En el Parlamento Europeo hay un consenso creciente y transversal sobre la necesidad de no perjudicar el crecimiento del continente. Poco a poco, las fuerzas conservadoras del sur intentan despegarse de la obsesión por la austeridad que caracterizó la era Barroso, los dos mandatos del portugués al frente de la Comisión Europea. Esta semana se ha visto, sin embargo, que esta tendencia no ha calado aún del todo entre los altos tecnócratas del Gobierno comunitario. 

El último ejemplo de esta tensión Parlamento-Comisión y crecimiento-austeridad se ha producido durante el debate acerca de la conveniencia de sancionar o no a España y a Portugal con un recorte de los fondos estructurales como castigo por el incumplimiento del déficit.

España se libró en julio de una multa de 2.000 millones de euros, tras incumplir las previsiones de déficit impuestas por el Programa de Estabilidad. Pero un segundo punto del proceso sancionador quedó abierto: la amenaza de congelación de fondos estructurales. La Comisión pretendía bloquear parte del dinero para 2017 pero el Parlamento Europeo invocó un comodín, el Diálogo Estructurado, que obliga al Gobierno de la UE a explicar por qué quiere recortar los fondos comunitarios a un país que incurre en déficit excesivo.

El Parlamento Europeo rechaza la congelación de los Fondos Estructurales y de Inversión para España y Portugal porque se trata de “una medida dura”, según el presidente de su Comité de Asuntos Económicos, el italiano Roberto Gualtieri, del Partido Democrático. La decisión “lastraría la recuperación económica española y europea”, afirma el vicepresidente de la Cámara, Ramón Luis Valcárcel, del PP. 

Una visión que comparte otro eurodiputado del PP, Pablo Zalba, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, que espera “que no haya sanciones respecto a la congelación de fondos, es decir que se repita el mismo escenario que el pasado 26 de julio”. Y que va más lejos: “No tengo ninguna duda de que la situación fiscal de España, que es verdad que no ha cumplido estrictamente --insisto estrictamente-- los objetivos de déficit establecidos, ha sido un elemento que también ha contribuido a que España tenga las tasas de crecimiento que tiene”.

1.300 millones

Hasta el lunes 3 de octubre, día en el que la mayoría de diputados de la Eurocámara se opusieron a la sanción, en Bruselas se barajaba que las partidas afectadas por el bloqueo podrían alcanzar 1.300 millones de euros. Un importe que nunca ha sido confirmado por la Comisión, pero que el ministro español de Economía, Luis de Guindos, dejó caer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados a mediados de septiembre, el día que aseguró que la designación de Soria como director ejecutivo del Banco Mundial no fue “un nombramiento político”.

El rechazo de los europarlamentario es, sin embargo, sólo una recomendación y la Comisión podría hacer caso omiso. Pero todo apunta a que escucharán las razones del Parlamento. El órgano ejecutivo de la UE tiene hasta finales de año para proponer la congelación o no del dinero pero, durante la comparecencia en el Diálogo Estructurado, sus dos representantes trataron de minimizar el impacto negativo de esta suspensión. 

El vicepresidente para el Empleo y el Crecimiento, Jyrki Katainen, y la comisaria de Desarrollo Regional, Corina Cretu, explicaron al Parlamento que tendrán en cuenta “las circunstancias económicas y sociales de los Estados Miembros, especialmente el nivel de desempleo, que es alto en España y Portugal”, y que no apretarán el botón nuclear, la congelación máxima.

Lo más probable, dada la discusión abierta, es que el castigo sea mínimo, casi como una reprimenda simbólica a España y Portugal.

“Vinieron con la intención de dar la imagen de que no quieren activar este proceso, que están obligados por las normas, pero que la Comisión hará todo lo posible para que no se active”, comenta el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, adscrito al grupo de Los Verdes. 

Esta actitud es la misma que se vio antes del verano respecto a la multa a España. Tras el sí en el referéndum del Brexit y con la ultraderecha francesa del Frente Nacional ganando ímpetu ante las elecciones presidenciales de ese país en 2017, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, supo ver que no era el momento de sancionar a nadie. “Los ciudadanos de España y Portugal no lo entenderían después de los duros ajustes sufridos”, explicó entonces el comisario portugués, Carlos Moedas, responsable de Ciencia e Innovación en el Ejecutivo europeo.

Ante un pequeño grupo de periodistas, Moedas reconocía el papel jugado durante la reunión de comisarios por Juncker, “que siempre ha dicho que esta es una Comisión política y no técnica”. E insistía en otra cuestión clave: la crisis política que vive Europa. “Los comisarios no vivimos desconectados del mundo exterior, si hubiésemos visto una postura en los gobiernos de Alemania y Holanda a favor de la multa, la realidad sería diferente”, dejó caer Moedas.

Aunque el representante alemán Günther Oettinger, comisario de Economía Digital, fue de los más duros con España y Portugal, en Berlín sus jefes cambiaron de discurso. El Ministro de Finanzas, Wolfgang Schauble, defensor a ultranza de la austeridad fiscal, pidió en una ronda de llamadas a los comisarios conservadores que valorasen las consecuencias políticas de su decisión. El movimiento es algo más que una concesión a la periferia. El Gobierno de Angela Merkel tiene un difícil escenario electoral en los próximos meses, está perdiendo cada vez más fuelle y la ultraderecha de la AfD es una amenaza para los comicios federales de 2017.

Los casi nueve años de crisis económica tratados con sobredosis de austeridad le están saliendo muy caros a la UE; populismos crecientes en los Estados Miembros y discursos cada vez más xenófobos y contrarios al proyecto comunitario. Hasta el BCE se ha dado cuenta: de pedir recortes por carta en el verano de 2011 al presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, a hablar actualmente de “una consolidación fiscal compatible con el crecimiento”.

Las normas son flexibles y deben emplearse con inteligencia, defiende la actual Comisión, que empieza a poner el énfasis en el crecimiento en detrimento del déficit. Esta nueva cara amable de Bruselas se encarna en la posición mostrada por los comisarios Katainen y Cretu en el Parlamento. Si los gobiernos español y luso cumplen con la senda fiscal, si reconducen el déficit como se les pidió en julio, el vicepresidente Katainen confirmó que una hipotética congelación se revocaría y “no se perderá ni un céntimo”. 

Para Lidia Senra, eurodiputada gallega de AGE, esta condición es, sin embargo,  “un chantaje permanente”. Según ella, no hay cara amable de los comisarios: “Están convencidos de que los gobiernos van a aplicar las medidas de austeridad a cambio de no suspender los fondos estructurales”.

Un rechazo parlamentario casi absoluto

Lo novedoso es que los conservadores, las filas socialdemócratas, los verdes y los grupos de izquierda formaron un frente común, excepcional por su heterogeneidad ideológica, “una gran mayoría”, en palabras de Urtasun. El PP Europeo abandonó su tradicional disciplina con el cumplimiento de las normas y sus diputados abogaron por la flexibilidad, uniéndose a sus rivales parlamentarios.

Desde el PP, Pablo Zalba, defiende el rechazo de su grupo a la congelación de los fondos porque, según explica, “nadie entendería un castigo de la Comisión, que ha situado el crecimiento en el centro de su agenda política, precisamente contra el país que más crece de la eurozona”. 

La duda es si, en este viraje pragmático que une a los populares con los grupos de izquierda, los eurodiputados conservadores de España y Portugal tuvieron que convencer a sus homólogos alemanes, finlandeses y holandeses, el ala dura de las políticas del rigor presupuestario. Zalba lo desmiente.

En la bancada socialista creen que esta posición común de los grupos parlamentarios parte del análisis común sobre la situación económica europea. “No es simplemente una cuestión de interés nacional”, dice el parlamentario del PSOE Jonás Fernández. “En el grupo popular intervinieron eurodiputados en contra de ese bloqueo que no eran españoles ni portugueses”. 

Entre la minoría que no rechaza frontalmente la congelación de los fondos están los liberales de ALDE. Su eurodiputada Sylvie Goulard piensa que sus colegas “fueron prisioneros de sus países de procedencia”, y critica las posiciones contrarias a la aplicación de las normas, aunque no dejen margen de maniobra.

La disidencia liberal, tan pro-europea que pide no incumplir las normas comunitarias, evidencia una disyuntiva política y legal. La Comisión y el Parlamento están atados por la última reforma de la Política de Cohesión comunitaria, aprobada en noviembre de 2013, y que ahora es abiertamente cuestionada en la Cámara.

La comisaria Cretu defendió esta “condicionalidad” de los fondos estructurales porque da a los países de la UE suficiente tiempo para cumplir con las normas fiscales. Una postura “incongruente” para Urtasun, “porque al mismo tiempo que se defiende se deja la puerta abierta a no aplicarla”. 

La pescadilla que se muerde la cola

Pero, ¿si la Comisión realmente no quiere aplicar esta congelación y el Europarlamento la rechaza, por qué sigue en marcha el proceso? Sencillamente porque Bruselas lo activó al abrir la sanción por déficit excesivo a España y Portugal y el Ecofin, el Consejo de la UE integrado por los ministros de Finanzas y Economía de los 28 Estados Miembros, lo ratificó.

Hace un año, la Comisión dudaba de las cuentas españolas y de la capacidad de un gobierno enfrascado en la precampaña electoral del 20-D para reducir un déficit que se desbocaba. Alertó contra la rebaja del IRPF del gobierno en un momento de caída de la recaudación fiscal. Así era imposible cuadrar las cuentas; pero todo quedó en una mera advertencia.

El 4 de octubre del 2015, en el Eurogrupo de Luxemburgo se vivió el primer enfrentamiento público entre el Comisario de Economía, Pierre Moscovici, y Luis de Guindos por este asunto. La Comisión adelantó, sin confirmación formal, que el déficit en 2015 saltaría al 4,5%, tres décimas más de lo acordado. En julio se certificaría que finalmente fue del 5,1%.

Ante los periodistas, Moscovici invitó a España a ajustarse de “manera estricta” al presupuesto del 2015 y a “adoptar las medidas necesarias” para asegurar las cuentas de 2016. El gobierno de Rajoy hizo caso omiso. De Guindos abandonó las reuniones con sus colegas de Economía insistiendo en que el crecimiento compensaría cualquier desvío. 

Al día siguiente llegó el revolcón, España no cumplía en 2015 y tampoco lo haría en 2016; comenzaba un proceso de meses para verificar que el déficit español, junto al portugués, era excesivo. Sólo el calendario electoral, la falta de gobierno, las presiones políticas y el auge del euroescepticismo en el continente la evitaron. El presidente Juncker frenó al ala dura de su equipo, favorable a las sanciones con Katainen y el vicepresidente para el euro, Valdis Dombrovskis, al frente.

El mal trago vivido hasta julio pudo acabar en catástrofe, con una sanción del 0,2% del PIB. La Comisión no impuso la multa pero de aquellos polvos vienen estos lodos. España y Portugal siguen en la picota y sus ministros recibirán un escarnio público en Bruselas.

¿De Guindos ante el Europarlamento?

La audiencia de la Comisión en el Parlamento Europeo deja, además de la infrecuente alianza parlamentaria entre conservadores e izquierda, una sorpresa política: la llamada a consultas de los titulares de Economía de España y Portugal para “un intercambio de puntos de vista antes de finales de octubre” con los “Comités de Desarrollo Regional y de Economía” del Parlamento.

De Guindos y su homólogo luso, Manuel Caldeira Cabral, deberán explicar si han cuantificado el impacto de una posible congelación de los fondos comprometidos en 2017 y los planes presupuestarios que deben enviar a Bruselas para el 15 de octubre. Es una potestad que tiene el Europarlamento, “ofrecer a los Estados de la UE que expresen sus visiones”, confirma la eurodiputada Goulard. 

La liberal gala, coordinadora de su grupo en el Comité de Economía, es una de las defensoras de la comparecencia. El eurodiputado del PSOE, Jonás Fernández, confirma que su grupo apoya la petición y espera su encaje “en el calendario” del Diálogo Estructurado. Los tiempos apremian para que sea antes del final de mes, como quiere el Parlamento. Los comités quieren que la discusión sobre los fondos se celebre “sin ningún retraso”, explica Goulard, quien insistió “personalmente en ello para que los ministros no tarden seis meses en venir”.