Es un hecho que existen personas en nuestro país que padecen enfermedades incurables o discapacidades graves e irreversibles que les provocan mucho sufrimiento y gran dolor, tanto que les resulta insoportable seguir viviendo en esas condiciones. Quienes se encuentran en su entorno son conocedores de esta situación, provocándoles impotencia ante tanta penalidad y rabia ante la imposibilidad de alivio con medios médicos actuales. Familiares, personas cercanas, profesionales sanitarios, asociaciones de muerte digna viven con angustia y pesar esta situación y comparten el clamor para que se regule la posibilidad de acabar con un sufrimiento que la persona que lo padece considera insoportable. 

Ponerse en el lugar de la persona que considera su situación incompatible con su dignidad y que erosiona su concepto de la integridad física y moral, es la mejor manera de entender la determinación de acabar con su vida

Ponerse en el lugar de la persona que considera su situación incompatible con su dignidad y que erosiona su concepto de la integridad física y moral, es la mejor manera de entender la determinación de acabar con su vida, o lo que es lo mismo, detener su dolor y sufrimiento incurable. En la película Mar adentro, Alejandro Amenábar nos mete de forma magistral en la mente de Ramón Sampedro para entender su lucha por el derecho a “ser libre”. Nos hace comprender su clamor y empatizar con su insistente súplica por poner fin a una situación para él incompatible con su dignidad y autonomía personal. Y pide ayuda y comprensión a la sociedad.

La eutanasia se trata de eso: proporcionar ayuda para “morir bien”. Cuando nos acercamos a la eutanasia debemos hacerlo conscientes de su irreversibilidad, por lo que su regulación debe abordarse con el máximo rigor y con todas las garantías médicas y jurídicas. Una democracia moderna y sus poderes públicos no pueden continuar ignorando el sufrimiento insoportable de quienes lo padecen y la permanente amenaza para el personal sanitario que debe atenderles por las limitaciones del actual Código Penal, en su artículo 143.4.

La proposición de Ley Orgánica del PSOE, registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, propone la creación de un nuevo derecho a solicitar y recibir ayuda para morir, un nuevo derecho centrado en el de derecho a la vida recogido en la Constitución, conjugado con el derecho a la libertad, a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral.

Un nuevo derecho subjetivo para las personas que se encuentren en situación de enfermedad incurable o discapacidad grave e irreversible, abocada a la muerte pero no inminente. Y que sean plenamente conscientes del significado  de la solicitud, para lo que deben estar perfectamente informadas de las posibilidades de tratamiento y atenciones de que dispone la ciencia actual y medie reiteración de la solicitud, que prevenga decisiones precipitadas en momentos de desesperación puntuales.

Una situación sobre la que existe una importante sensibilidad en la sociedad española y a la que los poderes públicos deben ser capaces de dar una respuesta efectiva, pero también garantista, rigurosa y sistemática. Para ello la prestación debe realizarse con todas las garantías médicas dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud

Y con todas las garantías jurídicas que haga efectivo el derecho a la última libertad.

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Luisa Carcedo Roces es secretaria de Sanidad y Consumo del PSOE.