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Las contradicciones, cuando son profundas, se presentan como preámbulos de una situación trágica: lo necesario es imposible. El PSOE, y el PSC con él, está precisamente en una grave contradicción, pues reconoce que la seria crisis del Estado reclama el diálogo como vía de solución, pero a la vez está suscribiendo, tal como ocurren las cosas de hecho, el clásico dicho “fiat iustitia et pereat mundus”: hágase justicia y que el mundo perezca. No hace falta decir que es lema justiciero que supone una tal idea de justicia que es impracticable en política. Es la mentalidad justiciera que remite a aquella violencia divina de la que hablaba Walter Benjamin, recordando al iracundo Dios capaz de castigar a los humanos con toda la fuerza de su omnipotencia. No necesitamos los criterios de tan inhumana justicia, sino los de una justicia, quizá menos perfecta, pero capaz de acompasarse con el diálogo que permita acordar vías para superar lo injusto. Esto es, vías para evitar la tragedia y transitar hacia un buen desenlace de lo que verdaderamente es un drama.  

No hay manera, al parecer, de reconducir las secreciones de los respectivos patriotismos, exponentes de una visceralidad en la que las emociones desplazan a las razones

Ocurre, sin embargo, que el drama que se vive en Cataluña, y en el que todos estamos involucrados desde el resto de España, es tan malo que no da para tragedia. Y eso que, tomando como referencia el 1 de octubre próximo, fecha de lo que se anunció como pretendido referéndum, apunta a un final desastroso. El guión, aparte de no presentar ingredientes para función catártica alguna, no responde a la visión de un destino ineluctable, sino, por el contrario, a lo que ha podido ser vislumbrado desde mucho tiempo atrás como chapuza previsible. Lo confirman los dos coros enfrentados que no dejan de vociferar, elevando cada uno el tono de las acusaciones que dirige al otro, con palabras gruesas que no hacen sino calentar el ambiente para que el público, abocado a dividirse en dos bandos enfrentados, haga inmersión en el espectáculo que a todos arrastra: “sedición”, “golpe de estado”, gritan quienes se autoubican al lado de la Constitución; “represión”, “liquidación de la democracia”, claman los que se presentan como adalides del referéndum proindependentista. No hay manera, al parecer, de reconducir las secreciones de los respectivos patriotismos, exponentes de una visceralidad en la que las emociones desplazan a las razones.

El coro independentista, lanzado a tumba abierta hacia un referéndum que, como tal, es imposible, se halla metido en una vorágine autopropulsada que, desde la barrida de la decencia democrática en el Parlamento catalán, le lleva a no poder detenerse, por más que la racionalidad política lo aconseje, máxime si los enfervorizados apoyos que el Govern de la Generalitat ha concitado empujan irremisiblemente hacia adelante mientras no encuentren un buen motivo para frenar. Porque las medidas punitivas desde el sistema judicial y el mismo Tribunal Constitucional, o las decisiones fiscalizadoras y obstruccionistas del gobierno del Estado, pueden impedir el referéndum, pero no pueden detener el “procés”. Es más, lo incentivan por cuanto activan los resortes de un sentir colectivo de humillación que a las pasadas causas de agravio añade las expresiones de desprecio que desde las instituciones del Estado llegan a la ciudadanía catalana, que así se siente maltratada.

El coro que a sí mismo se considera constitucionalista, ignorando elementales nociones de psicología social y sin idea, al parecer, de lo que el filósofo alemán Alex Honneth llama la “gramática moral” con la que se escriben y leen los conflictos sociales, no deja entre sus voces ningún hueco para oír los mensajes que llegan desde Cataluña. Bien es cierto que es correcto hacerse cargo de la difícil situación de quienes en el seno de la realidad sociopolítica catalana mantienen –muchos alcaldes y alcaldesas de modo especial-- su lealtad a la Constitución y, con ella, a las instituciones del Estado, sustrayéndose a la presión del independentismo, no fácil de soportar en muchos contextos. Pero, dicho eso, obligado es reconocer que de forma un tanto ingenua, cuando no frívola, se despachan manifestaciones de cientos de miles de ciudadanos a las que no se pasa de considerar expresiones de algarabía callejera –algo que frecuentemente ocurre en regímenes autoritarios, cuando no en sistemas dictatoriales--. Una escasa sensibilidad democrática, que no tiene por qué ir aparejada a la defensa del principio de legalidad, no considera en absoluto relevante lo que supone para una comunidad política o, al menos para un importante sector de la misma, ver a cargos públicos detenidos o a sus propias instituciones avasalladas. Es por tal desprecio por lo que se redunda en tener perdida la batalla mediática, trascendiendo al ámbito internacional una construcción del relato acerca de los hechos en la que gana terreno la versión del independentismo en torno al referéndum impedido y al ejercicio del voto cercenado.

Puigdemont, desde la presidencia de la Generalitat, y Junqueras con ERC en la dirección de orquesta, secundados por un PDeCat venido a menos y azuzados por una CUP subida a más, no están dispuestos a prescindir de las máscaras de su papel. El PP desde el gobierno del Estado, apoyado por el PSOE y con el enardecido discurso de sus subalternos de Ciudadanos, nada quiere saber de ceder ni un milímetro en la estrategia de aplicar la ley hasta dónde ésta permita hacerlo. De suyo, no importa dar rodeos incluso para sortear la ley y llegar hasta donde ésta puede apuntar, pero sin pasar por los trámites parlamentarios establecidos, como es el caso al pretender conseguir de tal guisa el objetivo que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir o suspender las instituciones de la comunidad autónoma en su normal funcionamiento. El papel de duros, encarnando una posición fundamentalista de “la ley por la ley”, que es la que hace que lo que habría de ser tarea política insoslayable de búsqueda de soluciones se vea suplantada por “externalización” de servicios a cargo de los jueces –así reconocido por el primer secretario del PSC--, resulta de tal modo asumido que en la representación del mismo nadie quiere quedarse atrás para no verse acusado desde el lado españolista de una tibieza que, supuestamente, se pagaría cara ante el electorado.

¿Mediación del PSOE?

Parece que es muy compartida la consideración de que el PSOE, si no se pegara tanto a la rueda de Rajoy por mor de la defensa del orden constitucional, podría jugar un papel de mediación en el enconado conflicto en que estamos metidos. Eso quiere decir que se toma en serio la invitación socialista al diálogo de las partes, de la misma manera que se aprecia positivamente la propuesta ampliamente suscrita en el Congreso acerca de la comisión de estudio para la evaluación y modernización del Estado de las autonomías –ronda la pregunta de si será o no trampolín adecuado para la reforma federal del Estado autonómico-. No obstante, es más que llamativa la abierta coincidencia de los partidos del ideológicamente –es decir, interesada y espuriamente-- denominado “bloque constitucionalista” al solaparse literalmente sus discursos diciendo de cara al independentismo catalán que habrá diálogo cuando desde el gobierno y el parlamento de Cataluña se vuelva al respeto a la legalidad. Es lo que se plasma cuando “se exige” al Gobierno y Parlamento de Cataluña que retiren la convocatoria del referéndum anunciado, de tal modo que cuando se vea satisfecha esa exigencia entonces podrá haber diálogo.

No deja de ser sorprendente una “exigencia” de diálogo que es completamente unilateral, pareciendo por ello una orden que aspira a que sea cumplida como total rendición de aquéllos a quienes va dirigida. Se insiste, pues, en la humillación

No deja de ser sorprendente una “exigencia” de diálogo que es completamente unilateral, pareciendo por ello una orden que aspira a que sea cumplida como total rendición de aquéllos a quienes va dirigida. Se insiste, pues, en la humillación, no reparando en que no hay nada peor que ella, ya que, cuando es colectiva, de inmediato la reacción se expresa como reforzamiento del rechazo por parte de quienes se ven ofendidos. No hay ofrecimiento de diálogo en serio si no se contemplan las condiciones realmente existentes para el mismo, de forma que por ello, de entrada, se consagra una asimetría que hace del diálogo una tarea inviable. Y, concretamente, lo dificulta pretender dialogar sin ofrecer una salida airosa a aquellos a los que, estando en posiciones contrarias, se invita a dialogar.

En el caso que nos ocupa, no hay salida posible del conflicto si no se formula una propuesta creíble como oferta en un proceso dialógico en el que por las dos partes algo se ha de ceder. Ante la inminencia del día señalado para el referéndum o, en su defecto, para una movilización social de imprevisibles consecuencias, la oferta que entrañe para el independentismo una salida aceptable no puede ser una comisión que tardará un tiempo en constituirse y otro lapso mucho más dilatado en alcanzar alguna conclusión. Esto es, a la oferta de diálogo, sin el tono autoritario de una exigencia, sino con el tono sugerente de una invitación, ha de acompañar en buena lógica el ofrecimiento de una negociación plausible sobre un referéndum pactado y legal. Ello debe plantearse con total seriedad y pleno compromiso, única manera de disipar las dudas que el pasado arroja sobre eso, dado que el mismo PSOE nunca ha aceptado negociar en serio un referéndum y ahora lo vuelve a rechazar bajo capa de que eso quebraría la unitaria soberanía nacional sobre la que se sostiene el Estado español.

Así, pues, un concepto mitificado de soberanía, como bloque compacto del que ningún pedazo se puede desgajar, lastra hasta hundirla, hasta ahora, la posibilidad de un punto de encuentro en torno al referéndum necesario. Recordemos que más allá de la ciudadanía catalana expresamente adherida al independentismo –hasta este momento entre 40% y 45%-, alcanza un 80% de la misma la que quiere pronunciarse sobre las formas de relación de Cataluña con el Estado. Viéndose éste fuertemente deslegitimado en esa comunidad del Estado español, es por ella por donde hay que empezar recomponiendo la legitimidad del procedimiento a seguir para salir de la crisis y, en su momento, para proceder a la reforma constitucional de todo punto insoslayable –de suyo, dada la envergadura de la crisis, habría de tratarse de proceso constituyente-.

Si PP y Ciudadanos están lejos de aceptar un referéndum pactado en Cataluña, el PSOE debe desmarcarse de esa posición y empeñarse en ofrecer una alternativa real al dilema en que nos hallamos entre secesión e inmovilismo. Si hoy esa propuesta la sostiene también Unidos Podemos, mejor que mejor. ¿Por qué no compartirla, si esa coalición ha aceptado estar en la comisión promovida por el PSOE, y si desde el PSC ya se propugnó hace años el derecho a decidir en una consulta legal? A la oferta de diálogo con el independentismo, en tiempo ya de descuento en medio de la incontrolable espiral que conduce al 1 de octubre, le falta la pieza de un referéndum pactado para ser creíble y, por tanto, susceptible de ser acogida. El PSOE, si quiere además salvar su papel a la vez que tanto habla de hacer “política de Estado”, ha de saber que todo indica que de esa pieza depende el futuro del Estado español. ¿No se dice, por lo demás, que éste es fuerte como para impedir el referéndum ilegal convocado y frenar al independentismo? Pues que esa fuerza se aplique con la generosidad de quien puede serlo hasta el punto de “no responder a la injusticia con la injusticia” –ésta es la justicia que necesitamos--, como señalaba aquel sabio que era Sócrates, según nos cuenta Platón. Aquí no gana nadie si no nos convencemos entre unos y otros.