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“A los jueces nos duele escuchar que esa justicia en la que creemos y por la que trabajamos no es independiente, que está politizada, que son los partidos políticos los que dirigen la acción de los jueces. Estas afirmaciones, reiteradas durante años por opinadores de todo tipo…, no se ajustan a la verdad”. Los discursos, como los deseos de las misses, siempre están llenos de buenas intenciones, y todos los que asisten a este tipo de celebraciones están acostumbrados a oír proclamas similares como un mantra ritual. Pero seguro que a alguna de las autoridades presentes, civiles o militares, en el solemne acto de Apertura del Año Judicial el pasado mes de septiembre, en el Tribunal Supremo, le chocó escuchar ese canto a la independencia precisamente en boca del presidente de la institución y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Porque Carlos Lesmes (Madrid, 1958) llegó en 2013 al gobierno de los jueces después de haber estado ocho años como director general en los gobiernos de Aznar, en el segundo al frente de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia. Es decir, era “nuestro hombre en la curia”. “Los puestos que ocupó Lesmes no se puede decir que fuesen técnicos y no políticos. Cuando fue director general de Objeción de Conciencia era en una época en la que los objetores iban a la cárcel”, considera Margarita Robles, que fue magistrada del Supremo y vocal del CGPJ, pero que nunca ocultó su cercanía al PSOE (tuvo cargos con Felipe González, dejó el Supremo para ir en las listas con Pedro Sánchez y fue de las que votó “no” a Rajoy). 

El actual presidente del Supremo había llegado al Gobierno Aznar, procedente de la carrera fiscal, desde el tribunal de lo contencioso de Valencia. Con el advenimiento de Zapatero, retomó la toga, ya para presidir la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El dolido adalid de la independencia judicial –de la “rabiosa independencia”, dijo en el discurso-- atravesó el desierto de los mandatos socialistas impartiendo o participando en cursos de la FAES, el nada independiente (ni ideológica ni presupuestariamente) think tank conservador de José María Aznar. Unos 16, una media de casi dos al año. Demasiados para que parezcan un accidente o una casualidad. 

“Cuando la sociedad se percate de que la independencia y la profesionalidad presiden unas decisiones judiciales coherentes, adoptadas bajo el principio de la igualdad de todos ante la Ley, fundamentadas exclusivamente en sus dictados, cabrá esperar que la tarea del juez se valore con un saludable espíritu crítico”. Alguna de las decisiones que adoptó el autor del discurso, ya como magistrado en la Sala de lo Contencioso del Supremo, quizá no casen del todo con esa coherencia. Como la ilegalización de Sortu, que posteriormente tumbó el Tribunal Constitucional. O no se compadezcan demasiado con el principio de igualdad ante la ley: el que llegaría a ser presidente del Supremo se quedó solo en su apoyo al indulto al kamikaze de la autopista de Valencia que mató a otro conductor (el caso lo llevaba el bufete en el que trabajaba un hijo de Alberto Ruiz-Gallardón, y su defensor en concreto era el hermano del dirigente del PP Ignacio Astarloa). 

Cuando el PP volvió al Gobierno, Lesmes era un candidato natural al puesto que ahora tiene allí, en el CGPJ y en Supremo. Aunque no tenía demasiada experiencia en el Supremo (con todo, más que Carlos Dívar, que no lo había pisado), había participado en los cursos de la FAES y en la redacción de las dos últimas reformas de la Ley del Poder Judicial. Y era amigo de Alberto Ruiz-Gallardón (también fiscal de carrera).  Una elección lógica. Incluso para el exministro socialista de Justicia Francisco Caamaño. “La presidencia del Supremo ha tomado protagonismo y ha cogido peso desde que está él. Es un sistema más presidencialista que otras veces, quizás porque es una persona trabajadora y el tener una experiencia política y conocimiento de las relaciones con las administraciones le ayuda a no estar pendiente de otros parámetros, a trabajar con criterio propio”, señala. 

“Abordar con éxito estas y tantas otras facetas de la función judicial exige un acopio de buena dosis de inteligencia emocional, empatía y dominio de las relaciones personales”. No todos los que en los tiempos en que Lesmes atravesaba el desierto estaban en el oasis de poder son tan favorables en su valoración como Caamaño. “Es conservador, muy conservador, eso no es ningún secreto. Es afable en el trato, pero un autoritario de tomo y lomo, tiene poder, y lo ejerce, incluso con los suyos. Es muy consciente de las debilidades de los demás, impone su criterio, sea justo o injusto, y eso le hace tomar decisiones a veces un tanto arbitrarias, que le han ocasionado algunas broncas, como cuando impuso al presidente de la sección tercera”, dice uno de los vocales en su día designados por el PSOE. 

Contra la norma no escrita de que los presidentes de la Sala de lo Contencioso del Supremo renovaban un segundo mandato, Lesmes removió la silla de José Manuel Sieira, un juez de carrera con 21 años de experiencia de magistrado, para promover a un amigo, Luis Díez-Picazo, juez por el quinto turno con una experiencia de siete. Sieira había sido el inductor de la anulación del indulto al kamikaze de Valencia. También, contra el criterio de su entonces compañero de sala Carlos Lesmes, había promovido una cláusula en la sentencia de la plataforma Castor que permitía al Gobierno no pagar la indemnización multimillonaria a Florentino Pérez (que el Gobierno, generosamente, declinó utilizar). Y sobre todo, Sieira era amigo personal de Margarita Robles, la némesis de Lesmes, y se negó a dejar de serlo.

“El buen juez debe descubrir con sutileza los valores de las distintas instituciones, resolviendo las controversias con equidad y, por qué no decirlo, también con ciertas dosis de imaginación”. En lo de imponer su criterio le ha venido al pelo, además de las dosis de imaginación, la reforma del Poder Judicial que ayudó a redactar: todo el poder del CGPJ reside en la Permanente. Y a los cinco vocales que integran la Permanente los escoge el Pleno, pero los propone el presidente. De hecho, cuatro vocales del CGPJ presentaron un recurso en el Supremo por presuntas irregularidades en la renovación de la Permanente, en enero de 2015. Entonces, seis vocales habían realizado una propuesta por escrito, como punto del orden del día, tal y como dicta el procedimiento, pero no fue discutida ni votada, “y en su lugar se aprobó la formulada verbalmente por el presidente”. El pasado miércoles 23, el Supremo desestimó el recurso. Lo hizo, como corresponde, la Sala Tercera, la que preside Díez-Picazo. 

Fuera de la Permanente hace mucho frío y nadie te oye. Los vocales que no forman parte de ella no pueden viajar a Madrid sin autorización expresa, y en ocasiones a algunos se les ha denegado la autorización para consultar expedientes de temas sobre los que tendrían que pronunciarse. “Nadie se atreve a plantarle cara. Ni en el pleno ni fuera. En cuanto llegó, diez días antes de Navidad, mediante un email, echó a 20 trabajadores a la calle, dándoles media hora para recoger todo. Sin embargo, convocó cinco plazas de letrados con carácter vitalicio, que antes no lo eran, y al día siguiente de las elecciones de diciembre, el tribunal calificador concedió dos, una de ellas al yerno de su segundo en el Supremo”, comenta una fuente del CGPJ. Margarita Robles lo resume así: “Como presidente del Consejo, en vez de fortalecer el organismo y, por lo tanto la independencia del poder judicial, lo está haciendo un órgano completamente presidencialista, donde él es el que toma todas las decisiones, más dirigidas hacia apuntalar su imagen personal que a la institución”. 

“El juez es un trabajador del conocimiento. Su principal destreza es intelectual que, además, trasciende su propio entorno, pues el ejercicio de su función genera y desarrolla un conocimiento que se proyecta sobre gran parte de la sociedad”. “No se le conoce ninguna aportación, ninguna propuesta, ni como fiscal ni como juez. Y lo que es peor, ningún interés en hacerla. Ha vivido agazapado, esperando una oportunidad, aplicando de forma burocrática la legalidad”, dice un compañero de carrera. “Cuando le propusimos reunir todas una serie de causas pendientes iguales que iban a ser cientos, o miles, en una sola, para evitar gastos a la administración y complicaciones a las partes, no es que argumentase a favor o en contra. Simplemente no escuchó”, se queja. 

En el CGPJ, sin leyes polémicas sobre las que informar, ni plazas a adjudicar por las que tengan que pelear las asociaciones de jueces, con una Permanente de hierro, rige la pax Lesmes. Según los cgpjólogos, el actual presidente intentará la muy difícil tarea de trabajarse la reelección, en 2018, y si no, recalar en el Tribunal Constitucional. “Nuestro compromiso institucional con el Estado de Derecho ha de guiarnos siempre por la senda de la excelencia jurídica, con ecuanimidad e independencia”. Ha dicho.