---------------------------------
CTXT necesita la ayuda de sus lectores para seguir siendo un medio radicalmente libre e independiente. ¿Nos echas un cable?

Mensual : €6,00 EUR - mensualmente Anual : €60,00 EUR - anualmente Estudiante Mensual : €3,00 EUR - mensualmente Estudiante Anual : €30,00 EUR - anualmente

-------------------------------

“¿Qué hace una persona con 655 euros al mes?”, preguntó Aina Vidal desde el atril del Congreso de los Diputados. Y las tribunas enmudecieron, graznó un cuervo desde una barandilla, y un remolino se paseó por entre la bancada del PP, tapándole por un momento la pantalla del móvil a Celia Villalobos. Pudo escucharse hasta el crujir de algunos resortes cerebrales de sus señorías, tratando de recordar en qué cosa invertirán tal cifra (cada mes).

Vidal defendía una Proposición de Ley de su grupo parlamentario, Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, para aumentar el salario mínimo interprofesional, actualmente en esos 655 euros. “Manifiestamente insuficiente”, dice el texto, “si tenemos en cuenta que el salario medio de los trabajadores españoles, según datos de 2014, ascendía a 1.881,3 euros mensuales, y que la Carta Social europea y el Informe del Comité de derechos sociales del Consejo de Europa consideran que el salario mínimo debe ser de una cuantía del 60% del salario medio”. En Grecia, por ejemplo, es de 862. El objetivo de dicho grupo sería llegar durante la presente legislatura a los 13.300 euros al año, garantizando al menos una subida hasta los 11.200 (800 euros mensuales) en 2018.

No son preguntas para hacer en un sitio como éste a esas horas de la tarde; por las digestiones de sus señorías, y porque parece haber una nada desdeñable cantidad de diputados (populares y socialistas sobre todo) que deben de considerar una cosa de pringaos eso de acudir a los Plenos desde primera hora, o sea, las cuatro. Romper la piñata, se llama a cuando llega uno puntual a una fiesta y se encuentra con que ni siquiera hay hielo todavía –y entonces te toca ir a comprarlo al chino–.

Por si no había hielo aún, la tarde comenzó, como es costumbre, a media entrada. Vidal habló de las “necesidades de los trabajadores”, de los 5 millones y medio de personas que en España no llegan siquiera a cobrar ese mínimo y de los alquileres en Barcelona. “Las conversaciones que tienen entre ustedes deberían tenerlas fuera porque aquí estamos para escuchar al orador”, reconvino la presidenta (profe) de la Cámara, doña Ana Pastor, a los que no escuchaban, que eran la mitad. Pero alguno sí escuchaba: este cronista vislumbró cómo una diputada del PP no pudo contener la emoción ante el testimonio de Vidal, y tuvo que huir al baño.

No quiso o no tuvo tiempo de profundizar la diputada del PP en esa ley esotérica por la cual a mayor salario, menos empleo y menos poder adquisitivo

Después de que le respondieran, desde Ciudadanos, que “por supuesto” no están en contra de subir el salario mínimo, pero que hay que tener en cuenta siempre la situación de cada cual, casa por casa; después de que Rafael Simancas, del PSOE, apoyara la medida sin fisuras en nombre de su partido (“si no quieren subirlo por justicia social”, emplazó al PP, “que sea por competitividad económica”), la diputada popular Susana López Ares subió para responder, en nombre del Gobierno, que “no hay mayor desigualdad que los 3 millones y medio de parados que dejó su Gobierno”, en referencia a la España que sigue dejando Zapatero desde el año 2011 [aquí aplaudieron los diputados presentes del PP y hasta Jesús Posada levantó la vista del periódico, que ya casi tenía acabado.]

Continuó López Ares arguyendo que “cuando se destruye empleo no se pueden subir los salarios”, que “existen salarios mínimos por convenio [laboral concreto] que están por encima del salario mínimo interprofesional”, y que aumentar el sueldo mínimo conllevaría, además de “destrucción de empleo”, “pérdida de poder adquisitivo”. No quiso o no tuvo tiempo de profundizar la diputada en esa ley esotérica por la cual a mayor salario, menos empleo y menos poder adquisitivo, pero lo repitió varias veces, como el Ego sum qui sum del Antiguo Testamento: “destrucción de empleo y pérdida de poder adquisitivo”. Por otra parte, concluyó, el salario siempre se mejora a través de “la negociación colectiva” entre empresas y trabajadores. Como todo el mundo sabe, le faltó decir, pero no dijo.

Antes de bajarse de la tribuna, Ares lanzó una admonición sobre las “consecuencias” de esta medida, “a unos por acción, a otros por omisión”, como efectivamente sucedió: todos los grupos menos el PP votaron a favor de la propuesta, y Ciudadanos se abstuvo. De modo que sigue adelante; lo cual no deja de ser una forma de romper la piñata de la legislatura, madrugándole al Gobierno el primer disgusto oficial (el oficioso lo tuvo ya la pasada semana, con la LOMCE).

Lo que Ciudadanos sí votó en contra, junto con el PP, fue la otra Proposición de Ley de la jornada, la presentada por Esquerra Republicana de Cataluña para ampliar la edad mínima de votación a los 16 años. La defendió Gabriel Rufián, explicando al inicio que se trataba de una medida “que debería trascender cualquier ideología”, para decir a continuación que “si algunos neoliberales pueden negarles el futuro a millones de chavales que ya pueden trabajar”, es comprensible que éstos quieran “defenderse” mediante el voto. “Si no lo hacen [el dejarles votar] es por miedo a su capacidad contestataria”.

En las respuestas hubo de todo. Mikel Legarda, del PNV, habló de la “sedicente inmadurez” [sic] de los menores de 18 años, del “impacto notable” que tendría “en lo público y en lo privado” y hasta respecto de los “medios de comunicación” (¿?). Parecía debatirse si se dejaba o no entrar a los menores de 18 años en el planeta. Ignacio Prendes, de Ciudadanos, dijo en su intervención que “sólo Austria” deja votar a la gente de 16 años y allí hay ahora un peligroso partido de extrema derecha “muy próximo a acceder a la presidencia” (Dios nos libre por aquí). “No digo que sea ésa la causa pero...”.

Beatriz Escudero, del PP, quiso zanjar el tema por la vía empírica, diciendo que sería “inconsecuente con nuestro marco jurídico”. “Es cierto que tienen derecho”, los menores, “a acceder al mercado laboral, y que tienen responsabilidades penales. Pero se olvida que esas responsabilidades están reguladas por las leyes penales del menor. Sería considerarles maduros para votar pero no para trabajar o ir a prisión”. Por otra parte, ironizó, “también podríamos votar a alguien con 16 años; por qué no”. Y planeó súbitamente en el Hemiciclo la idea de someter a examen la edad mental de quienes se postulen a cargo público (“por qué no”). 

Como en las tribunas había precisamente un grupo de jóvenes de visita que podían corresponder a ese perfil (resultaron tener 18 ya cumplidos), este plumilla quiso saber su opinión al respecto. Dos chavales y una chica, muy educados. ¿Os hubiera gustado votar a partir de los 16? “No, no. No nos hubiéramos sentido capacitados”, respondieron los tres, como padres de sí mismos. La ley y el orden pueden dormir a pierna suelta.

Los capacitados para votar en el Congreso votaron favorablemente la Proposición no de Ley del PP relativa a “fortalecer el sistema jurídico de pensiones” en el marco del Pacto de Toledo

Por lo demás, los capacitados para votar en el Congreso votaron favorablemente (ni un solo voto en contra) la Proposición no de Ley del PP relativa a “fortalecer el sistema jurídico de pensiones” en el marco del Pacto de Toledo, y tumbaron, por sólo 4 votos en contra, una misma medida de Ciudadanos para la creación de un “pacto” multilateral para “la mejora de la Justicia”. También se votó en secreto la concesión del suplicatorio, solicitado por el Tribunal Supremo, para poder juzgar al portavoz de los demócratas catalanes (antes Convergencia) Francesc Homs por la consulta soberanista del 9-N. Se levanta así a Homs el aforamiento y tendrá que declarar por delitos de desobediencia y prevaricación ante dicho tribunal.

En este tipo de votaciones a puerta cerrada, la cámara del canal parlamentario que emite las sesiones sin interrupción queda mirando al techo, a lo 23-F, como silbando una canción tirolesa. Pero al cabo vuelve a cobrar vida. Esta vez, para mostrar a Ana Pastor concluyendo: “Continúa la sesión con carácter público, y se levanta la sesión” [sic].