que tuvo que dejar el cargo por sus confusas explicaciones tras aparecer en los papeles de Panamá, al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial (BM) ha añadido dos problemas de intendencia al enésimo de imagen que se había creado el Gobierno en funciones del PP con su designación: la renuncia llegó al día siguiente de que acabara el plazo para presentar candidaturas, lo que ha obligado al ministerio de Economía de Luis de Guindos a maniobrar con celeridad para no perder la plaza –le corresponde a España por turno-- y a buscar a un nuevo candidato.

De hecho, en Economía no sabían muy bien por dónde tirar la mañana del 7 de septiembre. "Estamos estudiando fórmulas para designar al director ejecutivo", señalaban a CTXT un portavoz del ministerio. El equipo de De Guindos se había encontrado con "una situación nueva", de la que no había precedentes, y trataba de que España no se quedara sin el derecho a designar un cargo para el que, tras semejante alarde de criterio selectivo, coordinación y manejo de los tiempos, carecía de candidato. Por la tarde de ese mismo día --el organismo había dado de plazo hasta la medianoche-- el ministerio hacía público el nombre del nuevo candidato: Fernando Jiménez Latorre, exsecretario de Estado de Economía y actual director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.(FMI). 

Seguramente el recién nombrado despertará menos suspicacias que Soria entre los gigantes internacionales de las finanzas y la energía: el puesto –hay 25-- sitúa a su titular en el nivel ejecutivo de una institución internacional de la que depende el Icsid (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones, Ciadi en castellano): una corte arbitral que tramita 27 demandas multimillonarias contra España, todas ellas por los recortes a las renovables y las trabas a su instalación que, a partir de 2010, aplicaron los ministros de Industria Miguel Sebastián y el propio Soria en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Sea quien sea el elegido, puede darse por seguro que despertará menos suspicacias que Soria entre los gigantes internacionales de las finanzas y la energía

El Iscid, que tiene la sede en el mismo edificio de la calle H de Washington que el Banco Mundial, recibió el año pasado quince demandas contra España –de un total de 52--, la mayoría presentadas por fondos internacionales por el recorte de las renovables, que se añaden a otras doce anteriores para sumar 27: la alemana E.On, la portuguesa Cavalum, la alianza japonesa entre Toyota y Tokio Electric Power Company, un grupo de bancos germanos, la israelí SunFlower, la inglesa Infracapital, fondos como Opera-Fund Eco Invest, NextEra, 9Ren y quince sociedades más, la mayoría de capital internacional, a las que hace unas semanas se unieron Spanish Proyect, Córdoba Beheer, Cross Retail y Sevilla Beheer. Reclaman en todos los casos cuantiosas indemnizaciones por unas modificaciones de las normas que les causaron unas multimillonarias mermas de ingresos.

Decenas de demandas contra España

Todas ellas se habían animado a invertir en España ante las suculentas primas que el Gobierno central aprobó, al mismo tiempo que suavizaba los requisitos para instalar parques, para modificar el obsoleto sistema energético español, basado en unas nucleares cuyas instalaciones caducan en los próximos doce años y en unas plantas térmicas de carbón y derivados del petróleo a todas luces incompatibles, por sus efectos contaminantes, con la reducción del consumo de combustibles fósiles para frenar el efecto invernadero. Estas últimas mantienen un decadente sector de la minería cuyo desmantelamiento amenaza con generar graves conflictos sociales al ser la base del sistema productivo de varias zonas, principalmente en Aragón y Asturias, aunque los aspirantes a gobernar el país carecen de un plan B para un escenario que lleva décadas precipitándose hacia el colapso.

Los dos últimos gobiernos, atormentados por las indicaciones comunitarias sobre el déficit y preocupados por la crisis del sistema bancario, optaron por darle la vuelta al planteamiento: el de Rodríguez Zapatero aplicó un recorte que les supuso una merma de casi 500 millones anuales a los inversores, y el de Rajoy lo agravó al elevarlo en otros 1.700. Las rebajas a las renovables coinciden en el tiempo con un aumento del precio de la electricidad para los consumidores: un 12% desde junio de 2010, con un tope de casi 30 puntos en septiembre de 2012, según los datos del Índice de Precios de Consumo del INE (Instituto Nacional de Estadística).

El Iscid, que tiene la sede en el mismo edificio que el Banco Mundial, recibió el año pasado 15 demandas contra España, de un total de 52, la mayoría presentadas por fondos internacionales por el recorte de las renovables

Hasta ahora, el Estado español ha ganado los únicos tres pleitos que se han fallado por los recortes a las renovables, entre los que se incluyen demandas contra el primer tajo, ejecutado en 2010 por el ministerio de Industria que dirigía Miguel Sebastián en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Corte Arbitral de Estocolmo ha rechazado dos laudos contra esa decisión, al concluir que la modificación de las normas estaba prevista en su planteamiento inicial, y el Tribunal Supremo dictaminó hace unos meses que los damnificados no tenían derecho a ser indemnizados por esa primera rebaja de las primas. Más tarde, el Constitucional resolvió que el segundo hachazo, el ejecutado por Soria en 2013, no era ilegal.

Esa segunda modificación es la que acumula el grueso de las demandas ante el organismo de arbitraje del Banco Mundial, una entidad cuya junta de accionistas está integrada por los ministros de Hacienda y/o Economía o los presidentes de los bancos centrales de sus 189 socios, aunque, en la práctica, la gestión recae en sus 25 directores ejecutivos. Cinco de ellos los nombran los accionistas de referencia --Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos--, mientras Rusia, Arabia Saudí y China eligen a otros tres y los 181 restantes Estados se reparten 17 más. A España le corresponde ocupar, desde el 1 de noviembre de este año al 31 de octubre de 2018, el puesto que comparte con Venezuela, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Guatemala. 

¿A qué se dedica un director ejecutivo del Banco Mundial?

La junta de los 189 socios del BM refrenda tradicionalmente las propuestas de turno de sus miembros para designar a los directores ejecutivos. Estos actúan como órgano colegiado y tienen como cometido “revisar las actividades de la institución, incluida la aprobación de préstamos y garantías, nuevas políticas, el presupuesto, las estrategias de asistencia a los países y las decisiones en materia de créditos y cuestiones financieras”. 

Es decir, que constituyen el gobierno efectivo de la institución de la que depende el Icsid, creado a mediados de los años 60 como órgano de arbitraje --161 estados se han adherido al sistema-- para “promover un ambiente de confianza mutua y, por consiguiente, estimular el libre flujo de capital privado internacional hacia los países que desean atraerlo”. 

Los directores ejecutivos no forman parte del tribunal ni participan en las deliberaciones, aunque se encuentran en un escalón superior de la institución de la que depende la propia corte arbitral. Esta se define como “una organización imparcial” que “no decide los casos”, sino que sus “árbitros y conciliadores independientes nombrados para cada caso examinan las pruebas y deciden el resultado de las diferencias que se les hayan sometido”.

El ministerio de Economía sobresaltó al país cuando, unos minutos después de la no investidura de Rajoy a la que se presentó con 27 medidas de regeneración y transparencia, anunciaba la elección de Soria para el cargo

“El criterio de idoneidad y el historial de servicio público” 

El ministerio de Economía sobresaltó al país el pasado viernes cuando, unos minutos después de fracasar Rajoy en un intento de investidura al que se presentaba con 27 medidas de regeneración y transparencia pactadas con su socio, anunciaba la elección de Soria para el cargo. Según la nota oficial –rehecha el lunes--, había sido elegido por “el criterio de idoneidad y el historial de servicio público, así como la experiencia en las materias que corresponden”, aunque la tesis fue rechazada incluso desde el propio PP: resultaba “difícil de entender” para el gallego Alberto Núñez Feijóo, mientras que, para la madrileña Cristina Cifuentes, “no debía haberse llevado a cabo”. 

Parece claro que el Gobierno en funciones había optado, de nuevo, por aplicar el tradicional procedimiento cubano de a huevo: “Sin tener en cuenta las opiniones de los demás”. Aunque tampoco se puede descartar un episodio de homofonía y que el Ejecutivo –al menos una parte de él-. en realidad se hubiera inclinado por Soria por uebos: “Necesidad, cosa necesaria”, que significa tanto “impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido” como “peligro o riesgo ante el que se precisa auxilio urgente”. En cualquier caso, el testado en Washington de la aplicación institucional de esta palabra en desuso queda aplazado. O no.

El presidente del Gobierno en funciones tampoco ayudó a aclararlo. “¿Si un funcionario no puede ser funcionario, esto qué es?”, planteó Rajoy en China en plena tormenta mediática por la designación. No respondió a su pregunta retórica, algo que exigía aclarar cuándo ha solicitado el exministro el reingreso en una Administración que dejó hace décadas para dedicarse a los negocios familiares, primero, y a la política después. De Soria, y de su eventual reincorporación al puesto que ocupaba en la Administración, depende que la frase entre, o no, en el amplio muestrario de evasivas del presidente del Gobierno en funciones, del que forman parte algunas como aquel célebre “no conozco los datos de los contribuyentes”. 

Lo pronunció cuando, a principios de año, era cuestionado sobre la participación del exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la sesión del Consejo de Ministros que aprobó la amnistía fiscal que benefició, entre otros potentados, a su esposa, Micaela Domecq. Cañete sí prosperó tras dejar el gabinete. En este caso, promocionó a comisario europeo de Energía y Cambio Climático, un cargo cuya idoneidad también generó una tormenta, similar a la de Soria, aunque en este caso por los intereses de la familia de su mujer en el sector petrolero.