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Algunos expertos señalan que en Alemania no se veía un organismo policial con tanta capacidad de control desde 1945, año en el que las SS acabaron asumiendo los servicios secretos de la Gestapo. La nueva enmienda que presenta la Polizeiaufgabengesetz (PAG) –la ley originaria de 1955 que regula las competencias policiales– en el Estado Libre de Baviera pretende blindar a la sociedad con una mayor seguridad a costa de adueñarse de la privacidad de sus ciudadanos. Un retroceso en las libertades individuales para dotar a la policía de “modernos instrumentos” que hagan frente a “las nuevas amenazas terroristas y criminales”.

Hasta ahora las fuerzas de seguridad bávaras –como en los demás Estados federados– estaban autorizadas a actuar cuando identificaban un “peligro concreto”. Con la entrada en vigor del PAG, la policía del land con mayor número de agentes en Alemania –cuenta con 41.370 efectivos, de los cuales 33.500 son oficiales armados– amplía su foco de actuación si detecta un “peligro inminente”. Así pues, la gran modificación –y el epicentro de la controversia– que supone esta nueva ley es que la intervención policial no requiere de la existencia de un delito, sino que le basta una amenaza para actuar de manera preventiva.

¿Y qué se entiende por “peligro inminente”? Pues según el PAG cualquier amenaza que la policía pueda demostrar previamente a la materialización del delito. Estas sospechas fundadas contemplan agresiones a la vida, a la integridad física, a la salud, a la libertad personal y ataques que puedan tener “un impacto significativo en los intereses legales”. En este sentido, la nueva legislación precisa también un margen de actuación más profundo en lugares de riesgo potencial como pueden ser “los festivales populares o los mercados navideños”.

Ningún Estado ha ido tan lejos como Baviera a pesar de que en 2017 Alemania registrase la tasa de criminalidad más baja desde 1992

La policía justifica la necesidad de esta enmienda porque la ley actual debe adaptarse al nuevo reglamento europeo de protección de datos –que entra en funcionamiento el próximo 25 mayo– y alude también a una sentencia del Tribunal Constitucional Federal sobre el Código Penal Alemán que deben cumplir todos los länder. En Renania del Norte-Westfalia, en Baja Sajonia o en Bremen la policía también está tomando cartas en el asunto para adecuar las nuevas regulaciones. Sin embargo, ningún Estado ha ido tan lejos como Baviera a pesar de que en 2017 Alemania registrase la tasa de criminalidad más baja desde 1992.

Bajo el pretexto de que la policía disponga de herramientas de última tecnología para combatir eficazmente al terrorismo, la criminalidad y la delincuencia, los agentes de seguridad adquieren la potestad –siempre que verifiquen la existencia de un “peligro inminente”– de escuchar conversaciones telefónicas, interceptar correos postales, examinar correos electrónicos, acceder a los datos que se almacenen en la nube, embargar cuentas bancarias y localizar dispositivos móviles mediante drones. Una vez se haya desvanecido el riesgo, la policía está obligada a notificar a los afectados que han sido sometidos a un sistema de vigilancia secreto, de manera que si estiman oportuno éstos puedan llevar a cabo las acciones legales pertinentes.

Además, en su intención de “equiparse tecnológicamente de acuerdo a los nuevos tiempos”, el cuerpo policial incorporará cámaras en sus uniformes e incluso podría llegar a monitorizar a sospechosos con pulseras electrónicas en los tobillos. Este paquete de medidas se completa con la extracción de ADN, cuyo objetivo es la elaboración de perfiles genéticos. En el PAG se matiza que este mecanismo sólo podrá llevarse a cabo “como último recurso”, es decir, siempre que no sea posible identificar a la persona de otra manera. Asimismo, otra de las novedades que presenta esta nueva ley es el tiempo que un sospechoso puede permanecer en custodia policial: aumenta de dos semanas a tres meses.

Horst Seehofer, actual ministro del Interior del Gobierno alemán, es el propulsor de esta nueva ley de competencias policiales –que dejó encarrilada como primer ministro de Baviera– y un acérrimo partidario de que “el mayor bien de una democracia es la seguridad”. Si dependiese exclusivamente de Seehofer, probablemente este decreto se aplicaría a toda Alemania. Sin embargo, la mayoría absoluta de la que dispone la Unión Socialcristiana (CSU) –el “partido hermano” de la canciller Angela Merkel– en la Cámara regional no se puede extrapolar a nivel estatal, por lo que una ley de estas características pondría aún más en riesgo la desgastada Grosse Koalition.

La entrada en vigor de esta ley ha suscitado un enorme rechazo en el pueblo bávaro

La entrada en vigor de esta ley ha suscitado un enorme rechazo en el pueblo bávaro. A falta de cinco meses para las elecciones regionales, la oposición se movilizó el pasado 10 de mayo –festivo al ser el día del padre– en una multitudinaria concentración que congregó a más de 30.000 personas, según fuentes oficiales, todo un hito de asistencia en Múnich. Los manifestantes abarrotaron la céntrica Marienplatz –que solo se llena en los festejos del Bayern– y se dirigieron hacia Odeonsplatz, donde se encuentran las principales oficinas ministeriales de la región.

La Alianza #NoPAG, promotora de la manifestación, asegura contar con el respaldo de más de 90 organizaciones y partidos de la sociedad civil. El espectro abarca desde formaciones políticas como el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes o La Izquierda hasta asociaciones juveniles como Jóvenes Africanos de Múnich, Jóvenes Kurdos de Múnich o las Juventudes Marxistas de Múnich.

De hecho, la fuerte resistencia popular y las recomendaciones de Thomas Petri, comisario Estatal de Baviera para la Protección de Datos, han logrado que la CSU levante el pie del acelerador a última hora. Aunque para la oposición continúa siendo insuficiente, han quedado eliminadas aquellas medidas más polémicas que los socialcristianos tenían previsto impulsar. En el nuevo proyecto de ley la policía ha anulado el reconocimiento facial de la videovigilancia inteligente y ha desarmado a los drones, que iban a estar equipados con gas lacrimógeno.

No son pocas las voces que señalan que este conjunto de medidas tiene como objetivo preservar la mayoría absoluta de la CSU, en peligro con la irrupción parlamentaria de Alternativa por Alemania (AFD). La formación de ultraderecha no llegó a presentarse a los comicios de 2013 por falta de rodaje político. Por aquel entonces su mayor temor era que un resultado negativo afectase a las elecciones federales que iban a celebrarse una semana después. Ahora la situación ha cambiado y los últimos sondeos les otorgan entre un 12% y un 14% de los votos, lo que les auparía hasta el segundo puesto, en disputa con el SPD y Los Verdes.

De momento, lo cierto es que dicha ley quedó aprobada el 15 de mayo gracias a los 101 votos de los diputados del CSU mientras que en los exteriores del Bayerischer Landtag volvieron a concentrarse cerca de un millón de jóvenes detractores. Para ellos tuvo unas palabras Markus Söder, actual primer ministro de Baviera, quien afirmó “respetar las preocupaciones de los conciudadanos”. No obstante, Söder no cedió en su postura de “mirar por los intereses generales del país” y se atrevió a proclamar que esta ley “salvará vidas”.

Como era de esperar, en el airado debate parlamentario se sucedieron los reproches y Joachim Herrman, ministro del Interior de Baviera, acusó a los partidarios de la oposición de iniciar “una campaña de propaganda difamatoria”. Asimismo, Herrman admitió que la comunicación no fue tan exitosa como esperaban y anunció que para contrarrestar dicha “desinformación” el Gobierno pondría en marcha una comisión para velar por la implementación de la ley, que incluirá visitas de oficiales de policía a la escuela para informar sobre el PAG. Una idea que precisamente no ha sido muy bien acogida por la Asociación de Maestros de Baviera (BLVV). A través de su presidente, Simone Fleischmann, y en declaraciones al Süddeutsche Zeitung, ha manifestado que como demócratas no participarán “en el abuso de las escuelas para campañas electorales”.

Por su parte, Katharina Schulze, diputada de Los Verdes, difundió una encuesta –encargada al Centro de Opinión CIVEY– que revelaba que un 60% de los bávaros están en contra de que la policía lleve a cabo una amplia vigilancia e invada la esfera privada sin razón de peligro específico. También resulta significativo que en la franja de entre 18 y 39 años la oposición suba hasta el 70%. En este mismo estudio también se preguntaba a los ciudadanos qué medidas aportan una mayor seguridad a Baviera y el 46% se decantó por incrementar el número de agentes policiales.

Hacía años que un movimiento ciudadano no se hacía oír con tanta voz en Baviera y décadas que una organización policial no se apoderaba de tantas competencias en Alemania. Habrá que esperar hasta octubre para saber si la apuesta de la CSU por cimentar su política en los pilares de la seguridad, la inmigración y el terrorismo tiene un coste electoral. Hasta entonces el aliento de la vigilancia será susceptible a la ubicuidad. A los alemanes les quedará soñar mientras no tengan pesadillas.