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Publiqué hace unos días en CTXT un artículo en el que criticaba la tesis defendida por Santos Juliá en el diario El País según la cual las autoridades catalanas, en los meses de septiembre y octubre de 2017, dieron una especie de golpe de Estado bajo la forma de “pronunciamiento civil”. Digo “una especie de” porque Juliá no era del todo preciso en la formulación de sus ideas. Por una parte, comparaba la actuación de los independentistas a los golpes de Estado del general Primo de Rivera en 1923, del general Sanjurjo en 1932 y del teniente coronel Tejero en 1981. Por otro, introducía un concepto novedoso, el de “pronunciamiento civil”, que parece un concepto contradictorio, pues los pronunciamientos son una variedad de golpe de Estado militar.

En mi comentario crítico al texto de Juliá, argumenté que el concepto de “pronunciamiento civil” no tiene mucho sentido, defendí que es erróneo interpretar la desobediencia constitucional de las instituciones catalanas en términos de golpe de Estado (pues no hubo ni violencia ni amenaza de la misma) y propuse una lectura alternativa en la que se analiza lo sucedido como una crisis constitucional. Esta crisis se manifiesta en un choque de legitimidades y es consecuencia de un conflicto irresuelto en torno al “demos” o sujeto colectivo de la democracia.

Juliá ha escrito una réplica, publicada en este mismo medio, CTXT, en la que abundan el sarcasmo y las descalificaciones personales; además, introduce asuntos que tienen muy poco que ver con la cuestión tratada, como el final del terrorismo etarra. Es mi impresión que Juliá se pierde en cuestiones secundarias y con ello tapa la ausencia de argumentos que apoyen su tesis del comportamiento golpista de los políticos independentistas.

Por el bien del debate, paso por alto todas las cuestiones accesorias y personales, que tienen un interés muy limitado y no son sino distracciones de la cuestión central, la de si hubo “golpe” o “pronunciamiento” en Cataluña.

Según tuve ocasión de argumentar, un golpe de Estado requiere violencia real o amenaza de la misma. Por descontado, hay golpes incruentos, en los que las autoridades se someten a los designios de los golpistas y abandonan el poder pacíficamente, sin oponer resistencia. Pero esto sólo es posible porque hay una amenaza latente de violencia. En su réplica, Juliá se olvida del general Sanjurjo y del teniente coronel Tejero (que, como antes he dicho, aparecían en el artículo original de El País como elementos de comparación con las acciones de Puigdemont), centrando sus comentarios exclusivamente en el golpe de Primo de Rivera.

En su réplica, Juliá se olvida del general Sanjurjo y del teniente coronel Tejero, centrando sus comentarios exclusivamente en el golpe de Primo de Rivera

Juliá se extiende sobre la ausencia de violencia en el golpe de Primo de Rivera. Debería ser evidente, sin embargo, que no es lo mismo la desobediencia de un cargo civil que la de un militar. Primo de Rivera urdió su conspiración con otros importantes generales del Ejército. Al inicio del golpe declaró el estado de guerra en Cataluña y mandó un telegrama al capitán general de la región de Madrid destinado al rey, Alfonso XIII, en el que podían leerse frases como estas: “Tenemos la razón y por eso tenemos la fuerza, que hemos empleado con moderación hasta ahora. Si por una habilidad se nos quiere conducir a transigencias que nos deshonrarían ante nuestras propias conciencias, extremaríamos petición sanciones y las impondríamos. (…) Si los políticos, en defensa de clase, forman frente único, nosotros lo formaríamos con el pueblo sano que almacena tantas energías contra ellos, y a esta resolución, hoy moderada, le daríamos carácter sangriento”. En una nota de prensa escrita en medio del golpe, incluyó esta frase: “Acaso nos hemos equivocado un poco queriendo hacer las cosas tan bien y España, como ciertos enfermos, necesita una sangría.”

A esto me refiero cuando hablo de amenaza de violencia en los golpes incruentos. Santos Juliá, en su réplica, pasa por alto la amenaza de violencia en el golpe de Primo de Rivera para facilitar la comparación forzada con la crisis catalana. Curiosamente, en un largo capítulo suyo incluido en el libro La España del siglo XX (Marcial Pons, 2003), escribe con respecto al golpe de Primo de Rivera: “El golpe de Estado legitimó el recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el poder y cambiar un régimen político” (p. 66). Parece claro que si no hubiera habido amenaza de violencia en el golpe de Primo de Rivera, no habría podido legitimarse “el recurso a la violencia y a las armas” del que el propio Juliá habla.

Considerar que un pronunciamiento del capitán general de Cataluña, en connivencia con los generales del llamado “cuadrilátero”, no entrañaba amenaza de violencia resulta poco convincente. Si la condición militar no añade nada, si no supone una intimidación de ningún tipo, entonces es difícil de entender por qué los golpistas suelen ser militares y no miembros de, digamos, una congregación religiosa o una asociación de padres de colegio. Negar el poder violento del Ejército va contra el sentido común y contra todo lo que hemos aprendido en la investigación académica sobre los golpes de Estado. Que en ocasiones el Ejército no necesite llevar a la práctica su potencial violento no quiere decir que la amenaza no sea efectiva. De hecho, cuando es realmente efectiva, es decir, cuando resulta creíble, no requiere su realización material.

Si la condición militar no añade nada, si no supone una intimidación de ningún tipo, entonces es difícil de entender por qué los golpistas suelen ser militares

En este sentido, insisto en que no es lo mismo la desobediencia del presidente de la Generalitat que la desobediencia del capitán general de Cataluña. En la crisis de 2017 no hubo amenaza o anticipación de violencia alguna por parte de las autoridades catalanes (ni en cualquier otro momento anterior del llamado Procés). Por eso mismo me parece tan inadecuada la expresión inventada por Juliá de “pronunciamiento civil”. Los pronunciamientos son siempre militares, como mostró Miguel Alonso Baquer en su monografía sobre esta forma de golpismo.

Juliá señala en su réplica que tanto en los pronunciamientos propiamente dichos como en el “pronunciamiento civil”  de los independentistas catalanes hay performatividad. Se trata de “actos de habla” con consecuencias prácticas. Obvio. Pero cualquier que haya estudiado mínimamente la teoría de los actos de habla sabe que hay muchos tipos de “declaraciones” (en la terminología de John Searle, en una “declaración” se produce un cambio en el mundo mediante la afirmación de que un estado de cosas existe, de suerte que dicho estado de cosas adquiere existencia en virtud de la declaración misma). Hay numerosos actos de habla que son “declaraciones”, desde un testamento hasta una declaración de guerra, desde una sentencia judicial hasta una declaración de independencia. Que compartan la misma estructura formal no quiere decir que sean políticamente equivalentes. Juliá se vale de la condición performativa común de un pronunciamiento y de una declaración de independencia para concluir que son lo mismo políticamente hablando. Esto, me parece, es un error conceptual. De la misma manera que distinguimos las declaraciones de guerra de los testamentos a pesar de que compartan performatividad, podemos distinguir los pronunciamientos militares de las declaraciones de independencia.

En mi crítica, señalé que Juliá no identifica ningún otro caso de “pronunciamiento civil” aparte del catalán. En su réplica, tampoco aparece ninguna aclaración adicional al respecto. ¿Tiene sentido inventar una categoría para un caso único? Sería más sencillo dejar de retorcer los conceptos y admitir que lo que hubo en Cataluña fue una declaración de independencia que no se llegó a llevar a término, se quedó en una declaración sin consecuencias prácticas. En la medida en que no medió violencia ni amenaza de la misma, no creo que pueda hablarse ni de golpe ni de pronunciamiento ni de rebelión.

No me queda claro si toda declaración de independencia no negociada con el Estado constituye un caso de “pronunciamiento civil”, según la curiosa doctrina inventada por Juliá. ¿Fue la declaración de independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776 un “pronunciamiento civil”? ¿Deberíamos entender que las declaraciones de independencia en general son actos golpistas? De ser así, estaríamos ante una teoría nueva y original, pues, entre otras cosas, en los análisis comparados sobre golpes de Estado se considera que el objetivo del golpe siempre es el gobierno central, no un gobierno regional o subnacional.

Hay otras formas de entender la crisis catalana que no pasan por el golpe de Estado. Creo que es más respetuoso con la verdadera naturaleza del problema admitir que dicha crisis es consecuencia de no haber resuelto mediante la negociación y el pacto un problema de “demos” que ha ido agravándose con los años hasta desembocar en los sucesos de otoño de 2017. Los conflictos en torno al “demos” son frecuentes en Estados plurinacionales o multiétnicos. Para entender adecuadamente la crisis catalana, es preciso analizar las razones por las cuales la interacción entre el Estado central y las instituciones catalanes ha fallado de forma tan estrepitosa. Los diagnósticos basados en el “golpismo”, a mi juicio, realizan una lectura unilateral de la crisis catalana, dejando fuera la reacción (o falta de la misma) del Gobierno central. Así, nos alejan de soluciones consensuadas y nos condenan a resolver este asunto de la peor manera posible, es decir, por la imposición y la vía penal. Abandonar el marco categorial del “golpismo” sería un paso importante para tratar de pensar en cómo conseguir una solución integradora y satisfactoria para todas las partes.