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¿Se puede gobernar un país como se dirige una empresa? El octogenario Franco Macri, magnate argentino y padre del presidente Mauricio Macri, sólo dudó unos segundos al contestar en un programa de televisión emitido hace un año en Argentina. ¿En qué se diferencia manejar una empresa de manejar un país?, le preguntaron. “Un país es una empresa; si no sabés conducir una empresa, no podés conducir un país”. Curiosamente, quien le hacía la pregunta era Nicolás Dujovne, economista y columnista de prensa, nombrado recientemente ministro de Economía. Mauricio Macri aprendió el arte de los negocios desde la cuna. La famiglia, originaria de Calabria, lleva haciendo negocios en Argentina desde que se instaló en el país a mediados del siglo pasado (Franco, nacido en Roma, creó un holding multisectorial en el que tenían cabida desde empresas constructoras a telefónicas o empresas de recogida de basura). Negocios que en ocasiones se fraguaron al borde de la ley (Franco y Mauricio fueron procesados por contrabando de autos en un caso en el que serían finalmente absueltos por el Tribunal Supremo en 2002). Y aunque la relación con el patriarca ha sido turbulenta (Franco renegó varias veces de Mauricio e incluso en algún momento llegó a preferir al kirchnerismo en el poder), el hijo parece haber seguido algunos de los preceptos del padre a la hora de “manejar” el país. Lo primero que hizo cuando llegó al poder en diciembre de 2015 fue situar a varios directivos de empresas en los principales ministerios. Y hoy las reuniones del Gabinete se asemejan a un consejo de administración empresarial.

Ese pasado de Macri como empresario (fue también presidente del club  Boca Juniors) y su vínculo con el grupo familiar de su padre (Socma) está provocando más de un cortocircuito en la política argentina. Nada más llegar a la Casa Rosada el líder derechista apareció en los denominados Papeles de Panamá, la investigación periodística sobre los titulares de cuentas offshore en paraísos fiscales. Macri quiso desvincularse enseguida de esas cuentas, abiertas por su padre, y alegó que no tenía ninguna responsabilidad en las mismas (aunque aparecía en el directorio en algunas de ellas).

 Lo primero que hizo Macri cuando llegó al poder en diciembre de 2015 fue situar a varios directivos de empresas en los principales ministerios

La justicia argentina está investigando al presidente tras una denuncia presentada por un diputado de la oposición. Pero el escándalo que más ha dañado la imagen de Macri estalló en febrero  cuando se conocieron las objeciones de una fiscal en relación a un acuerdo suscrito entre el Gobierno y la empresa de los Macri para condonar casi el 99% de una deuda que el grupo Socma contrajo con el Estado hace más de diez años. Los Macri se hicieron con el Correo Argentino en los años 90, durante la época de las alegres privatizaciones que fomentó el Gobierno neoliberal de Carlos Menem. La gestión de la compañía fue caótica. Despidieron a miles de empleados y dejaron de pagar al Estado el canon que les correspondía tras la privatización. Con la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003, su gobierno expropió la empresa. La deuda del grupo Macri ascendía a unos 300 millones de pesos/dólares (cuando la divisa argentina estaba a la par con la estadounidense). Y el litigio se hizo eterno. 

Seis meses después de tomar posesión como presidente, Macri resolvía el conflicto con unas condiciones muy ventajosas para su grupo empresarial. La fiscal Gabriela Boquín consideró que el acuerdo era “abusivo” y lo objetó (a su juicio, la revalorización de la deuda ascendía a 4.700 millones de pesos, unos 270 millones de euros). La oposición salió en tromba a criticar al gobierno. Macri tardó una semana en responder públicamente y cuando lo hizo dijo que él no estaba al tanto de lo que había negociado su propio ministro de Comunicaciones (el radical Óscar Aguad) y decidió dar marcha atrás al acuerdo. Las partes deberían sentarse de nuevo a negociar. Pero el mandatario negó la mayor: no se había producido, a su juicio, ningún conflicto de intereses. Para la oposición, sin embargo, el caso es de manual. Sencillamente, el presidente no podía estar en los dos lados del mostrador. La marcha atrás de Macri y el anuncio de una normativa sobre el conflicto de intereses en la administración diluyeron en parte el escándalo. Pero el Gobierno todavía no ha explicado por qué no se hizo público el acuerdo en junio de 2016, cuando se aprobó, o por qué se aceptó cobrar la misma deuda contraída hace más de una década en quince años a partir de 2018 y a un interés del 7%, muy por debajo de las altas tasas que soporta el mercado financiero argentino, con el agravante de que Socma acababa de demandar a su vez al Estado por presuntos daños y perjuicios por la expropiación.

El caso del Correo Argentino no es el único en el que Macri aparece a los dos lados del mostrador. La Casa Rosada autorizó recientemente a varias compañías aéreas a operar en el mercado argentino de low cost. Entre esas compañías figuraba en un principio Avian Líneas Aéreas, empresa que absorbió a MacAir, la compañía de taxis aéreos del holding de los Macri. Varias denuncias periodísticas alertaron sobre otro posible conflicto de intereses en ciernes. El actual vicepresidente de Avian, Carlos Colunga, fue en su día CEO de MacAir. Finalmente, cuando se aprobó el pliego de las líneas aéreas que podrían operar, no se dio el permiso a Avian Líneas Aéreas. Otra marcha atrás de última hora para un gobierno que vive al borde del abismo con su estrategia de prueba y error (que algunos críticos han denominado, con sorna, la política del “si pasa, pasa”).

Según un estudio publicado por el Observatorio de las Élites Argentinas (perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires), el 31% de los altos cargos del Gobierno de Macri (114 de 364) ocupó antes un puesto destacado en la empresa privada. El informe, divulgado a finales del año pasado y dirigido por las sociólogas Ana Castellani y Paula Canelo, se centra en el siempre controvertido asunto de las “puertas giratorias”. En el caso del Gobierno de Cambiemos (la alianza derechista de la que forman parte el PRO de Macri, la otrora centroizquierdista Unión Cívica Radical y la inclasificable Coalición Cívica de Elisa Carrió), la puerta gira de momento de fuera hacia adentro. En la Administración de Macri han desembarcado exdirectivos de grandes compañías como Shell, Techint, Socma, LAN, JP Morgan, HSBC, Farmacity… Cuando Macri ya no esté en la Casa Rosada, es muy probable que todos esos exejecutivos empujen la misma puerta para volver a sus empresas.

Los dos hombres de confianza de Macri en la “mesa chica” del Gabinete de Ministros, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, son dos exempresarios amigos del mandatario. Lopetegui era el CEO de la línea aérea LAN Argentina y Quintana es el fundador de la mayor cadena de farmacias del país, Farmacity. Juan José Aranguren (expresidente de Shell Argentina) ocupa el cargo de ministro de Energía. Ricardo Buryaile (empresario ganadero y vicepresidente de la patronal del campo) lleva las riendas de Agricultura. Al frente de Transportes está Guillermo Dietrich, cuyo apellido le delata. Su familia posee una de las mayores redes de concesionarios de automóviles de Argentina. El exministro de Economía y Hacienda Alfonso Prat-Gay (cesado en diciembre) provenía de JP Morgan… A excepción de unos pocos ministros de perfil y trayectoria política, son los CEO, comenzando por el propio Macri, los que gobiernan el país desde hace más de un año.

Para las autoras del informe, el Gabinete de Macri se transformó en un área de “profunda influencia de los CEO y dirigentes de las principales corporaciones empresarias, lo que constituye un rasgo inédito en la experiencia argentina reciente por dos motivos: la magnitud, extensión y visibilidad que adquirieron dentro del Gabinete, y el desborde del ‘área económica’ para colonizar el ‘área política’”. Ante esa situación, el riesgo de que haya conflictos de intereses parece inevitable, entre otras razones, por “el esquema de lealtades que prima en aquellos que han consolidado sus carreras laborales en el sector privado”. El informe alerta del “sesgo antiestatal, antipolítico y promercado” de los CEO, “convencidos de que el mercado es el que debe liderar los procesos de desarrollo, dejando al Estado en un rol subsidiario”. 

A excepción de unos pocos ministros de perfil y trayectoria política, son los CEO, comenzando por el propio Macri, los que gobiernan el país desde hace más de un año

Tal vez el caso más llamativo de ese salto de exdirectivos al área política  sea el de Aranguren. Para ocupar el cargo de ministro de Energía nada mejor --debió pensar Macri-- que traer a un hombre de peso de una de las mayores multinacionales petroleras del mundo. Dicho y hecho. En el ministerio de Aranguren recalaron además varios exdirectivos de otras compañías energéticas, entre ellos, el “número dos”, Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos hasta hace unos días, cuando presentó su dimisión por diferencias con Aranguren, a quien acusó de “autoritario” y de tener poca capacidad para trabajar en equipo. Sureda, que antes de ocupar su cargo trabajó en Pan American Energy (una de las principales compañías energéticas argentinas), fue acusado en noviembre junto a otros dos altos cargos de su departamento de “negociaciones incompatibles con la función pública” al aprobar resoluciones que podrían estar beneficiando a las empresas en las que trabajaron. Entre los denunciantes figura la diputada Elisa Carrió, aliada del macrismo y mentora de la coalición Cambiemos. Verso suelto de la política, Carrió es la única dirigente argentina con ascendencia sobre el mandatario y ha criticado en varias ocasiones esa acumulación de hombres de negocios en el Gobierno.

Pero de momento Macri sigue confiando en su ministro pese a las denuncias en su contra y a la baja popularidad de que goza. Aranguren fue la cara visible del mayor desatino del primer año del Gobierno conservador: la estratosférica subida del gas, una medida sobre la que la Casa Rosada tuvo que dar, cómo no, marcha atrás y aplicar el denominado tarifazo de forma gradual ante los aumentos de hasta el 1000% que habían recibido algunos usuarios. Debido a ese tarifazo en los servicios domésticos (también aumentó desproporcionadamente la luz y el agua), la inflación se desbordó y superó el 40% en 2016, la más alta en dos décadas. Alarmado por la rápida generación de pobres que sus ajustes estaban provocando (1,5 millones de nuevos pobres en 2016, según la Universidad Católica Argentina, especializada en la medición de la pobreza), Macri recurrió al gradualismo en materia económica. Las élites empresariales y políticas, siempre partidarias del recurrente laissez faire aun a costa de llenar las calles de mendigos, se lo han reprochado cada vez que han tenido oportunidad. Lo han acusado hasta de keynesiano y no dejan de pedir más ajustes y la eliminación de los subsidios públicos.

Pese al patinazo de su primer cuadro tarifario, Aranguren no dimitió. El ministro tampoco dejó el cargo cuando la prensa reveló que seguía manteniendo acciones en Shell, su antigua compañía. El apotegma del patriarca de los Macri le debió servir de guía. Si un país se maneja como una empresa, ¿por qué un ministro no puede mantener los ritos más sagrados del capitalismo? Al final, cedió y aseguró que se había desprendido de sus acciones en septiembre, nueve meses después de llegar a la administración. En el management gubernamental a veces hay que hacer sacrificios. Su jefe, Mauricio Macri, lo sabe bien. Pero sólo cuando el “error” en la prueba se haya transformado en escándalo y la marcha atrás sea ineludible.