Será algo único en la historia contemporánea de la humanidad: la primera revolución en la que el responsable del desmadre y el encargado de transformar las conciencias y las haciendas se transfieran el poder presidencial en medio de ojitos y arrumacos. Así andan estos días Peña Nieto, el peor presidente de México desde la transición democrática (y no era fácil apuntarse esta victoria) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO, el Peje), presidente electo con más del 50 por ciento de los votos, ambos elogiándose silenciosamente porque el primero quiere impunidad para su grupo compacto y el segundo estabilidad en los mercados. 

AMLO ha prometido que esta será la cuarta transformación del país, tras las de Hidalgo (independencia), Juárez (reforma liberal) y Madero (revolución democrática). De qué se trate la revolución propuesta por AMLO es algo de lo que todavía no estamos muy seguros. Sugiero aquí dos interpretaciones, ambas compatibles con la ausencia de rencor que AMLO está mostrando hacia la administración saliente. La primera es la que podríamos llamar “social-demócrata”, y apuntaría a que AMLO simplemente quiere una ampliación de los derechos sociales de los ciudadanos, para que se iguale el piso democrático y se ponga fin a las aberrantes prácticas clientelares que apenas han reducido la pobreza. La segunda interpretación, menos épica,  es la “nacionalista”, e indicaría que AMLO quiere recobrar el buen nombre del país a través de la reconstrucción de las erosionadas jerarquías del supuestamente brillante pasado priista. Aunque algunas propuestas de AMLO coinciden con ambas interpretaciones, podemos apuntar varias ideas que nos ayudarían a vislumbrar qué AMLO, si el socialdemócrata o el nacionalista, se sentará en la silla del Águila a partir del 1 de diciembre.

Los llamados AMLOvers están convencidos de que el presidente que veremos será algo así como un remedo entre Lula y Felipe González, un político inagotable a la hora de batallar por la consecución de sus ideas pero sin despegar los pies del suelo. El AMLO que gobernó la Ciudad de México apunta en esta dirección. Allí, amplió derechos con las pensiones de jubilación, promovió el transporte público y consolidó una mayoría de izquierdas en la ciudad que permitió, por ejemplo, la despenalización del aborto en el Distrito Federal un año después de que él dejara la jefatura del gobierno capitalino. 

Si AMLO siguiera en esta misma línea, tendría un camino relativamente sencillo para promover políticas que contribuyan a combatir la pobreza, reducir la corrupción y atenuar la violencia criminal. A pesar de tener una economía diversificada y fuertemente orientada hacia el exterior, México destaca negativamente frente a otras grandes economías en vías de desarrollo por contar con una base fiscal muy baja y una menguada demanda interna. Así, hay mucho recorrido para subidas de impuestos que se centren en algunas sectores prácticamente desregulados (como las aseguradoras o los bancos) así como en las empresas concesionarias del Estado que explotan los recursos naturales del país a cambio de cánones sensiblemente inferiores a los del mercado internacional. Si le sumamos los ahorros derivados de una gestión más transparente y menos dadivosa del presupuesto, el equipo de AMLO podría liberar recursos para promover subidas en el gasto público (sanidad y educación), a la vez que promover programas de transferencias monetarias que sean universales y no condicionados a resultados. Estos últimos programas alimentaron las estrategias clientelares y apenas ayudaron a aliviar la pobreza, por lo que ya no son tan del agrado de las agencias internacionales. Todas estas políticas, junto con una subida del artificialmente bajo salario mínimo, ayudarían a elevar la renta disponible de los hogares y a mejorar el consumo doméstico, lo que podría hacer a México menos dependiente de los mercados exteriores (y hacer menos atractivo el salario sombra ofrecido por los grupos criminales). 

Con mayorías legislativas en ambas cámaras del Congreso, AMLO no tendría más resistencias que las producidas por las manos invisibles de los mercados. Demasiado gasto, y los inversores podrían sacar su dinero y poner en peligro la estabilidad macroeconómica; demasiado poco gasto, y los votantes podrían sentirse frustrados y quitarle la supermayoría a AMLO en las elecciones intermedias de 2021. Quizás la lucha clave esté entre los que podríamos llamar “rudos” dentro del gabinete AMLO (todos los que quieren aumentar el gasto cuanto antes y sin preocuparse por la factura) y los “técnicos” (los economistas educados en Estados Unidos que se sienten paralizados ante cualquier desviación del paradigma neoclásico). Si volvemos a la comparación inicial, tanto Lula como Felipe González actuaron como el fiel de la balanza en las peleas entre los que quieren gastar y los que se preocupan por cómo recaudar. Está por ver que AMLO realmente empodere a sus tecnócratas para compensar los embates del ala derrochadora. 

Pero vayamos rápidamente a analizar la segunda interpretación de la peje-revolución: la de la restauración nacionalista. Para muchos cuadros del tricolor (entre ellos, el propio AMLO), la década de los 80 supuso la traición priista a sus raíces populares y nacionalistas. Con la apertura hacia Estados Unidos propiciada abiertamente por el presidente Salinas de Gortari, el PRI se olvidó del campo mexicano (que emigró por millones al país vecino), abrazó los fundamentos económicos neoliberales del crecimiento (bajos sueldos, reducida intervención pública, orientación exportadora), a la vez que en cierta forma fue también creando la institucionitis(el acto de resolver los conflictos con nuevas instituciones) que desembocó en la transición democrática. La victoria del panista Vicente Fox en el año 2000 debilitó profundamente a la presidencia, ya que no utilizó su fuerza moral para atacar al corrupto PRI y peor aún, recurrió a los legisladores controlados por ese partido para sacar adelante sus proyectos legislativos, lo que reforzó el poder de los estados frente al Gobierno federal. El inicio de la llamada “guerra contra el crimen”, para los amlistas, no fue sino una consecuencia de la debilidad extrema de un presidente elegido de forma fraudulenta (Felipe Calderón).

Para el AMLO restaurador, la forma de recuperar el prestigio perdido consiste en acumular el poder en la cúspide de la jerarquía institucional y garantizar que la persona que lo detente sea ejemplar. No estaríamos hablando de Maduro o Correa sino de un Kirschner preocupado por reparar el orgullo de la nación, más que por cambiar el estado “natural” de las cosas. Lo que podríamos esperar en este caso es una batalla por reforzar el poder del Gobierno central frente a unos estados que se han convertido en los típicos “gorrones” que sólo piensan en gastar sin preocuparse de recaudar impuestos. Tampoco veríamos ninguna concesión a las oposiciones en el nombramiento de altos cargos para puestos que suelen demandar una cierta fachada de independencia (como la fiscalía general o los consejeros del INE o el Trife).  

Este AMLO restaurador también se preocuparía por garantizar la titularidad pública de los recursos naturales y el flujo de subsidios hacia las clases populares (sobre todo, vía gasolinas subvencionadas), pero sin que los resultados económicos fueran su prioridad. Todas las distintas sensibilidades del país serían bienvenidas bajo el manto protector de Morena, siempre y cuando acataran la autoridad irrestricta del presidente. La convergencia acabaría con el problema de la inseguridad, porque los incentivos entre servidores públicos, criminales y policías volverían a alinearse (la amnistía ayudaría sin duda a ello). Seguramente un AMLO caudillista nos daría grandes tardes frente a Trump, aunque me temo que este último incluya a AMLO entre el grupo de sus buenos amigos (junto a Putin y Kim Jong-un), quizás por pura excentricidad.   

¿Quién pararía al AMLO autoritario? Con unos partidos de oposición por refundarse, me temo que la Suprema Corte de Justicia se convertiría en el baluarte del sistema. La Corte está cada vez asumiendo un papel más relevante en la discusión política, en la línea de su homónima estadounidense. Además, cuenta con una aplastante mayoría conservadora y tiene la potestad de elegir los casos que quiere revisar. No sería nada descabellado imaginarse a los partidos de derecha utilizando a la Suprema Corte como ariete en su estrategia de revertir o ralentizar las decisiones del Gobierno y el Congreso. De los 11 miembros de la Corte, tan sólo tres serán reemplazados durante los tres primeros años de la presidencia de AMLO  –y uno de ellos de hecho tendrá que ser consensuado entre AMLO y Peña Nieto.

AMLO tiene que elegir con quién quiere pelearse, si con los mercados o con las instituciones. Hace años, en plena hegemonía neoliberal, la respuesta habría sido obvia. Pero quizás los tiempos estén cambiando.