El concepto de dignidad de la persona revolotea sin cesar por los debates políticos de las sociedades democráticas. Se asocia, además, ya sea en el texto jurídico o en el discurso político a numerosos derechos individuales –ahí tenemos el derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a un trabajo digno, etc.–, y cada vez a más a ciertos actores colectivos –la dignidad de los pueblos, por ejemplo. En España, el concepto de vida digna aparece en el breve preámbulo de la Constitución con estas palabras: “Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Además, el derecho a la vida se encuentra plasmado, como principio básico, en las convenciones y leyes fundamentales que rigen las bases de nuestra convivencia y desarrollo social y legislativo. Junto a él, en estos mismos textos, suelen aparecer otros derechos de igual valor: seguridad, integridad física y moral y, por supuesto, el derecho a la libertad.

De forma progresiva, los Estados occidentales han concedido a sus ciudadanos un abanico amplio de libertades que les permite decidir por si mismos sobre la mayoría de los aspectos de su vida, y, por tanto, vivirla de acuerdo a sus propias ideas, principios y concepciones morales. Sin embargo, y a pesar de la gran capacidad de cada persona para decidir como debe vivir, ésta, en la mayoría de los casos, no incluye la libertad para elegir cómo dicha persona quiere morir.

Este es el caso de España, que, movida por una fuerte tradición cristiana de sacralización de la vida humana, se ha cerrado la puerta en varias ocasiones al debate sobre la eutanasia. En el plano legal, estas posturas se apoyan en el derecho fundamental e irrenunciable a la vida como impedimento para la legalización de cualquier método de muerte voluntaria. Por su parte, los partidarios de estas prácticas, lejos de dar la espalda al derecho, utilizan precisamente el concepto de vida digna e incluyen en el mismo el derecho a una muerte digna (para quienes estén interesados en este debate, Gregorio Peces-Barba diferencia el derecho a la vida del derecho a una vida digna aquí).

La eutanasia y, en menor medida, el suicidio asistido tienen un gran apoyo por parte de la sociedad española

Como puede verse, el debate está servido. En España, después de algunos intentos fallidos, la propuesta de despenalización de la ayuda al suicidio, y con ella la necesidad de una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido, volvieron al Parlamento el pasado 8 de mayo, esta vez con el apoyo y liderazgo del PSOE. Además de los argumentos puramente teóricos antes nombrados tanto de partidarios como de detractores, en los que prefiero no ahondar, hay otros que si pueden comprobarse de forma empírica. Entre ellos, el apoyo social, la existencia de una pendiente resbaladiza (slipping slope) que nos empuje al abuso de estos procedimientos, el posible impacto en grupos vulnerables y su relación con los cuidados paliativos.

A pesar de las reticencias que generan en algunos partidos y grupos parlamentarios, la eutanasia y, en menor medida, el suicidio asistido tienen un gran apoyo por parte de la sociedad española, incluso entre los votantes de partidos más conservadores. Aquí la última encuesta de Metroscopia sobre el tema, en la que puede verse la valoración positiva de un apabullante 84% de los encuestados. En esta encuesta de The Economist puede verse que el apoyo, además, se centra en dolencias físicas en personas mayores de edad, siendo considerablemente más bajo para menores y dolencias psicológicas. Las características sociológicas de los partidarios y detractores puede encontrarse en la encuesta del CIS de 2009 sobre atención a pacientes con enfermedades en fase terminal. El apoyo, además, como era de esperar, es mayor entre personas de izquierdas y no religiosas, así como entre los cohortes de edad más jóvenes y personas con estudios superiores a la educación secundaria, pero incluye también a votantes de derechas y católicos.

En segundo lugar está la llamada pendiente resbaladiza, esto es, el temor a la progresiva reducción de las barreras éticas hasta un punto inaceptable. En este caso, un ejemplo sería: si aceptamos A –que puede ser la eutanasia a enfermos físicos muy avanzados o a enfermos terminales–, después será más fácil aceptar B –por ejemplo, la eutanasia a enfermos psicológicos– y después C –menores o personas que no pueden dar su consentimiento–, y así hasta determinadas conductas que en un principio parecían fuera de todo debate. Sería algo así como, no aprobar A para no llegar nunca a C, aunque A en sí misma no genere un especial rechazo. También, en este tipo de argumentos se incluye la normalización o el abuso de estas prácticas por parte de la población. En Holanda, país en el que la eutanasia y el suicidio asistido son legales desde 2002 (aunque su despenalización se produce mucho antes por vía jurisprudencial), tanto el número de personas que utilizan la eutanasia, como los casos en los que puede aplicarse –por ejemplo, a niños recién nacidos que cumplan ciertos requisitos– han aumentado en los últimos años. Por supuesto, decidir si esto es un problema o no concierne únicamente a cada uno, y a sus creencias sobre la capacidad de decisión que una persona tiene sobre su vida y el significado de la muerte.

Bajo mi punto de vista, más relevante que el aumento numérico de los casos de eutanasia –si estos se practican en la forma debida– es el posible impacto que ésta pueda tener sobre grupos especialmente vulnerables, como los ancianos. Esto es, personas que no quieren verdaderamente morir, pero pueden sentirse una carga para sus familiares y optar por aliviarles acudiendo a estos procedimientos. Si una vez más analizamos Holanda, parece que el uso de la eutanasia y el suicidio asistido no es mayor en personas mayores de 85 años (Battin et al, 2007), sino que es más utilizada en pacientes entre 65 y 79 años (van der Heide et al, 2003). Tampoco parece existir peligro entre pacientes con enfermedades psicológicas, aunque sí se alerta del posible riesgo en enfermos de VIH.

Por último, se contraponen la eutanasia y el suicidio asistido con los cuidados paliativos al final de la vida, argumentando que haciendo un uso adecuado y efectivo de los segundos, las prácticas de muerte voluntaria no serían necesarias. Aquí cabe decir que ni los métodos, ni la intencionalidad de unos y otros –puede que tampoco los  requisitos ni pacientes a los que se les aplicarían– son los mismos. Los cuidados paliativos se utilizan en enfermos terminales en las fases finales de la enfermedad para evitar el sufrimiento, normalmente en un periodo corto de tiempo. Las prácticas de muerte asistida dan al paciente que cumple ciertos requisitos a definir por el legislador la opción de disponer de su propia vida. La representante del Partido Popular, Pilar Cortés, decía el 8 de mayo en el Congreso que diversos profesionales y estudios demostraban que la mejora en la administración de cuidados paliativos reducía el uso de la eutanasia y el suicidio asistido (en este enlace, minuto 1:14:45). No nombra ninguno de esos estudios, así que he buscado algunos. Efectivamente, la extensión del uso de la sedación paliativa en Holanda redujo los casos de eutanasia –con una bajada de 2.6 al 1.7% del total de muertes entre 2001 y 2005–, especialmente entre pacientes con cáncer y enfermedades cardiovasculares en fase final (Rietjens et al, 2009). Sin embargo, en los últimos años los números han vuelto a aumentar (como veíamos aquí), por lo que el uso de cuidados paliativos como alternativa a los métodos de muerte voluntaria por los cuidados paliativos no parece tan evidente.

En fin, la eutanasia y el suicidio asistido son temas delicados. Sin embargo, podemos sacar algunas cosas en claro. Parece evidente que la gran mayoría de la población española aprueba ambas prácticas, especialmente la eutanasia. En segundo lugar, si estudiamos la trayectoria de Holanda, el uso y la legislación relativa a la eutanasia han avanzado en los últimos años. También hemos comprobado que no existen evidencias de un impacto negativo en grupos vulnerables. Por último, aunque en algunos casos los cuidados paliativos pueden sustituir a la eutanasia o el suicidio asistido, no parece que la normalización de esta práctica este eliminando su uso. Nos enfrentamos, no obstante, a una batalla en la que prima el terreno moral. Mientras que la normalización de estos procedimientos puede verse con buenos ojos por algunos, otros la considerarán peligrosa e inaceptable. Al mismo tiempo, la prevalencia del derecho a morir de forma digna no encontrará cabida entre aquellos que defienden la vida a cualquier precio, y viceversa. Nos encontramos, pues, en el campo de las ideas, un terreno siempre peliagudo. No obstante, en este caso, la contienda se libra únicamente dentro de las paredes del Congreso. De puertas para fuera, la sociedad española ya ha elegido bando.