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El pasado 18 de enero se registró en el Parlament balear la petición para la creación de una Comisión no permanente de la auditoría de la deuda de les Illes Balears firmada por los grupos parlamentarios de Podemos, MES per Mallorca y PSIB. Era  uno de los compromisos aún pendientes de cumplimiento de la hoja de ruta de los llamados “Acords pel Canvi”- Acuerdos por el Cambio- firmados al inicio de la legislatura por los partidos del Govern balear y Podem, que da apoyo externo al gobierno de PSIB y MES per Mallorca. La creación de esta Comisión busca seguir la estela de Comunidades como la de Navarra y Ayuntamientos como el de Madrid en donde también se ha llevado a cabo una auditoría de la deuda. Dichas auditorías han servido para calcular el total acumulado por el despilfarro derivado del abuso de las entidades financieras a la hora de fijar los tipos de interés o de cláusulas abusivas al formalizar los contratos, así como de préstamos realizados por los bancos para realizar obras faraónicas de nula rentabilidad social. En Baleares, los principales aumentos del monto de la deuda pública se deben mayoritariamente a la nefasta gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, a raíz de macroproyectos ruinosos como el Palma Arena o el Hospital de Son Espases.

La auditoría de la deuda que planteamos desde Podemos –a expensas de consensuar el plan de trabajo con el resto de grupos del Parlament– pretende identificar y analizar las políticas autonómicas que puedan haber tenido un impacto negativo sobre la ciudadanía de les Illes, no solo desde una perspectiva económica, sino también social, medioambiental o de desigualdad de género. Nuestra intención es generar mecanismos para, una vez detectados los orígenes de estas malas prácticas, poner en marcha medidas que pasen por tres ejes: 1) impedir, a través de las conclusiones alcanzadas, su repetición en el futuro; 2) generar marcos de análisis de la gestión de los fondos públicos autonómicos según criterios de utilidad pública para la ciudadanía; y 3) habilitar mecanismos de control ciudadano en el funcionamiento económico ordinario de la Comunidad. Concebimos, por tanto, esta auditoría como una palanca que activa, a la vez, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en algo tan fundamental como es la gestión del dinero público.

En este momento, las arcas públicas de las Islas Baleares acumulan una deuda superior a los 9.000 millones de euros, una cuantía equivalente al 30,7 % de la riqueza de las islas. Una suma que, traducida a datos más tangibles, supone que un 20% del presupuesto anual de Baleares se destina ya a pagar deudas e intereses, regalando a la banca la segunda partida más importante del presupuesto autonómico e impidiendo su uso en educación, sanidad, vivienda pública, ayudas a la dependencia o lucha contra la violencia machista, por citar solo algunos ejemplos.

Un 20% del presupuesto anual de Baleares se destina ya a pagar deudas e intereses

Sin embargo, es importante ser conscientes de que el nivel de endeudamiento de una economía no impide ni determina por sí mismo el desarrollo económico de la región. Por el contrario, este desarrollo se deriva de decisiones exclusivamente políticas. En este sentido, si el endeudamiento es empleado para el desarrollo de actividades productivas que generen actividad e ingresos fiscales, el gasto público puede beneficiar a la ciudadanía. Este es el caso de países como Alemania, Austria u Holanda, con niveles de endeudamiento muy superiores a España (y, por supuesto, a Baleares) antes de la crisis. Aún así, estos países han mostrado un mayor crecimiento económico que el del Estado español, lo cual les ha permitido reducir el nivel relativo de endeudamiento y, al mismo tiempo, proveer de unos servicios públicos de mayor calidad que los que aquí tenemos.

De este hecho es necesario extraer una conclusión importante que motiva este artículo y la auditoría de la deuda que se llevará a cabo en el Parlament: las Islas Baleares han logrado el presente nivel de endeudamiento como consecuencia de decisiones políticas y, por lo tanto, parte de la deuda puede ser considerada ilegítima en los términos que se plantea en el derecho internacional. Así, para determinar la legitimidad de la deuda aparecida durante la crisis, es fundamental encontrar el origen de su aumento.

Desde un punto de vista económico, el incremento de la deuda pública se puede dar, en primer lugar, por la acumulación de déficits, es decir, por un gasto permanentemente superior a los ingresos que haría endeudarse al gobierno para poder sufragar los gastos no cubiertos por los ingresos. En el caso de las Baleares (así como en el de la Comunidad Valenciana y Cataluña) la carencia de recursos transferidos por parte del Estado ha comportado unos ingresos repetidamente inferiores a los necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos, de forma que la auditoría tendrá que cuantificar el importe de este agravio y justificar también la ilegitimidad de la deuda que ha generado.

Aún así, los problemas derivados de la infrafinanciación autonómica no pueden eximir a las autoridades políticas autonómicas de sus responsabilidades, especialmente, si tenemos en cuenta que, desde una visión de conjunto, para mejorar la financiación de una comunidad se tiene que empeorar la de otra y que, por lo tanto, sería falaz que todas las comunidades esgrimieran la infrafinanciación como causa de su endeudamiento. Lo que todo esto nos indica, en definitiva, es la existencia de problemas más profundos en la gestión política de la crisis.

De este modo, la evolución de los factores determinantes del déficit público, más allá de las transferencias estatales, también tendrían que ser objeto de revisión. Concretamente, la carencia de ingresos públicos y el aumento del gasto son ámbitos de (cierta) competencia autonómica.

En cuanto a la carencia de ingresos, y tal y cómo se observa en el gráfico 1, la recaudación en los presupuestos públicos sufrió una reducción a partir de 2008 que no recuperó hasta 2015. Ante la situación de crisis, la respuesta política consistió en proteger a los que más tienen: la Ley de Emprendedores y sus cínicas bonificaciones fiscales, por ejemplo, a los patrimonios superiores a los 700.000 euros, demuestran las prioridades del PP. 

Por lo tanto, dada la política fiscal regresiva del gobierno de Bauzá, el mayor ajuste se dio por el lado de los gastos, tal y como se puede observar en el segundo gráfico. A partir del 2011 los recortes del PP provocaron una caída del gasto público (no financiero) que no se ha recuperado hasta 2016, mientras aumentaba el gasto financiero destinado a amortizar deuda e intereses. 

De todo lo expuesto hasta aquí se deriva la idea de que, mientras la gente perdía derechos con los recortes presupuestarios, el gobierno balear se negaba a incrementar los ingresos, haciendo inevitable el endeudamiento público. Además, la obligación legal de satisfacer los deseos de los prestamistas y la necesidad de pagar a proveedores han traído a un endeudamiento sistemáticamente superior al valor del déficit (ver gráfico 3). Es decir, que el gobierno de las Islas Baleares se ha endeudado no con el objetivo de proteger a la población durante la crisis sino que lo ha hecho, en buena medida, para poder devolver préstamos, en un claro ejemplo de la espiral de déficit-deuda.

En esta situación, el endeudamiento balear impide el uso de los recursos públicos en la recuperación económica y el bienestar de la mayoría social, un fenómeno que encajaría plenamente en la definición de deuda ilegítima, entendida como “aquella contraída por un gobierno que no ha destinado los recursos generados para el beneficio de la población (…) o aquella deuda derivada de una política fiscal regresiva o permisiva con el fraude fiscal que reduce los ingresos del Estado” (PACD) [1].

Por todo lo explicado, presentamos la propuesta de auditoría para determinar la cuantía exacta que las políticas del PP han usurpado y usurpan a la gente de las Islas Baleares. Además, anticipamos la necesidad de creación de una banca pública que apoye el cambio de modelo productivo a través de unos criterios de inversión establecidos democráticamente y, al mismo tiempo, sirva para evitar que se repitan situaciones como la actual, en la que la banca privada se enriquece gracias al sufrimiento de la ciudadanía. Esto es, en definitiva, lo que queremos decir al hablar de la deuda ilegítima cuya cuantía buscamos determinar con la auditoría: aquella que se contrae para el beneficio de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de los ciudadanos.