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¿Podría la lucha contra el fraude fiscal enjugar los recortes de los últimos años? No hay dudas, en la teoría, de que sí. En la práctica, para que eso ocurriera sería necesario que la Agencia Tributaria, que solo consigue ingresar uno de cada tres euros que tiene pendientes de cobro, lograra cobrar las cantidades defraudadas que detectan sus inspectores.

La Agencia Tributaria halló el año pasado un volumen récord de defraudación de 15.664 millones, según indica en su Informe Anual de Recaudación. Esa cifra, muy superior a los 12.318 del ejercicio anterior y a los 10.950 y 11.517 de los dos precedentes, incluye 5.501 millones de minoración de devoluciones, es decir, de dinero que no llega a salir de las arcas públicas tras descubrir irregularidades en las facturas o los cálculos con los que los contribuyentes, especialmente en el caso del IVA, pretenden cobrarlas. Eso sitúa el volumen que los defraudadores pretendieron escamotear en 10.163, que equivale a un 8,6% de los 182.009 millones a los que ascendió la recaudación líquida del fisco. El grueso del fraude --9.687-- aparece consignado como “ingresos directos de actuaciones de control”, mientras otros 476 son “ingresos inducidos por actuaciones de control y otros”.

El dinero de las minoraciones no llega a salir de la caja, en la que, sin embargo, no acaba de entrar el del fraude detectado, según coinciden varias fuentes de Hacienda. El volumen del año pasado sería suficiente, con creces, para enjugar los más de 8.000 millones de recortes que la Comisión Europea exige a España para el año que viene tras haberle perdonado la multa de 2.000 por haberse excedido en el déficit. Se acerca a un punto del PIB y equivale a casi una quinta parte de ese desajuste de casi 60.000 millones que el año pasado arrojaron las cuentas del Estado.

La Agencia Tributaria halló el año pasado un volumen récord de defraudación de 15.664 millones

Hacienda no acaba de dar con la tecla para cobrar lo que le –nos-- deben. El último chequeo del Tribunal de Cuentas a la gestión de la Agencia Tributaria revela que el fisco acumulaba en 2012 77.714 millones de euros pendientes de cobro: 31.978 generados en ese ejercicio y 45.736 que venían de atrás. Liquidó 29.040 para reducir el agujero a 48.674, a los que se sumaron otros 20.089 que situaron el volumen total del siguiente ejercicio en 77.763. Hacienda saldó 27.589 de ellos, con lo que la cifra pendiente subió a 50.074, unos 1.400 por encima del año anterior. La deuda cancelada suma 56.629 millones. Sin embargo, solo 35.567 de ellos supusieron la llegada de efectivo: los ingresos efectivos se quedaron en el 33,3% de unos débitos totales por 106.803 millones. Los otros 21.062 fueron “cancelados sin ingreso”, ya fuera por prescripción, por insolvencia del moroso, por carecer este de bienes para pagar –o haberlos puesto fuera del alcance del fisco-- o porque los tribunales anularon la reclamación.

“La dificultad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones”

La cosa no fue mucho mejor el año pasado en lo referente a la gestión del llamado “contraído previo”, un concepto en el que la Agencia Tributaria engloba “las liquidaciones practicadas por Gestión, Inspección, Aduanas y Recaudación”, los aplazamientos pendientes de cobro y los ajustes pendientes con las haciendas forales vasca y navarra y con la Seguridad Social. Ese capítulo registraba, sin las haciendas y el seguro, una anotación de 13.580 millones: 3.745 por actas de infracción y 9.836 como “resto”, un concepto que se ha visto reducido en 1.285 millones en dos años mientras el anterior crecía un 37% tras haber caído más de 800 millones en los dos anteriores. 

La Agencia Tributaria destaca en este capítulo el crecimiento de los ingresos “asociados a las actuaciones de prevención y control tributario y aduanero, que sumaron 676 millones más que en 2014, alcanzando los 8.662 millones de euros. Estos ingresos incluyen los asociados a ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, los ingresos inducidos previo requerimiento procedentes de aplazamientos y los derivados de expedientes judicializados”.

Es decir, que creció el fraude detectado. De hecho, mientras la deuda de universidades y comunidades autónomas se reducía en 167 millones y la vinculada a aplazamientos caía en 834 –casi un 15%--, el resto de derechos pendientes de cobro en este capítulo aumentaba por “el fuerte aumento de los asociados a las actas de inspección, 1.234 millones más que en 2014”, señala el informe, que añade que “de esta cantidad, la mayor parte (980 millones) se concentra en el Impuesto sobre Sociedades, debiéndose otros 263 millones al aumento de derechos asociados a actas de inspección de IVA, mientras que en el resto de figuras impositivas las diferencias con el año anterior son menores”. La deuda pendiente de cobro por Hacienda al cierre del pasado ejercicio en este capítulo ascendía a 9.188 millones de euros: 1.500 por IRPF, 2.454 por IVA y 3.271 por Sociedades, con 1.963 por otros tributos. 

Para la Agencia Tributaria, la evolución de esa relación entre derechos pendientes de cobro y contraído previo “da una señal de cuál es la dificultad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones dentro del ejercicio. (…) Este indicador se elevó gradualmente desde el 38,1% de 2001 hasta su máximo del 60,5% en 2009 (reflejo de las especiales dificultades financieras de las empresas), mostrando desde entonces una evolución decreciente”.

Una tasa de impunidad fiscal del 79%

Sin embargo, los inspectores ofrecen otro análisis. “Las cuantías de las actas a veces no se cobran por insolvencia del contribuyente o porque este ha ocultado los bienes. Está por ver qué parte no se cobra”, señala un veterano actuario, que echa de menos la publicación de la parte del fraude hallado que no llega a las arcas públicas y, también, de una cuantificación oficial del volumen de fraude existente, que sitúa en una horquilla de los 60.000 a los 80.000 millones.

Un veterano actuario señala que el fraude existente oscila entre los 60.000 y los 80.000 millones 

Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, maneja cifras similares. “Esos 15.008 millones vienen a representar el 21% de la evasión fiscal estimada. Eso significa que el 79% [más de 56.000 millones] no se detecta”, explica su secretario general, José María Mollinedo. “Hay una tasa de impunidad del 80%, y la sensación es que el fraude no disminuye”, añade, antes de matizar que esas cifras se refieren únicamente a la defraudación tributaria, sin tener en cuenta otras actividades como el blanqueo.

La última estimación de Gestha sobre la economía sumergida en España, realizada en 2013, le atribuía un peso equivalente al 24,6% del PIB, lo que, con los datos del año pasado, supondría la existencia de movimientos económicos por valor de 266.000 millones que no tributan. “Da la impresión, a raíz de revelaciones periodísticas como los papeles de Panamá o los de la Castellana, de que el fraude crece, o al menos no disminuye”, apunta. Y ofrece un dato: lo declarado en la amnistía fiscal de 2012, correspondiente a los ejercicios de 2008 a 2010, “venía a representar un 3% de la evasión estimada para ese trienio. Los dueños del otro 97% ni siquiera tuvieron que pagar el 10% del valor de sus bienes” con el que el Gobierno daba por saldadas sus obligaciones tributarias. 

Los técnicos de Hacienda, que llevan años denunciando las carencias y limitaciones con las que trabaja la Inspección de Grandes Contribuyentes, han detectado indicios de delitos de blanqueo de capitales en 600 de los 30.000 beneficiados por esa “regularización extraordinaria” que, sospechan, no va a dar lugar a nuevas investigaciones. Aunque las posibles infracciones prescriben el próximo 30 de noviembre, cuatro años después de su cierre.

La práctica totalidad de las personas que se acogieron a la amnistía coincidían en poseer lo que técnicamente se denomina grandes fortunas; es decir, que ganan más de un millón al año, y poseer un patrimonio de más de diez. “Prácticamente no se les han hecho inspecciones”, señala Mollinedo. Entre otras causas, por la infradotación de medios de la sección de Grandes Contribuyentes. “El dinero depositado en paraísos fiscales escapa al alcance de Hacienda, pero sería posible hallar huecos en sus declaraciones”, añade.

La práctica totalidad de las personas que se acogieron a la amnistía coincidían en poseer lo que técnicamente se denomina grandes fortunas: ganan más de un millón al año, y poseen un patrimonio de más de diez

Las quejas de los fiscales: faltan medios y leyes

También los fiscales y los jueces detectan un aumento del fraude fiscal, delito consistente en escamotear a Hacienda más de 120.000 euros de manera dolosa. La Memoria de la Fiscalía General de 2015 recoge  una “ligera tendencia al alza” en el número de causas abiertas por “un repunte de las defraudaciones de IVA y sociedades, mientras que desciende ligeramente la defraudación por IRPF”. 

Ese aumento se constata también en la Estadística de Condenados del INE (Instituto Nacional de Estadística), que señala cómo en la década transcurrida entre 2005 y 2015 la cifra de delitos contra la Hacienda Pública que los tribunales declaran probados se ha quintuplicado al pasar de 173 a 938 mientras las penas crecían en una proporción similar: de 173 a 943, aunque solo 34 de estas últimas --una de cada 27-- superaban la duración de dos años de prisión que conlleva el ingreso en la cárcel para el defraudador.

Sin embargo, y pese a ese avance en su persecución –aparente, al menos, en cuanto a resultados--, los fiscales denuncian ante sus superiores un cúmulo de dificultades para llevar a cabo su tarea. Así, el capítulo que su jefa, Consuelo Madrigal, dedica a los delitos económicos en la última memoria anual reseña cómo la Fiscalía de Madrid denuncia “el importante retraso que se produce en la instrucción” ya que “los asuntos, por su complejidad, son postergados en los juzgados”, mientras que la de Barcelona “se lamenta de la insuficiencia de medios, tanto materiales como personales”. 

La de Cáceres habla “con insatisfacción de la ‘enorme dificultad’ para obtener condenas por blanqueo imprudente” y la de Vizcaya “lamenta la dificultad que presenta la doctrina del levantamiento del velo [detección de testaferros] y su aplicación durante la fase de instrucción”, para lo que reclama que la ley dote a los jueces de “la potestad de declarar la titularidad de bienes propiedad del condenado ocultos bajo la titularidad de terceros”. La de Cantabria, por último, pone el dedo en una de las llagas del sistema económico: “Achaca a la actividad de promoción y construcción inmobiliarias habidas en la comunidad autónoma cántabra la razón última del alto grado de defraudación tributaria”.