EDITORIAL
La ciénaga
21/04/2017
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El camino a prisión de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, sella una semana trágica para el Partido Popular, que se inició con la citación de Mariano Rajoy como testigo por el tribunal que juzga la trama Gürtel, en la que el PP está acusado como beneficiario a título lucrativo. En medio pudimos saber a través del diario El Mundo que Rodrigo Rato (“el mejor ministro de Economía”, en versión de Aznar) había empezado a acumular su fortuna a finales del siglo pasado, cuando privatizaba empresas públicas a toda máquina desde la vicepresidencia del Gobierno, y más tarde, cuando se convirtió en el primer español en liderar el Fondo Monetario Internacional.
Ya no convencen a nadie los pucheros de Esperanza Aguirre, que tiene a gran parte de su equipo en prisión o en el banquillo de los acusados, una multitud de ranas croando en la ciénaga. Se cierra así, ojalá que definitivamente, un ciclo que empezó en 2003 con el tamayazo, un caso de transfuguismo de dos diputados socialistas que impidió formar gobierno a su oponente Rafael Simancas, y que se prolongaría con tres victorias por mayoría absoluta cuya presunta financiación ilegal ha puesto el juez Eloy Velasco bajo la lupa de la operación Lezo. La actual portavoz del PP en el ayuntamiento de Madrid debe abandonar la vida política de inmediato dada su pertinacia en rodearse de presuntos (y convictos) delincuentes.
La detención del consejero de OHL, Javier López Madrid (del círculo íntimo de los Reyes), y los registros en empresas como Indra, PWC, Cuatrecasas y otras de Florentino Pérez, tratan de establecer el itinerario de contribuciones ilegales a las campañas electorales de Aguirre en 2007 y 2011, a cambio de contratos públicos o recalificaciones de terrenos, siempre bajo la dirección de un diligente Ignacio González, que terminó heredando el cetro de la Comunidad de Madrid una vez que su mentora fracasó en el intento de llevarlo a la presidencia de Caja Madrid ante, precisamente, Rodrigo Rato.
La actividad instructora del juez Velasco ha chocado con algunos intentos obstruccionistas de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular, Manuel Moix, ha tratado de impedir el registro del domicilio de González y se ha opuesto a que en su repertorio delictivo figurara la constitución de banda criminal, siendo así que la nómina de investigados incluye al padre de González, a un hermano, a un cuñado, y a su mujer. En suma, lo más cercano que se pueda imaginar a la familia Corleone.
Lejos de cumplir su función de perseguir el delito, el fiscal anticorrupción parece más interesado en defender el perímetro del partido que está detrás de su nombramiento, en línea con el nuevo fiscal general del Estado, quien a través de ceses y nombramientos ha provocado fundadas sospechas de que busca la complacencia del Gobierno antes que una rigurosa defensa de la legalidad. El ministro de Justicia, tan locuaz cuando se trata de casos que afectan a otros partidos, debería dar cuenta urgente de ello en el Parlamento.
Nuestra democracia está ya seriamente dañada por los escándalos que corroen desde hace décadas los contratos públicos, convertidos en una máquina de corrupción sistémica. Dado que los políticos muestran un escaso interés por arbitrar sistemas eficaces de control y rendición de cuentas, solo queda la débil esperanza de que el sistema judicial sea capaz de limitar los daños. Para ello es imprescindible que la fiscalía reme en la misma dirección. Y hoy por hoy no parece que el Gobierno esté dispuesto a permitir que eso ocurra.
Gürtel, Púnica, Lezo, a los que seguirán otros muchos casos en la Comunidad Valenciana y en Baleares, configuran un panorama judicial que debería ser insoportable para cualquier Gobierno de cualquier país. Lo terrible es que, a pesar de todo, el PP sigue siendo el partido más votado por los ciudadanos, lo que no habla muy bien de la oposición. Pero se engaña el Gobierno si cree que los votos exoneran sus responsabilidades. Para que nuestra democracia no se hunda en el descrédito total, el Partido Popular tiene que asumir sus responsabilidades por décadas de corrupción y renovar de raíz sus cuadros directivos. Y debería hacerlo antes de que la comisión parlamentaria se ponga a investigar sus finanzas.
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