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La mayor crisis territorial que ha vivido España en los últimos 40 años se produce en un momento en que el mundo está atravesando convulsiones de dimensiones desconocidas. En el desorden global que atravesamos, con un modelo económico, político y social agotado, hace falta actualizar los manuales: necesitamos un nuevo modelo capaz de ofrecer respuestas a nuevas preguntas. Nos encontramos en el interregno entre ambos momentos, en el tiempo gramsciano de los monstruos. Llenar la política y el futuro de democracia, compromiso con los derechos humanos y espíritu de justicia es imprescindible para contener el resurgimiento del pasado político más trágico de Europa.

La principal batalla política de nuestro tiempo es la que opone soberanía y democracia al poder sin control del capital especulativo. Y es en este contexto y esta disputa donde se inscribe la crisis territorial que atraviesa España. Una crisis que no está aislada sino que es cuádruple: social, económica, política y estatal/territorial. Todas ellas se retroalimentan entre sí y tienen matrices parecidas que provocan un diálogo entre ellas: cuando nos han robado la capacidad de decidir sobre nuestro futuro, la principal lucha de los pueblos es la de recuperar y ejercer el derecho a decidir sobre todas las cosas. 

La doctrina del pensamiento neoliberal impuso durante la década de los 90 una sola posibilidad de articular y vehicular los procesos de globalización: la desregulación financiera y la desposesión de derechos sociales para la expansión ilimitada de los mercados especulativos globales. Para que la rueda pudiera seguir girando se abrieron nuevos mercados allí donde nadie imaginaba que pudieran existir y allí donde se conseguía dinero barato y rápido: vivienda y especulación inmobiliaria, sanidad, educación… Se pusieron en juego derechos recogidos por los ordenamientos constitucionales tras la II Guerra Mundial para maximizar modelos de negocio.

Ni las promesas de progreso, ni los sacrificios, ni el modelo de enriquecimiento privado a costa de las mayorías tuvieron ya recorrido

Todo ello salpimentado con las nuevas legislaciones laborales que sustrajeron los derechos adquiridos durante las décadas anteriores para aumentar el margen de beneficio, fundamentalmente, de las grandes empresas. El aterrizaje en España y sus consecuencias son por todos conocidas: el establecimiento de una economía dependiente, una balanza comercial –y energética– desastrosa, el desmantelamiento de la capacidad del sector público para dirigir la economía y la burbuja inmobiliaria más inflada de la zona Euro.

Hasta el colapso del año 2008. La crisis estructural del modelo de crecimiento desde los años 80 lo ha cambiado todo para siempre. Ni las promesas de progreso, ni los sacrificios, ni el modelo de enriquecimiento privado a costa de las mayorías tuvieron ya recorrido. El modelo de “Estado de Bienestar” que había establecido Europa desapareció. O, al menos, entró en una crisis muy profunda. 

España tuvo que enfrentar al mayor drama social desde la transición, encarnado de forma dramática en los desahucios de miles de familias en nuestro país. El desastre y el fracaso económico se trasladó con crudeza y dureza a lo social. En lo político, cada vez que firmamos un nuevo BOE sentenciamos nuestra soberanía, pasamos de pertenecer a la Champions League a ser una suerte de protectorado alemán. Las instituciones no eran capaces de resolver la tensión entre democracia y neoliberalismo con un modelo que genere expectativas razonables de bienestar para la mayoría social. 

La clase política envejeció mientras avanzaba el pueblo. Y la corrupción salpicó todo enterrando un modelo agotado. Seguimos en una legislatura ciénaga donde las viejas formas de gestionar lo público por parte del PP han salido al descubierto, denigrando y amenazando el funcionamiento institucional de nuestro país. 

Este panorama configura una crisis con tres derivadas: social, económica y política, que siguen sin resolverse y que se están enquistando en un momento de politización descarnada del choque de intereses de los grandes poderes financieros y económicos, por un lado, y de las clases populares, por el otro.

La estrategia de las élites ha sido el de intentar socavar las bases materiales de la soberanía atacando también la propia comunidad política y su forma primaria de organización: la nación. Apareció un discurso aparentemente superador de la situación en favor de una globalización intensificada, una globalización de los mercados contra los Estados que en realidad es una ofensiva de los mercados contra los bienes comunes y los derechos de las mayorías. Una vez se detuvo la rueda de la acumulación capitalista en el 2008 (recuerden a Sarkozy llamando a la refundación del capitalismo) se ha intentado abrir nuevos mercados –en aquellos bienes públicos y estatales– para re-impulsar un nuevo ciclo de acumulación y de beneficios exorbitantes contra las mayorías sociales.   

Tras el ciclo de movilizaciones en torno a las plazas, surgió un ciclo de movilización electoral creando un gran cisma en un sistema de partidos que nunca volverá a ser el mismo. Al tiempo que empezaron las movilizaciones sociales, en aquel mayo del 2011, empezó también la movilización independentista: lo hizo en septiembre del 2012. Apenas un año después y al calor de la sentencia del Estatut del 2010. Una sentencia que cerraba la puerta al autogobierno de Catalunya y que supuso la ruptura del modelo territorial pactado en la transición española.

El bloque de poder en España, cercado por absolutamente todos sus flancos, se ha cerrado en banda, se ha bunkerizado. Y el último capítulo de este intento de defensa numantina de una oligarquía amenazada con apenas legitimidad y cuestionada desde todos los frentes fue el discurso del Rey Felipe VI el pasado martes 3 de octubre, el día en que Catalunya dio un paso más convocando una huelga general tras la brutal represión vivida en la jornada de movilización popular del 1 de octubre. 

El uso de la fuerza es la última razón de los incompetentes. Cuando has cerrado la vía política y tu objetivo ya no pasa por solucionar los problemas de la gente, recurres al único recurso que te queda: la violencia. Una violencia desproporcionada y que ha sido la vergüenza de España en Europa y el mundo. Nadie en el extranjero ha comprendido como un país como el nuestro tiene un gobierno capaz de haber utilizado la violencia de esta manera contra la gente que quería votar el 1-O. 

Golpearon para un inexistente beneficio electoral a corto plazo, perdiendo generaciones por decenas de años. Una acción a la desesperada que no consiguió aquello que tanto se vanagloriaba de decir Soraya y Rajoy -”No habrá urnas”- y que tampoco logró ganarse el respeto ni de la ciudadanía ni de Europa. Una irresponsabilidad que ahonda en la fractura social y que convirtió el 1-O en un remake del 15M en clave catalana. El 1-O quedará marcado como una fecha en el imaginario político catalán capaz de determinar el sentido común de una generación. Como un gesto heroico de lucha por una ampliación de derechos democráticos. 

Por otra parte, la DUI que pretende impulsar Puigdemont el próximo lunes 9 de octubre no tiene legitimidad democrática, ni garantías jurídicas ni reconocimiento internacional. Es inviable porque no responde a ninguno de los tres elementos que dan pie a una independencia de un Estado. Estamos entre dos camino unilaterales que buscan dos bandos para un enfrentamiento catastrófico: DUI y 155. Choque de trenes fruto de la irresponsabilidad del gobierno de Rajoy que jamás quiso abrir un canal de diálogo.

El Rey sorprendió a muchos en su discurso del 3 de octubre: renunció a ser mediador o árbitro para tomar partido y se convirtió en un portavoz más del PP

Y por último, el papel del Rey. El Rey sorprendió a muchos en su discurso del 3 de octubre: renunció a ser mediador o árbitro –que es el papel que la Constitución reserva al jefe del Estado, además del de mando supremo de las Fuerzas Armadas– para tomar partido y se convirtió en un portavoz más del PP. Ambos han renunciado y se han opuesto al “espíritu de la Transición”. Con estos gobernantes no hubiéramos transitado a una democracia y al entendimiento entre diferentes.

Una actitud impropia de la jefatura del Estado. Un Rey que ha abierto la puerta a la cuarta crisis que configura la crisis de Estado: une a la social, la económica y la territorial la del modelo de Estado. El Rey ha entrado en la ecuación y ha cerrado filas con un bando que va a la deriva. 

Vivimos probablemente el último capítulo de un Régimen en descomposición. La forma reactiva en la que han actuado los representantes del bloque de poder invitan a pensar que únicamente querrán imponerse por la vía autoritaria a las pulsiones de cambio que recorren todo el territorio. No podrán convencer a las generaciones criadas política y sentimentalmente en el 15M. El grito de más democracia es mucho más potente que el del inmovilismo y despertar de los monstruos.

Nuestra propuesta es refundar un país del que nadie se quiera ir. Quienes no tienen futuro son las élites, pero la España de la gente como proyecto sí tiene futuro. Hay que refundar este país sobre bases democráticas y de justicia social. Y las condiciones están dadas para un proceso constituyente que supere las cuatro crisis que configuran la crisis de Estado. 

Cuando problematizamos la nación, la patria y la España democrática del siglo XXI estamos dando respuestas a los retos que tenemos como país. Cuando las agresiones desde los mercados globales y desde la oligarquía financiera destruyen los lazos sociales que nos forjan como comunidad tenemos que afrontar de cara los desafíos: recoser el pacto social roto pasa por refundar nuestra Constitución, actualizándola y adaptándola a las necesidades del siglo XXI. Rajoy ofrece precariedad, recortes sociales, corrupción y trabajadores pobres. España no es eso. España es un país plural, abierto y que tiene sed de justicia, democracia y fraternidad.

Catalunya ha sido la protagonista de una escisión republicana y la clave ahora es extender el impulso constituyente que nace en Barcelona hacia el resto de la península. Para seguir caminando juntos hará falta remodelar entre todos un modelo de convivencia democrático, abierto al otro y fraterno. Una propuesta de futuro que responda a la España que ya ha cambiado y que quiere estar a la altura de su gente. Plurinacional, con servicios públicos de calidad, una legislación laboral justa para los trabajadores, igualdad y limpia de corrupción. En nuestras manos sigue el imperativo de seguir haciendo latir con fuerza la España que ama a sus pueblos y a sus gentes, que no deja a nadie atrás, ni a un territorio ni a una persona. Una España que no se resigna, una España con futuro, una España con esperanza. 

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Ramón Espinar es secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado.