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“Francia es tierra de acogida y al final de 2017 no habrá refugiados en las calles francesas”. Esto decía Emmanuel Macron el pasado julio en Orleans, ante un grupo de nuevos ciudadanos franceses, poco después de derrotar el populismo anti-inmigración de Marine Le Pen y de erigirse como presidente de la República. Llegado el invierno, los miles de refugiados esforzándose por no morir de frío en el país y las vidas perdidas en Calais evidencian la falta de interés en colaborar por parte del Estado francés.

Además de los heridos graves, entre la madrugada del 21 de diciembre y la del 9 de enero, dos jóvenes de Afganistán y uno de Eritrea murieron sobre el asfalto de las carreteras que dan acceso al puerto de Calais: saltar y agarrarse a un camión sigue siendo la única opción para llegar a Inglaterra. La muerte de Abdullah, de solo 15 años, deja especialmente mal paradas a las administraciones británica y francesa: el hecho de tener un hermano mayor con quien reencontrarse en Reino Unido le daba permiso legal para cruzar la frontera. Suya tendría que haber sido una de las 200 plazas todavía hoy vacantes bajo leyes como la enmienda Dubs para que menores no acompañados puedan ser transferidos al Reino Unido de forma segura. En casos como este, organizaciones sobre el terreno como Safe Passage han observado un tiempo de espera medio de 9 meses. Abdullah, después de 7 años sin ver a su hermano y harto de esperar en el infierno helado de Calais, decidió probar suerte. 

Macron, que quiere evitar el surgimiento de una nueva Jungla –nombre que recibía el campo de refugiados no oficial de Calais, donde se llegaron a contar hasta 11.000 personas–, se reunió el 18 de enero con Theresa May para exigirle más colaboración y una revisión de Le Touquet Agreement, acuerdo según el cual Reino Unido puede controlar la frontera por el lado francés con objeto de impedir la entrada de indeseados en tierra inglesa. El entendimiento entre ambos fue rápido: según The Guardian, May aportará 50 millones de euros para financiar muros, vallas, cámaras de videovigilancia y otras tecnologías de detección para Calais y otros puertos. Desde que destruyeron la Jungla en octubre de 2016, May lleva invertidos más de 170 millones de euros en seguridad, muros y cuerpos policiales militarizados. “Seguimos comprometidos con la defensa de nuestra gente y de nuestros valores como democracias liberales frente cualquier amenaza, ya sea dentro o fuera del país”, dijo antes de la reunión. 

La amenaza de las democracias liberales anda descalza sobre la nieve, mal duerme a la intemperie y sufre de sarna, “una enfermedad increíblemente común”, dice Josh Hallam, del equipo de dirección de la ONG, presente en Calais, Help Refugees. “Tenemos docenas de casos cada mes”, añade.

Hallam tiene poca confianza en que Macron presione a May para que acepte más menores no acompañados: El año pasado ya se había comprometido a acoger a 3.000 y no lo hizo. También advierte – ante el anuncio de que el Estado francés podría hacerse cargo de la distribución de alimentos– de que las ONG no están dispuestas a retirarse de la zona “hasta que no haya pruebas evidentes de que las necesidades de los migrantes son cubiertas con dignidad y continuidad”.

Jan es uno de los 80 voluntarios que día tras día reparte tiendas de campaña, ropa de abrigo, mantas y 2.800 comidas para que el millar creciente de personas desperdigadas por las afueras de Calais coman y cenen. Nada hace pensar que puedan confiar la suerte de los migrantes al Estado: “Tenemos que hacer patrullas nocturnas para protegerlos de la violencia policial. Hemos comprobado que cuando aparecen nuestras cámaras limitan su actuación. Si no, abren las tiendas de campaña y les lanzan gas lacrimógeno antes de despertarlos”. Una vez los agredidos escapan del gas, “la policía se lo requisa todo: tienda de campaña, sacos de dormir e incluso zapatos”. Por eso, dice Jan, “al más afortunado, la tienda le dura dos días”. Los refugiados se esconden donde pueden: algunos se meten entre los bosques para protegerse del viento, otros cerca del hospital, y muchos vagan arriba y abajo.

Desde que derribaron la Jungla, el incómodo problema de los refugiados también  ha cobrado fuerza en París. El verano pasado, después del desalojo del campamento cercano al centro oficial de refugiados La Bulle, fueron realojadas 2.000 personas. Sin embargo, otras 700 quedaron a la intemperie y hoy son ya más de 1.500, entre ellas 500 menores. Lo cuenta Chrystel Laurent, miembro de la ONG Utopia56. “Pedir asilo en Francia es extremadamente largo. Es un trámite que no se hace en una cita de una hora. La gente duerme en las calles porque esperan que les den cita, porque esperan un papel oficial de su país, o incluso porque, después de la primera cita, tienen que esperar hasta una segunda entrevista con la Administración, y el tiempo entre ambas suele suponer semanas de espera”, explica. “Simplemente el Estado no les da la oportunidad de registrarse”, dice. Para los menores el procedimiento es distinto, quizá incluso peor; en muchas ocasiones ocurre que el Estado no se cree que sean menores de edad y entonces “inicia un periodo de pruebas que son una auténtica carrera de obstáculos”.

“Al igual que sucede en Calais”, denuncia Laurent, “la policía es extremadamente violenta en París. Confiscan y rompen tiendas de campaña y mantas. Cada noche distribuimos un centenar de mantas que conseguimos gracias a donaciones y no son bastante para todos”. Mientras tanto, ya son decenas de miles los migrantes que han sido expulsados de las aceras por el savoir faire de los cuerpos policiales parisinos en los últimos dos años.

El ejecutivo de Macron ha dejado claro su rechazo hacia los “inmigrantes económicos”. Bajo el argumento de “no saber quien hay en estos centros”, un beligerante ministro del Interior, Gérard Collomb, ordenó el pasado diciembre revisar los papeles de quienes se refugian en los alojamientos de emergencia con el objetivo de expulsar a todos los que no obtengan el asilo. La medida ha sido criticada por las ONGs ya que, según argumentan, vulnera los Derechos Humanos y puede hacer que los migrantes se abstengan de pedir ayuda por miedo a ser deportados a sus países de origen.