El 3% de los españoles, un total de 1.264.351 personas, necesita de algún tipo de apoyo para poder llevar a cabo actividades básicas en su día a día. Un reciente informe del Observatorio de la Dependencia sostiene que una parte importante de estas personas dependientes están desprotegidas por las administraciones públicas: un cuarto (24,51%) de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, pese a tener derecho a ellos. 38.000 personas murieron en 2017 sin poder acceder a esas ayudas, lo que supone más de 100 muertes al día. El documento, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, explica que el 38,8% de estas 310.120 personas que no reciben ayudas son dependientes con Grados III o II, es decir, “tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado”. 

Este XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia señala la principal causa de esta falta de protección: los recortes en los presupuestos públicos. Entre 2012 y finales de 2017, el descenso acumulado del gasto público en dependencia por parte del Estado ha sido de 4.600 millones de euros. Las Comunidades Autónomas, responsables principales de implementar los servicios, han sufrido una disminución acumulada de 2.700 millones en estas partidas presupuestarias. Las prestaciones por cuidados familiares que recibían directamente las familias disponen de 1.173 millones menos desde 2012. El informe del Observatorio mantiene que, en el intervalo que fue desde junio de 2012 a junio de 2015, hubo una “parálisis y retroceso generalizado del sistema”. Desde junio de 2015 se progresa en algunos aspectos de la gestión, “aunque muy lentamente” y, en gran medida, gracias a servicios de bajo coste, aseguran desde la Asociación.

Otro problema importante es la gran desigualdad registrada en los servicios si se analizan por comunidad autónoma. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que es el conjunto de servicios públicos y privados, incluidas las ayudas económicas, que va a dar cobertura a las personas dependientes es muy diferente si vives Cataluña (con, por ejemplo, lista de espera para el 37,1%) o Canarias (36,6%) que si te encuentras en Castilla y León o Ceuta y Melilla, con desatención de solo el 1,4% y del 5,2% respectivamente.  El gasto público estimado por dependiente también tiene una variabilidad enorme: de los 4.270,88 € de Ceuta y Melilla o los 5.181,50 € de Murcia, se puede llegar hasta los 7.698,89 € del País Vasco o los 7.683,40 € de Cantabria.

El dictamen también pone el acento en el género por dos cuestiones. Por un lado, destaca que dos tercios de las personas dependientes son mujeres (65%). Por el otro, denuncia que no se está evaluando el impacto negativo que puede estar teniendo “la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección”. Además, se ha retirado el apoyo que significaban las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras familiares.

En los Presupuestos Generales del Estado del 2017, el Gobierno incluyó un aumento de 100 millones para la partida de dependencia. Pese a este compromiso, se dejaron sin invertir 44 millones de esos 100 porque no se elevó el gasto por dependiente atendido. Las Comunidades Autónomas siguen ocupándose del 80% de ese gasto, y si el Estado no asume un mayor porcentaje, el dinero se queda sin gastar. El informe pide que el Gobierno asuma una mayor responsabilidad y que se vea reflejado un aumento de los recursos en los PGE de 2018, aún sin aprobar. 

-----------------------

Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.