¿Se imaginan un país en el que casi el 40% de las familias con niños y jóvenes tuviera dificultades para pagarles los estudios, en el que a más de la quinta parte de los hogares les ocurriera lo mismo cuando trata de acceder a los servicios sanitarios y en el que más de la mitad de las casas con personas dependientes que necesitan cuidados no pudieran financiarlos? Así es la España de estos tiempos, según revela el reciente Módulo de Acceso a los Servicios de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), elaborada con datos de 2015.

“Estamos ante uno de los síntomas de la quiebra del Estado de Bienestar”, señala el sociólogo de la universidad de Zaragoza Jaime Minguijón, quien considera esos datos como un indicio de la ruptura del pacto social, en el que el Estado asumía como una de sus principales funciones proteger a sus miembros más vulnerables. “El mercado, especialmente el de trabajo, era el primer distribuidor de riqueza, mientras el Estado tenía el papel de redistribuidor, de equilibrador”, explica. Sin embargo, añade, “el primero se encuentra en una crisis marcada por la precarización, en la que una parte de los ciudadanos no accede al trabajo y otros lo hacen en condiciones tan precarias que dan lugar a figuras como la del ‘trabajador pobre’. Y el Estado no remedia esas situaciones de precariedad y de exclusión”.

La ruptura de ese pacto social, iniciada en el tránsito de los años 70 a los 80 en el Reino Unido y EEUU con Margaret Thatcher y Ronald Reagan e intensificada en Europa con las recetas austericidas para la salida de la crisis, está provocando, en países como España, la convivencia de procesos de empobrecimiento y precarización de las clases medias y bajas junto con una desactivación de la capacidad redistributiva del Estado que ha hecho que la pobreza se cronifique en amplias capas de la sociedad hasta el punto de que casi diez millones de familias solo hayan podido capear la crisis gracias a subsidios y pensiones.

“Tal y como señalan autores como Robert Castel, la sociedad se estructura en tres zonas: una de integración, otra de vulnerabilidad y otra de exclusión. Con la precariedad crecen las dos últimas y decrece la primera”, explica David Pac, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Aragón, que llama la atención sobre el hecho de que “esa estructura es muy permeable hacia abajo y muy poco hacia arriba”. Es decir, que los procesos de precarización y empobrecimiento tiran hacia los estratos inferiores, en los que la disponibilidad de rentas es menor conforme se desciende.

3,8 de los 15,5 millones de hogares cuyos miembros acudieron en ese año a los servicios sanitarios tuvieron dificultades, mayores o menores, para pagar esa atención

Pagar la enseñanza y la sanidad

Este tipo de procesos precarizadores, agravados por factores de origen político como la reforma laboral y por la propia evolución del mercado de trabajo tras la crisis y su aprobación, se han manifestado en un desplome de las rentas que dificulta el acceso a algunos servicios, en cuya prestación, por otro lado, cada vez pone menos esmero la Administración. “Hay que reescribir el pacto social”, reclama Minguijón.

Los datos del INE revelan cómo 3,8 de los 15,5 millones de hogares cuyos miembros acudieron en ese año a los servicios sanitarios tuvieron dificultades, mayores o menores, para pagar esa atención. Solo en el 32% de los casos la atención fue totalmente gratuita, mientras los problemas alcanzaron al 32% de las familias monoparentales y al 24,6% de las mujeres mayores de 65 años pero solo al 15,9% de los hombres que han superado esa edad.

Ese indicador de la feminización de la pobreza, por otro lado, se repite en el acceso a la educación, en el que el 51,6% de familias monoparentales, en las que el adulto femenino es nueve veces más frecuente que el masculino, con dificultades para pagar los estudios a los hijos de tres a 25 años supera con creces el 39,8% de la media estatal.

La gratuidad total en este apartado, que afecta a casi la tercera parte de los hogares del país (5,8 millones), se queda en el 21,2%, una tasa similar a la que se da en los menores de esa edad pese a que las guarderías, privadas en unos casos y municipales en otros, están fuera de la escolarización obligatoria. El mayor porcentaje de enseñanza gratuita (57,8%) se da entre los tres y los quince años, en la etapa obligatoria, en la que casi una de cada seis familias (15,4%) opta por la privada y una de cada cuatro (20,7%) por la concertada, gratuita sobre el papel pero parcialmente de pago en la práctica.

Sube la factura de la enseñanza

El aumento del gasto de las familias en enseñanza es algo incuestionable en los últimos años, en los que la educación ha sido uno de los principales blancos de los tijeretazos de las políticas austericidas de los Gobiernos de Mariano Rajoy. Su exministro José Ignacio Wert admitió cómo a los tres años de mandato la cuantía media de las ayudas a los universitarios había bajado de 3.100 a 2.800 euros y el resto de las becas, de 1.300 a 1.400, mientras el número de perceptores se reducía en más de 18.000 solo en el primer ejercicio.

En ese escenario, y tras un ligero altibajo de 2006 a 2009, el gasto medio de los hogares en ese capítulo creció un 33% al pasar de 284 a 380 euros desde ese año hasta 2015, según revela la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Se trata de un aumento medio para los 18,4 millones de hogares del país, por lo que resulta superior si la cuantía total de la factura educativa que soportan las familias (6.986 millones de euros) se reparten entre los 5,8 millones de hogares en los que algún miembro de tres a 25 años cursa estudios, ya sean básicos, medios o superiores.

“El gasto de las familias en educación ha crecido, entre otros motivos, como consecuencia del recorte de algunas partidas públicas como las becas”, explica Pac, que también apunta a los procesos de segregación educativa, en los que la población autóctona opta por la enseñanza privada y la concertada en detrimento de la pública ante el deterioro de esta en determinados barrios multiculturales de las ciudades, como otro de los factores que encarecen esa factura.

Casi uno de cada seis hogares españoles (16,4%) vive al menos una persona dependiente. Un tercio de ellas (927.800, el 30,8%) no tienen cubierta su atención

El abandono de más de 600.000 dependientes

Con todo, las mayores dificultades para costear los servicios se dan en el apartado de la dependencia. En casi uno de cada seis hogares españoles (16,4%) vive al menos una persona dependiente, lo que supone 3.010.700 familias. Sin embargo, casi un tercio de ellas (927.800, el 30,8%) no tienen cubierta su atención. En la mayoría de los casos (642.965, el 69,3% de estos), por no permitírselo su situación económica. Los casos de rechazo del afectado (3,6%), calidad deficiente (1,3%) son escasos, aunque inferiores a los de no disponibilidad de esa atención (9,8%).

Una de cada siete familias (433.400, el 14,4%) sí recibe ayuda a domicilio, aunque con un coste difícilmente asumible para el 55,9% de ellas mientras apenas una de cada cuatro (21%,9%) cuenta con ese apoyo de manera gratuita.

Llama la atención el desdén del Gobierno hacia el sistema de dependencia, del que obtiene ingresos netos tras aportar menos de la mitad de lo previsto y cargar de esa manera su sostén sobre las comunidades autónomas (58%) y especialmente las familias (17%), cuando este ocupa a uno de cada nueve españoles mayores de 16 años: 4.410.700 personas cuidan a dependientes; obviamente gratis, por tratarse de parientes e, incluso, de vecinos en el mundo rural.

“Incluso los neoliberales se están dando cuenta de que esto no puede seguir así, están saltando las costuras del sistema por todos los lados”, anota Minguijón, partidario de intentar reorientar las tendencias precarizadoras y empobrecedoras que azotan al país, y a occidente en general, mediante un sistema redistributivo basado en una renta social financiada mediante impuestos al capital (“las clases medias se han empobrecido”, señala) que conviva con un Estado que mantenga, en la medida de lo posible, sus funciones redistributivas a través de los servicios en sí mismo, por una parte, y, por otro, de becas, subsidios y pensiones para garantizar el acceso a estos.

------------------

Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.