Tribuna
¿Quién resarce ahora a las víctimas de Mercedes Alaya?
La jueza ha imputado y les ha puesto fianzas desorbitadas, es decir, ha deshonrado y puesto a los pies de los caballos y sometido al escarnio público, a personas cuya causa ha terminado siendo por fin archivada
Juan Torres López 22/03/2017
La jueza Mercedes Alaya, en un acto en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) en mayo de 2016.
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Como es bien sabido, la jueza Alaya emprendió hace años una cruzada judicial basada en la idea preconcebida de que en torno a ciertos dirigentes del Partido Socialista andaluz se había organizado una trama de corrupción y favores que habría supuesto malversación de dinero público por miles de millones de euros.
La cruzada tuvo algunas características notorias:
a) Multitud de imputaciones basadas en simples juicios de intenciones.
b) Defectos formales muy frecuentes y decisiones surrealistas, como responsabilizar solo a unos pocos dirigentes socialistas de urdir en la sombra y con delictiva intención lo que se incluía abiertamente en unos Presupuestos de la Junta de Andalucía elaborados y discutidos por numerosísimas personas y aprobados ampliamente en el Parlamento andaluz.
c) Imposición de fianzas astronómicas a personas que era público, notorio y fácilmente comprobable que no se habían enriquecido y cuyos patrimonios eran casi siempre ínfimos e incluso ridículos en relación con el tipo de conducta criminal que se les achacaba. Fianzas y embargos, que posteriormente anulaba la Audiencia en su gran mayoría.
Gracias a esa cruzada político-judicial, se ha instalado la idea de que Andalucía es una tierra corrupta y gobernada por sinvergüenzas que han robado como nadie lo ha hecho
d) Publicación de los autos más conflictivos justo en momentos de clarísima significación política, cuando más daño se podía hacer al Partido Socialista y más ventaja se proporcionaba a su gran adversario, el Partido Popular. Un partido este último que incluso adelantaba en ocasiones los contenidos de los autos, como ocurrió justo en el instante en que tomaba posesión un nuevo gobierno andaluz en septiembre de 2013.
Gracias a esa cruzada (o cacería) político-judicial, en casi toda España se ha instalado la idea de que Andalucía es una tierra corrupta y gobernada por sinvergüenzas que han robado como nadie lo ha hecho. Un juicio que me revuelve las tripas como andaluz porque la corrupción que se ha podido dar en Andalucía (que no puedo ni voy a negar, sino que, al revés, procuro combatir con todos los medios que tengo a mi alcance porque me produce indignación y asco) no llega ni a las rodillas de la que ha urdido el Partido Popular en muchas partes de España o los nacionalistas de derechas en Cataluña.
Creo que he demostrado desde hace años que soy una persona de criterio libre e independiente y que critico a quien tengo que criticar cuando me parece que debo hacerlo. En mi web pueden leerse los numerosos artículos en los que he criticado al PSOE o a sus dirigentes, incluso a Susana Díaz, cuando he creído que no hacían todo lo que a mi juicio (no sé si con razón o sin ella), se puede hacer para erradicar en Andalucía la plaga de la corrupción, o cuando creí que dejaban injustamente “tiradas” a personas con derecho a que se presuma su inocencia.
Pero que yo haya criticado y vaya a seguir criticando al PSOE o a sus dirigentes cuando crea que debo hacerlo, o que esté más o menos de acuerdo con sus políticas, es una cosa y otra es admitir la infamia política que se ha cometido con actuaciones como la de esa jueza.
En estos últimos años ha imputado y les ha puesto fianzas desorbitadas, es decir, ha deshonrado y puesto a los pies de los caballos y sometido al escarnio público, a personas cuya causa ha terminado siendo por fin archivada.
Podría mencionar a varias de ellas, pero no quiero traer nombres aquí porque ya han sufrido bastante. Además, están en los medios y cualquiera puede saber a quién me refiero. Entre ellas están empleadas y empleados públicos de a pie, hasta entonces conocidos solo por su buen hacer, personas honestas a los que la jueza envolvió en una pesadilla que ha supuesto años de depresiones, de sentirse injustamente avergonzadas, de sufrimientos familiares y de dolor personal inmenso. Buenas personas en las que ahora el miedo y la inseguridad en ellas mismas es tan grande que ya nunca jamás volverán a ser lo que fueron ni a disfrutar de sus capacidades. Y que no van a poder recuperar su buena fama porque su nombre y toda su carrera administrativa han sido vilipendiados y siempre quedarán vinculados a hechos deshonrosos en las redes sociales.
Solo voy a mencionar a una de esas personas cuya causa se archiva ahora porque precisamente ella misma me comentó el calvario tan claramente injusto e infundado que estaba pasando. Y, sobre todo, porque me parece que se trata de una persona significativa y ejemplar.
Me refiero a Gonzalo Fuentes, presidente del comité de empresa del hotel AC Hotel Málaga Palacio y responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios de CC.OO. La jueza lo imputó, le puso una fianza, si no recuerdo mal de 60.000 euros (el fiscal le pedía 484.000), y embargó uno o dos locales de Comisiones Obreras para hacerle frente.
Más de tres años después, otra jueza ha archivado la causa y en su auto dice, refiriéndose a Gonzalo y a otros en su caso, algo que es terrible, por mucho que pueda alegrar el que por fin se haya reconocido: “Lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas “víctimas”.
¿Cómo puede darse por bueno que la jueza Alaya haya hecho “justicia” a base de crear víctimas?
Y, sobre todo, ¿quién resarce ahora el honor de Gonzalo y el de las otras personas como él cuyas causas, por fin eso sí, se van archivando? ¿Quién vuelve atrás sus lágrimas y las de sus familiares? ¿Quién los consuela del dolor pasado, de la frustración y del sufrimiento? ¿Quién explica ahora a sus hijos que no ha sido nada, que solo fue una pesadilla? ¿Quién les quita el miedo y la vergüenza que han sentido? ¿Quién les devuelve la felicidad y la paz en que vivían?
Yo me siento impotente pues no puedo hacer nada ante eso, salvo no callarme. Y enviarle un abrazo a Gonzalo, a quien conozco desde hace años como una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar mucho y modestamente y a defender honesta y generosamente a las clases trabajadoras. Y desearles a quienes todavía siguen en este infierno sin tener responsabilidad que se termine pronto su pesadilla. Y pensando en todos ellos, solo quiero citar y desear suerte a alguien en particular porque me parece que es una persona honesta, que es sabido que nunca se ha enriquecido con la política y que me consta que sufre de una manera especial, por su pasada condición de presidente de todos los andaluces, José Antonio Griñán. Cualesquiera que sean los desacuerdos políticos que haya tenido o pueda tener con él, está por encima mi convicción de que es una persona honesta y que nunca se ha beneficiado económicamente de su actividad política, a diferencia de tantos otros que le señalan con el dedo. Le deseo suerte y, simplemente, que se haga Justicia con él, y con todos los demás que se encuentran en la misma situación, lo más pronto posible.
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Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
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Juan Torres López
es economista. Es miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.
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