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Según fuentes mal informadas, la Casa Real elaboró no uno, sino dos discursos para ser leídos por Su Majestad en la tarde del día 3 de octubre de 2017. Don Felipe VI consideró ambos, y, con dudas, los remitió al Gobierno para su refrendo. Podemos conocer el tenor del que quedó descartado por una indiscreta filtración interesada:

“Españoles:

He meditado muy cuidadosamente sobre si debía dirigirme a la nación en estos difíciles momentos. La Corona está concebida en nuestra Constitución como un  punto capaz de recibir líneas rectas convergentes desde cada arista del polígono de la política, a fin de permitir por elevación la formación de una pirámide. Lo importante no es la cúspide, dinástica (es decir, sin mérito) y simbólica (es decir, sin poder), sino hacer posible el volumen. Y es esa función de elevación para el volumen la que me ha llevado a la convicción de que debo arriesgar en este momento de la historia de España.

Mi principal ocupación como monarca desde que fui investido ha sido prepararme para este momento, que sabía que habría de llegar. Para ello he contado con un equipo de asesores que quise que fuera representativo de las diferentes maneras de ser español, incluyendo la que consiste en querer dejar de serlo. He procurado asistir al diálogo entre todos ellos a fin de no limitar mi perspectiva. Y es desde esa perspectiva, uniendo mi suerte a la de la Constitución que constituye mi única fuente de legitimidad, desde la que me atrevo a hacer un llamamiento a los representantes del pueblo elegidos democráticamente.

Me dirijo en primer lugar al presidente señor Puigdemont y a la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Tomaron la decisión de no esperar más una cita que no lograban acercar por los cauces normales establecidos, y diseñar una vía extraconstitucional para proclamarse como nación capaz de decidir su relación con el Estado, más allá de los encajes posibles en el marco constitucional vigente, que incluían la secesión. El próximo paso marcado en esa hoja de ruta es la declaración parlamentaria de independencia apoyada en una muy ajustada mayoría de diputados y en el resultado de una votación que no puede considerarse homologable según los mínimos cánones democráticos. No den ese paso. Les pido que no lo den. No sólo constituiría un acto máximo de deslealtad constitucional, sino que no podría considerarse legítimo desde ningún punto de vista y colocaría a las autoridades del Estado ante la obligación de impedir su eficacia con sus medios y con ayuda internacional, lo que comportaría un coste cuya factura habrían de pagar varias generaciones de españoles. Quien está resuelto a transgredir frontalmente la ley ha de saber que abre un espacio nuevo de enfrentamiento, y ha de comprender que su determinación de victoria se enfrentará con todo un Estado, obligado por naturaleza a defender su Constitución. No les pido que renuncien a sus objetivos políticos, a ninguno de ellos, ni siquiera a los que hoy sean constitucionales inadmisibles; sólo les reclamo que no lo hagan por la vía que tienen anunciada, que es la vía del conflicto.

Me dirijo también al presidente del Gobierno, señor Rajoy, y a la mayoría parlamentaria que lo sostiene. No voy a reclamarles simplemente diálogo, sino el reconocimiento expreso de un problema complejo, antiguo, persistente, que consiste en la evidencia de que una gran parte, aún no cuantificada con exactitud, de la sociedad catalana, no acepta el marco actual de relaciones entre Cataluña y el resto del Estado. El rey no debe entrar en lo bien o mal fundado de una reivindicación de parte de los ciudadanos, pero sí puede invitar a crear un espacio de lealtades en el que explorar las mejores soluciones para todos, que con toda probabilidad aliviaría a una mayoría de españoles y catalanes que prefieren el compromiso al conflicto. Y si vamos constatando que la solución consistente en expulsar el problema a la intemperie del conflicto es inequívocamente perjudicial, entonces la responsabilidad de los representantes políticos es la de hacer política, como se hizo en 1978, cuando tantos proyectos tan diferentes para España fueron capaces de renuncias recíprocas a fin de encontrar puntos de acuerdo que sólo dejaban fuera a los inevitables extremos.

Entre el inmovilismo constitucional y la ruptura del pacto constitucional existen posibilidades que darían una nueva oportunidad para mejorar España. Ni unos ni otros pueden sentirse inclinados a recorrer camino alguno si enfrente no se recorre el camino inverso. Posponga, señor Puigdemont, una decisión tan grave como es una secesión de consecuencias tan injustas, y adelante, señor Rajoy, el inevitable pistoletazo de salida para una reforma de España que, aunque se parezca menos a la que usted y una parte de españoles desearían, sea aceptable para otra buena parte de españoles, contada en millones de ciudadanos, que residen en Cataluña y fuera de ella.

Un país no elige los conflictos en los que se ve sumido, sino que se los encuentra. España está ahora, en este momento, ante un conflicto sobre cuyas causas es difícil ponerse de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, con audacia, en las soluciones”.