“Soñemos en sitios como Silicon Valley para los emprendedores en Europa. Pero si se intentan construir nuevos Silicon Valley sin una estrategia clara, entonces tenemos un sueño roto”. Es la reflexión de Scott Stern, investigador del MIT, la prestigiosa universidad de Estados Unidos, hace unos días en Bruselas. La frase podría extrapolarse del mundo científico a la situación política de la UE. ¿Es el proyecto europeo un sueño roto? ¿Hay una estrategia clara para hacer realidad la Europa unida que soñaron los padres fundadores tras la posguerra? ¿Tiene la izquierda alternativas razonables para el futuro de la Unión, además del Lexit, tras el Brexit?

Hay que “ser francos y no evitar los asuntos más difíciles y controvertidos”, reconocía la semana pasada ante la prensa el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, un político que desde su desembarco en Bruselas hace dos años ha ido ganando protagonismo. Pese a su todavía vacilante inglés y a ser un desconocido entre parte de la ciudadanía, Tusk aparece como una de las pocas figuras enérgicas en una UE fatigada. Paradoja: el Gobierno ultranacionalista polaco tiene abierto un proceso en Bruselas por su deriva antidemocrática, principalmente por las injerencias contra la independencia del Tribunal Constitucional.

Tusk aparece como una de las pocas figuras enérgicas en una UE fatigada

Las señales de alarma son numerosas. Europa no vio venir la crisis económica y no ha sabido gestionarla sin dejar atrás a millones de ciudadanos; tampoco se inquietó por el aumento del rechazo antieuropeo en Grecia y al otro lado del Canal de la Mancha que ahora amenaza en Francia o Alemania; y obvió las llamadas de atención de ONG y organismos internacionales sobre la situación de miles de refugiados. Hasta que el niño Aylan Kurdi apareció ahogado en una playa turca el 2 de septiembre del 2015 y la tragedia ya no se pudo ocultar más.

Hasta el momento, la Comisión Europea ha entregado a Turquía más de 2.000 millones de euros para que atienda en su territorio a los refugiados de una guerra interminable. Faltan unos 900 millones más, a cambio de que Ankara cierre sus fronteras y detenga el flujo masivo de personas hacia Grecia. Son las bases del acuerdo alcanzado el 18 de marzo entre ambas partes.

Ese día, la UE y Turquía sellaron la deportación de los refugiados sirios desde Grecia. Por cada sirio que llegase a las costas helenas y fuese devuelto, otro presente en Turquía recibiría asilo en la UE. Un pacto que para el Consejo de Europa, el órgano independiente que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente, “excede los límites de lo permitido en las leyes europeas e internacionales”, y según distintos juristas viola los principios de la Convención de Ginebra.

Desde que entrara en vigor el acuerdo, el pasado 4 de abril, 484 migrantes, incluidos 42 sirios, han sido devueltos a Turquía desde Grecia y cerca de 800 sirios procedentes de Turquía han sido admitidos en Europa. “Hemos externalizado las fronteras para el control migratorio”, afirma la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que critica la pérdida de valores morales en una “UE sin una visión social”.

Los liberales de Visegrado

La política migratoria que propugna la Comisión, y que incluía el reasentamiento en distintos países europeos de 120.000 refugiados desde Grecia e Italia en dos años, ha encontrado la oposición de varios países del Este, el conocido como Grupo de Visegrado formado por la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, opuestos tanto a la obligatoriedad de acoger refugiados desde Turquía como a las recolocaciones desde Grecia o Italia. Quieren menos poderes centralizados en Bruselas, una UE aún más volcada en gestionar las políticas siguiendo el método intergubernamental y más dinero al desarrollo económico y de infraestructuras en las regiones del continente.

Es una de las visiones de Europa que hoy están sobre la mesa, la que resume Pieter Cleppe, jefe en Bruselas del think-tank Open Europe. “Hay que acabar con la tendencia de usar cada crisis como una oportunidad de coger más poder y dinero”, dice Cleppe. “Propuestas como el reasentamiento obligatorio de refugiados sólo han creado un montón de enfado entre varios Estados miembros”.

Esta visión de menos Europa choca con las políticas aplicadas por los dirigentes comunitarios desde hace décadas: salir de cada crisis con una mayor integración. El economista de la OCDE, Dominique Guellec, apuesta por ese rumbo porque “Europa es pequeña y está también dividida”, dice. Pero pone el acento en el mercado, no en la política: “Se necesita un mercado único, aún no lo tenemos, al menos no en tecnología, no en financiación”.

Objetivo: profundizar en la UEM

Hace un año que la Comisión Europea trabaja en esta idea, según el Informe de los Cinco Presidentes --firmado el 22 de junio del 2015 por el líder de la Comisión, Jean Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, el del Parlamento Europeo, Martin Schulz, Jeroen Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, Mario y Draghi por el BCE--. El objetivo es una Unión Monetaria y Económica más profunda.

Para principios de 2017, la UE y los 19 países del euro tendrán que “aumentar la competitividad y su convergencia con los instrumentos actuales en los Tratados y haber completado la Unión Financiera”. El objetivo es que la supervisión presupuestaria que Bruselas realiza anualmente a cada socio del euro, el proceso llamado Semestre Europeo, sea coherente y no muestre los problemas que han aparecido al analizar el incumplimiento del déficit contra España y Portugal. Ambos países han tenido que esperar meses para saber si serían sancionados mientras la Comisión mantenía su habitual laxitud con Francia. Las diferencias sobre la política económica común siguen siendo enormes.

El informe de los presidentes pide también, sin fecha fija, una convergencia completa de la eurozona y que esta sea más democrática. Durante la crisis griega, el primer gobierno de Syriza rechazó, en parte, el control externo de sus cuentas aduciendo que  el Mecanismo de Estabilidad Europeo (ESM en sus siglas en inglés) no era siquiera una institución europea y carecía de control democrático. En esta segunda fase que maneja la Comisión, el ESM debería quedar sujeto a las leyes europeas.

El informe de los presidentes pide también una convergencia completa de la eurozona y que esta sea más democrática

Por último, como muy tarde a finales de 2025, se establecería una Unión Monetaria completa, es decir, con impuestos similares en todos los países del euro, algún tipo de Tesoro y bonos europeos e, incluso, la transformación del presidente del Eurogrupo en un superministro económico del euro bajo supervisión democrática. Los mandarines comunitarios lo tienen claro: la moneda debe ser el corazón de la UE y toda la UE debería ser eurozona.

Estas propuestas etéreas deben perfilarse la próxima primavera cuando la Comisión plantee medidas más concretas. Está por ver que los gobiernos de la moneda única las aprueben y, mientras tanto, la UE sigue zozobrando en el desempleo, ante desafíos políticos como el Brexit o la tragedia de los refugiados, y debe lidiar con ejecutivos como el polaco, que apuestan por controlar a sus altos tribunales para gobernar sin ataduras ni complejos.

Reformar la UE desde dentro

Para reconducir este enorme buque a la deriva, y sin llegar a la demolición que corean los euroescépticos, algunas voces piden eliminar la grasa acumulada en las últimas décadas. Hay que “cortar con el presupuesto ineficiente, con los casi 300.000 millones de euros que se han transferido en los últimos siete años a los dueños de tierras agrícolas”, resume Cleppe desde Open Europe.

El analista habla de bajar impuestos y reducir el gasto público, ideas no originales, pero que, según él, deben “permitir que surjan nuevas empresas que reemplacen a la vieja industria, que ya no puede competir más frente a las economías emergentes”.

En privado, en una de las plantas nobles de la Comisión, un alto funcionario reconoce que “sufrimos el riesgo del declive de Europa, la capacidad de retener nuestro lugar en el mundo porque nuestras instituciones se mueven demasiado lentamente”. Quien lo dice guarda el anonimato. La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, sí habla claramente de la necesidad de un cambio total porque las instituciones actuales, dice, “no sirven ya”.

“Hay que empezar de cero, con lo aprendido, pero definiendo otro modelo”, señala la gallega. De nuevo las críticas al déficit democrático en la toma de decisiones, donde el Consejo, los gobiernos de los países, tienen la última palabra. La eurodiputada explica que “el Parlamento Europeo decide cuestiones muy avanzadas socialmente, ecológicamente, de justicia económica, pero luego es frenado por los Estados”.

La Comisión, el gobierno de la UE, propone; el Europarlamento elegido por los ciudadanos corrige y respalda o rechaza; y al final son los gobiernos los que deciden qué normas se aplican, los que sacan adelante corsés como el déficit del 3%. “Así no vale Europa”, concluye Miranda.

Bajando a lo concreto, una serie de eurodiputados estudian nuevas ideas para mejorar, al menos, las condiciones de vida de los ciudadanos. Agrupados en el recién creado Progressive Caucus, un marco de diálogo de los grupos de izquierda en la Eurocámara sin vocación de sustituir a los partidos representados, discuten cómo la UE pueden proteger los derechos laborales y las negociaciones colectivas “para acabar con el dumping social en la UE”, explica Fabio De Masi, europarlamentario alemán de Die Linke.

El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds, Ernest Urtasun, que también participante en el grupo, reconoce que estudian esta idea, pero que falta su concreción definitiva. Lo difícil será sacarla adelante en un Parlamento dominado por la alianza de conservadores y socialdemócratas. Superponer la legislación comunitaria a las normas laborales de los Estados Miembros supondría una enmienda a la totalidad de las reformas laborales aplicadas.

Los años de crisis económica han dejado una huella tan profunda que va más allá de las abultadas cifras de desempleo, que según los últimos datos de Eurostat es del 10,1% en toda la eurozona. Es decir, apenas un cambio significativo frente al 10,8% de julio de 2015. España, con un 19,6%, y Grecia, en el 23,5%, lideran el ranking. Las cifras de paro en la zona euro aún son similares a las de 2009. Fabio De Masi insiste en la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos: “La ausencia de subidas de sueldos e ingresos entre la ciudadanía es lo que daña la democracia”.

Hoy, cuando Europa avanza hacia su ‘año nueve’ de crisis económica, se cuestiona nuestro modelo de vida. La presión que sufre la UE es mayor incluso que en 2012, cuando la explosión de la deuda periférica y la rigidez de Wolfgang Schäuble casi expulsan a Grecia de la moneda única y arrastran a todos los países del sur de Europa.

El final del euro, la salida de Alemania y sus satélites de la moneda única, y la creación de un euro para ricos y otro para pobres son ideas cada vez más presentes en los debates. Desde posturas liberales como las de Cleppe o Fassina, pero también por una parte de la izquierda europea.

El ‘lexit’ o la salida de la UE mediante referendos como el británico parte de la idea de que “la UE no puede ser reformada”, según explicaba en una entrevista a Mediapart antes de verano el griego Stathis Kouvelakis, antiguo miembro del Comité Central de Syriza. Los impulsores del Progressive Caucus rechazan este maximalismo en favor de un “marco de diálogo que llene un vacío ante el momento crítico que vive Europa”, según Urtasun.

Diem25: la desobediencia

El debate sobre el rumbo de la UE que reclaman los eurodiputados en pro de una mayor democratización ha sido denominado “euroreformismo” por la plataforma política DiEm25, con el ex-ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis al frente. Su idea es que un frente de gobiernos europeos deje de cumplir las normas económicas impuestas por el establishment de los tecnócratas, la banca y las grandes empresas.

Varoufakis propone una campaña de desobediencia civil desde las instituciones nacionales, regionales y municipales frente a las europeas

Varoufakis propone una campaña de desobediencia civil desde las instituciones nacionales, regionales y municipales frente a las europeas. “Sin duda alguna, las instituciones de la UE nos amenazarán con la expulsión, con pánicos bancarios... de la misma forma que amenazaron al gobierno griego con el Grexit en 2015”, explicaba recientemente el exministro de finanzas en una carta abierta a varios colegas europeos. El objetivo sería resistir ante Bruselas, Berlín y París porque “si no pestañeamos, entonces, o pestañearán ellos o la UE será desgarrada por su propio establishment”. Pero para conseguirlo es necesario un frente amplio de países europeos que de momento no existe en la UE.

Y mientras tanto, la crisis se perpetúa y derriba mitos. Por primera vez en la historia, un presidente de la Comisión gestionará la salida de un socio europeo, un trauma nunca vivido en los más de sesenta años del proyecto. La losa honorífica ya pesa sobre los hombros de Jean Claude Juncker, aunque el Brexit todavía no ha ocurrido.

Un alto diplomático europeo reconoce que, tras el terremoto provocado por las urnas británicas, estamos ante “un proceso de dos años con unas repercusiones todavía no previstas”. La reflexión de este funcionario, ya de retirada de la capital comunitaria, es que “no hay una visión común sobre el futuro de la UE”. Con la socialdemocracia desaparecida o demasiado sumisa al mainstream neoliberal, son los euroescépticos, los euroreformistas, los ultranacionalistas y los defensores de la desobediencia quienes luchan por imponer su visión o estrategia para la Europa del siglo XXI.