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Año 2016. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona decide sobre dos mociones. Es importante saber que una moción es una iniciativa presentada por uno o varios grupos políticos municipales (partidos con representación), destinada a la adopción de acuerdos y posicionamientos del Ayuntamiento, pero sin valor legal/ejecutivo por sí misma. Es decir, las mociones que se aprueban no tienen que cumplirse. Es más, ni siquiera tienen que versar sobre un tema objeto de competencia municipal. Se puede aprobar una moción destinada a declarar a la ciudad como la más bonita del Mundo, o de Narnia. Las mociones, por tanto, son primas hermanas de las Proposiciones No de Ley (PNL) que se presentan en las cámaras legislativas. Ambas pertenecen a la familia de las No-Leyes.

Volvamos a 2016. Decíamos que el Ayuntamiento de Barcelona decide sobre dos mociones, una de Barcelona En Comú y otra de la CUP. Las dos orientadas a la remunicipalización de la gestión del servicio de aguas de la ciudad. La gestión del servicio de aguas de Barcelona –esto también es importante– está concedida a Agbar que, a su vez, pertenece mayoritariamente a la empresa francesa Suez Environnement (un gigante mundial del negocio del agua) y a La Caixa. La moción de BeC hablaba de "abrir una línea de trabajo en el marco del ayuntamiento hacia la gestión pública directa e integral del ciclo del agua", sin aportar un calendario ni pasos específicos en esa dirección. La de la CUP exigía inmediatamente la remunicipalización del servicio.

Ambas mociones se aprobaron. La de BeC con votos a favor del grupo proponente, de ERC, de PSC y de CUP, con la abstención de PP y C’s y el voto en contra de CiU. La moción de la CUP salió aprobada con los votos a favor de BeC y ERC, la abstención del PSC y el voto en contra de PP, C’s y CiU. Ahora vamos a ver qué significa esto.

¿La aprobación de estas mociones sirve por sí sola para remunicipalizar el agua?

No. Para la remunicipalización hace falta otro tipo de instrumento jurídico, un reglamento, con carácter ejecutivo y vinculante, votado a favor por mayoría absoluta del Pleno (al menos 24 de 47 concejales).

¿Todos los partidos que votaron a favor de esas mociones estarían dispuestos a remunicipalizar el agua?

Para saberlo a ciencia cierta habría que presentar ese reglamento y atender a la votación, pero no debemos tomar como referencia la votación de estas mociones. La familia de las No-Leyes sale gratis. El PSOE, de hecho, es especialista en este tipo de esquizofrenia parlamentaria (vivienda, salario mínimo, atención temprana…).

Avancemos hasta 2018. El Ayuntamiento de Barcelona aprueba un nuevo Reglamento de Participación, donde se regulan las consultas ciudadanas a través del recién creado portal digital Decidim Barcelona. Como sucede a nivel autonómico, estas consultas tienen importantes limitaciones, señaladas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Principalmente, la restricción de los temas sobre los que se puede consultar a la ciudadanía y el carácter no vinculante del resultado. Aún con estas limitaciones, las consultas ciudadanas municipales han cobrado importancia en ciudades como Madrid, gracias al compromiso informal de algunos grupos políticos de acatar el resultado de las mismas. El mismo compromiso se pretendía llevar a cabo en Barcelona, con varios grupos políticos dispuestos a trasladar a las votaciones del Pleno el parecer ciudadano manifestado en las consultas.

Nada más aprobarse este Reglamento de Participación, un conglomerado de grandes empresas, entre las que se encuentra Agbar, decidieron recurrirlo judicialmente para dejarlo sin efecto. Curiosamente, la primera prueba del Reglamento consistiría en una multiconsulta donde se tratarían temas como la remunicipalización del agua, con un detalle importante: esta consulta no es iniciativa de un partido, sino el resultado de la movilización de diversas plataformas que han recogido las firmas suficientes para ponerla en marcha.

Y así llegamos al 10 de abril, día en el que se somete al Pleno la celebración de esta multiconsulta con dos temas estrella: el tranvía de la Diagonal y la remunicipalización del agua; con un importante sustrato: comenzar a poner en práctica la apuesta participativa y generar la cultura necesaria para que se mantenga y crezca. Especialmente en lo referente a la remunicipalización del agua, la batalla se jugaba (se juega) en dos dimensiones, la propia del servicio de gestión del agua y la batalla que los lobbyshan abierto contra el Reglamento de Participación, con una pata en los tribunales y otra política, en la calle.

Sorprendentemente, el Pleno acabó rechazando la celebración de la multiconsulta; especialmente llamativo resultó el voto en contra de la CUP para la celebración de la votación sobre la remunicipalización del agua. ¿Cómo es posible que un partido que persigue esta remunicipalización vote en contra de que se celebre esa consulta? ¿Cómo es posible que un partido que defiende el derecho a decidir se oponga a la realización de cualquier consulta? Aquí es donde entra la letra pequeña.

La representación de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona argumenta que su voto en contra se debe al rechazo de la consulta como una estrategia para dilatar una remunicipalización “que ya se aprobó en 2016”, con las mociones antes explicadas. Además aducen que, siendo el agua un bien y un derecho humano fundamental, sacar su remunicipalización a consulta es poner en duda ese derecho. Es decir, que un derecho tan importante no se debería ni siquiera consultar. Se remunicipaliza y punto.

Es llamativo que unos argumentos que parecen firmes, sólidos y coherentes hayan situado el voto de la CUP junto al del PP, CiU o C’s y que, a la postre, haya tumbado una consulta promovida por plataformas de una sociedad civil a la que dicen representar en las instituciones. Pero lo más grave es que esos argumentos ni siquiera son reales.

El problema es que no será tan sencillo que los grupos que apoyaron las mociones en 2016 lo hagan si lo que se presenta es el reglamento ejecutivo de esa remunicipalización. Especialmente el PSC, cuyos votos son imprescindibles (junto a los de BeC, ERC y CUP). Por eso, esa vía institucional debería ser complementada por una manifestación ciudadana de voluntad, porque si hay algo que puede enfrentar al poder de los lobbys a la hora de presionar a los partidos es el poder de mucha gente exigiendo una determinada política. Esto, que no debería tener que explicarse a una fuerza que defiende el derecho a decidir, parece que se les olvidó a los representantes de la CUP. Dudo que haya alguien en ese partido que no esté de acuerdo con la obviedad de que es más fácil que el PSC o ERC voten a favor de un reglamento de remunicipalización si en una consulta ciudadana, aunque no sea vinculante, las vecinas y vecinos de Barcelona votan masivamente para que se ejecute.

Pero hay más. De la misma forma que un Pleno municipal privatiza, luego llegan elecciones y otro Pleno puede remunicipalizar, pero luego llegan otras elecciones y otra composición plenaria podría volver a privatizar. Sin embargo, si detrás de la remunicipalización hay una consulta con un resultado mayoritario, se está estableciendo una importante garantía. Haciendo evidente lo impopular de la medida, presionando a los partidos donde más les duele, en las expectativas electorales. Esto es entender la participación, además de como un derecho, como un recurso estratégico, sobre todo si a lo que te enfrentas es a una poderosa multinacional y al poder financiero en su deseo de controlar un negocio tan rentable como el agua.

Lamentablemente, no alcanzo a saber si por desconocimiento de la realidad política, de la eficacia de los instrumentos y el funcionamiento institucional (mociones, reglamentos…) o simplemente porque las elecciones se acercan y hay que diferenciarse de competidores políticos directos, la CUP ha hecho un flaco favor al movimiento por la remunicipalización del agua y, por el mismo precio, ha dejado tocado el Reglamento de Participación, el proyecto de Decidim y la aspiración de que Barcelona sea una ciudad más participativa y democrática. 

Son estas cosas las que hacen dudar de si un modelo competitivo (de partidos) sin participación ciudadana real es el sistema indicado para maximizar el bienestar de la sociedad, cuando parece evidente, en multitud de casos, que el interés electoral prevalece, de la misma forma que la competición prevalece sobre la colaboración y el bien común. 

Mientras tanto, Agbar feliz.