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a) Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler, recuperación o derribo). 

b) Garantizar una alternativa habitacional a todas las personas desahuciadas o desalojadas de primera vivienda, a través de los servicios sociales municipales.

Así comenzaba el capítulo sobre derechos sociales del programa con el que Ahora Madrid llegó hace ya casi dos años al Ayuntamiento de Madrid. Un programa elaborado de manera colaborativa y que en su capítulo sobre el derecho a la vivienda contó con las aportaciones de una diversidad de agentes: técnicos de administraciones públicas, trabajadores de la EMVS, urbanistas, activistas de las PAHs de la ciudad... El foco se puso en dos cuestiones clave: una ciudad en la que no hubiera desahucios sin alternativa habitacional y una Empresa Municipal de la Vivienda como garante de la función social de la vivienda pública. Partimos de este punto porque creemos que queda camino por hacer para terminar esta legislatura habiendo cumplido el programa y que es urgente que se tomen medidas para ello. 

En los últimos días la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública (PAVPS) ha denunciado que el jueves 19 de enero se iba a producir un desahucio de una familia con dos menores por parte de la propia EMVS, que finalmente, y gracias al trabajo de la Coordinadora de Vivienda, entre otros agentes, se ha aplazado 3 meses. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué tipo de políticas de vivienda estamos implementando desde el Ayuntamiento de Madrid que dejan abierta la posibilidad no solo de que existan desahucios en la ciudad, sino que sea el propio Ayuntamiento quien los ejecute? Queremos dar algunas pistas sobre cómo hemos llegado a esta situación, alertar sobre algunas cuestiones y dar algunas claves para mejorar:  

1. Desde la llegada de Ahora Madrid al Área de Equidad y Derechos Sociales, el reglamento de funcionamiento de la EMVS ha estado en el punto de mira, al ser una de las principales herramientas para hacer políticas públicas de vivienda en la ciudad. La EMVS fue expoliada y puesta al borde de la bancarrota por los últimos gobiernos del PP, y era clave recuperar su dimensión social, eliminar la opción de compra, limitando la vivienda pública al régimen de alquiler y ampliar los criterios para el acceso a la vivienda pública a las familias más vulnerables. Estas modificaciones del reglamento eran urgentes, y se aprobaron en el Pleno del Ayuntamiento no sin polémica, al incluir también el mecanismo para la regularización de casos en situación de ocupación irregular de viviendas de la EMVS. Contamos con que esta modificación es temporal, ya que desde hace meses la EMVS se reúne con agentes sociales, organizaciones del tercer sector y afectadas para la redacción de un reglamento nuevo que vele por la vivienda como un derecho y no como una mercancía.

2. Mientras se redacta este nuevo reglamento, el principal problema de la EMVS es la escasez de vivienda pública. Frente a unas 15.000 peticiones de vivienda, la EMVS cuenta tan solo con 6.052 viviendas en propiedad. Es claramente una cifra con la que es imposible garantizar el derecho a la vivienda de los madrileños y madrileñas. Pero la dificultad de ampliación del parque de vivienda pública no debe suponer, ni siquiera temporalmente, dejar en la calle a familias en situación de vulnerabilidad. Pilar tenía que salir del piso de la EMVS porque, aunque su situación es de clara emergencia habitacional, en la lista de demandantes hay gente con mayor necesidad en base a los indicadores establecidos. Pero esta normativa implica dejar a una familia en situación de vulnerabilidad en la calle, para garantizar el derecho a un techo de otra. El otro motivo tiene que ver con la situación irregular de Pilar y su familia en la vivienda, ya que la misma se encuentra ocupada. La escasez de vivienda no debe llevar nunca a una lógica de "competición entre pobres", una dinámica de rivalidad horizontal entre las familias con más necesidades por un recurso limitado. Ni puede ni debe servir para demonizar a las familias que han ocupado viviendas sociales. El problema del Ayuntamiento de Madrid no es la "sobredemanda" de vivienda, sino la grave carencia de vivienda pública disponible. 

La escasez, intencionadamente provocada por anteriores gobiernos, del recurso "vivienda" ha conllevado el angostamiento de las posibilidades de acceder a la misma, hasta límites en los que personas en situación de exclusión severa no tienen posibilidad de acceso. Mucho menos para casos considerados de exclusión más moderada, pero en los que el acceso a la vivienda posibilitaría el desarrollo del proyecto vital: arraigo social, escolarización exitosa, redes de apoyo, estabilidad emocional y psicológica... A pesar de que la EMVS ha modificado los criterios que actualmente han de cumplirse para la adjudicación de vivienda, permitiendo a las familias con menor renta ser peticionarias, la realidad de escasez del parque público hace que miles de afectadas, como Pilar, no puedan acogerse a ella. Y, sin embargo, la necesitan. Y no lo olvidemos, es su derecho.

El gobierno de Ahora Madrid tiene que cumplir con su compromiso: responder a la emergencia habitacional que sufren miles de personas, sin que haya un solo desahucio sin una alternativa habitacional digna, vengan de la situación habitacional que vengan. El objetivo debe ser trabajar para agrandar el marco de los derechos sociales. 

3. ¿Y cómo hacer esto con los recursos limitadísimos de vivienda pública? Parece claro que la prioridad de la EMVS y el Área de Equidad y Derechos Sociales debería ser ampliar dicho parque de vivienda pública de manera urgente para poder satisfacer las necesidades de la población. Esta ampliación debería hacerse a partir de un censo de viviendas vacías en la ciudad, especialmente de los bancos rescatados con dinero público, y con la construcción de nuevas promociones de vivienda pública. Son necesarias medidas de incentivación y de promoción del alquiler, para que tanto particulares como bancos o promotoras inmobiliarias cedan vivienda vacía a la par que medidas que graven a grandes tenedores de propiedades.   Igualmente es fundamental que la vivienda sea una herramienta de reequilibrio territorial, siendo clave el aumento de la vivienda pública en todos los distritos de la ciudad, y no sólo en los del sur, porque los planes específicos de vivienda pública han sido hasta el momento un foco de desigualdad creciente. 

4. Estas y otras medidas urgentes deberían ser parte de un Plan de Vivienda de Madrid. Un plan estratégico para desarrollar una política muy activa de vivienda social y pública en Madrid, cuya elaboración debería realizarse con los actores sociales que mejor conocen la realidad de esta temática en la ciudad: las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca, las asambleas Stop Desahucios, las organizaciones del tercer sector, el movimiento vecinal de la ciudad y personas afectadas en primera persona por la precariedad y la privación habitacional. Un Plan que ponga como prioridad garantizar desde la institución el acceso al derecho básico que es la vivienda y no simplemente gestionar los recursos escasos que nos dejaron en herencia.