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La Policía busca al autor del botellazo que este domingo 24 de septiembre recibió la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, mientras pedía ayuda a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de cientos de cargos electos municipales, autonómicos y estatales, que vieron limitados sus movimientos durante horas por el acoso de medio millar de participantes en una concentración no autorizada. Los manifestantes apenas pudieron ser identificados (solo 15 de unos 600) por falta de efectivos policiales, pese a que los había disponibles de sobra. Estas cosas ocurren en el Siglo XXI. Concretamente, a las puertas del pabellón polideportivo bautizado con ese nombre en Zaragoza, capital oficiosa del surrealismo.

Podemos, las Mareas, las confluencias municipales (con llamativas ausencias como las de Manuela Carmena, Joan Ribó y José María González Kichi) y partidos como PNV, Geroa Bai, PDCat y ERC celebraban la Asamblea de Cargos Públicos por la Fraternidad, la Libertad y la Convivencia, una sesión de trabajo abierta a los medios de la que salió un comunicado que asegura que “la situación de conflicto en Catalunya requiere diálogo y soluciones políticas democráticas” y, también, que la actuación del Gobierno central lleva al conjunto de España “a una situación de excepcionalidad preocupante” y de “involución democrática”.

Los firmantes, que representan a más de la cuarta parte del Congreso y a más de seis millones de votantes, emplazan al Gobierno central “a dialogar con la Generalitat y con el conjunto de actores políticos” para buscar soluciones “que permitan a la ciudanía catalana decidir su futuro en un referéndum acordado con el Estado”, aunque, en el párrafo siguiente mantienen que el Ejecutivo “no debe impedir que el 1 de octubre los ciudadanos catalanes se expresen como consideren”.

Los firmantes, que representan a más de la cuarta parte del Congreso y a más de seis millones de votantes, emplazan al Gobierno central “a dialogar con la Generalitat”

Es decir, una consulta el próximo domingo y otra más adelante, propuesta a la que no se adhiere ERC, que considera que “llega tarde”, pero a la que sí se suma el PDCat. “Cualquier espacio que esté por una salida negociada va a tener nuestro apoyo”, aseguraba Carles Campuzano, en lo que puede interpretarse como una invocación por pasiva al acuerdo ‘in extremis’. Al PNV tampoco le va mal el texto, que tampoco le supone tensar las políticamente rentables relaciones que desde hace unos meses mantiene con el PP de Mariano Rajoy.

Las banderas

Mientras en el Siglo XXI se desarrollaba un carrusel de intervenciones de cinco horas, en el que medio centenar de cargos públicos hablaba para otros tres centenares largos, fuera iba creciendo la tensión que acabaría estallando, por delegación, en el pecho de los aragoneses en forma de botellazo en el de la presidenta de sus Cortes. La cosa iba de banderas.

La víspera, alguien filtró que las cuatro banderas que habitualmente cuelgan del pabellón del polideportivo (la de Zaragoza, la de Aragón, la europea y la española) habían sido descolgadas, aunque seguían allí cuando se abrieron sus puertas. Y eso, junto al hecho de que el local fuera a acoger una cumbre sobre el 1O, enardeció (“excitar o avivar una pasión del ánimo, una pugna, una disputa”) a un grupo de vecinos. ¿Ultras? Puede. Semánticamente significa “en política, extremista” (“ultraderechista” es la segunda acepción), por lo que quizás no sea descabellado utilizar ese término cuando la cosa va de rodear un local con 400 cargos públicos electos y un centenar de periodistas dentro, de limitar sus movimientos y de arrearle un botellazo a la presidenta de las Cortes autonómicas cuando esta dialoga con un mando policial para, precisamente, pedirle un aumento de los efectivos para garantizar la seguridad de la asamblea.

La agresión lleva camino de quedar impune, ya que los participantes en la concentración ilegal, esa tradicional manifestación del folclore español que la llamada ‘ley mordaza’ castiga con un mínimo de 600 euros, no fueron identificados. Eso, aparte de favorecer la impunidad, supone un ahorro para los participantes en la algarada (“tumulto causado por un tropel de gente”), ya que, de entrada, evita la posibilidad de otra sanción por negarse a ser identificado. Alguien se ahorró el jornal de un mes este domingo en Zaragoza. Y alguien hizo algo que, así, a primera vista, tiene la pinta de ser un delito de atentado a la autoridad como la copa de un pino.

¿Escasez de efectivos?

La versión oficial que los responsables del operativo policial dieron a los de UP, según estos, es que carecían de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana en la capital aragonesa. Sin embargo, fuentes policiales aseguraron a CTXT que en Zaragoza estaba disponible para ser movilizada una unidad de antidisturbios de la UIP (Unidad de Intervención Policial) y también los había de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), que todavía no han sido destinados a Catalunya.

Fuentes policiales aseguraron a CTXT que en Zaragoza estaba disponible para ser movilizada una unidad de antidisturbios de la UIP y también los había de la UPR 

Fuentes oficiales confirmaron, por otra parte, que nadie había pedido autorización para esa concentración, aunque durante todo el fin de semana circularon por las redes sociales llamamientos a protestar contra “un acto contrario a nuestra Constitución”, por lo que la agresión tampoco tiene, de entrada, un responsable subsidiario que vaya a sentirla en su bolsillo. En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza coordinará una investigación para tratar de identificar y detener al autor de la agresión.

La Delegación del Gobierno, que añadió un policía con lesiones leves a la lista de damnificados, elevó a 600 la cifra de manifestantes, calificó el dispositivo de “actuación policial correcta y proporcionada” y narró en estos términos la agresión: “A lo largo de la concentración ha habido instantes de tensión y algunos incidentes aislados. En un momento dado, Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón, ha salido al exterior del recinto y se ha producido el lanzamiento de un botellín de plástico de agua que ha golpeado a la presidenta de las Cortes”.

Pasadas las tres de la tarde, y mientras un equipo de reporteros de TV3 discutía con sus jefes sobre cómo regresar con el parabrisas roto a golpes mientras escuchaban alusiones a conflictos como el de las obras de arte del monasterio de Sijena, la Policía escoltaba a un grupo de participantes en la asamblea y retenía a los últimos concentrados ilegalmente.

Los colores de la bandera

¿La asamblea? La asamblea bien, salió indemne, con llamamientos al PSOE para que abandone su apoyo al PP y se una a un heterogéneo grupo de partidos que ponga en marcha un proceso constituyente que incluya el derecho a decidir de todos los ciudadanos sobre todos los aspectos de la arquitectura estatal y sobre su gestión.

“La convocatoria del 1 de octubre es un cuestionamiento del régimen del 78. Este marco ya no nos sirve. Lleva años dando muestras de degradación, y ya es insostenible”, señaló la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater. La de Barcelona, Ada Colau, que dio por agotado el marco de relaciones territoriales del Estado y abogó por crear “una nueva institucionalidad desde abajo” en este “momento crítico y preocupante”, sostuvo que “siempre es tiempo para el diálogo” y que “es responsabilidad de los que estamos en las instituciones, si el actual gobierno y su presidente no están a la altura, construir alternativas”.

Las dos intervenciones sintetizan en parte el cuadro de síntomas: el Gobierno del PP, apoyado por C’s, conduce un tren que circula por la misma vía, pero en dirección contraria, al que pilotan la Generalitat de Junts Pel Sí y la CUP, mientras UP y las confluencias intentan poner en marcha otro por otra vía. Sin embargo, la mirada está en el arcén, por el que deambulan pensativos algunos eventuales viajeros como el PSOE o el PNV, ese tercio escaso del Congreso que inclina la balanza hacia un lado u otro.

“El PP cree que la bandera española es suya, que para ser español hay que ser de los suyos”, aseguró la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre. Le pasó, un poco, como a los manifestantes que enarbolan banderas españolas como contraposición a las catalanas. No recuerdan que la primera es, en realidad, la versión constitucional de la enseña marina de la Corona de Aragón, esa federación que en el medievo englobaba a reinos como el que le daba nombre (y cuya vigencia como tal en el siglo XVIII tiene declarada el Supremo), el valenciano o los de Nápoles o de Sicilia y, también, a los condados de lo que hoy viene a ser Catalunya. Que las dos banderas son la misma, vaya, por mucho empeño en confrontarlas que puedan tener algunos.