Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un proyecto de Memoria Histórica que ha rescatado la dimensión de los fusilamientos efectuados en las tapias del cementerio de La Almudena. Un trabajo de investigación desarrollado por un equipo dirigido por el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Hernández Holgado ha ampliado la cifra de ejecuciones hasta 2.934 desde las 2.663, que había establecido el libro de Mirta Núñez y Antonio Rojas Friend.

A partir de las conclusiones del estudio, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que promoverá un Memorial para los fusilados en las tapias del cementerio del Este, como los que ya existen en un centenar de ciudades de todo el país.

La actual corporación del Ayuntamiento de Madrid, en consonancia con los sentimientos y los deseos de los familiares, ha resuelto emprender una tarea que, aunque llega muy tarde para reparar efectivamente a las víctimas y a sus familias, resulta imprescindible para recuperar la memoria de nuestros conciudadanos y conciudadanas cuya vida fue arrebatada por creer en un mundo mejor, y para adoptar en la ciudad de Madrid un marco de convivencia basado en los valores democráticos y en el respeto a los Derechos Humanos.

Los familiares de las víctimas de aquellos consejos de guerra ilegales e injustos (entre los cuales se encuentran las 13 Rosas y sus compañeros) llevan décadas demandando un lugar de memoria, donde aparezcan los nombres de sus familiares muertos y rendirles el homenaje público o personal que estimen, acabando con la “damnatio memoriae” decretada por la dictadura, que nuestra democracia no ha sabido reparar.

Recordemos que muy cerca de donde se fusiló en la posguerra a miles de antifranquistas se encuentra el monumento de homenaje a la División Azul, con banderas, altares y símbolos

Recordemos que muy cerca de donde se fusiló en la posguerra a miles de antifranquistas se encuentra el monumento de homenaje a la División Azul, con banderas, altares y símbolos. Asimismo perviven, en un lugar privilegiado de la necrópolis, tumbas de miembros de la Legión Cóndor nazi, que bombardeó Madrid, cuando era una ciudad repleta de población civil y de miles de refugiados.

A la exposición de resultados de las investigaciones del profesor Hernández Holgado y su equipo, le ha seguido un amplio repertorio de insultos y descalificaciones tanto contra su investigación como contra su persona. La portada de un periódico de tirada nacional hablando de supuestos homenajes a “chequistas” (expresión recogida por el mismísimo ministro de Justicia), o la reseña de una vinculación puntual del profesor Hernández Holgado con un determinado partido político para cuestionar la imparcialidad de su trabajo, reedita la campaña de manipulaciones y calumnias que tan buen resultado dio contra el equipo de profesionales de la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX, que consiguió tumbar un proyecto integral de memoria histórica que estaba en elaboración para la ciudad de Madrid.

Siempre que se habla de “chequistas” se hace referencia a una fuente documental concreta: la Causa General. Una fuente que los historiadores cogen con pinzas por su parcialidad y deficiencias, lo que hace preciso que sea necesariamente contrastada con otras más fiables. La derecha mediática viene, desde hace días, dando carta de naturaleza a las cifras y acusaciones de la Causa General y de las sentencias de los consejos de guerra franquistas, sustentadas invariablemente en denuncias sin posibilidad de ser rebatidas, y en la práctica sistemática de la tortura. Por el contrario, lo que el grupo del profesor Hernández Holgado ha hecho es recuperar la historia de las ejecuciones de personas que no tuvieron la más mínima posibilidad de defensa, ni se les concedió el derecho a la presunción de inocencia.

El Partido Popular ha presentado una proposición ordinaria que se debatirá en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del 28 de febrero, que pretende desvirtuar las conclusiones del trabajo realizado por el equipo del profesor Hernández Holgado, y pervertir el sentido del futuro Memorial proyectado en homenaje a las víctimas del franquismo.

Los tribunales militares franquistas no eran homologables a un Estado de Derecho digno de tal nombre, ni garantizaban un juicio justo al reo, pero la propuesta del PP otorga legitimidad a las acusaciones de las sentencias franquistas, dictadas por tribunales militares ilegalmente constituidos; sin las mínimas garantías procesales; en aplicación de leyes promulgadas por un poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin derecho efectivo a la defensa; sin derecho de apelación a una instancia jurídica superior independiente...

El argumentario del PP, sustentado en la publicística franquista hoy desautorizada por los estudios históricos, pretende relativizar u ocultar la represión ejercida por el régimen de Franco y sobredimensionar la republicana, que efectivamente existió. Con ese mismo enfoque podría cuestionarse si cada una de las víctimas producidas en la retaguardia republicana merece un lugar de recuerdo público o familiar, en función de su afinidad con el golpe del 18 de julio o con la brutal represión posterior.

El argumentario del PP, sustentado en la publicística franquista hoy desautorizada por los estudios históricos, pretende relativizar u ocultar la represión ejercida por el régimen de Franco y sobredimensionar la republicana, que efectivamente existió

El PP también propone "Que el Memorial en el camposanto municipal recuerde a todas las personas que sufrieron violencia o persecución por sus ideas, su compromiso político, sus creencias religiosas o cualquiera de sus actitudes vitales durante la Guerra Civil y la dictadura". Entendemos que en justa reciprocidad y embargados por ese espíritu fraternal, los concejales populares exigirán a la Iglesia católica la inclusión de las víctimas del franquismo en las próximas ceremonias de beatificación masiva que periódicamente organiza la jerarquía eclesiástica.

Aunque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática, la diferencia está, fundamentalmente, en el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español tanto en dictadura como en democracia, que ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la Guerra Civil, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas sus familias) de unas políticas intensivas de reparación material y simbólica que adoptaron múltiples formas. Recibieron un reconocimiento público prolongado, y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la Guerra Mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparados y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español, que les ha negado explícitamente la Verdad, la Justicia y la Reparación a pesar de las exigencias de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

En cuestiones de justicia y de derechos humanos ya no son aceptables las componendas a que nos acostumbró la transición. Ni el Ayuntamiento de Madrid ni los grupos políticos democráticos pueden tomar decisiones políticas condicionados por campañas de amedrentamiento y de coacción.

Aquellos y aquellas que el próximo día 28 voten la moción del PP, u otras que puedan presentarse en la misma dirección, estarán juzgando y condenando de nuevo a las víctimas del franquismo. Y con las mismas garantías con que lo hacían los tribunales en los años 40.

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Arturo Peinado Cano es presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.