El BCE está obligado a comprar bonos de deuda soberana de los diferentes estados miembros partícipes en el capital del BCE en una proporción equivalente a su participación en el capital de la entidad, lo que se llama capital key o clave de capital.

La compra de bonos de Italia y España en tal programa debería ser por tanto correspondiente a su capital key, de 17,5% y 12,6% respectivamente. Sin embargo, en el mes de mayo, estas proporciones se situaron en 14,9% para Italia y en 11,7% para España. En el caso de Italia este es el porcentaje más bajo desde que se inició el programa de compras de bonos del BCE. 

Este mismo mes se produjeron subidas en la prima de riesgo de la deuda soberana de Italia y España respecto a la deuda de Alemania, pero principalmente en Italia, al subir ésta hasta casi 300 puntos básicos (3%) a finales de mayo, niveles solo alcanzados durante la crisis del euro entre 2011-13 (ver gráfico abajo). Esto coincidió con las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en Italia, negociaciones en las que el presidente de la República Sergio Mattarella vetó la propuesta de la coalición Movimiento 5 Estrellas – Lega de nombrar a Paolo Savona, economista crítico con la moneda única europea como ministro de Economía y Finanzas.

Tal coincidencia ha llevado a la opinión pública a preguntarse si han existido motivaciones políticas en el hecho de que el BCE haya comprado la menor proporción de bonos italianos en mayo desde que se inició el programa a principios de 2015. Cabe destacar que el BCE siempre ha aumentado la proporción de compras de bonos durante periodos de estrés financiero (ver gráfico abajo) desde que se inició el programa PSPP, por lo que lo sucedido en esta ocasión es aún más anómalo.

Desde que el PSPP empezó Italia y Francia se han beneficiado de sobrecompras durante los periodos de estrés

Nota: El cero indica que las compras de bonos son neutrales en relación al capital key. Un número positivo indica la cantidad por la cual las compras exceden lo indicado por el capital key.

La respuesta del BCE a tal sospecha y debate público fue que no ha habido ninguna motivación política en la reducción de las compras a Italia y otros países. La explicación que ha dado el departamento de comunicación del banco central es que esto se produjo por razones técnicas, dado que debían realizarse refinanciaciones de grandes cantidades de deuda alemana que vencían ese mismo mes, lo que explicaría que las compras de deuda alemana hayan aumentado mientras han bajado las del resto.

Sin embargo, tal y como explicaba el analista Marcus Ashworth en un artículo en Bloomberg el 5 de junio, esta argumentación no es convincente. Ese mismo mes Italia también enfrentaba el vencimiento de grandes cantidades de su deuda. Además las normas de refinanciación de bonos que vencen del programa PSPP dejan claro que tal proceso debe llevarse a cabo (ver el apartado History of APP redemptions del programa APP del BCE):

“De forma flexible y oportuna en el mes en que vencen, en el mejor de los casos, o en los dos meses siguientes, si lo justifican las condiciones de liquidez del mercado. Los volúmenes de compra neta mensuales publicados por jurisdicción pueden, por lo tanto, fluctuar debido al momento de estas reinversiones”.

El BCE, que según los tratados (artículo 127 apartado 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y artículo 282 apartado 4), debe contribuir a la estabilidad del sistema financiero europeo, tenía suficiente margen de acción para facilitar que la refinanciación de los bonos alemanes se llevara a cabo sin afectar a los tipos de interés de la deuda en el mercado secundario, y por tanto sin influir en la formación del gobierno de Italia. Su actuación por tanto supondría a la vista de los datos una violación clara del artículo 127 apartado 5 del TFUE, además de una injerencia política por la que su dirección debería dimitir si no presenta una justificación creíble para tal actuación, cosa que aún no ha sucedido.

Es por tanto necesario saber si el BCE puede justificar sus acciones dado que los argumentos técnicos esgrimidos hasta el momento se han demostrado inválidos. ¿Hay una explicación para cambiar el criterio y comprar menos bonos durante una situación de presión en los mercados mientras que anteriormente se había realizado lo opuesto? Actuaciones como esta adulteran el curso de la democracia, influyendo en la opinión pública y en la actuación de los políticos elegidos por la ciudadanía. ¿Fue esta su voluntad? Si este fuera el caso estaríamos hablando de un intento grave de alterar un proceso de formación de gobierno surgido de una elección democrática. Si no lo fue y simplemente fue una negligencia casual, ¿no deberían las instituciones de la UE cesar a la dirección del BCE por su grave incompetencia?

Las declaraciones del Comisario Europeo de Presupuestos y Recursos Humanos Günther Oettinger quien declaró que los mercados de capitales enseñarían a los italianos a votar bien en caso de que la formación de gobierno fracasara y se convocaran nuevas elecciones legislativas, apuntan a una clara conciencia por parte de las instituciones europeas de la presión e influencia que puede tener la acción de los mercados en los procesos electorales, legislativos y de gobierno. ¿No están las instituciones europeas como el BCE, la institución con total poder para atajar una dinámica especulativa contra los bonos de deuda, y la Comisión Europea promoviendo la inestabilidad en los mercados y el miedo entre los votantes al darles señales de que las instituciones no van a intervenir para garantizar la estabilidad si se inicia una dinámica de ventas masivas de bonos soberanos?

No es la primera vez que el BCE desprotege a los bonos soberanos de la periferia permitiendo que se disparen las primas de riesgo, usándolo como mecanismo de extorsión. Durante la primera fase de la crisis del euro, los tres periodos en los que la tensión sobre el euro llegó a niveles insoportables fueron entre noviembre 2009 y mayo 2010, marzo y agosto 2011, y mayo y agosto 2012, y fueron periodos en los que el BCE rechazó intervenir en los mercados de deuda pública, presionando así para imponer los diferentes programas de ajuste en la periferia (ver gráfico abajo).

Compras de bonos de deuda pública por parte del BCE dentro del programa SMP

(millones de euros)

Fuente: Tooze (2017), de Place de Luxembourg (ver aquí)

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Fuente: Tooze (2017), de Place de Luxembourg (ver aquí)

El BCE tenía a su disposición el programa de compra de bonos de deuda pública Securities Market Program, que decía en su recital número 4 de la Decisión de adopción del programa que (ver aquí):

“El Consejo de Gobierno decidirá sobre el alcance de la intervenciones. El Consejo de Gobierno tomó nota de la declaración de los gobiernos de los Estados miembro de la zona del euro de que 'tomarán todas las medidas necesarias para cumplir sus objetivos fiscales este año y los años venideros en línea con los procedimientos de déficit excesivo y los compromisos adicionales asumidos por algunos gobiernos de los Estados miembros para acelerar la consolidación fiscal y garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas’”.

Este ‘tomar nota’ se ha materializado de facto en la extorsión del BCE a través de la desprotección (no-intervención comprando bonos) de la deuda pública periférica en los mercados secundarios si sus gobiernos no implementaban medidas de austeridad y otras reformas neoliberales. Fue este mecanismo de coerción el usado por Trichet, expresidente del BCE, para presionar a los primeros ministros de Italia y España en agosto del 2011 para que adoptarán reformas neoliberales. Esta presión llevó a la caída del gobierno de Berlusconi y la imposición del gobierno pro-austeridad de Mario Monti en Italia, y a la modificación del artículo 135 de la Constitución española y el inicio del fin del gobierno de Zapatero al que siguió un gobierno de Rajoy completamente comprometido con los reformas neoliberales de la UE. Este evento iniciaría por tanto el periodo de la austeridad en ambos países. Que tales reformas están prescritas por las instituciones europeas, con el BCE como brazo armado, queda bien claro en la carta que Trichet envió a Berlusconi y a Zapatero en agosto de 2011:

"En la coyuntura actual, consideramos que las siguientes medidas son esenciales: [...]

a) Una estrategia integral de reforma creíble de gran alcance, que incluya la plena liberalización de servicios públicos locales y servicios profesionales, es necesaria. Esto debería aplicarse particularmente a la provisión de servicios locales a través de privatizaciones a gran escala.

b) También hay una necesidad de ir más allá en la reforma del sistema de negociación salarial colectiva, que permita acuerdos a nivel de empresa y adaptar los salarios y las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las empresas y aumentar su relevancia con respecto a otras capas de negociaciones. [...].

c) Una revisión exhaustiva de las normas que regulan la contratación y el despido de los empleados deben adoptarse, conjuntamente con el establecimiento de un sistema de seguro de desempleo y un conjunto de políticas activas del mercado laboral capaces de facilitar la reasignación de recursos hacia empresas y sectores competitivos".

Es paradójico que por aquel entonces el mismo Mario Monti, economista que poco después sucedería a Berlusconi como primer ministro tecnócrata, y que además fuera miembro de diversos foros elitistas como la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg, admitiera que importantes decisiones de política doméstica estaban siendo tomadas “por un gobierno supranacional de orientación pro-mercado” y comparó al BCE con un “podestà forestiero” una figura autoritaria nombrada por el gobierno central durante el régimen fascista para sustituir a los alcaldes elegidos democráticamente (ver aquí). En la misma línea el historiador de Harvard Adam Tooze ha caracterizado a los inversores de bonos públicos como a paramilitares que se han dedicado a castigar a base de palizas a sus víctimas estatales ante la mirada y el consentimiento del BCE y el gobierno alemán (dominante en la Eurozona) (ver aquí). En este sentido tampoco hay que olvidar que en 2015 el BCE y este mismo gobierno alemán usaron las mismas técnicas de tortura en Grecia, consistentes en disminuir (y finalmente cortar) la liquidez al sistema bancario para generar una huida de depósitos y así un estrangulamiento financiero que acabó hundiendo el sistema bancario del país provocando una nueva recesión, y forzó a su gobierno, el primero de Syriza-Anel, a abandonar su programa progresista y adoptar el tercer programa de ajuste neoliberal en 5 años, que actualmente mantiene al país en una profunda depresión económica con casi un tercio de su población en la pobreza.

¿Sería posible para un gobierno progresista realizar políticas en favor de las clases trabajadoras y populares en la Eurozona?

En definitiva, y en vista de los acontecimientos descritos, y otros no comentados aquí por falta de espacio, ¿sería posible para un gobierno progresista realizar políticas en favor de las clases trabajadoras y populares en la Eurozona cuando sabe que si lo hace se enfrentará a la posibilidad de que el BCE contribuya a quebrar sus finanzas? Es más, ¿es posible llamar democracia al régimen político del euro?

Las respuestas a estas preguntas se vuelven aún más urgentes y necesarias en vistas a que el próximo diciembre el programa PSPP llegará a su fin y los mercados podrán aprovechar cualquier desacuerdo político de los gobiernos estatales con el directorio de la UE para generar turbulencias financieras. Veremos si el BCE prolonga sus programas de compras o despliega nuevas herramientas para regular tal presión, o si esto se hace a través del nuevo Fondo Monetario Europeo (aún por nacer) y los mecanismos desplegados a su alrededor, o lo más probable si será una orquesta de todos estos. No obstante el primer paso para proponer alternativas estratégicas a tal dominio de los intereses financieros empieza por encontrar estas respuestas.

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Sergi Cutillas es economista y activista por la justicia financiera. Ha participado en la PACD y en el Comité de la Verdad de la Deuda de Grecia. Es miembro de la Red Europea de Investigación en Política Social y Económica (EReNSEP) y secretario de economía de Podem Catalunya.