Dos años después de que el Gobierno firmase y aprobase la Agenda 2030, España no ha implementado ni medidas ni políticas concretas que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, según denuncian Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y WWF España en su reciente informe Agenda 2030. Una oportunidad para las personas y el planeta.

Según el estudio, el país aún se encuentra lejos de conseguir resultados satisfactorios en Objetivos como la erradicación de la pobreza –12,8 millones de personas en riesgo de pobreza en 2016–, igualdad de género –con una brecha salarial cercana al 15% en 2015–, educación –19% de abandono escolar y solo un 4,1% del PIB en gasto público–, o cambio climático –en mayo de 2016 España había depositado en el Fondo Verde del Clima solo 1,34 millones de dólares de los 160,5 comprometidos para 2015-2018–. 

La Agenda 2030, firmada por el Gobierno en septiembre de 2015, implica compromisos como la protección a los derechos de colectivos vulnerables –infancia y mujeres– o la implementación de medidas de protección del medioambiente y el uso responsable de recursos naturales como el agua, el suelo o los mares. El fin último de la Agenda es el desarrollo sostenible e igualitario de la sociedad.

Si no se quiere que el cumplimiento de la agenda sea un fracaso, el informe destaca necesidades inmediatas como una mayor coordinación entre los actores implicados –gobierno central, comunidades, instituciones internacionales, sociedad civil–, una mayor concreción en las metas e indicadores, y el diseño y la implementación de políticas públicas y un presupuesto que las sustente.

La definición de indicadores para los ODS y la asignación de recursos económicos para inversión social y ambiental son elementos indispensables para valorar la situación y evolución de los objetivos, señalan las ONG. De esta forma, han establecido una serie de indicadores de confianza para los 17 de Objetivos de Desarrollo. Sobre ellos, y en función de los datos más recientes, se marcan unas metas que, debido a la inacción del Gobierno en varias materias, corren riesgo de no cumplirse: España suspende en la proyección de todos los indicadores de igualdad, agua y saneamiento, energías sostenibles, trabajo decente, cambio climático, paz y justicia y alianza global para el desarrollo. En otros siete, intercala suspensos con datos mejorables.

Oxfam, UNICEF y WWF reclaman también un mayor protagonismo de la Agenda en las instituciones del Estado, y señalan la necesidad de crear un organismo de coordinación supra-ministerial, adscrito a Presidencia de Gobierno y controlado por las Cortes. Estas, señalan, son fundamentales para promover la aplicación de la Agenda en España, al mismo tiempo que reclaman el diseño y puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible por parte del Gobierno.

Durante los tres primeros meses de 2017 se ha aprobado tres Propuestas no de Ley en las Cortes relativas a la implementación de la Agenda, y se han creado Comisiones en ambas cámaras para abordar el plan. Sin embargo, según las tres ONG, toda esta actividad se está centrando en el ámbito de la cooperación, el cual también arrastra importantes deficiencias –España aporta un 0,33% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo, lejos del objetivo del 0,7%–,  y no se han llevado a cabo movimientos para universalizar su impacto. 

El pasado jueves 29 de septiembre, el Gobierno, de la mano de Juan Francisco Montalbán, embajador para la Agenda 2030, anunció la creación de un órgano interministerial para implementar la agenda de desarrollo en el país, sin medidas concretas durante cerca de dos años. 

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.