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El 29 de marzo de 2012, día de huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, el piquete de la Unión General de Trabajadores de Mercamadrid se congregaba en el recinto a primerísima hora para estar al quite de los camiones que llegasen con el reparto diario. Era un grupo nutrido de gentes de todas las edades, con el objetivo de frenar en lo posible la actividad comercial, casi inexistente aquel día. 

Todo transcurrió con normalidad, con un solo incidente reseñable, cuando algunos trabajadores arrojaron piedras desde el otro lado de una valla a los huelguistas. En cualquier caso, ahí estaba la policía en todo momento, con quienes el piquete había negociado sobre las condiciones de su actividad allí esa mañana. “La misma policía que nos detiene después”, relata Rubén Ranz, sentado ahora, más de cinco años después, en una cafetería de la plaza del Museo Reina Sofía, en Madrid. 

Ranz era uno de los responsables del piquete. Tenía entonces casi 37 años, y llevaba desde 2001 como encargado de UGT en negociaciones colectivas. Eran semanas convulsas, de decretos-leyes casi de continuo por parte del Gobierno, con las medidas derivadas de la crisis encrespando y deprimiendo por igual a gran parte de una población española que asistía estupefacta al derrumbe de todo un estado de cosas. “El comercio”, sostiene Ranz, “fue el primer campo de pruebas para la reforma laboral”, donde primero “se cargan la negociación colectiva, porque prioriza los convenios de empresa frente a los sectoriales”. “No había más que ERE y nos habían quitado la competencia de negociar, sólo se limitaban a informarte del despido. No tenían intención de llegar a ningún acuerdo. Sólo con hablar de pérdidas [financieras] te justificaban el expediente”. “Cada artículo de la reforma laboral se merecía una huelga”. 

Ranz era uno de los responsables del piquete. Tenía entonces casi 37 años

El piquete en el que participaba Rubén trataba no sólo de interrumpir la inercia comercial aquel día; también de “señalar a los culpables de la crisis”. Por eso, una vez dejaron Mercamadrid, bajaron por la Avenida de América hasta el Barrio de Salamanca –siempre seguidos de la policía–, para “hacer ruido” frente a los hoteles de lujo (suponiendo que los ‘culpables’ durmieran allí en ese momento). El problema empezó al llegar a la Plaza de la Lealtad, aledaña al Paseo del Prado, a la altura de Neptuno. Ante la acción del piquete (le gritó“¡Esquirol!”),un camarero se les encaró. “Yo estaba tranquilo”, dice Ranz, “porque no iba a pasar nada. Un bar no era ningún objetivo”, más a aquellas horas de la mañana (las 7). Incluso el dueño salió a tranquilizar al camarero. En ese momento, sin embargo, los antidisturbios que les habían seguido durante todo el recorrido salieron de la lechera y “cargaron a ciegas”, por detrás, contra los manifestantes. 

“Empiezan a cargar muy duro”. Algunos salen corriendo, otros se tiran al suelo para evitar los golpes, otros aguantan de pie. En un momento dado, “el jefe de la Unidad tropieza con [otro manifestante, José Manuel] Nogales. Y al levantarse dice, el jefe: ‘Éste, detenido’. Yo lo vi, y dije ‘Hombre, a él no que es mayor’. Al oír esto, otros que estaban dando [golpes] más allá vienen a pegarme a mí. Vinieron cinco de golpe. Yo no me tiré al suelo, aguanté de pie, y me dieron todavía más. En las rodillas, en las piernas... Un antidisturbios bajito le gritaba a un compañero nuestro, mucho más alto: ‘¡Venga, pégame, no tienes huevos!’. Yo me fui a ayudar a Nogales. Que si tú le ves, un señor mayor... ‘Cómo vais a detenerle’. Las detenciones fueron completamente aleatorias”. 

Eran todos trabajadores “del comercio y la hostelería”.  También estaba su mujer. “Había gente jovencilla, pero también muy mayor. Como el 40% del piquete sería mayor de 45, 50, 55... Era muy diverso y sobre todo muy pacífico. Y con la policía detrás todo el tiempo tampoco se te ocurre hacer una barbaridad. Un bar no es ni para perder el tiempo como lo perdimos”. Iban camino de Sol, para encontrarse allí con el resto de manifestantes y continuar por las calles comerciales del centro de Madrid.  

Un antidisturbios bajito le gritaba a un compañero nuestro, mucho más alto: ‘¡Venga, pégame, no tienes huevos!’

Les retuvieron, les tomaron nota, a Nogales y a él. (Mientras, “el jefe de la unidad se movía todo el rato, se metía en el bar y metía banderas, pasquines... Nosotros nunca llegamos a entrar en él”, asegura). Llamaron al Samur, para que atendiera a los heridos –ninguno de gravedad mayor, más allá de los golpes repetidos de las porras contra espaldas y extremidades–. Ranz y Nogales fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz, donde les atendió “un comisario muy amable. Al rellenar la ficha nos dijo: ‘Vosotros tranquilos, que después de comer os iréis’... Lo normal en esos casos”.

Todo eso había ocurrido entre las 7 y las 8 de la mañana. Pero a las 11 les volvieron a llamar. A esas alturas aún no sabían los delitos que se les imputaban –sostenidos sólo por el atestado policial–, se enteraron allí: lesiones, agresiones a la autoridad, y el artículo 315.3 del Código Penal (“...[de seis meses a tres años de cárcel y multa de seis a doce meses] se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”). El comisario, entonces, “ya no era tan amable. Estaba mucho más serio”. Tuvieron que rellenar otra vez la misma ficha, volvieron al calabozo, y empezó a llegar gente (más huelguistas), siempre de dos en dos. “Todos los que pedimos parte de lesiones dormimos en el calabozo aquel día; eso es algo que no se me olvidará”.

El ‘pasaje del terror’ de Plaza de Castilla  

Tampoco se le olvidan a Ranz muchos otros detalles de aquella jornada, larguísima, del 29 de marzo de 2012. La tensión para ellos iba in crescendo porque “no sabíamos lo que pasaba”. Horas después pidió de nuevo la atención del Samur, “porque tenía un siete en la espalda, para que me hicieran otro parte”. El enfermero también tuvo “problemas” con uno de los policías: preguntaba a Ranz, mientras era atendido, “¿Pero esto dónde te lo has hecho?”, y el enfermero le decía “que no tenía por qué estar allí, que se abstuviera de preguntar”. Al terminar, el mismo enfermo dijo a Ranz: “No se te ocurra darle el parte a los policías”. Eso, dice ahora, “no se me olvida tampoco”. 

A las 5 de la tarde les bajaron para hacerles la ficha policial: “De forma militar. Nos bajan a un sitio para hacernos las fotos, como en las películas

A las 5 de la tarde les bajaron para hacerles la ficha policial: “De forma militar. Nos bajan a un sitio para hacernos las fotos, como en las películas. Mientras, se oía a un policía gritar: ‘¡Viva Blas Piñar! ¡Viva Franco! ¡Arriba España!”. También les hicieron subir y bajar al trote unas escaleras “de manera absurda”, porque los calabozos estaban “a dos metros del despacho de los abogados”, “no sé si por una especie de guerra psicológica”. Los abogados les atendieron a las 8 de la tarde: doce horas después de haber ingresado allí. 

Pasaron la noche en la celda. “Hay otra sensación que tengo: todos los que pasamos la noche allí pedimos el Samur”. Otros que no lo pidieron quedaron libres, dice, sin necesidad de testificar ante el juez. Su teoría es que al día siguiente los hematomas producidos por las lesiones serían menores en caso de ser vistos por el forense. De cualquier manera sus abogados les recomendaron no declarar en la comisaría sino al día siguiente, en el juzgado. Aquello, dice ahora Rubén, fue a la postre “peor”; quizá les hubiera convenido hacer lo mismo. Ranz consiguió dormir algo; Nogales no. Al día siguiente les trasladaron a los juzgados de Plaza de Castilla, donde “sí que se me cae el mito del Estado de Derecho. Era, yo qué sé, cómo el pasaje del terror”.  

“Nos metieron en una sala, hacinados, más de 50 personas. Sólo con un poyete para sentarse, y como te levantes pierdes el sitio”. Allí estaban algunos de los huelguistas, y también delincuentes comunes, detenidos por narcotráfico o por robo... Alguno tenía que pasar una rueda de reconocimiento y le habían encargado que “se buscara a cuatro como él” para pasarla, de entre la gente allí recluida. “Era...”

“Nogales tenía que estar en mi celda pero estaba en otra”. El ánimo “por los suelos”, igual que la mayoría allí hacinada. “Lo bueno fue que tuvimos a los abogados cerca desde el principio. Nos atendieron varias veces”. También estaba allí el actor Guillermo (Willy) Toledo, cuyo comportamiento califica Ranz de “ejemplar”: “El único que nos mantenía con ánimo. A él habían ido a buscarlo a su casa. Fue el único que se preocupó por todos, iba hablando con cada uno, con ánimo de escuchar y con una humanidad que... Porque yo pasé miedo. Estaba completamente perdido... Entraba una señora y decía: ‘Fulanito, ¿tomas droga, necesitas algo?’ [para el síndrome de abstinencia]. Toledo le dijo: ‘Oiga, no cree que debería hacer estas cosas en privado’...”.

“Pero lo peor fue la declaración ante el juez. Ni  los abogados sabían lo que nos iban a decir. Declaramos, salió el fiscal, y dijo que el comportamiento fue violento y que el castigo tenía que ser ‘ejemplarizante’. Todo basado en el atestado de la policía. Pidió prisión preventiva porque ‘la organización nos iba a ayudar a fugarnos’. Yo me quedé alucinado. Lo miraba pero él no me miraba a los ojos. 

Lo peor fue la declaración ante el juez. Ni los abogados sabían lo que nos iban a decir. Declaramos, salió el fiscal, y dijo que el comportamiento fue violento y que el castigo tenía que ser ‘ejemplarizante'

Pero el juez no dio la razón al fiscal a la hora de dictar prisión preventiva. En el auto estableció: “...no procede la misma dado que en la situación actual de la instrucción no se permite deducir en modo alguno que existan indicios suficientes de la comisión de un delito contra los trabajadores, ya que ni la propia policía ha reseñado en el atestado los trabajadores coaccionados salvo a uno de los empleados del bar, al que no ha tomado declaración, como tampoco al propietario del local. Por otro lado, la petición de prisión provisional resulta desproporcionada e inadecuada a los hechos concurrentes, dado que los imputados detenidos carecen de antecedentes penales y han negado haber participado en los hechos denunciados, cuya realidad no está aún acreditada...”. 

Salieron de allí, finalmente, pero los abogados no eran nada optimistas: “Nunca habían visto un fiscal así”. Y a partir de ahí “empieza la pesadilla: qué va a ser de nosotros”. Pero durante dos años no sucedió nada. En ese tramo, hubo una denuncia del sindicato contra la actuación de los antidisturbios aquella mañana de la huelga, un juicio penal por agresiones. El juez dictaminó que la carga fue “proporcional”. 

En 2014, casi dos años exactos después de aquel día, llegó el escrito de acusación a los domicilios de Ranz y Nogales. En él, el fiscal les acusa (además de actuar “amparados en la fuerza del grupo”, tratando de intimidar a los trabajadores del bar gritándoles, golpeando los cristales y arrojando “multitud de publicidad sindicalista” en su interior) de “golpear en diversas partes del cuerpo” al responsable del local y al camarero. También, después de esto, José Manuel Nogales habría “aprovechado el tumulto” para “golpear en la cara con el palo de una bandera” a un agente de policía, y Rubén Ranz, también “aprovechando la confusión reinante”, habría hecho lo mismo; también “con un palo de bandera”. El fiscal pide por todo ello (un delito contra los derechos de los trabajadores –art. 315.3–; dos delitos de atentado; cuatro faltas de lesiones) penas para ambos que ascienden a tres años y nueve meses de prisión y quince meses de multa con una cuota diaria de 15 euros –por el primer delito–, tres años y tres meses de prisión –por los dos segundos– y cincuenta días de multa con una cuota diaria de 15 euros –por las faltas–. Siete años de cárcel en total para cada uno, multas aparte.

Ranz reconoce que se gritó, que se repartirían panfletos (nunca dentro, según su versión: él sí recuerda al jefe de la unidad “metiendo banderas y pasquines” dentro del bar una vez hecha la carga). Pero tanto él como Nogales niegan todo lo demás. Contarán su versión de los hechos ante el juez el 21 de junio: lo que ellos vieron, lo que hicieron, quién blandió palos de bandera (de plástico), etcétera. Sólo añade aquí que, después de haber portado “cuatro horas” una de esas banderas, estaba ya “hasta las narices de ella” en aquel momento.      

“No voy a asumir lo que no he hecho”

Ranz cree que la carga policial se debió a cierta consigna por parte de Interior. “La ley mordaza [la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana]”, dice, “es consecuencia del 315.3”, un artículo “ahora olvidado pero entonces presente en todos los atestados policiales. Y la policía evidentemente no se pone de acuerdo si alguien no le da una orden”. Para Ranz “hubo una orden clara y concreta” que procedería directamente de la Delegación del Gobierno en Madrid –cuya responsable era por entonces la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes–. “Lo normal que hace la policía en estos casos es intervenir [si hay violencia], intentar controlarlo y dispersar, no cargar a las espaldas directamente, y de forma tan dura”. Por otra parte, aquel día “sólo en la ciudad de Madrid detuvieron 35 piquetes; 45 en toda la Comunidad” –el récord de todo el país–. Según su experiencia, nunca antes se había pedido prisión provisional en este tipo de casos. 

“Quieren hacer entender que el piquete es algo violento, cuando es un derecho. Uno que no está desarrollado en ninguna norma porque nadie quiere desarrollar aquí el derecho de huelga. Sólo hay jurisprudencia”. (En el mismo artículo 315 del Código Penal se señala, sin embargo: “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga” (...) “si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado”.) “Quieren denigrar a los sindicatos”, asegura, como parte de una estrategia “para individualizar las relaciones laborales, para que no existan los convenios como tal”. Por otra parte, el sindicalista tampoco cree que fuera una coincidencia esta supuesta ofensiva contra los manifestantes con la proliferación de casos de corrupción, ya desde aquellos años (Rato, Urdangarín...): “A todos les pedían menos cárcel que a nosotros. Creo que lo utilizan políticamente para ponernos al nivel de los corruptos” –una especie de contrapartida ideológica cara a la opinión pública según la cual unos roban, sí, pero otros son también delincuentes de otra estirpe. 

Hay testigos que van a declarar y que lo vieron todo, porque también sufrieron la carga policial

Ranz y Nogales prefirieron a los abogados de UGT “porque esto es un tema sindical”. Buenos abogados, dicen. Aunque “la esperanza” ahora es encontrarse con un juez “que vea que esto es completamente exagerado”, igual que “otros casos similares” que se han dado en todo el país por la misma vía y razones. “Yo soy moderadamente optimista porque al final la palabra del policía no vale más que la mía en lo penal. Pero son 14 policías, y el camarero y el dueño del bar... Hay testigos que van a declarar y que lo vieron todo, porque también sufrieron la carga policial... Yo ahí tengo que decir que toda la gente del piquete se ha portado muy bien; nos ayuda porque íbamos con ellos, y en ese aspecto estamos tranquilos. Pero también está el miedo a que salga mal”.

“Para Nogales”, de 65 años [que prefirió no acudir finalmente a esta entrevista], ha sido muy duro”. Para Ranz tampoco ha sido fácil: “Me he refugiado en el trabajo, pensando que esto se puede cambiar. Mientras intentaba modificar la reforma laboral desde el sindicato no lo he pensado. Pero las noches son las noches. Tu familia también lo sufre. Teníamos un niño de tres años entonces, ahora 8. Y es muy difícil explicarle que me piden siete años de cárcel. No sé cómo decírselo. Él sabe algo. Tiene pesadillas por la noche”. Y su madre: “Tiene 82 años. Yo se lo oculté pero se enteraron por una entrevista en Al rojo vivo. Estaba comiendo en ese momento. Me vio ahí, que me pedían 7 años de cárcel”.

Rubén es alto, moreno, grande; gasta barba abundante y gesticula mucho con las manos al hablar (la voz igual de calmada tanto al principio como al final del relato); no ha perdido el brillo juvenil de los ojos, que miran todo el tiempo de frente. También cuando concluye:  

“Yo sé que esto no se puede compensar, ni con dinero. Y tengo claro que si el fiscal quiere llegar a un acuerdo le voy a decir que no. Porque en todos los casos el fiscal ha intentado negociar, para que uno asuma el delito a cambio de que caigan menos de dos años de cárcel [y no ingresar en ella, por tanto]. Pero no, porque yo no hice nada. Tengo muy claro que soy inocente y no voy a caer en el chantaje. Lo piensas, y las noches en vela... Pero tengo claro que no, que no lo voy a hacer. Cuando mi hijo sea mayor se lo explicaré, pero no voy a asumir algo que no he hecho y que fue en contra de todos. Sería reconocer que fui violento, y que encima me han perdonado. No quiero ese tipo de caridad”. 

También añadió días más tarde, por e-mail (“si lo ves conveniente, cítalo”): “Tengo claro que si hay otra huelga general yo volvería ser piquete, no me arrepiento de ello. Porque la estrategia del poder es que tengamos miedo. Por eso lo quiero decir bien alto. Volvería a ser piquete”.