Ni es rentable, ni es disuasoria, ni responde en el fondo a la benéfica intención de seguridad que continuamente se esgrime para justificarla. Esto es lo que defienden sobre la deportación de sin papeles las investigadoras Blanca Garcés y Neus Arnal, en un artículo hecho público recientemente por el CIDOB, titulado El mito del retorno. El mercado de lo simbólico, y cuyo contenido bien merece ser tenido en cuenta por lo que tiene de clarificación respecto a ciertos equívocos sobre el fenómeno.

Las autoras aplican aquí el término política simbólica (según la cual “aquello que se dice perseguir no necesariamente coincide con aquello que se persigue”) para ilustrar lo que sucede con las deportaciones de personas que llegan a otros países en situación irregular. Empezando por un dato que podríamos atribuir también, sino a la política simbólica, sí a cómo funciona (engaña) la simbología en política: el presidente Barack Obama (“conocido por su discurso humanitario hacia los sin papeles”) expulsó a cerca de 3 millones de personas en sus ocho años de mandato, lo que “representa un incremento del 38% respecto a la presidencia de George W. Bush, y del 73% respecto a la de Bill Clinton”.

La segunda sorpresa radicaría en que “el número de expulsiones es mucho más alto en Europa. Sólo entre 2011 y 2015, los Estados miembros de la Unión Europea expulsaron a 1,9 millones de personas”. Y sin embargo “una cosa son las órdenes de expulsión y otra las expulsiones realmente ejecutadas. En Estados Unidos, el 56% de las órdenes de expulsión no llega a ejecutarse. En la Unión Europea, esta cifra supera el 60%”.

En Estados Unidos, el 56% de las órdenes de expulsión no llega a ejecutarse. En la Unión Europea, esta cifra supera el 60%

“¿Por qué tanto énfasis en las expulsiones, llamadas eufemísticamente retorno, si los datos muestran que es una política de difícil aplicación?”, se preguntan las autoras. “La experiencia”, dicen,  “demuestra que detener y deportar resulta extremadamente caro”; también que “el miedo a ser deportados no tiene necesariamente un efecto disuasorio sobre los que están por venir o los que, habiendo sido deportados, esperan poder volver a entrar”. [El número estimado de inmigrantes sin papeles no varió mucho a lo largo del mandato de Obama, a pesar de las expulsiones: alrededor de 11,3 millones.]

“La política de expulsiones sí sirve, en cambio, para restablecer la figura del Estado como guardián de las fronteras externas y garante del orden interno. Alimenta, además, una creciente industria en torno a las expulsiones, desde el mantenimiento de los centros de detención hasta los vuelos de retorno”. Por otra parte, para llevar a cabo las deportaciones es necesaria la connivencia oficial del país al que se expulsa, y ésta, por varias cuestiones, brilla por su ausencia entre la UE y terceros países como Marruecos, Argelia, Túnez y Jordania.

La cuestión esencial de Arnal y Garcés apunta a la nula rentabilidad para los Estados de esta política; concretamente para el español, que desembolsó 348 millones de euros en el periodo 2007-2014, según datos de Migrant Files. Es decir, “nueve veces más de lo que el Ministerio del Interior gastó en asilo” durante ese mismo periodo. Y en 2015, España “dedicó casi la mitad de los fondos europeos de asilo, migración e integración (FAMI) a las políticas de expulsión”. Esto “se justificó con el mismo argumento de siempre: ‘hay que llevar a término expulsiones para salvaguardar la integridad de la política de inmigración y asilo de la Unión’”.

Sea lo que fuere la integridad de la política de inmigración y asilo de la Unión, lo que parece evidente es que muchos están haciendo negocio con la expulsión de sin papeles: “Están las empresas de servicios que mantienen los centros de detención. Según el periodista Toni Martínez, que ha escrito un libro sobre los CIE, resulta difícil en España conocer las empresas contratadas para estos fines. Asegura, sin embargo, que entre ellas está Clece, una empresa cuyo máximo accionista es el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez”. Sin salir de España, “ganan también las compañías aéreas que organizan los vuelos de retorno. Aquí el Gobierno español sí publica la información: desde 2013, Air Europa y Swift Air reciben alrededor de 12 millones de euros anuales para vuelos tanto nacionales (muchos con destino a Ceuta y Melilla) como con destino a países como Marruecos, Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador. Para destinos como Pakistán, Georgia, Macedonia o Albania, el Gobierno español participa en vuelos conjuntos organizados por Frontex”. 

el mito del retorno alimenta una industria en expansión que, a su vez, por sus propios intereses de mercado, fomenta más necesidad de control

“En un contexto de creciente privatización de los servicios públicos”, concluyen, “el mito del retorno alimenta una industria en expansión que, a su vez, por sus propios intereses de mercado, fomenta más necesidad de control”. ¿Por qué lo llaman mito las autoras? Porque las políticas de deportación servirían “sobre todo para convencer a la ciudadanía de que todo está bajo control, que aquellos que no queremos recibir se van a tener que ir lo quieran o no”.

La cuestión es que para poder echarles (y hacer negocio, simbólico o no, con ello) primero hay que dejarles entrar.

Como ya advertía en este artículo publicado en CTXT Hein de Haas, “el relato sobre la inmigración, tanto de la izquierda como de la derecha, está anclado en una serie de mitos que revelan una sorprendente falta de conocimiento acerca de la naturaleza, las causas y las consecuencias del proceso migratorio”. Entre ellos, que las fronteras cerradas impliquen menos inmigración, que o que ésta tenga que ver con la mejora de la economía de del país de destino.  

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.