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Cuando los titulares de prensa nos cuentan hoy que España ha sido condenada por atacar la libertad de expresión, aciertan de lleno en el sujeto: es España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado por una forma de entender la justicia que se extiende desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Constitucional pasando por la calle. Consiste en anteponer el puño aleatorio del poder ante la libertad de expresión de los que no lo tienen. Hoy sabemos lo que piensa el Tribunal de Estrasburgo sobre que en nuestro país se persiga y se condene a prisión a dos jóvenes por quemar un retrato de los reyes Juan Carlos y Sofía. Y el tribunal piensa que a estas alturas de la vida hay que explicárnoslo todo. La sentencia así lo hace. Como a un país menor de edad, se nos cuenta que quemar un retrato no es un ataque personal ni un atentado contra esos reyes, sino una crítica política y simbólica a la que cualquiera tiene derecho sin que lo llamen terrorista. Y, sobre todo, sin que lo juzguen como tal. La sentencia nos termina explicando que la libertad de expresión no solo hay que respetarla cuando el mensaje es inofensivo, también cuando el mensaje nos ofende. No nos la ha leído Coco, el de Barrio Sésamo, por no hacer más sangre.

Todo lo que ahora es sensación de vergüenza ajena –que es propia– antes era campo. Hectáreas de terreno para relacionar aquella protesta y cualquiera de ese tipo con el terrorismo. Los que usaron adjetivos gravísimos para justificar la persecución no dirán nada. Están ocupados en alimentar y justificar las nuevas persecuciones de hoy que nos harán ser el hazmerreír mañana. Marca España de la buena. En unos años, los tribunales europeos nos preguntarán en qué estábamos pensando cuando imponíamos prisión preventiva y peticiones de décadas de cárcel por rebelión para protestas pacíficas. El espíritu de Coco el de Barrio Sésamo volverá a aparecer tarde o temprano para explicarnos que ni una pelea de bar ni la letra de una canción son terrorismo, ni una nariz de payaso un atentado contra la autoridad con agravante de odio. Mientras pasa una vergüenza y llega la próxima, España, ese conglomerado de Gobierno, medios de comunicación subvencionados y tribunales afines ridiculizados hoy, nos seguirá explicando que a las vergüenzas del futuro hay que llamarlas normalidad democrática en el presente. “Es la ley, amigo”, nos repetirán en el próximo atropello con la seguridad que da ser el que la retuerce a su antojo y, tras una llamada de teléfono, los tribunales a los que Estrasburgo les saca hoy los colores coincidirán en sentencia y justificación para la tranquilidad de todos los demócratas que quieren ver entre rejas lo que les molesta. Con Don Pimpón en el Constitucional y Espinete en la Audiencia Nacional, la vergüenza sería menor.