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¿Entra un recurso contra una ley de una comunidad autónoma en el “despacho ordinario de los asuntos públicos” al que la ley limita las competencias de un Gobierno en funciones? ¿O forma parte de esas “cualesquiera otras medidas” de las que debe abstenerse de adoptar “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”?

El criterio del Gobierno de Mariano Rajoy y el del Tribunal Constitucional coinciden en que forma parte del primer grupo. Dan fe de ello los 14 recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia interpuestos por el primero y admitidos a trámite por el segundo tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, a los que se suman otros tres entre esa fecha y la convocatoria de los comicios a finales de octubre.

Su contenido revela dos nítidas líneas de actuación política: intentar torpedear cualquier iniciativa legislativa catalana y poner trabas a las iniciativas sociales que brotan en algunas de las comunidades cuyo control perdió el PP en la primavera de 2015.

No obstante, expertos en Derecho Constitucional consultados por CTXT comparten el criterio del Gobierno y del tribunal: “Entraría dentro del funcionamiento ordinario el velar por que las normas sean constitucionales, incluidas las autonómicas”, señala Enrique Cebrián, profesor en la Universidad de Zaragoza. De hecho, también las comunidades denunciadas lo comparten, aunque sea por pasiva, ya que no esgrimen la eventual falta de legitimidad del Ejecutivo para llevar sus decisiones, o las de sus parlamentos, ante el Constitucional.

La Generalitat catalana es la que más pleitos por impugnaciones afronta: 17 recursos de inconstitucionalidad y dos conflictos de competencias

Ni siquiera lo hace la Generalitat catalana, cuya comunidad es, con ventaja, la que más pleitos por impugnaciones afronta: 17 recursos de inconstitucionalidad y dos conflictos de competencias, nueve de ellos desde octubre del año pasado --de un total de 17--, a los que se suman otros diez –de doce-- desde finales de junio de 2015.

Una conflictividad asfixiante con Catalunya

La conflictividad entre el Gobierno central y el Parlament de Catalunya supone casi dos tercios de la que La Moncloa mantiene con las comunidades autónomas y alcanza un nivel asfixiante, ya que este último tan solo ha aprobado 26 leyes en los tormentosos dos últimos años --25 en 2015 y una en lo que va de 2016--, más otras 21 en 2014.

Los recursos afectan a la ley contra la pobreza energética, al impuesto a las viviendas vacías, a la norma de igualdad de género o a los presupuestos para 2015

Los recursos, que conllevan la suspensión de la normativa denunciada durante cinco meses prorrogables, afectan a normativas como la creación del municipio de Madinyà, la regulación de las profesiones deportivas, a la ley contra la pobreza energética, al impuesto a las viviendas vacías, a la simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat y los municipios, a la norma de igualdad de género, a las reformas del Código Civil y el de Consumo, a la modificación de los registros mercantil y de la propiedad, a la ordenación de los equipamientos comerciales, a los presupuestos para 2015, a su ley de acompañamiento y a las tasas sobre las comunicaciones electrónicas, el tráfico de los aviones comerciales, la producción industrial y la generación de energía nuclear.

En resumen: a todo lo que se menea además de a asuntos de impacto mediático como la reforma de la Agencia Tributaria y a la declaración, mientras los conflictos de competencia se centran en la creación de la Consellería de Exteriors y la creación del Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña.

Cuestiones formales con el PP y guerra con sus sucesores

Las relaciones con el resto de comunidades arrojan otras conclusiones. Los recursos de inconstitucionalidad que formalizó el presidente del Gobierno en los primeros meses de la actual legislatura autonómica afectaron a comunidades del PP y se centraron en asuntos de carácter competencial.

En este sentido, La Moncloa sostiene que la Ley de Aguas y Ríos de Aragón invade las estatales al reseñar una reserva de caudales ya contemplada en el Estatuto y al arrogarse la gestión de las reservas fluviales –una materia con efectos urbanísticos-, considera ilegal que Baleares pretenda supeditar la apertura de un gran comercio a una licencia municipal además de la autonómica o que basten 600.000 pernoctaciones --11.500 semanales-- para determinar que un pueblo tiene una “gran afluencia” turística, estima que la Ley Foral de las Policías de Navarra aísla de las fuerzas estatales a los cuerpos locales y consideró intolerable que Murcia diera alguna facilidad para el autoconsumo eléctrico. También denunció –y el Constitucional le dio la razón-- el método propio de comprobación que el Ejecutivo de Alberto Fernández Feijóo pretendía aplicar a los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.

El Gobierno central comenzaba a utilizar el Constitucional como campo de batalla para tratar de frenar algunas de las políticas sociales que estaban en marcha en las autonomías

Sin embargo, entrado el año, y conforme los nuevos gobiernos y parlamentos autonómicos activaban su producción legislativa, el Gobierno central comenzaba a utilizar el Constitucional como campo de batalla para tratar de frenar algunas de las políticas sociales que se estaban poniendo en marcha en ellas. Especialmente, en algunas de las que habían dejado de estar bajo el control de su partido gracias al nuevo reparto de escaños que los ciudadanos introdujeron en las urnas en mayo.

‘Sinpapeles’, jornada de 45 horas y ayudas sociales

En este sentido, en noviembre quedó suspendida por cinco meses la ley valenciana que reabrió las puertas de la sanidad pública a los sinpapeles –extralimitación competencial, alega La Moncloa, que no ha denunciado esa misma decisión en otras comunidades-, en mayo lo hacía la reducción de la jornada laboral de los funcionarios castellanomanchegos a 35 horas y hace unos días, a primeros de octubre, perdía temporalmente su vigencia la parte del decreto de emergencia del Gobierno de Aragón que declara inembargables las ayudas sociales, la que obliga a la banca –Sareb incluida-- a poner a disposición de la comunidad para usos sociales los pisos procedentes de desahucios que llevaran más de medio año sin uso y, también, la que veta los desahucios cuando los afectados carezcan de un techo alternativo.

Esta última comunidad, no obstante, tiene un plan B: las Cortes acordaron que ese decreto se convirtiera en ley, algo que en unas semanas permitirá burlar la suspensión, aunque a expensas de un eventual futuro recurso. “Hay comunidades que trabajan para dar respuesta a la emergencia social, pero, lamentablemente, el Gobierno central, además de no trabajar en esa línea, ataca ese trabajo”, señala el consejero aragonés de Presidencia, Vicente Guillén.

El listado de recursos del Ejecutivo central ante el Constitucional se completa con la denuncia de la ley navarra de víctimas de actos cometidos por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que pretende equiparar a los damnificados por la guerra sucia y la violencia ultraderechista con los del terrorismo, y dos normas vascas: la ley de Vivienda, que incluye la expropiación temporal de casas a la banca, y la que eleva las exigencias para la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica.