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Por fin la crisis ha terminado, dicen algunos. ¿Hemos regresado al escenario de hace una década? El huracán ha dejado un panorama desolador de desempleo, inseguridad laboral y hundimiento de salarios. Estos no son los únicos factores que han provocado que la profesión periodística se tambalee. Otro es el cambio en los estilos de vida, de trabajo y de negocio que afecta a todos los ámbitos y lugares, y trueca, para bien y para mal, la forma en que la ciudadanía se relaciona con la información, suscitando nuevas posibilidades y también problemas para el ejercicio de la democracia. Estas condiciones adquieren un tenor particular en España, donde están seriamente en cuestión la independencia tanto de los periodistas como de los propios medios, la pluralidad de la oferta informativa o la protección de la libertad de expresión y de prensa.

El mercado informativo está cambiando a pasos agigantados; a la dispersión del poder de la televisión se suma la creciente audiencia de los medios nativos digitales, que cada vez captan más público general o mainstream en España, como evidencia Reuters en su Digital News Report de 2017. Una de las características principales del nuevo paradigma es el crecimiento de las plataformas online, donde se puede recibir información de manera gratuita –un asunto sobre el que se discute hoy en todos los campos, legal, comercial o de responsabilidad con la veracidad--. La nueva lógica informativa pone de manifiesto el rompecabezas de la financiación y exige a los medios buscar nuevas formas de sustento económico, en un marco donde la mayoría de los medios online dependen en gran medida de la publicidad. Esto se debe a que el número de personas dispuestas a pagar por información online es todavía muy pequeño, 9%, según Reuters, y aún más escaso el número de suscriptores, el 4%.

Democracia de audiencias (falseadas)

A pesar de que la televisión sigue siendo el primer medio elegido por los que buscan informarse, estamos dentro de una nueva lógica mediática, con internet ganando terreno y dividiendo la atención de los anunciantes y de los consumidores de noticias y opinión. Parece claro que la manera de adquirir, intercambiar y difundir información ha cambiado. No obstante, el informe anual Bot Traffic Report 2016 de Imperva Incapsula revela que el 51,8% del tráfico mundial de internet es generado por bots. A menudo estos robots son utilizados para generar tráfico adicional en las páginas e “inflar” los datos de audiencia.

A pesar de todo, es evidente que los digitales están ganando cada día más terreno. Su creciente influencia se manifiesta en su capacidad para cambiar el foco informativo y reescribir la agenda. Algunos periódicos online se presentan como una alternativa de calidad, veracidad y pluralidad, y recuperan el espíritu del viejo buen periodismo de servicio público. Un ejemplo reciente son las publicaciones de Infolibre, que en mayo de 2017 desveló que el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, tenía en España una propiedad encubierta bajo una empresa familiar radicada en Panamá, y que forzaron su dimisión. Indagaciones y revelaciones de este tipo, que se han hecho relativamente frecuentes en los digitales, contribuyen a minar la credibilidad de los medios mainstream.

El número de personas dispuestas a pagar por información online es todavía muy pequeño, 9%, según Reuters, y aún más escaso el número de suscriptores, el 4%

Pero ¿han mejorado las condiciones de trabajo de los periodistas? La “devaluación de la profesión”, que según el Informe de la Profesión Periodística de 2016, de la APM, perciben el 40,9% de los profesionales, ligada a la precariedad laboral, ha pervertido el ejercicio de la profesión al punto que el periodista se convierte en un “mero recopilador de informaciones”. Además, “el miedo a la pérdida del trabajo se traduce en una práctica menos libre e independiente”, opina el 35,7%. El paro de larga duración crece dramáticamente: entre 2015 y 2016 el número de profesionales que llevan más de tres años desempleados ha pasado del 27,9% al 42,5%. Con ello, las expectativas laborales de los periodistas y de los que pretenden dedicarse a ello se desploman. Si están claros los efectos de esta degradación de las condiciones de trabajo sobre un quehacer profesional que requiere iniciativa, libertad y capacidad de cuestionar el statu quo, hay que señalar también las consecuencias de los dos nuevos modelos de trabajadores que emergen tras la crisis, los becarios y los autónomos, que se presentan como una alternativa más barata y flexible para las empresas.

‘Becarización’, los emprendedores forzosos y los falsos autónomos

Pese a que la figura del becario es muy necesaria en los primeros pasos de la profesión periodística, a menudo ha degenerado en una herramienta para sustituir el trabajo de profesionales a bajo coste o, incluso, de forma gratuita. Según el Informe de la Profesión, el 48,1% de los becarios encuestados declararon que no recibieron remuneración. Además, al 40,7% no se les asignó un tutor durante su beca. Un dato “menor”, pero indicativo de  la extensión y naturalización de la irregularidad, con la que el objetivo educativo del becario pasa a un último plano, sin que las asociaciones de la prensa hayan sido capaces de poner freno a estos abusos.

“Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa”. Esta frase del filósofo Byung-ChulHan refleja el paradigma de la actual situación laboral. Cada vez son más los llamados “emprendedores” y los que trabajan de forma autónoma. Sin embargo, esta nueva situación no es considerada ideal entre los profesionales. El 75,1% de los autónomos admite que ha adoptado este régimen laboral forzado por las circunstancias. Este porcentaje ha aumentado en casi tres puntos respecto al año 2014. Se multiplican los casos de los llamados “falsos autónomos”, que incluso cuentan con un lugar fijo en la redacción, y más de la mitad de las mujeres periodistas y casi la mitad de los hombres trabajan en modo freelance, vendiendo sus servicios a varias empresas. Nuevos estilos de precarización y nuevas formas de inseguridad que a menudo lastran o impiden el ejercicio libre y ‘autónomo’ de la profesión.

Diversidad y libertad de la información

La crisis, o la pujanza de ciertos modelos económicos y empresariales, también ha afectado a la diversidad mediática. La Comisión Europea encarga estudios anuales al Media Pluralism Monitor (MPM) sobre el riesgo para el pluralismo informativo en los países de la Unión Europea. Los resultados del último informe de 2016, junto a los anteriores, confirman el alto riesgo para la pluralidad que supone la propiedad cruzada. Las leyes españolas carecen de reglas que se encarguen de limitar la concentración de propiedad de los medios de manera concreta (aunque se contemple de manera general en la Ley de Medios de Comunicación y en la Ley de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia). No hay ningún impedimento legal para la fusión de medios, aunque para los observadores esto afecta de manera negativa al pluralismo mediático del país. La ley ni siquiera contempla la llamada propiedad crossmedia, es decir, una misma empresa podrá seguir adquiriendo medios de distinto tipo, lo que deja al ciudadano sin alternativas reales de información de calidad con las que poder contrastar noticias. Este alto riesgo también se presenta en otros países europeos como Rumanía, Bulgaria, Luxemburgo o Finlandia; mientras que Reino Unido, Francia o Portugal mantienen un riesgo bajo.

Este problema de falta de independencia mediática persiste en nuestro país y ha aumentado desde 2012. Los periodistas se suman a esta denuncia alertando del incremento de presiones recibidas en el Informe de la Profesión. Con frecuencia este asedio a los profesionales lo realizan personas vinculadas con la propiedad o la gestión de los medios (un 37,2%) y, por lo general, el periodista cede a ellas (en un 74,8% de los casos) por miedo a represalias (un 52,9% de las veces). En caso de que el periodista se niegue a ceder a dicha coacción, en más del 48% de los casos, será relegado en la asignación de trabajos. Todos temen lo peor: el paro, los contratos precarios y la frágil condición de autónomo a la que muchos periodistas se ven sometidos. Siempre se puede recurrir a la bolsa de trabajo para encontrar periodistas dispuestos a comulgar con los poderes económicos y políticos.

Si bien la inmensa mayoría de las veces la presión se dirige a los periodistas de base, que se pueden jugar el puesto, también afecta a los altos cargos de las empresas informativas. En 2015 el New York Times recordaba que entre finales de 2014 y 2015 dimitieron tres directores de tres de los periódicos más importantes de España: El País, El Mundo y La Vanguardia. Vinculaba además las renuncias a “intereses políticos y económicos”. Los entes reguladores también se han deteriorado. Como recuerda el MPM, a pesar de estar bajo control parlamentario, ocho de cada diez miembros del Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia (el ente regulador) han sido nombrados por el Partido Popular, por lo que “no reflejan el pluralismo de los grupos parlamentarios”. Las oscuras relaciones entre los medios convencionales y los poderes fácticos se han agravado en los últimos tiempos, creando una seria alarma sobre la fiabilidad e independencia de la información, pilar básico de la democracia.

El paro de larga duración crece dramáticamente: entre 2015 y 2016 el número de profesionales que llevan más de tres años desempleados ha pasado del 27,9% al 42,5%

El Consejo de Informativos de RTVE ha denunciado de forma reiterada las malas prácticas de los medios estatales. En su último informe, señala 60 casos de estas malas prácticas entre enero y marzo de este año y alerta del aumento de la censura cuando las noticias perjudican al Partido Popular. Entre otros múltiples ejemplos, en este medio público se minimizaron los datos sobre el último informe de Intermón-Oxfam, ya que perjudicaban “la imagen de España”; y el Canal 24h, también público, no emitió la rueda de prensa de los familiares de las víctimas del Yak-42. Durante el gobierno del Partido Popular, Televisión Española ha perdido espectadores y prestigio. La audiencia de la cadena ha bajado en diez años del 19% al 10,4%. Un dato similar al registrado en Cataluña con TV3: del 26,3% de cuota de pantalla en 2000 al 11,4% en 2016. Por su parte, los españoles que confiaban en la televisión pública para recibir información política y electoral han pasado de un 39,4% en 2011 a un 19,2% en 2016,  como indican los resultados del CIS postelectoral. No debemos olvidar la reforma acordada en el Parlamento en junio de 2017 --aunque pospuesta hasta el último trimestre del año--  de la norma que rige el proceso de elección de los miembros del Consejo de Administración y el presidente de RTVE. Podría ser este el camino hacia una televisión y radio públicas más plurales, independientes y transparentes. Está por ver si en la práctica servirá en este caso para reducir el clamoroso control del gobierno sobre los medios de titularidad pública, ya criticado por el MPM de 2016, entre otras instituciones.

La Mordaza

Como muchos otros medios, asociaciones e instituciones nacionales e internacionales, el  MPM alerta asimismo de que la reforma del Código Penal en 2015 y la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana --ampliamente conocida como Ley Mordaza-- ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. Conocemos algunos efectos de esta ley en los ciudadanos por el caso Cassandra o el de César Strawberry, entre otros. La comunicación en internet se ha visto de repente coartada por un endurecimiento de las penas por enaltecimiento al terrorismo o por ofensa a las creencias que ha llegado hasta el humor. Resulta contradictorio que, mientras condenamos los ataques a Charlie Hebdo, un concejal de A Coruña haya sido imputado por un cartel de carnaval en el que aparecía la ilustración de un Papa borracho. Este paquete de leyes no solo afecta a la libertad de expresión de los ciudadanos, también alcanza a los profesionales de la comunicación; por ejemplo,  la Ley Orgánica 4/2015 establece como delito grave el uso no autorizado de imágenes de las Fuerzas de Seguridad. Los periodistas y medios se ven, de esta forma, amordazados a la hora de informar sobre protestas o manifestaciones y de criticar las acciones de las instituciones estatales.

Una posible conclusión es que la llegada de las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación ha contribuido a descolocar al periodismo tradicional, ya de por sí débil por los motivos mencionados, que han deteriorado su calidad. Es necesario cuestionar a los poderes y a los medios, como siempre ha ocurrido, con la importante diferencia de que ahora hay un altavoz. La nueva sociedad digital abre posibilidades para la democratización de la información, si bien se enfrenta a nuevos retos que pueden poner en riesgo la pluralidad, la libertad y la fiabilidad de la información que necesitamos.