1. Número 1 · Enero 2015

  2. Número 2 · Enero 2015

  3. Número 3 · Enero 2015

  4. Número 4 · Febrero 2015

  5. Número 5 · Febrero 2015

  6. Número 6 · Febrero 2015

  7. Número 7 · Febrero 2015

  8. Número 8 · Marzo 2015

  9. Número 9 · Marzo 2015

  10. Número 10 · Marzo 2015

  11. Número 11 · Marzo 2015

  12. Número 12 · Abril 2015

  13. Número 13 · Abril 2015

  14. Número 14 · Abril 2015

  15. Número 15 · Abril 2015

  16. Número 16 · Mayo 2015

  17. Número 17 · Mayo 2015

  18. Número 18 · Mayo 2015

  19. Número 19 · Mayo 2015

  20. Número 20 · Junio 2015

  21. Número 21 · Junio 2015

  22. Número 22 · Junio 2015

  23. Número 23 · Junio 2015

  24. Número 24 · Julio 2015

  25. Número 25 · Julio 2015

  26. Número 26 · Julio 2015

  27. Número 27 · Julio 2015

  28. Número 28 · Septiembre 2015

  29. Número 29 · Septiembre 2015

  30. Número 30 · Septiembre 2015

  31. Número 31 · Septiembre 2015

  32. Número 32 · Septiembre 2015

  33. Número 33 · Octubre 2015

  34. Número 34 · Octubre 2015

  35. Número 35 · Octubre 2015

  36. Número 36 · Octubre 2015

  37. Número 37 · Noviembre 2015

  38. Número 38 · Noviembre 2015

  39. Número 39 · Noviembre 2015

  40. Número 40 · Noviembre 2015

  41. Número 41 · Diciembre 2015

  42. Número 42 · Diciembre 2015

  43. Número 43 · Diciembre 2015

  44. Número 44 · Diciembre 2015

  45. Número 45 · Diciembre 2015

  46. Número 46 · Enero 2016

  47. Número 47 · Enero 2016

  48. Número 48 · Enero 2016

  49. Número 49 · Enero 2016

  50. Número 50 · Febrero 2016

  51. Número 51 · Febrero 2016

  52. Número 52 · Febrero 2016

  53. Número 53 · Febrero 2016

  54. Número 54 · Marzo 2016

  55. Número 55 · Marzo 2016

  56. Número 56 · Marzo 2016

  57. Número 57 · Marzo 2016

  58. Número 58 · Marzo 2016

  59. Número 59 · Abril 2016

  60. Número 60 · Abril 2016

  61. Número 61 · Abril 2016

  62. Número 62 · Abril 2016

  63. Número 63 · Mayo 2016

  64. Número 64 · Mayo 2016

  65. Número 65 · Mayo 2016

  66. Número 66 · Mayo 2016

  67. Número 67 · Junio 2016

  68. Número 68 · Junio 2016

  69. Número 69 · Junio 2016

  70. Número 70 · Junio 2016

  71. Número 71 · Junio 2016

  72. Número 72 · Julio 2016

  73. Número 73 · Julio 2016

  74. Número 74 · Julio 2016

  75. Número 75 · Julio 2016

  76. Número 76 · Agosto 2016

  77. Número 77 · Agosto 2016

  78. Número 78 · Agosto 2016

  79. Número 79 · Agosto 2016

  80. Número 80 · Agosto 2016

  81. Número 81 · Septiembre 2016

  82. Número 82 · Septiembre 2016

  83. Número 83 · Septiembre 2016

  84. Número 84 · Septiembre 2016

  85. Número 85 · Octubre 2016

  86. Número 86 · Octubre 2016

  87. Número 87 · Octubre 2016

  88. Número 88 · Octubre 2016

  89. Número 89 · Noviembre 2016

  90. Número 90 · Noviembre 2016

  91. Número 91 · Noviembre 2016

  92. Número 92 · Noviembre 2016

  93. Número 93 · Noviembre 2016

  94. Número 94 · Diciembre 2016

  95. Número 95 · Diciembre 2016

  96. Número 96 · Diciembre 2016

  97. Número 97 · Diciembre 2016

  98. Número 98 · Enero 2017

  99. Número 99 · Enero 2017

  100. Número 100 · Enero 2017

  101. Número 101 · Enero 2017

  102. Número 102 · Febrero 2017

  103. Número 103 · Febrero 2017

  104. Número 104 · Febrero 2017

  105. Número 105 · Febrero 2017

  106. Número 106 · Marzo 2017

  107. Número 107 · Marzo 2017

  108. Número 108 · Marzo 2017

  109. Número 109 · Marzo 2017

  110. Número 110 · Marzo 2017

  111. Número 111 · Abril 2017

  112. Número 112 · Abril 2017

  113. Número 113 · Abril 2017

  114. Número 114 · Abril 2017

  115. Número 115 · Mayo 2017

  116. Número 116 · Mayo 2017

  117. Número 117 · Mayo 2017

  118. Número 118 · Mayo 2017

  119. Número 119 · Mayo 2017

  120. Número 120 · Junio 2017

  121. Número 121 · Junio 2017

  122. Número 122 · Junio 2017

  123. Número 123 · Junio 2017

  124. Número 124 · Julio 2017

  125. Número 125 · Julio 2017

  126. Número 126 · Julio 2017

  127. Número 127 · Julio 2017

  128. Número 128 · Agosto 2017

  129. Número 129 · Agosto 2017

  130. Número 130 · Agosto 2017

  131. Número 131 · Agosto 2017

  132. Número 132 · Agosto 2017

  133. Número 133 · Septiembre 2017

  134. Número 134 · Septiembre 2017

  135. Número 135 · Septiembre 2017

  136. Número 136 · Septiembre 2017

  137. Número 137 · Octubre 2017

  138. Número 138 · Octubre 2017

  139. Número 139 · Octubre 2017

  140. Número 140 · Octubre 2017

  141. Número 141 · Noviembre 2017

  142. Número 142 · Noviembre 2017

  143. Número 143 · Noviembre 2017

  144. Número 144 · Noviembre 2017

  145. Número 145 · Noviembre 2017

  146. Número 146 · Diciembre 2017

  147. Número 147 · Diciembre 2017

  148. Número 148 · Diciembre 2017

  149. Número 149 · Diciembre 2017

  150. Número 150 · Enero 2018

  151. Número 151 · Enero 2018

  152. Número 152 · Enero 2018

  153. Número 153 · Enero 2018

  154. Número 154 · Enero 2018

  155. Número 155 · Febrero 2018

  156. Número 156 · Febrero 2018

  157. Número 157 · Febrero 2018

  158. Número 158 · Febrero 2018

  159. Número 159 · Marzo 2018

  160. Número 160 · Marzo 2018

  161. Número 161 · Marzo 2018

  162. Número 162 · Marzo 2018

  163. Número 163 · Abril 2018

  164. Número 164 · Abril 2018

  165. Número 165 · Abril 2018

  166. Número 166 · Abril 2018

  167. Número 167 · Mayo 2018

  168. Número 168 · Mayo 2018

  169. Número 169 · Mayo 2018

  170. Número 170 · Mayo 2018

  171. Número 171 · Mayo 2018

  172. Número 172 · Junio 2018

  173. Número 173 · Junio 2018

  174. Número 174 · Junio 2018

  175. Número 175 · Junio 2018

  176. Número 176 · Julio 2018

  177. Número 177 · Julio 2018

  178. Número 178 · Julio 2018

  179. Número 179 · Julio 2018

  180. Número 180 · Agosto 2018

  181. Número 181 · Agosto 2018

  182. Número 182 · Agosto 2018

  183. Número 183 · Agosto 2018

  184. Número 184 · Agosto 2018

  185. Número 185 · Septiembre 2018

  186. Número 186 · Septiembre 2018

  187. Número 187 · Septiembre 2018

  188. Número 188 · Septiembre 2018

  189. Número 189 · Octubre 2018

  190. Número 190 · Octubre 2018

  191. Número 191 · Octubre 2018

  192. Número 192 · Octubre 2018

  193. Número 193 · Octubre 2018

  194. Número 194 · Noviembre 2018

  195. Número 195 · Noviembre 2018

  196. Número 196 · Noviembre 2018

  197. Número 197 · Noviembre 2018

  198. Número 198 · Diciembre 2018

  199. Número 199 · Diciembre 2018

  200. Número 200 · Diciembre 2018

  201. Número 201 · Diciembre 2018

  202. Número 202 · Enero 2019

  203. Número 203 · Enero 2019

  204. Número 204 · Enero 2019

  205. Número 205 · Enero 2019

  206. Número 206 · Enero 2019

  207. Número 207 · Febrero 2019

  208. Número 208 · Febrero 2019

  209. Número 209 · Febrero 2019

  210. Número 210 · Febrero 2019

  211. Número 211 · Marzo 2019

  212. Número 212 · Marzo 2019

  213. Número 213 · Marzo 2019

  214. Número 214 · Marzo 2019

  215. Número 215 · Abril 2019

  216. Número 216 · Abril 2019

  217. Número 217 · Abril 2019

  218. Número 218 · Abril 2019

  219. Número 219 · Mayo 2019

  220. Número 220 · Mayo 2019

  221. Número 221 · Mayo 2019

  222. Número 222 · Mayo 2019

  223. Número 223 · Mayo 2019

  224. Número 224 · Junio 2019

  225. Número 225 · Junio 2019

  226. Número 226 · Junio 2019

  227. Número 227 · Junio 2019

  228. Número 228 · Julio 2019

  229. Número 229 · Julio 2019

  230. Número 230 · Julio 2019

  231. Número 231 · Julio 2019

  232. Número 232 · Julio 2019

  233. Número 233 · Agosto 2019

  234. Número 234 · Agosto 2019

  235. Número 235 · Agosto 2019

  236. Número 236 · Agosto 2019

  237. Número 237 · Septiembre 2019

  238. Número 238 · Septiembre 2019

  239. Número 239 · Septiembre 2019

  240. Número 240 · Septiembre 2019

  241. Número 241 · Octubre 2019

  242. Número 242 · Octubre 2019

  243. Número 243 · Octubre 2019

  244. Número 244 · Octubre 2019

  245. Número 245 · Octubre 2019

  246. Número 246 · Noviembre 2019

  247. Número 247 · Noviembre 2019

  248. Número 248 · Noviembre 2019

  249. Número 249 · Noviembre 2019

  250. Número 250 · Diciembre 2019

  251. Número 251 · Diciembre 2019

  252. Número 252 · Diciembre 2019

  253. Número 253 · Diciembre 2019

  254. Número 254 · Enero 2020

  255. Número 255 · Enero 2020

  256. Número 256 · Enero 2020

  257. Número 257 · Febrero 2020

  258. Número 258 · Marzo 2020

  259. Número 259 · Abril 2020

  260. Número 260 · Mayo 2020

  261. Número 261 · Junio 2020

  262. Número 262 · Julio 2020

  263. Número 263 · Agosto 2020

  264. Número 264 · Septiembre 2020

  265. Número 265 · Octubre 2020

  266. Número 266 · Noviembre 2020

  267. Número 267 · Diciembre 2020

  268. Número 268 · Enero 2021

  269. Número 269 · Febrero 2021

  270. Número 270 · Marzo 2021

  271. Número 271 · Abril 2021

  272. Número 272 · Mayo 2021

  273. Número 273 · Junio 2021

  274. Número 274 · Julio 2021

  275. Número 275 · Agosto 2021

  276. Número 276 · Septiembre 2021

  277. Número 277 · Octubre 2021

  278. Número 278 · Noviembre 2021

  279. Número 279 · Diciembre 2021

CTXT necesita 15.000 socias/os para seguir creciendo. Suscríbete a CTXT

Tribuna

Lectura estrictamente jurídica de una sentencia inevitablemente política

Asistimos a una postura del Gobierno central, que viene derivando las discrepancias históricas entre Catalunya y el resto del Estado hacía el ámbito estrictamente judicial y, en último extremo, hacia la jurisdicción penal

José Antonio Martín Pallín 23/03/2017

<p>Artur Mas y las exconslleres Joana Ortega e Irene Rigau saludan desde la entrada del TSJC / Elise Gazengel</p>

Artur Mas y las exconslleres Joana Ortega e Irene Rigau saludan desde la entrada del TSJC / Elise Gazengel

Elise Gazengel

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!

CTXT necesita 300 suscripciones mensuales para ser sostenible y cada vez más independiente. Puedes ayudarnos aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Son numerosas las voces que han denunciado, desde todos los sectores, la errónea derivación del conflicto de Catalunya hacia los Tribunales de la Justicia, integrados exclusivamente en el Poder Judicial y sobre todo hacia la jurisdicción penal. Recientemente el ya expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en su despedida y acto de toma de posesión de los nuevos magistrados, puso especial énfasis en señalar que no era propio de nuestro sistema constitucional la judicialización de conductas emanadas de la decisión o voluntad de los Gobiernos o Parlamentos autonómicos.

Sin embargo estamos asistiendo, con preocupación, a una postura del Gobierno central, que, desde hace varios años, viene derivando las discrepancias históricas entre Catalunya y lo que algunos denominan el resto del Estado español hacía el ámbito estrictamente judicial y, en último extremo, hacia la jurisdicción penal. El conflicto catalán viene de lejos y por lo que estamos contemplando va para largo, porque ninguna de las partes quiere detener su marcha y sentarse a dialogar sobre una cuestión que ha gravitado sobre la vida política española desde hace muchos años y que solamente fue acallada y aplastada por los cuarenta años de Dictadura.

El conflicto catalán viene de lejos y por lo que estamos contemplando va para largo, porque ninguna de las partes quiere detener su marcha y sentarse a dialogar

Este empecinamiento criminalizador, que originariamente contó con la oposición de la Fiscalía de Barcelona, que se opuso a la formalización de una querella por la convocatoria de una consulta no referendaria, se ha plasmado en una acción penal, interpuesta por decisión del Fiscal General del Estado,  a la que se han sumado varias acusaciones populares, incluido el sindicato autodenominado Manos Limpias.

Inevitablemente, admitida a trámite la querella, el proceso siguió su curso y culminó con un juicio oral que contaba con la acusación del Ministerio Fiscal y de las acusaciones populares, que consideraron los hechos objeto de enjuiciamiento penal como constitutivos de sendos delitos de prevaricación y de desobediencia, si bien el Ministerio Fiscal valoró que el mismo hecho de llevar adelante la consulta popular constituía dos delitos por lo que, según las reglas inamovibles de nuestro sistema penal y de nuestro Código Penal, solamente podría castigarse por uno de de ellos.

El Parlamento de Catalunya, en el ejercicio de las competencias que le son propias, había aprobado el 26 de septiembre de 2014 la Ley de Consultas Populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. El Gobierno central reaccionó, una vez más, según el cauce marcado por la Constitución, utilizando el recurso de inconstitucionalidad contra la mayoría de sus artículos. Este recurso se admitió a trámite por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre de 2014 y en este momento desconocemos si la citada ley es inconstitucional o no, ya que el órgano encargado de interpretar la Constitución no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.

Lo que sí ha hecho, accediendo a la petición fundada en el texto constitucional, fue acordar la suspensión cautelar de los preceptos impugnados y ese mismo día, el 29 de septiembre de 2014, acordó la suspensión del Decreto del Presidente de la Generalitat de Catalunya 129/2014 de 27 de Septiembre, por el que se convocaba una consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

Esta suspensión, como es lógico, fue comunicada al Gobierno de la Generalitat, no obstante lo cual el día 14 de octubre de 2014 el president, Artur Mas, anunció la celebración de un proceso de participación ciudadana para el día 9 de noviembre de 2014, poniendo en marcha una serie de iniciativas tendentes a abrir el “proceso de participación ciudadana en el que los catalanes y las catalanas y las personas residentes en Cataluña puedan manifestar su opinión sobre el futuro político de Cataluña”.

La puesta en marcha de todo el proceso y de todos los trámites necesarios para celebrar la consulta se hizo con la cooperación necesaria, según la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de la consejera de Governació y de la titular del Departamento de Enseñanza. El 31 de octubre de 2014, el   Gobierno central presentó, ante el Tribunal Constitucional, una impugnación de disposiciones autonómicas y subsidiariamente de un conflicto positivo de competencias contra las actuaciones de la Generalitat de Catalunya, relativas a convocatoria citada, dictando una Providencia, de fecha 4 de noviembre de 2014,  por la que se acuerda suspender los actos impugnados así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta.

Nuestro sistema constitucional tiene mecanismos políticos y administrativos para dejar sin efecto decisiones de los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, sin necesidad de acudir a la criminalización de estas conductas

Dicho acuerdo fue comunicado, como es lógico, al presidente de la Generalitat y, en mi opinión, su contenido era lo suficientemente claro como para evitar las argumentaciones, en cierto modo banales, sobre la oscuridad de su texto. No estamos, por tanto, ante un problema de desconocimiento del contenido de una orden de prohibición sino ante un supuesto de suspensión de una decisión tomada al amparo de una Ley de Consultas, cuya constitucionalidad no ha sido declarada por el Tribunal Constitucional, por lo que su legitimidad es incuestionable. La orden de suspensión es meramente cautelar y no afecta para nada a la validez de los artículos impugnados que fueron utilizados para convocar la consulta.

Por tanto, la decisión adoptada en ningún caso puede ser considerada como prevaricadora por no estar ajustada a derecho, por ser absolutamente disparatada, o por torcer de manera insoportable las normas jurídicas vigentes. No entiendo por tanto la argumentación del Tribunal Superior de Justicia al decir que se trata de un acto que si se hubiera castigado, incurriría en una doble sanción. Desde un punto de vista jurídico constitucional, la decisión de la convocatoria, se comparta o no, estaba ajustada estrictamente a la legalidad vigente hasta el momento presente.

Cuestión distinta es la actitud adoptada por el presidente de la Generalitat y las dos consejeras condenadas, ante la Providencia del Tribunal Constitucional acordando suspender todas las decisiones tomadas desde el 31 de octubre de 2014 así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella.

En consecuencia, todas las actuaciones encaminadas a culminar la celebración de la consulta, el día 9 de noviembre de 2014, estaban ignorando dicha medida cautelar. A primera vista nos encontramos ante un supuesto de incumplimiento de una resolución tomada por el  Tribunal Constitucional, órgano que indiscutiblemente no pertenece al Poder Judicial y por tanto sus decisiones no tienen el carácter de las sentencias o resoluciones judiciales. Precisamente ante esta dificultad para integrar la conducta en el delito de desobediencia, la sentencia dedica una larguísima exposición, deslizando una serie de consideraciones, con abundante cita de jurisprudencia y equivocada mención del derecho comparado, para homologar el Tribunal Constitucional a  un órgano judicial.

Introducir el derecho penal en un conflicto estrictamente político sólo puede acarrear consecuencias negativas para la consolidación del Estado de Derecho

Llevar este debate al campo puramente político e incluso administrativo es una cuestión que merece una reflexión sosegada que admite interpretaciones variadas, pero si se deriva hacia la vía penal, incuestionablemente el conflicto tendrá que someterse a las reglas insoslayables e inalterables que rigen la aplicación del derecho punitivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha considerado que las actuaciones del president y de las consejeras son constitutivas de un delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal, lo que nos obliga a ajustarnos a los términos en los que el legislador ha descrito la conducta delictiva. El texto del artículo aplicado es claro y terminante, se refiere a sentencias o resoluciones judiciales,  sin que quepa una interpretación extensiva del precepto.

La analogía extensiva está terminantemente prohibida por el derecho penal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene que hacer una serie de malabarismos jurídicos e incluso citar una sentencia del Tribunal Constitucional que por su generalidad y afirmaciones de principios generales no ponemos en duda. Es cierto que el Estado de Derecho exige un exquisito respeto por la autonomía de los distintos poderes del Estado. Pero no se puede soslayar que la citada sentencia se refiere constantemente al incumplimiento de resoluciones judiciales. Termina con una afirmación que compartimos y que avala nuestra posición sobre inexistencia del delito de desobediencia: “La democracia se basa no sólo en la división de poderes sino en la sumisión de todos al imperio de la ley y el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Por si existiese alguna duda sobre la carencia de las facultades ejecutivas del Tribunal Constitucional, por lo menos en el momento en que acordó la medida cautelar, nos sumamos  al recientísimo informe de una Comisión, evidentemente consultiva, del Consejo de Europa de fecha de 11 de marzo de 2017, en la que se pone de relieve que: España debería mejorar su sistema jurídico y descartar  la capacidad del Tribunal Constitucional para destituir a un presidente autonómico. La Comisión expresa su preocupación por que el Tribunal Constitucional tome medidas de ejecución, cuando se enfrenta a una negativa a ejecutar sus fallos. Considera que "podría cuestionar su autoridad" y a su vez "la de la propia Constitución". La opinión consultiva dictamina, y compartimos su opinión, que serán otros órganos estatales los que deberán intervenir para defender la Constitución y al Tribunal Constitucional, reforzando así el sistema de control y equilibrio, “y a la postre la independencia del Tribunal”.

Nos encontramos ante una sentencia de contenido inequívocamente político en la que se ha visto inmerso, no sabemos si a su pesar, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Una vez más nos enfrentamos a una vidriosa controversia que pone en cuestión el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado. Nuestro sistema constitucional tiene previstos mecanismos políticos y administrativos para dejar sin efecto decisiones de los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, sin necesidad de acudir al último recurso de la criminalización de estas conductas.

Introducir el derecho penal en un conflicto estrictamente político sólo puede acarrear consecuencias negativas para la consolidación del Estado de Derecho. Los tribunales deberían velar por el mantenimiento de este equilibrio y de la necesaria división e independencia de poderes.  

--------------------

José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. De la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.

CTXT necesita 300 suscripciones mensuales para ser sostenible y cada vez más independiente. 

Autor >

José Antonio Martín Pallín

Es abogado de Lifeabogados. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

3 comentario(s)

¿Quieres decir algo? + Déjanos un comentario

  1. Jesús Díaz Formoso

    Muy acertado análisis. Añadiría que no ha existido la orden de cumplimiento expresa, que daría alugar al delito de desobediencia. El derecho es plastilina en manos de Tribunales políticos, como los TSJs.

    Hace 4 años 8 meses

  2. Jesús Díaz Formoso

    Muy acertado análisis. Añadiría que no ha existido la orden de cumplimiento expresa, que daría alugar al delito de desobediencia. El derecho es plastilina en manos de Tribunales políticos, como los TSJs.

    Hace 4 años 8 meses

  3. Fernando

    Es el análisis jurídico de una sentencia, menos jurídico que he leído jamás. Cómo vamos a "judicializar" la política? Cómo vamos a "judicializar" las "conductas emanadas de la decisión o voluntad de los Gobiernos o Parlamentos autonómicos"? Apaga y vámonos. Y que este señor haya sido magistrado del tribunal Supremo explica todo lo que nos lleva escandalizando de nuestros 40 años de democracia.

    Hace 4 años 8 meses

Deja un comentario


Los comentarios solo están habilitados para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí