---------------------------------
CTXT ha acreditado a cuatro periodistas --Raquel Agueros, Esteban Ordóñez, Willy Veleta y Rubén Juste-- en los juicios Gürtel y Black. ¿Nos ayudas a financiar este despliegue?

---------------------------------

La ley de peritos penal española, una ley muy antigua en cuanto al ámbito penal, aunque reformada, señala que perito es aquel “experto” que acude al procedimiento legal para auxiliar al juez, perito que es experto en el campo de su dictamen por poseer unos conocimientos “artísticos” o “científicos”. El juez no tiene esos conocimientos y necesita de asesoramiento para la valoración de un tema determinado, y por ello solicita este auxilio.

Esto dice la ley. También dice que el dictamen no es vinculante, no lo es ni en derecho penal ni en derecho civil, lo cual significa que el juez o tribunal tomará después sus decisiones con total independencia de lo que dicten unos u otros peritos, ¿Pero qué está pasando en los tribunales españoles? ¿Por qué se reciben tantas quejas de los usuarios, respecto a las periciales, ya sean de las víctimas o investigados por delitos?

Un poco de historia

La Administración de Justicia tiene dentro de ella dos tipos de peritos forenses, nombrados de oficio, es decir, públicos, en cuanto a la valoración de las personas.

Las quejas se encuentran los peritos psicólogos, los peritos trabajadores sociales y los peritos educadores

Por un lado se encuentran los médicos forenses, un grupo de funcionarios bien definido, que es un cuerpo nacional con implantación en la Justicia española desde hace muchos años. Respecto a este cuerpo las quejas son infinitamente menores. Por otro lado se encuentran los peritos psicólogos, los peritos trabajadores sociales y los peritos educadores.

En 1987 se realizaron las primeras oposiciones nacionales y se creó un cuerpo, con 25 psicólogos forenses, que se adscribieron como un grupo único a lo largo del territorio nacional a diferentes juzgados.

Pero no se creó un cuerpo de funcionarios a nivel nacional, ya que, por motivos políticos, los entonces gobernantes no querían crear más colectivos de funcionarios, siempre sospechosos de privilegios y prebendas.

Entonces se crea un cuerpo de psicólogos que se incorpora sin más a un convenio laboral, y se les contrata como personal fijo al servicio de la Administración de Justicia, integrados en el mismo saco o convenio laboral que otras  personas contratadas, personas normalmente dedicadas a oficios dentro de la Administración de Justicia, como electricistas, traductores, limpiadores y otro tipo de labores que no cabían en los cuerpos tradicionales de funcionarios, entrando a formar parte de la Administración de Justicia como contratados laborales fijos por oposición.

En principio se trataba de un grupo de 25 psicólogos, más o menos compacto, que había pasado una oposición, la misma para todos, y no había quejas masivas. Este colectivo se va ampliando con oposiciones sucesivas durante una serie de años, alrededor de seis.

Luego llegaron las transferencias a las Comunidades Autónomas desde la Administración de Justicia, y con ello la disgregación del cuerpo original.

Hay que decir que a estos profesionales iniciales, con su plaza ganada por oposición nacional, y a los que vinieron después (algunas Comunidades aún hoy no han asumido las competencias) se les aplicó un doble rasero: la exigencia de un funcionario de alta responsabilidad, a la vez que el trato administrativo impropio que supone no tener los derechos de un funcionario, con un sueldo por debajo de lo que se paga a un auxiliar de Justicia (al que se le pide la ESO o equivalente). Así, un psicólogo con 25 años de ejercicio actualmente en una Comunidad no transferida puede estar ganando alrededor de 1.500 euros, menos que el/la auxiliar que le envía a él los telegramas para las citaciones.

La situación empeora

Tras la pacata óptica de contratación de peritos del Gobierno, llegó el tiempo de la diáspora administrativa de las transferencias masivas.

Tras la pacata óptica de contratación de peritos del Gobierno de entonces, llegó el tiempo de la diáspora administrativa de las transferencias masivas. Ahora, en 2016, casi todas las Comunidades han asumido las competencias sobre Justicia, y la situación empeora.

Cada Comunidad comienza entonces a aplicar los criterios que considera oportunos en la contratación de estos “peritos”, tanto económicos (creándose diferencias de sueldo de hasta el 100% en algunos casos para funciones idénticas) como de régimen laboral (unos siguen siendo contratados laborales, otros pasan a ser funcionarios); recordemos que por su naturaleza legal todos ellos debieran ser expertos en aquellas materias sobre las que vayan a peritar.

En unos casos se realizan oposiciones, en otros casos no (por señalar un ejemplo sangrante, en la Comunidad de Madrid actualmente alrededor del 80% de los peritos psicólogos que trabajan en los Juzgados contratados por la propia Administración son interinos, algunos de larguísima duración).

Otras Comunidades Autónomas optan por opciones aún más ingeniosas, como lo es el sacar el “Servicio de asesoramiento de psicólogos” a jueces a “concurso público” y asignárselo a determinadas empresas, no necesariamente especializadas en psicología, y que a su vez subcontratan a los psicólogos que consideran oportuno.

Un fiscal solicita a uno de estos psicólogos cárcel por firmar y ratificar informes sin ser psicólogo

El dislate alcanza dimensiones kafkianas cuando hemos sabido por informaciones publicadas en los periódicos que hace unos meses un fiscal solicita a uno de estos psicólogos contratados por una empresa adjudicataria un año y medio de cárcel por firmar y ratificar informes sin ser psicólogo

La historia no merece mayor comentario, excepto que la Comunidad Autónoma implicada dice ahora no tener ninguna responsabilidad en estos hechos, ya que ella no contrató al no-psicólogo.

Toda esta “mercantilización negativa” y “banalización” de las funciones que como especialista va a tener que realizar este “supuesto experto” tiene sus consecuencias inmediatas en la situación de descontento actual generalizado del usuario, que es el principal protagonista, y para el que se debería extremar la calidad.

Parece que se ignora el principio legal de que el perito debe de ser un “experto” en el campo que va a peritar. No vale “cualquier psicólogo”. Esto es materia sensible. Aquí va gente, o puede ir gente a la cárcel,  con la ayuda o desayuda de una pericial, y por más que luego el juez sea completamente independiente en tomar sus decisiones, aquí  hay niños como víctimas y testigos de violencia  que es necesario saber valorar de la forma adecuada; aquí no hay marcha atrás casi nunca, acabado un juicio, esto es un campo que exige una alta especialización, no nos  vale con creer el testimonio de alguien, es necesario demostrar su validez ante un tribunal, mediante datos sólidos, científicos, no subjetivos, valorando el estado de una víctima antes y después del delito, por muy triste que resulte tener que recordar a veces lo que no es más que el abc de la Psicología Forense, como ciencia.

Todo lo anterior nos lleva al caos actual y no es justo que se aplique al psicólogo forense de turno, contratado, interino o fijo, y de forma sistemática, la ira de todos y cada uno de los colectivos implicados en esta fiesta del desvarío.

Muchas veces porque el psicólogo, a pesar de todo tipo de falta de medios materiales y personales, y ante la presión combinada de muchos juzgados que exigen su rápido dictamen, ignorando su situación de precariedad, realiza su trabajo de forma altamente competente.

Al psicólogo de oficio se le supone neutralidad, y no hay por qué dudar de esta neutralidad

De hecho, al psicólogo de oficio, ese que trabaja para los tribunales, se le supone neutralidad, y no hay por qué dudar de esta neutralidad, aunque la neutralidad sin conocimiento experto aún es más peligrosa, pues nos puede llevar a valoraciones sin pruebas científicas a su vez valoradas positivamente por los tribunales, precisamente invocando este principio de neutralidad.

Desde luego nunca se podrá dudar de la buena fe de un perito de oficio, y en su mayoría yo tengo en muy alta consideración a mis colegas peritos de la Administración de Justicia, de donde me encuentro excedente desde hace un año, y donde trabajé veintisiete años.

Pero salvar al justiciable del caos no pasa estrictamente por realizar una defensa a ultranza de nuestra situación laboral y profesional como peritos. Salvarnos del caos pasaría por una política diferente. Hasta ahora lo que vemos es una demonización de los que trabajan dentro de la Justicia, por algunas asociaciones y colectivos que se sienten damnificados, con razón o sin ella. Probablemente unas veces con razón, y otras sin ella.

La neutralidad del perito de oficio nos asegura su buena fe, sí, pero no asegura la formación ni el conocimiento necesarios. Y esto es lo inquietante. ¿Quién es el perito que a su vez ha sido contratado? o mejor: ¿Quién realizó el proceso de selección que garantice la seguridad jurídica de los justiciables?

Un tema que parece no importar a la Administración, porque quizá salga más a cuenta privatizar servicios, y si antes permitimos y fomentamos un proceso de desmoralización propia y demonización social, pues miel sobre hojuelas.

------------------------------------------------------------------------------------

Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga especialista en psicología clínica y forense. Ha trabajado como perito en la Clínica Médico Forense de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid entre 1988 y 2015. Actualmente es directora de Vázquez Mezquita Psicolegal.